POLITICA
El Colegio de Abogados de la Ciudad también se opone a la reelección de jueces en el Consejo de la Magistratura

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se pronunció contra el intento de algunos jueces de ser reelectos como integrantes del Consejo de la Magistratura.
El organismo fue quien motivó, con su recurso ante la Corte Suprema, el regreso a la vieja ley del Consejo de la Magistratura con cambios en su integración y el retorno del titular de la Corte como presidente del cuerpo.
El directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad aclaró que el regreso a la vieja ley no implica reconocer la posibilidad de que los consejeros sean reelectos, como lo planteó el presidente de la Cámara de Casación Penal y consejero Diego Barroetaveña.
“El fallo precedentemente citado, nada decidió acerca de la reelección de los miembros del Consejo de la Magistratura, desde que ese no fue un tema cuestionado por este Colegio, y por tanto, no incluido en el objeto de la demanda”, aclaró el Colegio de Abogados de la Ciudad.
Indicó que es la ley en vigor la que señala que los consejeros duran cuatro años en sus cargos y solo pueden ser reelectos con intervalo de un período.
Este régimen fue incorporado por la Ley 26.080 en el año 2006 y mantenido sin modificaciones en este aspecto por la Ley 26.855 de 2013.
“Durante casi veinte años fue aplicado pacíficamente, sin que en ningún momento se sostuviera que los precedentes de la Corte Suprema hubieran restablecido el texto originario de la de 1997 que admitía la reelección inmediata”, indicaron.
Y destacaron que la alternancia “garantiza un principio republicano, evita la concentración de poder, favorece la renovación de las instituciones, otorga una mayor participación de los distintos estamentos de la sociedad y fortalece la legitimidad” del Consejo.
Barroetaveña planteó el mes pasado ante la Justicia Contencioso Administrativo, en el juzgado de Enrique Lavié Pico, una acción declarativa de certeza para que avalen su postulación a la reelección.
Dijo Barroetaveña que existe incertidumbre sobre si rige lo normado en la ley original de creación del Consejo de la Magistratura, que permitía la reelección, o si hay que acatar la ley nueva, más reciente, que exige el intervalo de un período para postularse.
La oposición a la reelección de Barroetaveña se da, incluso, en la propia lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que reúne a los jueces federales y nacionales de todo el país.
Ya se pronunciaron contra este intento reeleccionista la agrupación Será Justicia y Fores, una asociación civil preocupada por la transparencia judicial. También lo hizo el kirchnerismo.
La asociación civil Será Justicia se presentó como “amicus curiae” ante el juzgado de Lavié Pico para exigir el rechazo tanto de la demanda como de la medida cautelar solicitada por Barroetaveña.
Consejo de la Magistratura,Conforme a
POLITICA
Fraude en la UOM: Abel Furlán dijo que no hubo delito en el contrato millonario con la empresa que administró la caja del gremio

Abel Furlán, exjefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), presentó hoy un escrito en la causa que investiga una presunta defraudación en el gremio durante su gestión, al firmar un contrato millonario con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), que administró la caja del gremio y los aportes de los afiliados. La USEM estaba a cargo, por entonces, de María Soledad Calle, empleada del sindicato y la militante que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner, en San José 1111.
“No hay nada irregular ni delictivo”, sostuvo Furlán al presentarse en los tribunales de Comodoro Py.
La hipótesis del caso señala que el gremio y la obra social contrataron a USEM, que había sido creada 82 días antes, para administrar sus fondos y aportes de afiliados. Y entre sus accionistas estaba Calle, empleada de la UOM. Según un informe reservado que elaboró la actual intervención del sindicato, la firma recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios.
Furlán llegó a los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado, Alejandro Rúa. Después de una media hora, se retiraron y lo primero que explicaron fue que presentaron un escrito, en el que negaron las acusaciones y solicitaron tener acceso a una parte reservada del expediente. “No hubo desmanejos de fondos ni falta de transparencia”, señaló en el texto que entregó a la Justicia.
La causa tramita en el juzgado a cargo de Julián Ercolini y tiene como fiscal a Eduardo Taiano. En la citación a indagatoria, el magistrado había firmado: “Cabe destacar que ambos contratos fueron celebrados con una sociedad constituida el 7 de diciembre de 2022, esto es, aproximadamente ochenta y dos días antes de su suscripción, que contaba con una estructura operativa reducida y respecto de la cual no se identificó actividad comercial adicional relevante distinta de los vínculos contractuales mantenidos con UOMRA y OSUOMRA”.
En tanto, Calle era empleada del sindicato desde junio de 2021. En diciembre de 2022 creó la empresa USEM y menos de tres meses después comenzó a administrar los fondos del gremio. Su citación a indagatoria está prevista para la próxima semana.
