Cristina Kirchner lo hizo de nuevo: recuperó su rol de líder opositora y puso el dedo en la llaga del plan económico de Javier Milei al retomar su tradicional prédica contra la «fuga de capitales» -ahora intensificado por la acusación a Toto Caputo de estar «alquilando dólares»-.

La crítica de Cristina se vio amplificada por dos hechos que conmovieron al mercado. Primero, el viernes, la publicación del balance cambiario de mayo -el primer mes sin cepo cambiario-, en el que se refleja un explosivo aumento en la «formación de activos externos», por u$s3.226 millones.

Y, además, se conoció el informe del banco de inversión JP Morgan, que recomienda a sus clientes abandonar las inversiones en activos argentinos, por considerar que el riesgo es demasiado alto para la tasa de interés que deja el «carry trade».

El gobierno, en parte por necesidad de calmar al mercado y en parte por cálculo político -le conviene electoralmente polarizar con el kirchnerismo- dedicó un esfuerzo inusual a polemizar con la expresidente: los principales funcionarios del equipo económico publicaron sus respuestas en las redes sociales y dieron entrevistas en los medios.

Sin embargo, las críticas de Cristina lograron el cometido de llevar la atención sobre las dificultades para sostener la estabilidad cambiaria, sobre todo si los inversores empiezan a manifestar dudas. Pero, irónicamente, lo que le da más fuerza a las advertencias de la expresidente es el hecho de que ella sufrió en carne propia las consecuencias de «pisar el dólar», es decir, la misma situación que hoy le critica a la gestión de Milei.

Al turismo sí, a la industria no

En 2015, su último año de mandado, Cristina sufrió un déficit de cuenta corriente de 2,7% del PBI -a pesar de la vigencia del cepo cambiario y una fuerte restricción a las importaciones-.

Era un año electoral, y la entonces presidente sabía que debía evitar a toda costa una devaluación -de hecho, el principal argumento de campaña del peronismo era que Mauricio Macri quería un shock cambiario que bajaría el salario-.

Y Cristina tomó una decisión extraña, que contradecía su discurso: como los dólares no alcanzaban para abastecer simultáneamente a los ahorristas y a los importadores, prefirió priorizar a los primeros y pospuso la entrega de divisas para la importación. Era algo que chocaba con la fundamentación política del cepo cambiario, que afirmaba que esa regulación era necesaria para que los dólares escasos se canalizaran al aparato productivo y no a financiar las vacaciones en Miami.

Pero en tiempos de elecciones, los ahorristas aportan más votos que los importadores, de manera que la estrategia viró drásticamente. Así, se redujeron los cupos de dólares para comercio exterior a la ínfima cifra de u$s50.000 por día. En los hechos, eso equivalía a una paralización de las importaciones.

Y en el último mes de su mandato, la deuda del Banco Central por importaciones hechas, pero nunca pagadas, ya se ubicaba en u$s9.500 millones.

La gravedad de la falta de divisas llegó a extremos insospechados, que se evidenciaron en hechos como la frustración de una compra de dos empresas de petroquímica por parte de YPF. La petrolera nacional, símbolo máximo de la gesta re-estatizadora kirchnerista, no pudo concretar ese plan de expansión porque no recibió autorización para sacar del país u$s122 millones, una cifra ridículamente pequeña para el tamaño de la economía argentina.

Cristina Kirchner, orgullosa de vender dólares baratos

En ese contexto de crisis -en el que el BCRA solo contaba con el swap chino y los encajes de depósitos bancarios en dólares-, lo más extraño era que Cristina había tomado la decisión de mantener la canilla abierta para los turistas y pequeños ahorristas.

La entonces presidente no sólo no renegaba de esa situación, sino que la utilizaba como argumento proselitista y como un síntoma de bonanza económica.

Desde su cuenta de Twitter, se jactaba de que el gasto dolarizado en tarjetas de crédito sumaba en el año u$s5.140 millones, y que eso era la prueba de que la población argentina tenía un ingreso lo suficientemente alto como para consumir que, además, le quedara un sobrante para ahorrar.

En esa época, quien decidía quién podía comprar dólares y por qué cantidad era la AFIP, que establecía una fórmula vinculada a los ingresos declarados. Para Cristina, era un motivo de orgullo que la mayor parte de los ahorristas fueran de clase media, con ingresos inferiores a $20.000 pesos de la época -que, ajustado por inflación, equivalen a $2,5 millones de hoy-.

