En la recta final de las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno decidió dar marcha atrás con uno de los puntos más sensibles del proyecto. Se trata del artículo 190 del dictamen, que proponía una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, al bajar la alícuota del 30% al 27%. La medida formaba parte del capítulo fiscal de la iniciativa y fue retirada tras el rechazo explícito de gobernadores y sectores de la oposición, que advirtieron sobre el impacto negativo en la recaudación provincial.

La eliminación de ese artículo fue presentada como una concesión política para destrabar el tratamiento del proyecto. Mientras las provincias celebraron la decisión por el alivio fiscal que implica, el sector empresario quedó sin uno de los beneficios que venía reclamando desde hace años. El resultado dejó en evidencia las tensiones entre la necesidad de construir mayorías legislativas y el objetivo oficial de reducir la carga tributaria sobre el sector privado.

El artículo 190 establecía una reducción de tres puntos porcentuales en la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas. La iniciativa apuntaba a equiparar la carga tributaria local con la de otros países de la región y, según el argumento oficial, a mejorar la competitividad y estimular la inversión privada.

Sin embargo, el punto generó una rápida reacción de los gobernadores, ya que el impuesto a las Ganancias es uno de los tributos coparticipables. Esto implica que una baja en la recaudación impacta directamente en los ingresos que reciben las provincias.

Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendría un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaería en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se vería compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serían formalizados. Pese a esto, desde varias jurisdicciones plantearon que la reducción no contaba con una compensación clara y que afectaba recursos clave para financiar gastos corrientes.

La resistencia no se limitó a un signo político en particular. Mandatarios de distintos espacios coincidieron en rechazar el capítulo fiscal, aun cuando estaban dispuestos a acompañar otros aspectos de la reforma laboral. Esa posición se trasladó a senadores y diputados, que advirtieron que el artículo no contaba con los votos necesarios para ser aprobado.

Noticia en desarrollo

En día previo a que comience el debate en el Senado, el Gobierno dio a conocer las modificaciones «consensuadas» en el proyecto de reforma laboral. Los cambios fueron anunciados por Patricia Bullrich, acompañada por legisladores dialoguistas.

Uno de los puntos fuertes dentro de los cambios es que el Gobierno aceptó sacar del texto el capítulo que establecía una rebaja del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, un tema que trababa el acuerdo para asegurar la aprobación del proyecto.

Según el documento que exhibieron durante la rueda de prensa, el Gobierno sostuvo que «la reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias» y tiene 28 «modificaciones consensuadas».

Y dio a conocer los puntos principales que se debatirán en el Congreso:

Eliminación de la «industria del juicio»:

Se redefine la «mejor remuneración» para el cálculo:

• Solo lo mensual, normal y habitual.
• Excluye conceptos no mensuales como SAC, vacaciones, etc.
• Se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de Créditos Laborales:

Se establece un nuevo esquema claro y preciso de actualización de créditos laborales:

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador:

• 1% mensual grandes empresas
• 2,5% mensual MiPyMEs

Es un patrimonio separado: inembargable, inajenable y de afectación específica.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades.

Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etc.).

Jornada moderna: banco de horas

Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles (sin perder derechos)

Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada.

 Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.

Licencia por enfermedad.

Junta médica: reglas nuevas. Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral:

Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión.

El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

RIMI: incentivo a inversiones productivas (y más empleo)

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).

Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de Cargas Sociales para nuevos empleos

Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.

Aporte a los gremios y otros detalles de la reforma laboral

Otro de los puntos que no se mencionaron en el documento, pero que quedó explícito, es que el Gobierno cedió ante el reclamo de la CGT y no tocará el aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%.

Los denominados «aportes solidarios» que les cobran a los trabajadores seguirán siendo compulsivos por dos años más, aunque con un tope del 2%. Vencido ese plazo, pasarán a ser voluntarios.

Caputo fue el primero en irse de la reunión, apenas una hora después de empezada, según pudo reconstruir iProfesional. El ministro había sido quién más se resistió a quitar el capítulo fiscal frente a la insistencia de Bullrich y Santilli, quienes veían en ese tema una traba para llegar a un acuerdo que les permitiera respirar tranquilos en la sesión de este miércoles.

El artículo sobre Ganancias contemplaba la reducción de las alícuotas en las categorías más altas, del 35% al 31,5% y del 31% al 27%. Los gobernadores advertían desde diciembre pasado que esto le costaría a las provincias entre $1,5 y $3 billones en términos de recaudación vía coparticipación.

