POLITICA
El Ejército evalúa incorporar aeronaves militares para reemplazar una flota con más de 50 años
La Aviación de Ejército argentino evalúa incorporar helicópteros UH-60 Black Hawk, en un primer lote de dos a cuatro unidades usadas, con posibilidad de transferencia a bajo costo o gratuita desde Estados Unidos. El plan apunta a reemplazar de forma gradual a los UH-1H y Huey II, en servicio desde hace más de cinco décadas, y a recuperar capacidades de transporte y despliegue.
La propuesta forma parte de conversaciones bilaterales en materia de defensa con Estados Unidos y volvió a tomar impulso tras reuniones oficiales realizadas en marzo, cuando el ministro Luis Petri viajó a ese país. La decisión integra una agenda que también incluye otros sistemas, como los vehículos 8×8 Stryker.
La incorporación se discute como una alternativa a una compra de helicópteros nuevos, en montos de “cientos de millones de dólares”, según detalló en Infobae en Vivo Al Mediodía, Andrei Serbin Pont. El enfoque actual prevé iniciar la integración con un lote reducido y ampliar la flota con el tiempo, a medida que se den de baja unidades más antiguas.
Qué helicópteros busca reemplazar el Ejército y cuántos tiene en servicio
El núcleo de la flota de ala rotatoria del Ejército se sostiene en los UH-1 en distintas versiones. Serbin Pont afirmó que los UH-1H y Huey II son “la columna vertebral de la aviación del ejército” y que suman unas 40 unidades en servicio, con más de cinco décadas de uso.
El analista indicó que existió un programa de modernización para “ponerlos al día”, aunque advirtió que los modelos “bordean la obsolescencia” y que la fuerza mantiene desde hace años la intención de incorporar UH-60 en alguna de sus variantes.
Serbin Pont sostuvo que la necesidad se volvió más apremiante por el rol que cumplen los helicópteros en tareas de apoyo humanitario y despliegue. “Son los primeros en llegar, son los primeros que pueden rescatar evacuados”, dijo, y agregó que su alcance depende de variables como meteorología, altura y carga.
La opción de UH-60 Black Hawk usados y el debate por los costos
La alternativa que se analiza se centra en un lote de UH-60L dados de baja. El analista explicó que se trata de una versión analógica que entró en servicio en los años ‘90 y que no corresponde a las variantes más nuevas, aunque “sería ya de por sí un avance y probablemente a un costo muy inferior”.
El plan histórico, según describió, consistía en adquirir 20 UH-60 nuevos, con una flota totalmente nueva. Esa idea quedó condicionada por el costo total de la operación. “Eso es caro, sale un montón de plata”, afirmó Serbin Pont, y ubicó la compra en “cientos de millones de dólares”.
En ese marco, el analista detalló que la discusión actual contempla una transferencia inicial de dos a cuatro unidades, “a muy bajo costo o de forma gratuita”, para comenzar la integración del sistema. Señaló que en otro momento se habló de un lote de 12, pero que hoy se trabaja sobre una incorporación más acotada y gradual.
CH-47 Chinook: la discusión por volver a operar helicópteros pesados
Las conversaciones también incluyen a los helicópteros pesados CH-47 Chinook, que Argentina operó en el pasado. Serbin Pont afirmó que dos unidades participaron en la guerra de Malvinas y que una fue destruida, mientras que la otra quedó inmovilizada y se perdió durante el conflicto.
Según Serbin Pont, los Chinook cubren un rol central por su capacidad de transportar más personal y cargas internas y externas de mayor volumen. Afirmó que el interés no se limita al Ejército: “Los quiere el Ejército y la Fuerza Aérea”, dijo, y mencionó la posibilidad de una compra conjunta.
El analista explicó que acceder a CH-47 nuevos implica demoras por la “fila” de producción y entrega. Por ese motivo, planteó que se evalúan alternativas con helicópteros que otros países den de baja, con la opción de modernizarlos e integrarlos luego.
En ese marco, Serbin Pont indicó que se discute una hipótesis de incorporación de cuatro unidades, con dos para el Ejército y dos para la Fuerza Aérea, para cubrir un vacío que describió como histórico desde Malvinas. Señaló que, en combinación con UH-60 y los UH-1 remanentes, permitiría sostener una capacidad más amplia de despliegue aerotransportado.
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uh-60 black hawk
La reforma laboral de Javier Milei sigue plenamente vigente a partir de un reciente fallo judicial que rechazó una cautela de la CGT para frenar la aplicación de la norma.
La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo que había dejado sin efecto la medida cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802), se supo este miércoles. La central obrera deberá esperar ahora a que la Justicia se expida sobre el fondo del planteo de inconstitucionalidad.
La resolución lleva la firma de los jueces Rogelio Vicenti y Jorge Morán, quienes rechazaron la apelación que había presentado la CGT contra el fallo de la jueza Macarena Marra Giménez, dictado en mayo, que ya había levantado la suspensión de la ley.
El conflicto judicial por la reforma laboral se inició en marzo, cuando el juez laboral Raúl Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió el núcleo de la reforma: artículos referidos a antigüedad, subcontratación, despidos, vacaciones, período de prueba y banco de horas extra, entre otros. El Gobierno apeló esa decisión y logró que la Cámara del Trabajo la revirtiera y que, luego, el expediente pasara al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Allí, la jueza Marra Giménez dejó sin efecto la cautelar en mayo, al considerar que el reclamo de la CGT abarcaba demasiados puntos como para resolverse por esa vía: “Dada su complejidad y extensión, el planteo requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados, que no puede ser merituado a título cautelar”, sostuvo la magistrada en su momento.
