POLITICA
El giro por Malvinas. Entre la oportunidad y la ilusión de una intervención trumpista

Mare nostrum. “Si usted me pregunta, para mí en las Malvinas no hay petróleo en cantidades suficientes para hacer explotación comercial”. Guillermo González había llegado a esa conclusión a mediados de 1995, después de haber sido el negociador principal de la Cancillería para alcanzar el único acuerdo formal que se firmó con el Reino Unido. Durante más de un año se había reunido en forma secreta con su contraparte británica en distintas ciudades del mundo, de Bogotá a Yakarta, de Seúl a Nairobi, para pulir el documento que significaba un cambio profundo en la relación bilateral. Esa declaración estableció una zona específica de 21 000 km² al sudeste de las islas, donde ambos países cooperarían para fomentar la exploración y explotación de hidrocarburos. Todo bajo la protección del paraguas de la soberanía a partir del cual se habían reestablecido las relaciones.
Era la primera vez después de la guerra que la Argentina lograba un reconocimiento de parte de Londres de algún tipo de derecho sobre las aguas circundantes. Como contrapartida, se aceptaba implícitamente que los isleños podrían lanzar licitaciones en otras áreas, muy urgidos ante un cuadro económico complejo en ese momento. “Los kelpers iban a avanzar de todos modos, así que fue un logro arrancarles esta concesión”, admitían entonces en Cancillería. Todavía no había despegado la pesca ni el turismo, que con los años se transformarían en los pilares de la economía local.
El acuerdo nunca prosperó y en la zona conjunta no hubo ningún tipo de desarrollo. Pero los isleños sí empezaron una intensa tarea para capitalizar las otras áreas de exploración. En 2007, Néstor Kirchner decidió cancelar el pacto, al entender que “no tuvo ventaja alguna para nuestro país, exponiéndolo por el contrario a continuas medidas unilaterales ilegítimas por parte del Reino Unido”, según palabras del entonces canciller Jorge Taiana.
Durante años la exploración petrolera isleña solo generó frustraciones, porque no había hallazgos o porque no tenían un potencial que justificara su costosa extracción offshore. La empresa Rockhopper, una de las pioneras en la materia, se había hecho fama en el mundo oil & gas por utilizar su potencial supuesto en Malvinas para capitalizarse, aunque sus perforaciones no fueran tan promisorias. Si bien en 2010 encontró la mayor reserva en la cuenca de Sea Lion, tardó 15 años más en avanzar, porque los costos eran muy altos, los precios de mercado no justificaban y los riesgos jurídicos del conflicto con Argentina disuadían a posibles socios. Hasta que encontró un socio clave en la israelí Navitas y se reactivó el proyecto.
En el medio cambiaron dos condiciones clave. La primera, la tecnología evolucionó de modo tal que las perforaciones cobraron mayor precisión y eso permitió contar con una mayor exactitud en la exploración y explotación. González no tenía esa información hace 30 años. La segunda, el precio del barril se elevó sustancialmente en los últimos tiempos, garantizando la rentabilidad del negocio. La expectativa es que a partir de 2028 se empiecen a extraer de Sea Lion 50.000 barriles diarios.
Si se cumple esa proyección, la ecuación económica de las islas cambiará definitivamente porque le garantizará la previsibilidad de la que carece. La pesca del calamar Loligo tuvo una mala temporada este año y sembró la alarma por el efecto de la depredación (la venta de licencias representa casi el 60% de los ingresos). Y el turismo de cruceros es oscilante y focalizado en el período estival. El gran temor de fondo que siempre vivieron los kelpers residió en no poder sostener sus propias cuentas (con excepción de la defensa, que asume Gran Bretaña) y que eso lleve a una desconexión progresiva de Londres. El petróleo neutralizaría definitivamente ese fantasma.
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Carpe Diem. Fueron 72 horas de vértigo insular. Donald Trump, el gran provocador, arrancó el lunes con una frase con su sello: “Siempre reviso todas mis posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió ante una consulta sobre la histórica posición de neutralidad de Estados Unidos frente al conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas. La reacción de indignación de Londres fue inmediata. Allí la impresión es que el jefe de la Casa Blanca pegó debajo del cinturón para expresar su disgusto por la falta de apoyo militar en Irán y en el presupuesto de la OTAN.