Escribía, en pleno cierre de campaña electoral: «Desde enero de 2014 al día de ayer, 9 de noviembre de 2015 (o sea casi dos años), en el Mercado Único y Libre de Cambios llevamos vendidos a las personas físicas que ahorran en dólares USD 8.968.425.533».

Y preguntaba, con su clásica dosis de ironía: «¿No era que no se podía comprar dólares?… ¿Y siguen hablando de cepo?».

Ese último año del modelo K, el déficit neto de la cuenta de turismo fue de u$s7.742 millones.

El alto costo de pisar al tipo de cambio

El costo para llegar a entregar el poder en diciembre de 2015 con un tipo de cambio de $9,75 fue muy alto. Cristina sufrió en su último año de gestión una salida de u$s86.000 millones por «formación de activos externos».

 Y, aun así, no fue suficiente, porque además el Banco Central batió un récord de intervención en el mercado de futuros, de manera de evitar que una gran masa de pesos se volcara al mercado paralelo.

Hablando en plata, fueron contratos por el equivalente a u$s17.400 millones, los que puso el BCRA bajo la dirección de Alejandro Vanoli. Una cifra que hace aparecer como pequeña la intervención de u$s2.000 millones que hizo Santiago Bausili desde el levantamiento del cepo.

Vanoli, junto a Cristina Kircner y al entonces ministro Axel Kicillof fueron enjuiciados por perjudicar al Estado, ya que mientras el BCRA garantizaba el pago del dólar a $10, en el mercado global de futuros se transaba a $16. El resultado, tras la devaluación, fue un costo de u$s5.400 millones para las arcas públicas.

Finalmente, la justicia determinó que la intervención en el mercado de futuros está dentro del margen de decisión política de los funcionarios, y por lo tanto no se puede equiparar a un delito. En consecuencia, Cristina, Kicillof y Vanoli fueron absueltos.

De todas formas, en el mercado quedó un remanente de sospecha y rechazo a ese tipo de intervenciones, algo que quedó claro con las recientes criticas de economistas que afirman que la venta de futuros es una manera indirecta de «topear» el tipo de cambio. Hoy, a diferencia de lo que ocurría hacia el final del mandato de Cristina, el máximo permitido para que el BCRA ponga contratos en el mercado de futuros es u$s9.000 millones.

El gobernador Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al fallo de la jueza de Estados Unidos Loretta Preska, que instó a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes.

En su presentación, Kicillof hizo mención al impacto que tuvo la privatización a comienzos de los años 90, con una caída en la producción de gas y petróleo y la necesidad de importar energía.

Axel Kicillof, sobre el juicio por YPF: los impactos de la privatización y por qué se decidió expropiarla

«Milei y su fuerza política sostiene que la solución es la privatización para los servicios. Vale la pena de recordar qué pasó la última vez que se privatizó YPF. Porque quieren hacer creer que privatizando se resuelven problemas. La historia de la privatización de YPF muestra lo contrario: fue una desgracia», señaló.

En ese sentido, mostró cómo cayó la producción de petróleo de YPF bajo la gestión de Repsol: «Cayó casi la mitad». «En petróleo y gas, lo de Repsol controlando YPF fue una catástrofe. Esta situación se reflejó en la caída de las reservas de petróleo», sostuvo», resaltó.

«Estaban vaciando YPF, estaba en un estado de liquidación», agregó. «El país perdió su autoabastecimiento energético, tuvo que comenzar procesos de importación de energía de diversas formas», señaló elgobernador.

«Teniendo Vaca Muerta, Repsol no hizo nada: nos estábamos quedando sin reservas y sin producción y Repsol decide poner en venta en pedacitos a Vaca Muerta. Repsol no solo destruía la compañía, sino que limitaba la posibilidad de desarrollar y comenzar con la explotación de Vaca Muerta», agregó.

Y sostuvo que «sin la expropiación de YPF no había Vaca Muerta y sin Vaca Muerta, no había recuperación de la producción de hidrocarburos en Argentina«. «Lo que hacía Repsol era una decisión privada: le podía convenir a Repsol, pero no a Argentina», subrayó.

«En el año 2012, entonces, se toma la decisión de recuperar YPF a través de una serie de instrumentos legales que están encuadrados en la Constitución Nacional: son facultades que se le da al Gobierno y al Congreso», agregó.

