El Gobierno dio un nuevo paso en la ley de «inocencia fiscal», especialmente en su potencial para que afloren y comiencen a circular los dólares «en el colchón», con el objetivo de dinamizar la actividad económica.

En ese marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia, difundieron un documento conjunto para recordar a los bancos que las normas de Prevención de Lavado de Activos «no prohíben los depósitos en efectivo, independientemente de su monto».

Entre otros aspectos, actualiza las condiciones objetivas de punibilidad para que se tipifique el delito de evasión tributaria elevando significativamente el umbral económico requerido para su configuración; crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone a disposición del contribuyente una declaración jurada precargada, que puede ser revisada, validada y presentada, y cuyo pago en término otorga un efecto liberatorio que acota y condiciona eventuales fiscalizaciones futuras.

Asimismo, en línea con el Principio de Inocencia Fiscal, la norma redefine el vínculo entre el contribuyente y la administración tributaria al establecer que ARCA debe presumir el cumplimiento fiscal salvo prueba en contrario, limitando controles patrimoniales preventivos y abandonando la lógica histórica de persecución generalizada.

Cuántos dólares se pueden depositar sin presentar ninguna documentación

El texto remarca además que tampoco se exige «la solicitud de información sobre el origen de los fondos en línea de caja como condición para aceptarlos» cuando las colocaciones no superen el equivalente a 40 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

«La obligación normativa se limita a la identificación del depositante y del titular cuando el monto supera los 40 SMVM», detalla el documento oficial.

Con el salario mínimo fijado este mes en $346.800, ese umbral equivale a $13.872.000, es decir, unos u$s9769 al tipo de cambio vendedor de $1420 del Banco de la Nación Argentina.

Por debajo de ese límite, aclararon fuentes oficiales, «no hay obligación alguna de solicitar documentación respaldatoria».

La comunicación se conoció días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, instara públicamente a los argentinos a ingresar al sistema financiero los dólares atesorados fuera del circuito formal. «Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco», sostuvo, al señalar que esa dinámica permitiría acelerar el crecimiento, reducir impuestos en el mediano plazo y generar más empleo formal, además de ofrecer la posibilidad de obtener intereses en dólares.

El Decreto 93/2026, que reglamentó la Ley 27.799, establece que los sujetos obligados deben considerar la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada como un antecedente favorable en su análisis de riesgo.

Asimismo, insta a bancos y agentes financieros a revisar umbrales operativos y requerimientos documentales cuando el origen y destino de los fondos resulten consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, siempre que el monto involucrado sea inferior al umbral que configura el delito de evasión tributaria.

En esos casos -recuerda la norma- podrá resultar innecesario exigir documentación adicional si, bajo un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) razonable, no se detectan inconsistencias relevantes.

Dólares del colchón: otros puntos clave del decreto

El Decreto 93/2026 del 08/02/2026, que reglamenta la Ley 27.799, insta a los sujetos obligados a que consideren la adhesión de un contribuyente al Régimen de Declaración Jurada Simplificada como antecedente favorable en su análisis de riesgos.

Cuando el origen y la aplicación de fondos resulten consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, y el monto involucrado sea inferior al umbral establecido para la configuración del delito de evasión tributaria, podrá resultar innecesario requerir documentación adicional cuando, conforme al análisis integral de riesgo efectuado por el sujeto obligado, no se identifiquen inconsistencias relevantes en línea con un EBR (Enfoque Basado en Riesgos) razonable.

En función de este enfoque, los Sujetos Obligados deberán efectuar un análisis integral del cliente, que contemple sus características, su comportamiento transaccional y la naturaleza y razonabilidad de sus operaciones, y no limitar su evaluación a una consideración exclusiva de su perfil impositivo o fiscal.

En este marco, y con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera, fomentar el uso de canales formales y preservar la integridad del Sistema Preventivo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el EBR constituye un elemento esencial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de los fondos depositados en el sistema financiero.

En consecuencia, los sujetos obligados deberán ajustar sus sistemas de prevención mediante la actualización correspondiente de sus matrices de riesgo, a fin de que reflejen las modificaciones normativas vigentes —en particular, el incremento de la condición objetiva de punibilidad— y permitan optimizar la categorización de clientes, el monitoreo de operaciones y la gestión de las alertas internas generadas por sus sistemas. Todo ello, con el propósito de evitar requerimientos de justificación de fondos que resulten inconsistentes con el EBR y con la normativa aplicable.

Por lo expuesto, se exhorta a los sujetos obligados a fortalecer el Enfoque Basado en Riesgo y a actualizar sus sistemas de prevención de LA/FT/FP, de conformidad con la Resolución 14/2023 y sus modificatorias, manteniendo vigentes las obligaciones en materia de prevención de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, emergentes de la Ley 25.246 y sus modificatorias.