En la Casa Rosada, en cambio, la frase fue interpretada como una circunstancia única para cambiar la agenda y capitalizar un tema que siempre les había reportado más disgustos que gratificaciones. Nunca un presidente norteamericano había siquiera balbuceado una posibilidad semejante y, aunque se tratara del inestable Donald, la ocasión era ideal para elaborar un discurso épico.
La discusión se dio al día siguiente en la reunión de Gabinete. El canciller Pablo Quirno informó sobre el asunto y se abrió una conversación. Gravitó especialmente la postura de Santiago Caputo, quien entendió que había una oportunidad y trató de guiar la conversación hacia la opción de armar una cadena nacional. Quienes estuvieron allí, coinciden en que Milei no estaba particularmente interiorizado en el tema, pero que se entusiasmó con la propuesta.
Entre el asesor y el canciller trataron de darle forma en 48 horas a una serie de iniciativas en las que venían trabajando pero que hasta entonces estaban dispersas, para transformarlas en un discurso presidencial. “Buscamos aprovechar una circunstancia, que fue la frase de Trump. Fue la excusa válida que actuó como disparador para plantarnos sobre el tema”, admite francamente una de las personas que estuvo al tanto de ese movimiento. Milei siempre pareció más atraído por el impacto de la puesta y la sintonía con EE.UU. que por el trasfondo real de los anuncios. Pero en definitiva logró plantarse en un eje temático que siempre le había resultado incómodo.
¿Hubo algún guiño o coordinación entre la Casa Rosada y la Casa Blanca para el anuncio? En el Gobierno señalan que en Washington solo “fueron informalmente notificados” para que estuvieran al tanto. Algunos observaron sugestivamente el encuentro que Milei tuvo en Chile, pocas horas antes de grabar la cadena nacional, con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública, Sarah Rogers. Pero sí parece claro que la ofensiva de esta semana por Malvinas fue una decisión autónoma, amparada en los gestos previos de Trump.
Sin embargo, hay indicios de algunos movimientos subterráneos menos perceptibles. Durante el mismo jueves de la cadena nacional, apenas un rato antes, circuló en ámbitos diplomáticos la versión de que Milei anunciaría una mediación de Estados Unidos en el tema Malvinas, lo que hubiese representado un giro histórico. El rumor era falso, pero su composición tenía algún sentido. Desde hace un tiempo hay un canal informal, a través de la línea de inteligencia, que trabaja con el objetivo de que en algún momento Trump haga un pronunciamiento que rompa el status quo. La expectativa de máxima es que anuncie su voluntad de intervenir entre la Argentina y Gran Bretaña, como un modo de apuntalar la campaña electoral de Milei. Una especie de reversión del tuit de Scott Bessent del año pasado. De ahí para abajo, hay distintas variantes de menor voltaje.
En el Gobierno reconocen estas conversaciones reservadas, “no diplomáticas”, pero admiten que “a priori la idea de la mediación no parece factible”. Afirman que sí están intentando que Estados Unidos incida en la presión que buscan ejercer sobre las empresas que operan en Malvinas, tanto en el sector petrolero, como en otras actividades. En definitiva, que la Casa Blanca se involucre en la nueva estrategia adoptada esta semana. Nunca será parte de las conversaciones oficiales, ni del discurso de Milei. Se mantendrá como un backchannel informal. Por ahora no pasa de ese nivel de conversación y de la categoría de expectativa. En Washington hacen silencio.
Quienes conocen el entramado de Westminster aseguran que jamás una propuesta de ese tipo pasaría por el filtro del Parlamento británico por el lobby kelper y la influencia sobre un grupo de legisladores de la Falkland Island Company, empresa que históricamente manejó la economía y la vida política de las islas (y que curiosamente tiene como accionista minoritario desde 2017 al empresario argentino Eduardo Elsztain).