«Luego de recuperar YPF, se puso en marcha inmediatamente Vaca Muerta»

«Luego de recuperar la compañía, se puso en marcha inmediatamente Vaca Muerta y se comenzó a recuperar la producción. Se puso en marcha Vaca Muerta y se comenzaron a mostrar resultados», señaló Kicillof

Y subrayó: «La recuperación del 51% de las acciones permitía que sea una empresa público-privada, y que las acciones puedan comprarse y venderse en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. El Estado tiene la mayoría. Ese proceso, como digo, se basa en la Constitución Nacional».

«Muchos países apelaron a la expropiación de empresas privadas: Estados Unidos, por ejemplo, recuperó parte de General Motors y otras compañías. En este caso, se puso decidió que el control de YPF y luego se aplicó la ley de expropiación», resaltó.

«Lo que discutimos en torno al fallo, que es en primera instancia, a pagar un monto ya no a accionistas, sino un fondo buitre, que compró el juicio para accionar contra YPF, lo que hay que decir es si tiene más valor el estatuto de YPF, que es una empresa privada, o una ley y la Constitución nacional. No hay forma de que alguien considere de que el estatuto de YPF diga una cosa, ofrecer una opción de comprarlo«, remarcó.

Luego, se refirió al mensaje de Javier Milei luego del fallo y lo acusó de «estar a favor de los buitres». «Milei siempre está a favor de los buitres y no del país, o de tribunales extranjeros. Pero este caso es delicado, porque pone en riesgo el desarrollo energético, la que da muchísimas posibilidades y extiende las fronteras del desarrollo del país. Se impone denunciar a Milei por el ataque a la soberanía nacional. Está poniendo en riesgo a YPF. Vamos a iniciar investigaciones, porque se sabe que Milei y su gobierno tiene vínculos –no lo puedo afirmar- con representantes de ese fondo buitre. También sus viajes al extranjero. Todo es sospechoso, a la vista de lo que estamos viviendo hoy. Porque le da la razón a fondos buitrres que se quieren quedar con YPF», remarcó.

Y concluyó: «Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo a YPF: que habrá negociaciones con fondos buitres cuando todavía no hay fallos firmes. Esto está siendo apelado en segunda instancia. Estamos en un camino de apelación sobre sentencias inadecuadas. Lo que tendría que hacer Milei es defender YPF, Argentina y al Gobierno. Pero es un topo que entró a defender el Estado».

«Por eso, vuelvo a decir, que es gravísimo y que a YPF hay que defenderla. Desde la provincia de Buenos Aires, advertimos que YPF no se vende y mucho menos se entrega o se regala«, resaltó.

Las principales empresas de medicina prepaga del país están aplicando en julio aumentos que promedian el 1,5%, en línea con la inflación de mayo —último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)—. Sin embargo, en términos acumulados, estas compañías mantienen las cuotas por encima de la suba de precios al consumidor.

Con el ajuste de este mes que acaba de comenzar, el incremento acumulado entre enero y julio de 2025 alcanza un promedio del 19%, según pudo averiguar iProfesional.

Entre enero y mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC avanzó 13,3%, de modo que, tomando en cuenta el ritmo al que parece ir la inflación en estos últimos meses, las cuotas que pagan los afiliados vienen subiendo más.

Los aumentos de julio están siendo, en general, más bajos que los de junio, y por debajo de los ajustes que las compañías aplicaban durante el primer trimestre del año. Sin embargo, un ejecutivo del sector consultado por este medio advirtió que «en junio hubo un par de empresas que estuvieron por arriba del IPC, algo que hasta mayo pasado no había ocurrido».

En julio, las prepagas suben sus cuotras hasta 2,6%

En efecto, Medicus es la prepaga que más aumentó en julio, con un 2,65%. A esta suba ya sumó el anuncio del aumento de agosto, del 1,45%, pese a que todavía no se conoció la inflación de junio, que el INDEC informará a mediados de mes.

En el otro extremo se ubican Sancor, con una suba del 1,2%, y el Hospital Italiano, con un 1,34%. El resto de las empresas se movieron entre el 1,4% y el 1,95 por ciento.

