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El jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, dispuso el relevo de sus destinos de ocho capitanes de corbeta y un suboficial denunciados por haber recibido cobros indebidos durante distintos períodos. Además, ordenó su pase a disponibilidad mientras avanza una investigación disciplinaria.

Según fuentes del Ministerio de Defensa, los nueve efectivos quedarán sin funciones y serán investigados bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. La medida se tomó a partir de una investigación interna y corre por separado de la causa que tramita en la Justicia.

El pase a disponibilidad está contemplado en la Ley de Personal Militar y supone que los involucrados quedan transitoriamente sin funciones por un plazo máximo de un año. La medida no implica por el momento una degradación ni una condena, sino su apartamiento de los cargos mientras se determinan eventuales responsabilidades disciplinarias.

En caso de comprobarse las irregularidades, las sanciones previstas pueden llegar hasta la destitución.

La serie de negociaciones entre el Gobierno y los sectores docentes y no docentes universitarios suma un nuevo capítulo este jueves. Ambas partes se reunieron desde las 11 en el Palacio Pizzurno, en el marco de la discusión paritaria que convocó la Secretaría de Educación, la cual a comienzos de mes propuso un aumento del 3% para septiembre y de 3% para octubre, que fue rechazado por todas las agrupaciones. Esa misma oferta fue la que se repitió en la mañana de hoy y el resultado fue el mismo.

“El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas”, avisó una de las contrapartes que estuvo esta mañana en la audiencia con autoridades del Ministerio de Capital Humano. Los integrantes de los sindicatos docentes solicitaron los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario: los dos incrementos que dispone el Gobierno más una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei.

A las 15 horas habrá un segundo encuentro con las autoridades de Educación con los gremios no docentes. Una vez finalizado, estos se juntarán con los sindicatos docentes para comenzar a diagramar las próximas medidas de fuerza. La posibilidad que toma mayor fuerza es la de convocar a una marcha nacional por las universidades nacionales. Sería la quinta en lo que va de este Gobierno y la segunda en el año.

El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo aún no cumplió plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pese a que una medida cautelar continúa vigente.

“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”, declaró a Infobae el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

El Ejecutivo cuestiona las cifras solicitadas por las agrupaciones docentes y no docentes al afirmar que la aplicación total de la ley todavía no fue ordenada por la Justicia. Los voceros oficiales sostienen que la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios, y que el aumento previsto para octubre deja la remuneración por encima de lo establecido en el fallo.

La administración nacional señaló que el Presupuesto para el año próximo contempla la medida cautelar y una inflación proyectada de 18%, dentro de un ítem denominado refuerzo y fortalecimiento de recursos humanos. También indicó que los hospitales tienen un límite específico para los fondos destinados a la Universidad de Buenos Aires, que suele concentrar la mayor parte de esas partidas, y pidió a los hospitales universitarios provinciales que presenten sus gastos.

El Gobierno asegura que el funcionamiento de las casas de altos estudios estará garantizado el próximo año y atribuye el desacuerdo principalmente a los salarios. Desde esa perspectiva, el Presupuesto prevé un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, mientras que las remuneraciones absorben cerca de nueve de cada diez pesos del sistema.

Una de las pocas personas que salió a hablar sobre el tema fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien negó que las políticas de la actual administración sean insensibles.

Que una figura del círculo presidencial como Menem deba salir a hablar sobre el tema universitario pone sobre la mesa la reinstalación mediática de la cuestión universitaria. Esto es percibido por los propios rectores de las casas de estudios, que ayer presentaron su propuesta presupuestaria en el Congreso de la Nación, ámbito donde se debe discutir el Presupuesto 2027. En el entorno de Milei aseguran que el rumbo de la política de fondos universitarios no se va a modificar: “Si quieren más partidas, deberán decir a qué otros sectores les vamos a sacar. No tenemos problema”.

A diferencia de años anteriores, el Gobierno no tiene la misma licencia social para implementar el ajuste del gasto en sectores con alta adhesión social como lo son las universidades nacionales o el sector de Discapacidad. Entre los principales integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) comienza a evaluarse la posibilidad de hablar de que el inicio del ciclo lectivo para el año próximo corre peligro. Este asunto podría ser insertado por los propios gobernadores en algunas de las conversaciones con emisarios del Gobierno, dada la territorialidad federal que alcanzan las más de 50 universidades dependientes de Nación.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick ordenó en diciembre que el Ejecutivo cumpla los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 1 de septiembre rechazó el pedido oficial para dejar sin efecto la cautelar, y la Corte Suprema había confirmado su vigencia el 25 de junio. Los rectores cuestionan que los escritos presentados por los abogados del Estado retrasan los pagos. En ese marco, el CIN impulsa una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la ley, pero suspendió su ejecución bajo el argumento de que no existían recursos asignados ni una fuente de financiamiento definida. Las universidades pidieron además que se apliquen multas a funcionarios y que se evalúe una causa penal por presunta desobediencia.