Tampoco es fácil decodificar las señales que llegan desde Washington, porque no hay una posición uniforme. El Pentágono es el más activo en el tema Malvinas porque entiende que es una herramienta de presión sobre Londres para que aumente su gasto en defensa al 5% del PBI para 2035. De allí partieron las dos filtraciones que advertían sobre un posible cambio en la histórica postura de neutralidad, en abril a la agencia Reuters y la semana pasada al Daily Telegraph. En el otro extremo se ubica el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se encargó de relativizar aquellas filtraciones.
En el medio está Trump, que parece más enojado por la falta de acompañamiento del Reino Unido en Irán y entonces se suma a la postura del Pentágono, pero sin cruzar la línea de las advertencias. No deja de sorprender que en menos de una semana haya habido una filtración del Pentágono y dos menciones públicas del Presidente sobre el tema Malvinas, cuando nunca fue un tópico en la agenda de la Casa Blanca.
Los más escépticos sostienen que una vez que Trump logre que el premier Andy Burnham atienda su reclamo, se dará vuelta y abandonará el tema. Pero de fondo también hay una visión geoestratégica renovada en Washington que apunta esencialmente a garantizar la seguridad hemisférica. Este viraje implica abandonar la lógica horizontal que imperó desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que ató a Estados Unidos a la seguridad europea con la vista puesta en la confrontación con la Unión Soviética, y pasar a una lógica vertical para proteger el área de influencia continental, pero ahora en previsión de una disputa global con China.
Bajo esta concepción, expresada en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre pasado, adquieren trascendental importancia los pasos interoceánicos, desde el Ártico hasta la Antártida. Por esa razón Trump presionó sobre Groenlandia y el canal de Panamá, y ahora busca garantizar un entorno seguro en el Atlántico Sur. En este contexto el tema Malvinas adquiere significación porque desde el pensamiento de la Casa Blanca es una disputa irrelevante frente al objetivo superior de ahuyentar la presencia china de la zona.
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Res non verba. En el mensaje de Milei del jueves este abordaje integral fue replicado. El tema Malvinas fue incluido como parte de una estrategia más general que incluye Tierra del Fuego, el Atlántico Sur y, fundamentalmente, la Antártida. Es la novedad más importante del discurso porque entraña un modo de encarar el conflicto desde una visión más amplia y multifacética. El reclamo de soberanía por las islas no puede estar escindido de un mayor desarrollo de infraestructura en el cono sur, de las capacidades navales en el pasaje de Drake y el Atlántico, y de una proyección estratégica de cara a la futura renegociación del Tratado Antártico, con su potencial mineral ahora más evidente.
Estados Unidos también inspiró otras de las novedades que anunció Milei y que desde hace tiempo venía rumiando Santiago Caputo: la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que integraría a actores de Defensa, Economía, Cancillería y la SIDE. Se supone que permitiría una mirada más coordinada de los asuntos estratégicos, aunque no haya tradición en el país en un órgano de esas características. En general, cada área tiende a llevar sus propias líneas de tareas.
El viernes hubo un respaldo a este proyecto cuando se decretó una partida de $218.000 millones para Defensa, mayormente para avanzar con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y terminar la Base Petrel, en la Antártida; y de paso otros $30.519 millones adicionales para la SIDE.
El capítulo de las sanciones a empresas y personas involucradas en la exploración petrolera retomó una experiencia de la etapa kirchnerista, cuando en 2011 se sancionó una ley con ese objetivo que no tuvo eficacia porque no había compañías involucradas en las islas interesadas en el continente al mismo tiempo. De hecho una de las penalizadas fue Navitas, ahora socia de Rockhopper.
En el Gobierno dicen ser más optimistas ahora a partir de la revalorización del potencial hidrocarburífero de la Argentina por Vaca Muerta, que resultaría más tentador para empresas que estaban mirando las Malvinas como un objetivo. Ayer difundió un listado de 45 firmas como un modo de demostrar determinación, y se sumarían varias más, con una novedad: el proyecto del ley que se enviará al Congreso incluirá también a prestadores de servicios logísticos, financieros, seguros, entre otros. Cancillería también gestionó el pronunciamiento de las tres principales proveedoras de servicios petroleros, que anunciaron que no intervendrán en las islas. Es la primera vez que Milei avanza con eventuales sanciones a privados a partir de la defensa de un objetivo nacional del Estado. Ya habrá tiempo para ordenar la retórica.
