El exfutbolista Oscar Ahumada decidió abandonar el partido de La Libertad Avanza (LLA), al que se había sumado en marzo para hacer su primera experiencia en política y con el objetivo de posicionarse como candidato a intendente de la localidad de Zárate, uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que gobierna Pro.

Ahumada optó por comunicar su decisión a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales. “He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el partido de Zárate”, remarcó el hombre surgido en las inferiores del club River Plate y que llegó a jugar en la selección argentina.

El exfutbolista y actual empresario evitó criticar públicamente a las autoridades de LLA en la provincia de Buenos Aires. Es más: les agradeció a “aquellos que le abrieron las puertas” del espacio que lidera Javier Milei a nivel nacional.

No obstante, según indicaron fuentes partidarias a , Ahumada optó por irse de la fuerza libertaria por sus diferencias con la conducción de Sebastián Pareja, el lugarteniente de los Milei en Buenos Aires. Entusiasmado con la chance de pelear por la intendencia de Zárate, el exjugador había intensificado sus críticas a la gestión del jefe municipal Marcelo Matzkin, un leal a Cristian Ritondo (Pro).

Dado que los altos mandos de LLA apuestan a converger con Pro en Buenos Aires en las elecciones de 2027 para apuntalar la eventual postulación a gobernador de Diego Santilli, Pareja y los suyos quieren una convivencia pacífica entre macristas y libertarios, sobre todo, en los distritos gestionados por amarillos.

Ahumada ignoró esa recomendación y profundizó la confrontación con Matzkin. Desde la cúpula de LLA le sugirieron que cuidara las formas a la hora de expresar sus discrepancias con el intendente. “Se fue solo. No entendió nada de lo que es el proyecto en Buenos Aires. Es lógico que haya diferencias, pero no se puede ir todo el tiempo a las piñas y ser rupturista”, señala uno de los armadores de LLA en el distrito más populoso del país.

Poco a poco, Pareja le soltó la mano a Ahumada, quien asumió que se quedaba sin apoyos para pelear por la intendencia, ya que LLA prefiere conservar el vínculo con Pro de cara a 2027.

La semana pasada, el partido del oficialismo nacional había sufrido la baja de la concejala de La Matanza, Leila Gianni, quien cuestionó el modelo económico de Milei y apuntó contra Pareja. Lo acusó de “trabajar en connivencia” con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los caciques del peronismo bonaerense. Y denunció el supuesto armado de una feria ilegal en un predio nacional en Villa Celina que administra la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El mensaje de Ahumada

En su despedida, el exfutbolista redobló la apuesta. Dijo que la ciudad de Zárate está “abandonada” y lamentó “la falta de planificación, transparencia y una mirada de largo plazo”.

“Hay decisiones que pueden afectarnos durante décadas —incluso por treinta años—, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano”, apuntó.

Zárate es una localidad clave de la segunda sección electoral, donde votan más de 600 mil bonaerenses. Es el tercer municipio en relevancia electoral y es gobernado por el macrista Matzkin desde 2023.

“Frente a temas tan importantes, considero indispensable contar con información clara, participación ciudadana y el aporte de profesionales e instituciones, como el Colegio de Arquitectos, que también ha expresado públicamente su posición”, agregó Ahumada.

Si bien optó por tomar distancia de Milei, Ahumada avisó que no piensa retirarse de la actividad política y anticipó que intentará construir una alternativa para competir en la elección del año próximo “para que Zárate pueda crecer y no convertirse en un basural”.

Ahumada se había sumado a LLA hace apenas seis meses. A mediados de marzo, Daiana Hergert, titular de la Anses en Zárate y coordinadora de los libertarios en el distrito, fue su nexo con Pareja y Gonzalo Cabezas, vicepresidente del Senado bonaerense.

En ese momento, los libertarios aún aspiraban a disputar las intendencias con “puros” en 2027. Pero el escenario cambió por el caso Adorni y el desgaste que provocan en la imagen de Milei el lento repunte de la economía y la pérdida de poder adquisitivo.

Desde que se retiró del fútbol en 2013, Ahumada se puso al frente de su empresa constructora -Grupo De la Ribera- y se dedicó a hacer obras de edificios y casas en Zárate, Campana o Pilar.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista supo manifestar su apoyo a las políticas de Milei y, sobre todo, su rechazo al proyecto del kirchnerismo. Por caso, ha compartido posteos críticos o irónicos sobre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el sindicalista Baradel, La Cámpora o el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. También difundió videos con un evidente tinte racista en los que se compara los seguidores de Unión por la Patria con monos o en los que un gorila se convierte en Pablo Moyano, uno de los líderes de camioneros.

El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles en duros términos la decisión de la jueza bonaerense Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Macri sostuvo que es “inaceptable” que una ley nacional quede temporalmente sin efecto “en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país” por decisión de un juzgado provincial.

“La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: ‘El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá’. Pero esos elementos que dice tener no fueron presentados”, afirmó el exmandatario.

Macri sostuvo que la medida representa una intromisión indebida del Poder Judicial sobre decisiones adoptadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo nacional.

“Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas”, expresó.

Y añadió: “Esta es la controvertida situación en que quedamos: una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, queda por ahora sin efecto, nada menos que en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país. Todo por la decisión de un juzgado provincial”, remarcó.

Opinó que la decisión de Pascal constituye una “alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”.

“La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”, concluyó.

El fallo de Pascual

La controversia se originó luego de que la jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, resolviera una acción de habeas corpus preventivo colectivo presentada el 31 de agosto por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones que integran la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, entidad vinculada a la Iglesia Católica argentina.

El planteo fue realizado en favor de adolescentes privados de la libertad en territorio bonaerense y contó con la adhesión de 14 defensores departamentales de la provincia.

“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, justificó Pascual en diálogo con la radio Now 97.9 el lunes último.

Y amplió: “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”.

La resolución de la jueza Pascual, aunque no se ocupa de la legalidad de la ley que constituyó el régimen penal juvenil vigente en todo el país, tendrá un efecto concreto en la provincia más poblada y, en consecuencia, la de mayor cantidad de delitos: si, por caso, un menor de 14 o 15 años asesinara a una persona, no podría ser encarcelado.

En otro tramo de la resolución, Pascual, exministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde y expresidenta del Consejo Provincial del Menor, planteó que la cuestión central consiste en determinar si el Estado puede ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al régimen penal sin contar previamente con los recursos materiales, institucionales y profesionales requeridos para implementar esas modificaciones.

La jueza consideró que la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años, sumada a otros cambios introducidos por la ley, provocará un aumento de personas privadas de la libertad tanto por mayores ingresos al sistema como por una eventual extensión de los tiempos de permanencia.

“No cabe ninguna duda, y resulta de sentido común, que la aplicación inmediata de la ley (…) aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad”, señaló la magistrada.

Por su parte, la representación bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) anunció este martes que promoverá un pedido de juicio político contra Pascual, al considerar que e fallo “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, afirmó Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires.

La ley 27.801, aprobada por el Congreso el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado pasado. El lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que rebaja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.