Con estos cambios, el Gobierno apuesta a acelerar a fondo con la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal y captar los dólares del colchón, en un contexto de tipo de cambio en calma y consumo retraído.

El cierre definitivo de la planta industrial de Fate en la localidad bonaerense de San Fernando marca el final de una trayectoria de más de 80 años en la fabricación de neumáticos en la Argentina.

La decisión de la empresa de la familia Madanes Quintanilla, que implica el despido de sus 920 trabajadores y la liquidación de activos, es el desenlace de un proceso de deterioro operativo y financiero que se extendió durante la última década. La historia de esta caída puede sintetizarse en tres hitos críticos que reflejan el impacto de variables macroeconómicas y una persistente conflictividad gremial.

Si bien el Gobierno dictó ayer la conciliación obligatoria y la empresa aseguró que la acatará, también le dijo a este medio que “la empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas”.

El primer hito de la fase final de este declive corresponde a marzo de 2019, cuando Fate solicitó ante el entonces Ministerio de Producción y Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). En aquel momento, la empresa empleaba a 2.000 trabajadores y advirtió que la sustentabilidad del negocio estaba en riesgo inminente. A través de una misiva enviada a las autoridades nacionales, la firma calificó su situación como “gravísima” y señaló que los cambios en las reglas de juego —específicamente la eliminación de reintegros a la exportación, la imposición de derechos de exportación y las elevadas tasas de interés— habían erosionado su capacidad operativa.

Durante ese período, Fate destacó que más del 50% de su producción se destinaba al mercado externo, lo que la hacía vulnerable a la pérdida de competitividad exportadora. La dirección de la empresa argumentó que la estructura de costos local, sumada a una caída del consumo interno y a la competencia de importaciones, impedía mantener el nivel de actividad.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) rechazó los argumentos patronales, vinculando la situación a una falta de inversión tecnológica y no a un exceso de costos laborales. Este primer momento cerró con una adecuación de la plantilla, pero las causas estructurales del conflicto permanecieron latentes.

Los problemas con el sindicato no terminaron ahí, sino que se mantuvieron latentes a lo largo de los años. Sin ir más lejos, a finales de 2022 el sector atravesó una crisis de abastecimiento sin precedentes debido a un conflicto gremial que paralizó totalmente las tres plantas de neumáticos del país: Fate, Bridgestone y Pirelli. El Sutna, bajo la conducción de Alejandro Crespo, llevó adelante bloqueos y paros por tiempo indefinido en reclamo de aumentos salariales y el pago de horas de fin de semana al 200%. En el caso de Fate, la empresa intimó al sindicato ante la imposibilidad de operar y advirtió sobre los daños a la maquinaria y la pérdida de mercados. Este episodio consolidó una relación de extrema tensión entre la empresa y la representación sindical, factor que la compañía mencionaría recurrentemente como un obstáculo para la productividad.

Cinco años después de su primer intento de reestructuración, Fate volvió a solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis en julio de 2024. Luego de algunas idas y vueltas, el Gobierno no se lo otorgó.

Este segundo momento clave estuvo signado por un cambio drástico en la política comercial. El Gobierno redujo los aranceles de importación para neumáticos de camiones y buses del 35% al 16%, con el objetivo de bajar los costos logísticos en el país. Esta medida, sumada a la persistencia de derechos de exportación y a una brecha de costos con el exterior que la empresa calificó de “insalvable”, precipitó el despido de 97 empleados en una primera instancia.

En sus comunicaciones oficiales de ese año, Fate detalló que la planta operaba con una baja utilización de su capacidad instalada debido a la imposibilidad de competir con productos fabricados en otros mercados que contaban con subsidios e incentivos. La caída de la demanda interna, afectada por la contracción de la industria automotriz —que en abril de 2024 registró una baja interanual del 21% en su producción—, redujo el margen de maniobra de la fabricante. La empresa sostuvo que, pese a las inversiones realizadas para modernizar la planta de San Fernando, los sobrecostos derivados de la carga tributaria, la deficiente infraestructura y el ausentismo laboral hacían que el costo final del neumático argentino fuera muy superior al internacional.

Esta semana Fate oficializó el cese total de sus actividades industriales en la planta de San Fernando, una decisión que la empresa calificó como el desenlace inevitable de un contexto de negocios adverso. Tras 80 años de trayectoria, la histórica fabricante de neumáticos anunció el despido de sus 920 empleados, confirmando que dejaría de producir en el país para reorientar su modelo hacia la importación de productos fabricados en otros mercados.

