POLITICA
El empleado echado por suplantar a un senador también engañó a un agente con discapacidad y sacó un préstamo millonario
Lo apodaron “El Señor de los Anillos” por sus manos cargadas de adornos e Infobae contó, días atrás, su exoneración del Senado por suplantar la identidad del ex legislador kirchnerista Marcelo Fuentes para reclamar favores. Ahora, este medio corroboró un historial aún más frondoso: el expulsado Alejandro Actis traicionó la confianza de un trabajador con discapacidad para pedirse un préstamo por casi cuatro millones de pesos e, incluso, se hizo pasar por el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem para reclamar la categoría A-1, la más alta del Congreso.
“Tenía fantasías en, al menos, tres o cuatro dedos de cada mano. Así nació la fama de ‘señor de los anillos’”, relataron a Infobae desde la Cámara alta. Otra persona sumó: “Aparecía como seguridad en un despacho y después lo rajaron de ahí. Como ahora ya no se puede más estar en la categoría ‘sin destino’, terminó en ordenanza. Empezó a ser cafetero en el turno mañana y cumplía horario. Parecía afable”.
La interacción por diversos pasillos llevó a Actis a entablar diálogo con diferentes colegas, hasta que se le ocurrió la peor idea: convenció a una persona con discapacidad -ya van varias administraciones que cumplen con la ley 22.431, de protección integral- para utilizar su celular, según confiaron fuentes al tanto de lo ocurrido, e ingresó en la aplicación del Banco Nación para activar un préstamo por $3.900.000. Al involucrado no le dio para tanto: los cuantiosos pesos fueron direccionados hacia una cuenta personal. Con intereses, ahora debe cerca de cinco millones de pesos. Más las respectivas respuestas a la víctima y a la Justicia.
Por otra parte, la ambición descontrolada y el cinismo de Actis produjeron una penosa situación que empujó, junto a la anterior, el fin de su estadía en el Senado, al comunicarse de manera directa con el entonces secretario administrativo -quien maneja la caja- Emilio Viramonte Olmos, que estuvo nada menos que 15 días en dicho cargo, para solicitar la categoría A-1. Lo hizo nada menos que en nombre de Menem, subsecretario de Gestión Institucional del Ejecutivo y mano derecha de Karina Milei, conocido de la “Casa” por ser agente de la misma antes de aterrizar en Balcarce 50.
Suplantación de identidad
El ocaso definitivo de Actis en la Cámara alta comenzó cuando Fuentes (Neuquén) se enteró de que alguien estaba haciéndose pasar por él para pedir favores. No fue difícil señalar al sospechoso: los beneficios requeridos a distintos legisladores -y sus respectivos jefes de oficinas- siempre eran para el “señor de los anillos”.
Fuentes denunció ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado que sus entonces colegas Fernando Aldo Salino (San Luis), Jesús Fernando Rejal (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén), Carolina Losada (Santa Fe) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) habían sido contactados por un impostor. Luego, aparecieron más situaciones similares: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y la jefa de despacho de Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires) también advirtieron haber recibido mensajes y llamados de alguien que dijo ser Fuentes y pretendía guiños varios para Actis.
Tras ordenar un sumario administrativo “a efectos de investigar los hechos denunciados y deslindar las eventuales responsabilidades administrativas en torno a los mismos”, el Senado fue contra Actis y activó un proceso en los tribunales federales de Retiro.
Su causa tramita ante el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, quien delegó la pesquisa en el fiscal Gerardo Pollicita. Infobae supo de fuentes judiciales que la fiscalía tiene en marcha una serie de medidas de prueba. Les están tomando declaración testimonial a todos los senadores involucrados. Por su condición de legisladores, tienen la posibilidad de responder las preguntas de la Justicia por escrito.
POLITICA
Paro docente bonaerense: el Gobierno constató escuelas cerradas y avanzará con sanciones contra los sindicatos
El Gobierno nacional iniciará un proceso sancionatorio contra los gremios docentes que convocaron al paro en la provincia de Buenos Aires. La decisión surgió tras una fiscalización del Ministerio de Capital Humano, que detectó establecimientos cerrados, un alto nivel de ausentismo y casos en los que los inspectores no pudieron ingresar.