Ahora, la Sala IV avaló ese criterio. Los camaristas sostuvieron que la CGT “no pretende conservar el estado de cosas, cuya modificación podría tornar infructuosa la sentencia, sino que pide un anticipo de esta última porque su tardanza le ocasionaría daños irreversibles” a los trabajadores que representa. Y agregaron que “tampoco se advierte la configuración de un perjuicio en cabeza de la parte actora y de la clase a quien representa, que revista una magnitud y probabilidad de ocurrencia que justifique la alteración del orden normal del pleito”.
Leer más: Los detalles de la reforma laboral que volvió a entrar en vigencia después del fallo de la Cámara
El tribunal remarcó además que examinar el pedido de inconstitucionalidad para resolver una suspensión provisional “significaría adelantar una decisión sobre el fondo del asunto”, algo que excede el marco de una medida cautelar. En ese sentido, señaló que “otorgar una medida como la solicitada por la CGT sólo corresponde cuando existen indicios serios y graves sobre la ilegitimidad de una norma” y que, en este caso, “tales indicios no se pudieron demostrar en esta etapa preliminar”.
Los jueces aclararon que la jueza de primera instancia “no se pronunció aún sobre la inconstitucionalidad” de la norma, sino solo sobre la procedencia de la cautelar. También destacaron que “la razonable proximidad del dictado de la sentencia definitiva evidencia la falta de configuración del requisito de peligro en la demora”, en referencia a los plazos breves que rigen para este tipo de juicios.
Con este fallo, la jueza Marra Giménez queda en condiciones de resolver sobre el fondo del reclamo: si la Ley de Modernización Laboral es o no constitucional, mientras la norma sigue aplicándose. La Cámara remarcó que el juicio colectivo tendrá sentencia “en plazos cortos” y que los trabajadores que consideren afectados sus derechos pueden iniciar acciones individuales mientras tanto.
reforma laboral, CGT
A horas de reencontrarse nuevamente con el presidente Javier Milei en el acto oficial por el 9 de Julio en la provincia de Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó nuevas críticas al Gobierno y contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública”.
Mediante una nota de opinión publicada en el diario tucumano La Gaceta, Villarruel manifestó que los argentinos debían demostrar que mantienen intacta “la capacidad de conducir su propio destino”.
“Asumamos el mandato de la historia con la certeza de que otro país es posible si tenemos la audacia y las virtudes necesarias para hacerlo realidad”, expresó.
A su vez, planteó que en el siglo XXI la Argentina atraviesa una “encrucijada histórica” que reedita “el mismo dilema político de 1816″ y señaló que “la libertad no es una abstracción”, sino que se encarna en “la soberanía concreta de la Nación sobre sus decisiones y sus recursos”.
“Difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos”, dijo, en alusión implícita a los vínculos que el Gobierno tejió con Estados Unidos.
Tras la renuncia del Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete ante el avance de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, Villarruel contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública, sino darlo todo por amor a la patria”.
“Por eso, este 9 de julio, la encrucijada argentina nos exige abandonar la resignación y la improvisación. No podemos eludir nuestra responsabilidad histórica ni delegar las decisiones estratégicas de la Nación bajo la falsa premisa de una eficiencia sin rostro”, aseveró.
Villarruel hizo un llamado a “evocar las reservas de patriotismo” del pueblo a los técnicos, científicos, trabajadores, empresarios y jóvenes con el objetivo de “volver a concebir el esfuerzo cotidiano como la forma más alta de defensa nacional”.
“Seamos capaces, como los hombres de Tucumán, de escuchar esa voz imperiosa de la Patria que supera todo cálculo transaccional. Construyamos entre todos un orden legal soberano y valiente que ponga los recursos al servicio del desarrollo de nuestras familias y del suelo sagrado que habitamos”, convocó.
También se refirió a los próximos desafíos, indicó que la sociedad se enfrenta a un cambio de época “antropológico” y, en línea con la encíclica del papa León XIV, resaltó que el avance tecnológico debía estar “al servicio de la persona humana y el bien común”.
“En el plano económico y social, esto implica que la innovación debe tener como norte el desarrollo humano integral, la producción nacional y la creación de fuentes de trabajo digno para nuestro pueblo”, afirmó.
Por otro lado, destacó la hazaña del Congreso de Tucumán de 1816 al considerar que fueron hombres que se reunieron en “circunstancias críticas” y que sintieron el llamado de “la voz silenciosa, pero imperativa de la Patria”.
“Al firmar el acta, no solo rompieron vínculos con España, sino que añadieron una cláusula imperecedera que resuena con más fuerza a medida que transcurre el tiempo: la exigencia de ser independientes “de toda otra dominación extranjera”. Aquel congreso demostró, que en situaciones críticas, la política debe ser el arte de hacer posible lo imposible“, concluyó.
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POLITICA
Reservistas militares: qué son, para qué sirven y por qué Argentina lleva casi 40 años sin implementar el sistema previsto por la ley
La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.
Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.
“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.
Una ley incompleta
Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.
Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.
Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.
En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.
Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.
Una herramienta habitual en el mundo
Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.
“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.
Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.
También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.
Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.
Más efectivos y una mayor integración con la sociedad
Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.
A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.
Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.
En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.
Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.
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