La empresa fundamentó el cierre definitivo en la imposibilidad de sostener la operación frente a una estructura de costos locales que, según sus comunicados previos de 2024, incluía una “abusiva sobrecarga impositiva”, derechos de exportación (único caso en el mundo para este sector) y una baja productividad laboral afectada por la conflictividad gremial. Fate señaló que el costo final de un neumático fabricado en Argentina se volvió significativamente superior al de productos extranjeros, generando una “brecha de competitividad insalvable” que terminó por desplazar a la producción nacional.

Este escenario se vio agravado por las medidas de apertura comercial implementadas desde mayo de 2024, cuando el Gobierno redujo los aranceles para la importación de neumáticos del 35% al 16%. Esta política, que buscaba bajar los costos logísticos internos, facilitó el ingreso masivo de cubiertas del exterior. Según los registros de ese año, el mercado interno ya mostraba una fuerte permeabilidad al ingreso de neumáticos en condiciones que la empresa enmarcó como “comercio desleal”, sumado a una caída sostenida en la demanda interna de neumáticos, vinculada directamente a la contracción de la producción automotriz en el país. Con este cierre, la mayor empresa de capitales nacionales del sector puso fin a su ciclo productivo en la Argentina.

La indumentaria en la Argentina ha sido históricamente un tema de discusión por la tensión que genera entre costos para producir y precios para consumir. No ha sido extraño ver argentinos cruzar la Cordillera para comprar ropa, aprovechar unas vacaciones en el exterior para abastecer el placard o, más recientemente, recurrir a la importación directa a través de plataformas digitales, en su mayoría asiáticas. Sin embargo, el debate vuelve a tomar fuerza porque el país se transformó en algunos aspectos: luego de años de restricciones, una mayor apertura comercial y diferentes medidas económicas dejaron al sector expuesto a la competencia externa.

Como punto de partida, tomamos un dato elaborado por Focus Market, que compara cuánto cuesta vestir a dos personas (un hombre y una mujer) en 2026 en Argentina frente a países seleccionados, medido en dólares. Para ampliar el análisis, retomamos los datos relevados en 2024 y reconstruimos la evolución de la misma canasta a lo largo de dos años. La canasta de indumentaria utilizada incluye, para el hombre, una camiseta estampada, jeans de moda, zapatillas urbanas y un perfume de 100 ml EDT; y para la mujer, una blusa o camisa informal, bermuda o short, sandalias, un perfume de 50 ml EDP y un bolso o cartera.

El precio de la ropa y una brecha que se achica: los motivos

En 2024, el conjunto de prendas y calzado considerado costaba u$s1.049 en la Argentina. En 2026, ese mismo conjunto pasó a u$s936, una disminución del 10,8%. En cambio, en el resto de los países los precios se incrementaron: en Chile un 31,3%, Brasil 24,3%, Uruguay 19,6% y en Paraguay 10,1%. El resultado es claro, vestirse en la Argentina sigue costando más (en dólares), pero la distancia respecto de los países vecinos es bastante menor a la de hace dos años, con brechas reducidas en hasta 70 puntos porcentuales, como lo es el caso respecto a Chile. 

Pero la pregunta relevante es por qué se achicó la brecha y allí es donde se abren las distintas aristas del debate. Por un lado, el consumidor busca precios razonables y el productor busca no fundirse. Desde el lado de la demanda, la lógica es simple: se comparan los precios y se compra donde el dinero rinda más. Del lado de la oferta, el argumento es igualmente válido, explicando que los precios locales se deben a la estructura de costos, la carga impositiva, los costos laborales y litigiosidad, las dificultades de financiamiento y otros factores que afectan a la competitividad.

Es conveniente en este punto, evitar la lectura de «buenos y malos», porque ambos agentes describen restricciones reales. Lo que se puede afirmar es qué no explica el problema por sí solo: reducir la discusión a que la apertura comercial es la causa, no resiste el contraste con los datos. La indumentaria era cara con medidas proteccionistas y el sector ya mostraba fragilidades previas. La apertura pudo contribuir a acelerar tensiones, pero no inventa de cero un esquema de precios altos ni una estructura productiva vulnerable.

Además, la evolución en dólares no se explica únicamente por lo que ocurrió dentro del sector, sino también por la dinámica cambiaria regional. Durante el período en consideración tanto en Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, las monedas locales se apreciaron respecto al dólar mientras que, en la Argentina el peso se depreció. 

Esta diferencia importa porque, cuando una moneda se aprecia, los precios expresados en moneda local se traducen a un valor mayor en dólares aun cuando la inflación interna sea moderada. Es decir, parte del aumento en dólares observado en los países vecinos responde menos a un salto de precios y más a un tipo de cambio que se movió a favor de sus monedas. Al mismo tiempo, la caída en dólares de la canasta argentina se ve influida por una dinámica inversa, además del efecto competencia.