De hecho en la cadena nacional del Presidente hubo otras licencias narrativas importantes. La primera, porque implicó un giro en su posición habitual sobre Malvinas. Desde antes de asumir el poder Milei se había mostrado comprensivo con los isleños y amable con Gran Bretaña. Ahora mutó radicalmente y volvió a la consigna de la “causa nacional” que abonaron otros gobiernos.
Pero además porque su mensaje simbolizó una revalorización de ideas clásicas como el Estado, la soberanía y los derechos territoriales, a pesar de que siempre fueron conceptos ajenos a su prédica libertaria y anarquista. Un Milei desconocidamente nacionalista parece haber nacido desde el ánimo mundialista. Esa bandera, como la de Malvinas, era potestad de Victoria Villaruel en la fórmula original. Luce como un intento de recuperación de esas consignas.
Pero el interrogante más profundo reside en saber si Milei está dispuesto a sostener como una política consistente su nueva estrategia hacia Malvinas, que se aleja de la seducción de Guido Di Tella, pero está alineada con Estados Unidos; que tiene un aire a la confrontación kirchnerista, pero sin igualar el tono del discurso antibritánico. Será la única manera de disipar las naturales críticas opositoras por su carácter “oportunista”. También para enfrentar el escepticismo ciudadano, que desde hace décadas viene escuchando reivindicaciones malvineras de tribuna.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
Paro docente bonaerense: el Gobierno constató escuelas cerradas y avanzará con sanciones contra los sindicatos

El Gobierno nacional iniciará un proceso sancionatorio contra los gremios docentes que convocaron al paro en la provincia de Buenos Aires. La decisión surgió tras una fiscalización del Ministerio de Capital Humano, que detectó establecimientos cerrados, un alto nivel de ausentismo y casos en los que los inspectores no pudieron ingresar.
La cartera fundamentó su intervención en la Ley de Modernización Laboral, que declaró a la educación como servicio esencial. La norma establece que, durante una medida de fuerza, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual.
Según pudo saber Infobae, el ministerio que conduce Sandra Pettovello desplegó un operativo en escuelas bonaerenses y comenzó a recibir los primeros resultados durante la mañana. El corte realizado a las 11 incluyó 128 actas: se verificaron 47 establecimientos, 61 escuelas estaban cerradas y en otras 20 se impidió el acceso de los fiscalizadores.
El ausentismo por establecimiento alcanzó el 83,1%, mientras que solo el 8,4% de las instituciones relevadas funcionaba con normalidad. Los datos son preliminares y corresponden únicamente al universo alcanzado por el operativo.
Las inspecciones continuarán durante la jornada, con un nuevo corte previsto para las 13. A partir de esas actas, el ministerio buscará identificar a las organizaciones que participaron de la huelga y determinar si hubo incumplimientos de la normativa vigente.

Capital Humano identificará la responsabilidad de cada gremio
Desde Capital Humano cuestionaron a la dirigencia sindical y a los sectores de la oposición que respaldaron la protesta. “Vamos a iniciar un proceso sancionatorio”, anticiparon fuentes de la cartera, que señalaron que las medidas concretas se definirán una vez que termine la fiscalización y se establezcan las responsabilidades de cada entidad.
El procedimiento alcanza, en principio, a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Entre ellos figuran el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).
También se evalúa la participación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que acompañó la medida. La determinación de qué organizaciones quedarán alcanzadas por los expedientes dependerá de la documentación reunida en las inspecciones.
Por el momento, el Gobierno resolvió avanzar por la vía administrativa, pero no definió una multa ni otra penalidad específica. Las actuaciones deberán precisar el grado de intervención de cada sindicato en el conflicto y los eventuales incumplimientos que hayan quedado registrados.
Para el Ejecutivo, el cierre total de las escuelas es uno de los principales elementos del relevamiento. La cartera distinguió esos casos de aquellos establecimientos donde una parte de los docentes adhirió al paro y otra continuó con sus tareas.
Los 20 casos en los que se impidió el ingreso de inspectores también quedaron asentados en las actas. El ministerio analizará las circunstancias de cada episodio y los obstáculos que encontraron los agentes durante el procedimiento.