La cartera fundamentó su intervención en la Ley de Modernización Laboral, que declaró a la educación como servicio esencial. La norma establece que, durante una medida de fuerza, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual.
Según pudo saber Infobae, el ministerio que conduce Sandra Pettovello desplegó un operativo en escuelas bonaerenses y comenzó a recibir los primeros resultados durante la mañana. El corte realizado a las 11 incluyó 128 actas: se verificaron 47 establecimientos, 61 escuelas estaban cerradas y en otras 20 se impidió el acceso de los fiscalizadores.
El ausentismo por establecimiento alcanzó el 83,1%, mientras que solo el 8,4% de las instituciones relevadas funcionaba con normalidad. Los datos son preliminares y corresponden únicamente al universo alcanzado por el operativo.
Las inspecciones continuarán durante la jornada, con un nuevo corte previsto para las 13. A partir de esas actas, el ministerio buscará identificar a las organizaciones que participaron de la huelga y determinar si hubo incumplimientos de la normativa vigente.
Capital Humano identificará la responsabilidad de cada gremio
Desde Capital Humano cuestionaron a la dirigencia sindical y a los sectores de la oposición que respaldaron la protesta. “Vamos a iniciar un proceso sancionatorio”, anticiparon fuentes de la cartera, que señalaron que las medidas concretas se definirán una vez que termine la fiscalización y se establezcan las responsabilidades de cada entidad.
El procedimiento alcanza, en principio, a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Entre ellos figuran el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).
También se evalúa la participación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que acompañó la medida. La determinación de qué organizaciones quedarán alcanzadas por los expedientes dependerá de la documentación reunida en las inspecciones.
Por el momento, el Gobierno resolvió avanzar por la vía administrativa, pero no definió una multa ni otra penalidad específica. Las actuaciones deberán precisar el grado de intervención de cada sindicato en el conflicto y los eventuales incumplimientos que hayan quedado registrados.
Para el Ejecutivo, el cierre total de las escuelas es uno de los principales elementos del relevamiento. La cartera distinguió esos casos de aquellos establecimientos donde una parte de los docentes adhirió al paro y otra continuó con sus tareas.
Los 20 casos en los que se impidió el ingreso de inspectores también quedaron asentados en las actas. El ministerio analizará las circunstancias de cada episodio y los obstáculos que encontraron los agentes durante el procedimiento.
La ley exige una cobertura mínima del 75% durante las huelgas
El respaldo jurídico de la medida está en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. La disposición reemplazó el artículo 24 de la Ley 25.877 e incluyó como servicios esenciales al cuidado de menores y a la educación inicial, primaria, secundaria y especial.
La reforma fijó que los conflictos colectivos que afecten servicios esenciales deben asegurar una cobertura mínima del 75% de la actividad normal. Por ese motivo, las medidas de fuerza de los sindicatos de esas actividades quedaron alcanzadas por un régimen destinado a preservar la continuidad de las prestaciones educativas.
El artículo 102 incorporó, además, reglas para organizar los servicios mínimos. Entre ellas, prevé el preaviso de determinadas medidas, la definición de las modalidades de prestación durante el conflicto y la obligación de cumplirlas. El apartado 24.6 habilita sanciones contempladas en las leyes 14.786, 23.551 y 25.212 ante incumplimientos de procedimientos conciliatorios o resoluciones de las autoridades competentes.
La aplicación de esa reforma en el ámbito educativo atravesó una controversia judicial. El 1 de abril, el Juzgado Nacional del Trabajo 74 resolvió que el planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA) contra la declaración de esencialidad quedara comprendido en una medida cautelar que suspendió provisoriamente varios artículos de la ley.
Sin embargo, el 23 de abril, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo concedió efecto suspensivo a la apelación del Estado contra la cautelar general dictada en la causa impulsada por la CGT. Esa resolución restableció la aplicación de las disposiciones cuestionadas mientras sigue el debate judicial sobre su validez.