Una fuerte señal de la debilidad estructural del sector se muestra en los indicadores del nivel de actividad industrial. En la última publicación disponible de INDEC que refleja la utilización de la capacidad instalada, se observa que el rubro «Productos textiles» opera a menos de un tercio de su potencial. En noviembre de 2024, el uso de la capacidad instalada del sector era 48,2%, mientras que, en el mismo mes de 2025 cayó a 29,2%. Es un desplome de casi 19 p.p. interanuales. Cuando una industria trabaja tan por debajo de su capacidad, no es una simple desaceleración, sino una retracción profunda de producción, con efectos directos sobre los costos unitarios, el empleo y la sostenibilidad empresarial.

En paralelo, el dato que ayuda a comprender por qué la baja en dólares no necesariamente implica una mejora estructural, es que en pesos y en términos mayoristas el sector siguió aumentando sus precios. En diciembre de 2025, los precios mayoristas de prendas de materiales textiles subieron un 16,1% y los de cuero, marroquinería y calzado aumentaron 11,8%, ambos interanualmente. Es decir, incluso con una brecha regional menor medida en dólares, el sector no muestra una dinámica de precios compatible con ganancia de productividad, ya que los costos internos siguen empujando al alza y la corrección relativa parece venir por otras vías.

Entonces, en términos económicos, la baja en dólares puede explicarse por la combinación de tipo de cambio y competencia importada, pero la estructura de costos domésticos y la dificultad para ganar eficiencia siguen ejerciendo una presión persistente. Si la industria pierde escala, trabaja con capacidad ociosa elevada y enfrenta costos crecientes, la consecuencia natural es una competitividad débil. En este contexto, la apertura comercial orientada a la competencia no crea el problema, pero sí expone con mayor crudeza lo que antes quedaba amortiguado por barreras.

El empleo formal, en caída

El empleo completa el panorama. Si se mira la evolución de mas largo plazo, la evidencia sugiere que las medidas comerciales proteccionistas no sostuvieron el empleo formal. En un reciente informe de IDESA, en base a la Secretaría de Trabajo y la EPH, los asalariados no registrados y cuentapropistas, pasaron de 204.000 a 261.000 entre 2012 y 2023. Mientras que de 2023 a 2025, los asalariados registrados disminuyeron de 105.000 a 97.000, y los no registrados junto con los cuentapropistas lo hicieron en 13.000 personas.

El empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. 

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La tendencia es consistente: el empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. Del mismo modo, los salarios reales del sector cayeron un 31% entre 2012 y 2025, agregando al análisis que incluso bajo un esquema más cerrado, el empleo formal no creció y, además, perdió poder adquisitivo.

En la misma línea, los datos del Ministerio de Capital Humano, muestran que en el segundo trimestre de 2025, los puestos de trabajo asalariados registrados tuvieron una caída interanual del 2,1% en «Confecciones» y del 11,2% en «Cuero y calzado». 

La conclusión es incómoda pero necesaria para ordenar el debate. El dilema argentino es que conviven ropa cara y una industria frágil. En ese marco, la discusión no puede reducirse a consignas: cerrar la economía no garantiza precios razonables, y abrirla sin reformas internas no asegura una transición ordenada. El problema de fondo atraviesa a buena parte de la economía argentina y es el costo de formalizar y producir. Contratar en blanco, sostener cargas patronales, enfrentar litigiosidad y operar con impuestos distorsivos puede volver inviable a una empresa, especialmente si compite con países que producen a escala, con menores costos y una logística más eficiente.

Ese escenario incentiva la informalidad y termina generando un «equilibrio» social de baja calidad: el empleador evita riesgos, el trabajador acepta condiciones precarias porque «es lo que hay», y el resultado final es una economía con menos productividad, salarios reales más bajos y menor inversión.

Se requieren reglas de juego claras y un esquema de incentivos que fomente la competencia sin destruir. En ese sentido, el rol del Congreso es central. En caso de avanzar con el proyecto de modernización laboral, que incluye algunos puntos tributo-impositivos específicos, podría funcionar como primer paso para habilitar una discusión posterior más amplia sobre reforma tributaria. Sin una baja de la presión impositiva distorsiva y sin una corrección del costo laboral formal, el país corre el riesgo de sostener el círculo vicioso de consumidores que buscan precios fuera del mercado local, productores que se achican y empleo que se precariza. El desafío es construir consensos que ordenen prioridades. El consumidor no pide un privilegio, pide precios razonables y el productor tampoco, pide no fundirse por intentar competir.