La ley exige una cobertura mínima del 75% durante las huelgas
El respaldo jurídico de la medida está en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. La disposición reemplazó el artículo 24 de la Ley 25.877 e incluyó como servicios esenciales al cuidado de menores y a la educación inicial, primaria, secundaria y especial.
La reforma fijó que los conflictos colectivos que afecten servicios esenciales deben asegurar una cobertura mínima del 75% de la actividad normal. Por ese motivo, las medidas de fuerza de los sindicatos de esas actividades quedaron alcanzadas por un régimen destinado a preservar la continuidad de las prestaciones educativas.
El artículo 102 incorporó, además, reglas para organizar los servicios mínimos. Entre ellas, prevé el preaviso de determinadas medidas, la definición de las modalidades de prestación durante el conflicto y la obligación de cumplirlas. El apartado 24.6 habilita sanciones contempladas en las leyes 14.786, 23.551 y 25.212 ante incumplimientos de procedimientos conciliatorios o resoluciones de las autoridades competentes.
La aplicación de esa reforma en el ámbito educativo atravesó una controversia judicial. El 1 de abril, el Juzgado Nacional del Trabajo 74 resolvió que el planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA) contra la declaración de esencialidad quedara comprendido en una medida cautelar que suspendió provisoriamente varios artículos de la ley.
Sin embargo, el 23 de abril, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo concedió efecto suspensivo a la apelación del Estado contra la cautelar general dictada en la causa impulsada por la CGT. Esa resolución restableció la aplicación de las disposiciones cuestionadas mientras sigue el debate judicial sobre su validez.
La fiscalización incluyó cambios respecto de operativos anteriores. Esta vez, Capital Humano no anticipó qué escuelas serían inspeccionadas, con el objetivo de obtener registros directos del funcionamiento de los establecimientos durante la huelga.
El paro docente bonaerense, de 24 horas, coincidió con una jornada nacional de protestas educativas y con la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios reclamaron recomposición salarial, reapertura de las negociaciones paritarias, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), convocatoria a la paritaria nacional y más recursos para el sistema educativo.
También plantearon reclamos por las condiciones de trabajo y los regímenes jubilatorios. La medida sumó un nuevo capítulo a las diferencias entre la administración de Javier Milei, los sindicatos docentes y el gobierno de Axel Kicillof, responsable de la gestión de las escuelas de la provincia.
Las actuaciones del ministerio se limitarán al paro en establecimientos bonaerenses. La protesta universitaria formó parte de la misma jornada, pero corresponde a otro conflicto y no integra el procedimiento sancionatorio que prepara la cartera nacional.
Con el operativo todavía en marcha, el Gobierno consolidará las actas, identificará a los sindicatos involucrados y definirá las responsabilidades administrativas. Los resultados finales determinarán el alcance de los expedientes y las eventuales sanciones previstas por la legislación.
POLITICA
Sólo en Off: Patricia Bullrich entrena para mejorar su derecha y apunta directo al gran slam de 2027

Son las siete menos cuarto de la mañana del miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Enfrentando el impiadoso horario y el inusual frío de octubre, Patricia Bullrich sale de su casa palermitana rumbo a su nuevo desafío, lejos de la política: hacerse fuerte en un court de tenis.
“A esta altura del partido hay que cuidar el artefacto”, contesta la jefa de los senadores libertarios con altas dosis de ironía cuando le preguntan por su nuevo hobby, que cumple a rajatabla tres veces por semana, siempre muy temprano y antes de comenzar su rutina laboral. Una rutina no exenta de tensiones, que combina la Cámara alta con reuniones de gestión en lo más alto del poder libertario.
Como buena y aplicada principiante, según cuentan quienes comparten su cotidianeidad, la senadora Bullrich aprende los secretos del llamado “deporte blanco” con un profesor particular. Sus amigos la notan entusiasmada con esa (para ella) nueva disciplina, en la que se combinan la necesidad de una buena condición física y un desafío no menos exigente a nivel mental.