En febrero de 2023, el gremio que lideraba en ese entonces Furlán le cedió a la empresa de Calle la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados. A partir de ese momento, USEM se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM. Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales.
La Justicia confirmó que Calle tuvo una relación laboral con la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM SA. “La celebración y posterior ejecución de los contratos habría importado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración de los intereses patrimoniales de UOMRA y OSUOMRA”, destacó Ercolini en su citación a indagatoria.
A propósito del acuerdo que el sindicato firmó con la empresa de una de sus empleadas, Furlán indicó: “No hubo ningún contrato secreto ni confidencial ni nada parecido. No se ha eliminado ninguna auditoría y los controles externos permanecen inalterados y fortalecidos, así como todos los resguardos patrimoniales que corresponden”.
El 18 de marzo de este año, Furlán obtuvo su reelección en la conducción nacional de la UOM con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. Sin embargo, un fallo judicial anuló los comicios y dispuso la intervención del gremio tras advertir presuntas anomalías en el proceso eleccionario de la seccional de Zárate-Campana, donde históricamente mandó Furlán.
Desde fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri, un abogado vinculado al radicalismo porteño, cercano a Daniel Angelici.
Previo al llamado a indagatorias, el juez ya había solicitado medidas de prueba. En septiembre, Ercolini levantó el secreto fiscal y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar el patrimonio de los investigados con pedidos a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.
reveló en agosto pasado que la sindicalista María Soledad Calle había comprado el primer piso de San José 1111. La operación se concretó el 20 agosto de 2025, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner.
Calle desembolsó US$189.000 por esa propiedad de 252 m2, según un documento del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué lo compró? Durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”.
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Tras la reducción de la condena a José Alperovich, habló la víctima: “Me dignifica”

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación confirmó la culpabilidad del exgobernador José Alperovich por nueve hechos de abuso sexual, aunque disminuyó la sanción de 16 a 14 años de prisión. Tras el fallo, la víctima expresó: “Valoro profundamente esta instancia porque me reafirma y me dignifica”.
Desde su entorno legal destacaron los siete años transcurridos desde la presentación judicial de 2019 y celebraron que se acreditaran los agravantes de poder y vínculo familiar. Al respecto, remarcaron: “Este fallo es también para todas las mujeres que todavía no pueden hablar”.
Redujeron la condena por abuso sexual a José Alperovich: “El imputado no tiene obligación de decir la verdad”
Por mayoría, los camaristas Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse revisaron la sentencia del juez Juan María Ramos Padilla considerando la edad y salud del exmandatario tucumano.
Asimismo, Días cuestionó computar la defensa como agravante al sostener: “el imputado no tiene obligación de decir la verdad”.
En disidencia, el magistrado Daniel Morin votó por invalidar la resolución previa y realizar un nuevo juicio oral.
El tribunal mantuvo además la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por los ataques cometidos entre 2017 y 2018 en Tucumán y Puerto Madero. El fallo acreditó la subordinación laboral y familiar de la denunciante, 35 años menor que el exsenador nacional.
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A contramano del pedido de Milei, una provincia sube impuestos a su banco y al gas para financiar la educación

USHUAIA.– Con una larga polémica y votación empatada 7 a 7 que se definió por el doble voto de la presidenta del cuerpo, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial. Es una iniciativa del gobernador Gustavo Melella que crea nuevos fondos para la educación a partir de dos cargas tributarias que concentraron la polémica: una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre la distribución de gas natural –actividad que en la provincia presta Camuzzi Gas del Sur– y un adicional del 3% sobre todas las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego (BTF).
La ley era una de las promesas que el Ejecutivo le hizo a la dirigencia Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) para poner fin a un conflicto que incluyó 46 días de paro y acampe en una de las provincias que mantiene menor cantidad de días de dictado de clases.
El caso fueguino refleja un problema que atraviesan casi todas las provincias. Desde que el gobierno nacional dejó de girar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), varias jurisdicciones –entre ellas Tierra del Fuego, Neuquén, Córdoba y Entre Ríos– crearon mecanismos propios para compensar en parte esa pérdida salarial, y los conflictos docentes se multiplicaron en el país.
Al mismo tiempo, la ley va en sentido contrario a la presión de la Casa Rosada para que las provincias bajen Ingresos Brutos, el tributo que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó como “el peor impuesto”. A mediados de este año, el Banco Central habilitó a los bancos a radicar las cuentas abiertas por vía digital en sucursales de provincias con menor carga tributaria, una medida que apunta contra las jurisdicciones que gravan con más fuerza la actividad financiera.
Cómo se votó
Con el gobernador de viaje y la vicegobernadora Mónica Urquiza a cargo del Ejecutivo la sesión la presidió la legisladora justicialista María Victoria Vuoto (hermana del intendente de Ushuaia, el camporista Walter Vuoto).