La fiscalización incluyó cambios respecto de operativos anteriores. Esta vez, Capital Humano no anticipó qué escuelas serían inspeccionadas, con el objetivo de obtener registros directos del funcionamiento de los establecimientos durante la huelga.
El paro docente bonaerense, de 24 horas, coincidió con una jornada nacional de protestas educativas y con la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios reclamaron recomposición salarial, reapertura de las negociaciones paritarias, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), convocatoria a la paritaria nacional y más recursos para el sistema educativo.
También plantearon reclamos por las condiciones de trabajo y los regímenes jubilatorios. La medida sumó un nuevo capítulo a las diferencias entre la administración de Javier Milei, los sindicatos docentes y el gobierno de Axel Kicillof, responsable de la gestión de las escuelas de la provincia.
Las actuaciones del ministerio se limitarán al paro en establecimientos bonaerenses. La protesta universitaria formó parte de la misma jornada, pero corresponde a otro conflicto y no integra el procedimiento sancionatorio que prepara la cartera nacional.
Con el operativo todavía en marcha, el Gobierno consolidará las actas, identificará a los sindicatos involucrados y definirá las responsabilidades administrativas. Los resultados finales determinarán el alcance de los expedientes y las eventuales sanciones previstas por la legislación.
POLITICA
Sólo en Off: Patricia Bullrich entrena para mejorar su derecha y apunta directo al gran slam de 2027
Son las siete menos cuarto de la mañana del miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Enfrentando el impiadoso horario y el inusual frío de octubre, Patricia Bullrich sale de su casa palermitana rumbo a su nuevo desafío, lejos de la política: hacerse fuerte en un court de tenis.
“A esta altura del partido hay que cuidar el artefacto”, contesta la jefa de los senadores libertarios con altas dosis de ironía cuando le preguntan por su nuevo hobby, que cumple a rajatabla tres veces por semana, siempre muy temprano y antes de comenzar su rutina laboral. Una rutina no exenta de tensiones, que combina la Cámara alta con reuniones de gestión en lo más alto del poder libertario.
Como buena y aplicada principiante, según cuentan quienes comparten su cotidianeidad, la senadora Bullrich aprende los secretos del llamado “deporte blanco” con un profesor particular. Sus amigos la notan entusiasmada con esa (para ella) nueva disciplina, en la que se combinan la necesidad de una buena condición física y un desafío no menos exigente a nivel mental.
El entrenamiento tenístico, confían a su lado, le sirve a Bullrich para afrontar semanas de no poca tensión con la oposición dentro y fuera del Congreso, mientras sostiene su estrategia de diferenciación con algunas medidas puntuales del Gobierno, y convive con las versiones de una eventual candidatura (¿presidencial? ¿a vicepresidenta?) para el año que viene, que tiene inquietos a la poderosa Karina Milei y los responsables de la estrategia electoral libertaria. En esos ámbitos, más de uno preferiría encumbrar al más previsible titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la fórmula presidencial.
“Está viendo el panorama, pero no descarta nada”, cuenta una amiga a la que hacía mucho no veía, y con quien Bullrich compartió tertulia hace unos días.
En el Gobierno dejan en claro que las posturas críticas de la exministra de Seguridad no gozan de la simpatía del karinismo, aunque le reconocen “sinceridad” y destacan que “si al Presidente no le molestan, como él mismo lo dijo, nadie le va a salir a contestar”. Ni siquiera Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía y blanco de los reclamos públicos de Bullrich, que desde hace rato quiere algún tipo de cambio que afecte para bien la microeconomía, como la jefa de los senadores libertarios se lo expresara en vivo al propio Presidente, en la quinta de Olivos, hace diez días.
Quintar, del Tesla al helicóptero, pero siempre de campaña
Amante de la velocidad y el riesgo, el diputado libertario por Jujuy Manuel Quintar dio otra vez la nota. No se trató, como semanas atrás, de su camioneta Tesla último modelo, que estacionó sin pruritos en la cochera de la Cámara baja, sino de un helicóptero, del mismo color amarillo que puso de moda el salteño Alfredo Olmedo, pero con la consigna Milei 2027, y un león ploteado en distintas partes de la aeronave.