Según pudo saber iProfesional de fuentes del sector, los porcentajes de aumento en julio por empresa son los siguientes:

El promedio de los aumentos de julio se ubica exactamente en 1,5%, mientras que el aumento acumulado de las cuotas desde enero promedia 19,09 por ciento.

Comparación con la inflación

Los aumentos continúan por encima de la inflación general, pese a que en los últimos meses se desaceleraron.

Fuentes del sector explicaron a iProfesional que los porcentajes de aumento que aplican las empresas no se definen en función del IPC, sino de lo que llaman «inflación médica», que incorpora la evolución de los salarios, los insumos y el tipo de cambio, entre otros factores.

«Es un promedio complicado que se compone entre insumos y prestaciones, en los que también influye el precio del dólar, porque muchos insumos son importados, y también influyen las paritarias de los empleados de la medicina prepaga», dijeron voceros de OSDE a iProfesional.

Además, señalaron que la medicina prepaga «tiene muy baja incidencia en el IPC». «En un país de 47 millones de habitantes, son más o menos 6 millones de personas que tienen prepaga, entonces no incide tanto», dijeron a este medio.

Los precios actualizados de los planes

Desde OSDE informaron que el aumento aplicado en julio es del 1,85%, y que el 65% de sus afiliados está en el plan 210, cuyo valor actualizado para un afiliado joven es de $205.450. El plan 310 cuesta 265.455 pesos.

En el caso de Galeno, el plan 200 cuesta $117.554,44 y es cerrado; el plan 220, con una cartilla similar pero con reintegros, cuesta $129.253,67. Ambos pertenecen a la línea Azul. Los planes 300 y 330 —de la línea Plata— ofrecen una cartilla más amplia. El plan 300 (cerrado) cuesta $153.265,60 y el 330 (abierto con reintegros) $171.659,28. Todos los valores corresponden a afiliados de hasta 25 años. Las cuotas aumentan conforme avanza la edad.

En cuanto a Medicus, además del aumento del 2,65% en julio, ya anunció un incremento del 1,45% en agosto. En ese mes, el valor de la cuota base de uno de sus planes más económicos, con copagos en todas las prestaciones, será de $142.528,60 más IVA, es decir, $172.459,61 finales.

Paritarias, impacto en costos y resolución oficial

El acuerdo paritario del sector salud también funcionó como referencia para los aumentos. En julio se aplicará el tercer tramo del arreglo firmado a mediados de año, con una suba del 1,5% para el personal, que coincide con el promedio de los aumentos de las prepagas. Según pudo saber iProfesional, se espera que ese acuerdo sea homologado por la Secretaría de Trabajo.

Fuentes de una prepaga argumentaron que «a partir de marzo la cosa se encaminó a favor del cliente» y que las subas actuales, que rondan el 1,5%, «no dejan de ser una buena noticia para el afiliado», tras los incrementos más pronunciados del año anterior.

El Gobierno, por su parte, reforzó el control sobre los aumentos con la publicación de la Resolución 645/2025, que obliga a las empresas del sector a informar a la Superintendencia de Servicios de Salud los ajustes antes de comunicarlos a sus afiliados.

La normativa exige que las prepagas presenten el porcentaje de aumento, los nuevos valores por plan, franja etaria y región, y los cuadros tarifarios y copagos vigentes. El plazo es de cinco días posteriores a la publicación del IPC del INDEC, y al menos 30 días antes del vencimiento del pago.

Un sector que aún corre por encima de la inflación

Aunque los aumentos mensuales se desaceleraron y algunas empresas empezaron a alinearse con la inflación, los datos muestran que el desfase persiste en favor del sector privado de salud. En promedio, las cuotas de las prepagas aumentaron casi seis puntos porcentuales por encima del IPC general en lo que va del año.

La resolución oficial, el monitoreo más estricto por parte del Gobierno y la estabilidad inflacionaria juegan a favor de una contención en los próximos meses. Pero el panorama está lejos de estabilizarse: Medicus ya anticipó el ajuste de agosto y el resto de las empresas seguirán de cerca la evolución del índice de precios.

Con un universo de unos 6 millones de afiliados, el sector sigue siendo relevante en términos sanitarios, aunque marginal en el índice de precios. La tensión entre la necesidad de sostener la prestación y el costo creciente para los usuarios continúa como telón de fondo en un escenario donde las prepagas buscan no perder más afiliados y, a la vez, cubrir costos crecientes.