Estuvieron presentes 14 de los 15 legisladores y la votación salió empatada, por lo que debió desempatar Vuoto, y lo hizo en sentido positivo.
Resultó decisivo el cambio de postura de Laura Colazo (Partido Verde), que había votado semanas atrás para quitarle la urgencia al proyecto del Ejecutivo. Tras la votación explicó que recibió información adicional del Ministerio de Economía y una evaluación favorable del presidente del Banco de Tierra del Fuego, aunque admitió que “esta ley no es la panacea”.
La norma crea dos fondos. Por un lado, el Fondo Provincial de Infraestructuras, que se nutre de la alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre el código de actividad de distribución de gas. El 40% irá a mantenimiento y nueva infraestructura escolar y el 60%, a obras de redes de gas natural y conexiones domiciliarias.
En segundo lugar, el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), de carácter permanente y de afectación exclusiva, recibe el adicional del 3% al Banco de Tierra del Fuego, el 40% del fondo de infraestructura y otras fuentes: parte de lo que se recaude por revalúos del impuesto inmobiliario rural (cuya valuación se actualizará cada año por IPC), de las utilidades de empresas del Estado, de Terra Ignis Energía S.A. y de futuros ingresos por hidrógeno verde y economía del conocimiento. Su distribución, que la ley define como “orientativa” y que el Ejecutivo puede modificar, es 40% para salario docente, 40% para infraestructura y 20% para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos.
Las dos cargas tributarias fueron el eje de la discusión desde que el proyecto ingresó, en septiembre. En octubre, el propio Melella había defendido gravar a la distribuidora afirmando que “los comercios pagan Ingresos Brutos; las pymes pagan Ingresos Brutos y todo el que es cuentapropista paga Ingresos Brutos ¿Por qué Camuzzi no va a pagar?”. Ayer, tras la sanción, insistió: “No es un impuestazo, es una herramienta para darle recursos y previsibilidad a nuestro sistema educativo”.
Para la oposición, “los costos terminan trasladándose a la sociedad”, tal como sostuvo Villegas, que cuestionó la carga sobre Camuzzi y sobre el banco. “No se puede pretender solucionar la falta de gestión trasladando la factura a los fueguinos”, agregó.
Por su parte, el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) puso en duda que la prohibición de traslado se cumpla: dijo que los nuevos tributos, según la ley, no podrán trasladarse a clientes o usuarios, “cosa que no va a suceder. No podemos seguir generando impuestos a la ciudadanía”, afirmó.
El radical Federico Sciurano, que votó en contra, había advertido desde octubre que las dos cargas terminarían afectando a los mismos sectores que la ley pretende beneficiar. “Me parece importante que haya una ley de financiamiento educativo”, aclaró entonces, pero sobre el gravamen al banco provincial fue tajante: “El propio empleado público va a terminar pagando también ese incremento”. Y resumió su objeción: “Lo que te doy te lo saco después a través de un tributo, porque si no lo que estamos discutiendo no tiene sentido”.
Natalia Gracianía, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, ya había planteado la duda en octubre: “Hay que ver quién se va a hacer cargo de este 3%, si lo va a pagar el banco o si se lo va a trasladar a los clientes”. Tras la votación calificó a la norma como “una cáscara vacía, que lo único que hace es dar una salida elegante a los 46 días de paro”.
Melella, en tanto, reconoció las limitaciones y dijo en redes sociales que “esta nueva ley, aunque no alcanza por sí sola, ayuda a contar con más recursos”, dijo, y atribuyó la falta de aumentos salariales al ajuste del gobierno nacional y a la eliminación de programas.
Ese reproche a la Casa Rosada no fue aislado: el oficialismo provincial planteó el debate por el financiamiento educativo como una disputa con el gobierno de Javier Milei. Desde el oficialismo provincial Greve le respondió a La Libertad Avanza: “La verdad, ¿sabe lo que mejoraría la educación de Tierra del Fuego? Que La Libertad Avanza devuelva los 17 programas nacionales que dieron de baja y se desinteresaron por la educación”.
La confrontación, sin embargo, tiene matices: cuando envió el proyecto, en septiembre, Melella venía de abrir un canal de diálogo con la Casa Rosada y respaldaba en líneas generales el Presupuesto 2027 nacional. Desde La Libertad Avanza, Gracianía atribuyó la ley a un acuerdo político entre el gobernador y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena.
La sanción llega en un contexto fiscal ajustado: el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo prevé aumentos de impuestos y aún así un déficit de unos $200.000 millones, teniendo en cuenta que 100 mil millones de estos serían cubiertos por la nueva tarifaria.
Sol Agusti,Conforme a
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