Siempre con alto perfil y medios económicos a disposición, el diputado aterrizó con su helicóptero en medio de una competición de motocross en su provincia, generando conversación en las redes sociales.
De más está decir que la jugada fue monitoreada por el armado nacional de La Libertad Avanza, y también por sus rivales internos para la candidatura a gobernador: el senador Ezequiel Atauche y el diputado provincial Federico Canedi, uno de los preferidos por el karinismo. “Divididos lo van a hacer ganar a Carlos Sadir”, protestan desde el bunker central libertario, en relación al gobernador radical, que irá por su reelección.
El radical que hace stand up en territorio bonaerense
Acostumbrado a ser minoría en una Cámara de Diputados dividida mayoritariamente entre libertarios y peronistas, el legislador radical Pablo Juliano decidió dedicarse al stand up. ¿Cómo es eso? En principio, el joven legislador platense (de 38 años y que llegó a su banca cerca del neurocientífico Facundo Manes), decidió escuchar de primera mano las necesidades e inquietudes de los bonaerenses. “Seguimos recorriendo, escuchando y charlando cara a cara sobre la Argentina que tenemos y, sobre todo, la que queremos construir”, escribió el diputado radical luego de su presentación en un modesto teatro en Pergamino.
“¿A ver? ¿Quién votó a Milei acá? Que levanten la mano. ¿Y quien al peronismo?”, sorprendió Juliano a los presentes, según un conocedor de estas recorridas, con respuestas de lo más variadas. La conclusión a la que llegó, después de esta y otras presentaciones, es que está “todo más que abierto”, certeza que alimenta a quienes, como Juliano, insisten en la conformación de una alternativa electoral, equidistante del mileísmo y el kirchnerismo, para el año que viene.
“Arriba del cinturón”, la orden de Karina Milei a los candidatos libertarios
En estos días de conversaciones y rosca política continuada entre el Gobierno y eventuales aliados de distintos distritos del país, la voz de Karina Milei se escuchó clara y precisa. “Hasta que no se cierren los acuerdos, nada de ataques personales. A los gobernadores se les pega, pero de la cintura para arriba”, dijo la secretaria general de la Presidencia días atrás, en un mensaje directo a los candidatos a libertarios de distintas provincias, ansiosos por marcar distancias con los actuales mandatarios provinciales.
Claro que la orden, difícil de rechazar, le genera problemas y conflictos a referentes libertarios en condiciones de dar la pelea en 2027, como la senadora María Emilia Orozco, en Salta; la también legisladora Nadia Márquez, en Neuquén, o el diputado Luis Petri, en Mendoza, por dar algunos ejemplos de referentes de LLA que trabajan pensando en ser candidatos a gobernador en el próximo turno.
Desde el bunker nacional libertario agregan que el mensaje puede ser modificado, dependiendo del resultado de las trabajosas negociaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros referentes del Gobierno vienen llevando a cabo con mandatarios de la UCR, Pro, peronistas disidentes e independientes en distintas provincias del país.
La nostalgia radical por Illia y sus caminatas con periodistas
Días atrás, los radicales de pura cepa recordaron la asunción presidencial de Arturo Illia, aquel modesto médico que gobernó el país entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966. Uno de los homenajes previstos tendrá como sede la Universidad Nacional de Rosario, en la que el historiador César Tcach evocará la vida y obra del expresidente en su libro Arturo Illia, un sueño breve.
El exdiputado nacional Jesús Rodríguez, que participará de la presentación, destaca uno de los pasajes del libro, en el que el entonces acreditado de en Casa Rosada, Enrique Mayocchi, relataba detalles sobre el fluido intercambio diario de los y las acreditados en Balcarce 50 con el entonces presidente. “Cuando terminaba, a eso de las diez de la noche, nos decía: ‘¿Quieren pasear un rato?’. E íbamos todos caminando con él”, cuenta Mayocchi, y agrega que, muchas veces, la conversación con Illia terminaba en algún bar de la Avenida de Mayo. “Igual que ahora con el actual Presidente, ¿no?”, ironizaban desde un despacho radical, emocionados por el aniversario de la asunción de uno de sus próceres más respetados.