No obstante, en el cambio de postura de Milei y Caputo no solo influyó la presión de los gobernadores sino que la recaudación de enero a nivel de la Nación cayó 7 puntos, la sexta baja consecutiva. En el ministerio de Economía lo minimizan, pero en el entorno de los jefes provinciales deslizaron que «a ellos (en referencia al Gobierno) tampoco les cerraban los números».

Durante la conferencia de prensa que encabezó Bullrich junto a los bloques aliados, el oficialismo presentó esta modificación de alto voltaje político sobre el proyecto de reforma laboral como parte de un «compromiso» para debatir a partir de marzo una «reforma fiscal integral».

La reducción de Ganancias formará parte de «una nueva ley que impulse los acuderdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas triibutarias», según informó La Libertad Avanza tras confirmar el retiro de ese punto, que ahora deja el camino prácticamente allanado para que el Senado le dé media sanción a la iniciativa.

El dólar volvió a acentuar la tendencia a la baja de las últimas semanas, en un marco casi óptimo para que el Banco Central continúe con sus compras diarias de contado, en medio de un sostenido volumen de oferta privada.

El tipo de cambio mayorista recortó diez pesos o 0,7% este martes, a $1.406 para la venta, luego de tocar un mínimo en el día en $1.401, precio que no se daba desde el 18 de noviembre ($1.400), casi tres meses atrás.

El Banco Central fijó en $1.580,27 el techo de las bandas cambiarias, lo que dejó al dólar mayorista a 174,27 pesos o 12,4% del límite superior de libre flotación. No se registraba una distancia tan amplia desde hace casi seis meses, en el 12,5% del 20 de agosto último.

El dólar al público restó 15 pesos o un 1% en su precio de venta, a $1.425 en la ventanilla del Banco Nación. El dólar minorista cae 55 pesos o 3,7% en 2026, mientras que el mayorista recorta 49 pesos o 3,4% en el breve recorrido del año.

El precio del dólar blue recortó otros cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.425 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre. El blue se viene desplomando 105 pesos o 6,9% en 2026.

Un reporte de Wise Capital destacó que la serie compradora de divisas del BCRA “llevó a que las reservas internacionales vuelvan a superar los USD 45.000 millones, en un contexto en el que la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) está en el país para continuar la segunda revisión del programa económico y el Gobierno se apresta a discutir el cumplimiento de metas y un posible waiver debido a que algunas metas de reservas no se alcanzaron».

“En 2026 se estará testeando la capacidad del programa económico para compaginar satisfactoriamente el ‘trilema’ de incrementar las reservas del Banco Central, retomar el proceso de desinflación, que se interrumpió desde setiembre pasado, en simultáneo con la superación del estancamiento del nivel de actividad, que lleva tres trimestres consecutivos y amenaza con extenderse a este primer trimestre de 2026″, evaluó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Con la instrumentación de la ley bautizada como “Inocencia Fiscal”, el Gobierno busca incrementar los depósitos en dólares en base a sumas no declaradas previamente, con la idea de que la medida ayude a reactivar la economía.

El último informe de Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del INDEC, al cierre del tercer trimestre de 2025, daba cuenta de que los argentinos tenían en su poder USD 251.210 millones en efectivo, de los cuales solo USD 31.389 millones correspondían a depósitos privados en efectivo en moneda extranjera en el sistema financiero.

Esto implica que en medio de la fuerte dolarización de carteras cerca de las elecciones legislativas de octubre último, había unos USD 219.821 millones en billetes en manos de los argentinos que se encontraban fuera del sistema financiero local. Mucho de este efectivo constituye depósitos en el exterior que están declarados, mientras que otra parte se encuentra “en el colchón” o en cajas de seguridad, dentro del país pero fuera de los bancos. Buena parte de estos fondos no está declarado.

El ministro Luis Caputo fue explícito al convocar a los ahorristas: “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, en una arenga que buscó reforzar la confianza en el nuevo marco legal. “Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico; podríamos bajar más rápidamente los impuestos, ser más competitivos, aumentar el empleo y que haya mejores salarios”, afirmó el jefe del palacio de Hacienda.

La recientemente reglamentada normativa busca incentivar el ingreso al circuito legal de los dólares fuera del sistema. El esquema establece que si el contribuyente cumple con la presentación y pago de impuestos en tiempo y forma, se presume exactitud por defecto y se hace foco en la facturación y no así en el patrimonio.