Jaime Rosemberg,En off,Conforme a
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Autopista Presidente Perón: qué pasó con la obra que debía conectar el conurbano y por qué intervino la Justicia
Si un automovilista viene por el Camino del Buen Ayre desde el norte y cruza el Acceso Oeste, a la altura de Ituzaingó y, pegado, Merlo, se va a chocar con lo que pareciera la continuación de aquella ruta. Un trazado enorme, asfaltado, que definitivamente parece terminado. Sin embargo, son cerca de 12 kilómetros que no están habilitados al tránsito.
Se trata de la interminable Autopista Presidente Perón, una obra enorme y fundamental que ya tiene 15 años y, pese a que está muy avanzada, está paralizada desde diciembre de 2023. En el medio, pasaron cuatro presidentes, tres gobernadores y una inversión que supera los 100 mil millones de pesos.
La Autopista Presidente Perón fue pensada como el tercer anillo de circunvalación del AMBA, junto con la General Paz y Camino de Cintura. Funciona como una continuación del Camino del Buen Ayre, que conecta los accesos Norte y Oeste, y se extiende hasta la ruta 2. De finalizarse, aliviaría de manera drástica el tránsito y beneficiaría a cerca de 12 millones de personas. Y es que, en los 83 kilómetros totales que tiene la traza, a través de cuatro tramos, conecta 12 municipios: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.
De esos 83 kilómetros, hay 52 que ya están habilitados al tránsito. De los 31 que faltan habilitar, hay, aproximadamente, 18,5 que ya están prácticamente terminados. Es allí donde, al estar cortado el tránsito, el remedio se convirtió en una enfermedad peor que la original. Esto se ve, especialmente, en la primera parte del tramo I, a la altura de Merlo. Allí, la falta de habilitación de la autopista genera a diario un caos de tránsito en todos los caminos alternativos, pero, además, hay zonas que se transformaron en focos de inseguridad y vandalismo. Así las cosas, para los vecinos del lugar, vivir ahí se torna imposible. Y esto los indigna más cuando ven que falta tan poco para terminar el trazado, pero la obra no avanza.
¿Y mañana qué? (TN) recorrió especialmente esta parte de la autopista, y confirmó lo que denuncian los vecinos. Las calles aledañas, que funcionan como desvío, están detonadas. Si un transeúnte se para cinco minutos, por ejemplo, en la esquina de Braille y Espora, en Merlo, podrá ver cómo auto tras auto tocan contra los baches enormes que genera el exceso de tránsito que debería circular por la, por ahora, autopista trunca.
De igual forma, mientras se realizaba el informe para la televisión, las advertencias sobre el peligro de estar filmando en aquel lugar fueron constantes: “No se regalen, tengan cuidado”. Autos cortados, microbasurales y, en el medio, un enorme trazado sin terminar.
Toda esta situación llevó a una disputa judicial entre la provincia de Buenos Aires y la Nación, encargada de los trabajos. Pero como sucedió en general con la obra pública, los trabajos se paralizaron en diciembre de 2023. Ahora, el gobierno bonaerense recurrió a la Justicia Federal y obtuvo una medida cautelar que obliga a Nación a realizar tareas de mantenimiento y a presentar un informe de avance en 15 días.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín (a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto) hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la Provincia en la que exige a Vialidad Nacional “mantener y reforzar las medidas de cierre, señalización y prevención en todos los tramos inconclusos o no habilitados” para el acceso peatonal o vehicular no autorizado. Sin embargo, rechazó que se hagan tareas globales, se retome la obra en general o directamente se transfiera la jurisdicción a la provincia de Buenos Aires. En cambio, insta a las partes a que trabajen en un acuerdo para finalizar la autopista. En el medio están las personas.
Respecto de la posibilidad de que la provincia se haga cargo de la obra, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, envió un pedido formal al titular del Ministerio de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, pero, según informan, nunca hubo respuesta.
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