El entrenamiento tenístico, confían a su lado, le sirve a Bullrich para afrontar semanas de no poca tensión con la oposición dentro y fuera del Congreso, mientras sostiene su estrategia de diferenciación con algunas medidas puntuales del Gobierno, y convive con las versiones de una eventual candidatura (¿presidencial? ¿a vicepresidenta?) para el año que viene, que tiene inquietos a la poderosa Karina Milei y los responsables de la estrategia electoral libertaria. En esos ámbitos, más de uno preferiría encumbrar al más previsible titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la fórmula presidencial.
“Está viendo el panorama, pero no descarta nada”, cuenta una amiga a la que hacía mucho no veía, y con quien Bullrich compartió tertulia hace unos días.
En el Gobierno dejan en claro que las posturas críticas de la exministra de Seguridad no gozan de la simpatía del karinismo, aunque le reconocen “sinceridad” y destacan que “si al Presidente no le molestan, como él mismo lo dijo, nadie le va a salir a contestar”. Ni siquiera Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía y blanco de los reclamos públicos de Bullrich, que desde hace rato quiere algún tipo de cambio que afecte para bien la microeconomía, como la jefa de los senadores libertarios se lo expresara en vivo al propio Presidente, en la quinta de Olivos, hace diez días.
Quintar, del Tesla al helicóptero, pero siempre de campaña
Amante de la velocidad y el riesgo, el diputado libertario por Jujuy Manuel Quintar dio otra vez la nota. No se trató, como semanas atrás, de su camioneta Tesla último modelo, que estacionó sin pruritos en la cochera de la Cámara baja, sino de un helicóptero, del mismo color amarillo que puso de moda el salteño Alfredo Olmedo, pero con la consigna Milei 2027, y un león ploteado en distintas partes de la aeronave.
Siempre con alto perfil y medios económicos a disposición, el diputado aterrizó con su helicóptero en medio de una competición de motocross en su provincia, generando conversación en las redes sociales.
De más está decir que la jugada fue monitoreada por el armado nacional de La Libertad Avanza, y también por sus rivales internos para la candidatura a gobernador: el senador Ezequiel Atauche y el diputado provincial Federico Canedi, uno de los preferidos por el karinismo. “Divididos lo van a hacer ganar a Carlos Sadir”, protestan desde el bunker central libertario, en relación al gobernador radical, que irá por su reelección.
El radical que hace stand up en territorio bonaerense
Acostumbrado a ser minoría en una Cámara de Diputados dividida mayoritariamente entre libertarios y peronistas, el legislador radical Pablo Juliano decidió dedicarse al stand up. ¿Cómo es eso? En principio, el joven legislador platense (de 38 años y que llegó a su banca cerca del neurocientífico Facundo Manes), decidió escuchar de primera mano las necesidades e inquietudes de los bonaerenses. “Seguimos recorriendo, escuchando y charlando cara a cara sobre la Argentina que tenemos y, sobre todo, la que queremos construir”, escribió el diputado radical luego de su presentación en un modesto teatro en Pergamino.
“¿A ver? ¿Quién votó a Milei acá? Que levanten la mano. ¿Y quien al peronismo?”, sorprendió Juliano a los presentes, según un conocedor de estas recorridas, con respuestas de lo más variadas. La conclusión a la que llegó, después de esta y otras presentaciones, es que está “todo más que abierto”, certeza que alimenta a quienes, como Juliano, insisten en la conformación de una alternativa electoral, equidistante del mileísmo y el kirchnerismo, para el año que viene.
“Arriba del cinturón”, la orden de Karina Milei a los candidatos libertarios
En estos días de conversaciones y rosca política continuada entre el Gobierno y eventuales aliados de distintos distritos del país, la voz de Karina Milei se escuchó clara y precisa. “Hasta que no se cierren los acuerdos, nada de ataques personales. A los gobernadores se les pega, pero de la cintura para arriba”, dijo la secretaria general de la Presidencia días atrás, en un mensaje directo a los candidatos a libertarios de distintas provincias, ansiosos por marcar distancias con los actuales mandatarios provinciales.
Claro que la orden, difícil de rechazar, le genera problemas y conflictos a referentes libertarios en condiciones de dar la pelea en 2027, como la senadora María Emilia Orozco, en Salta; la también legisladora Nadia Márquez, en Neuquén, o el diputado Luis Petri, en Mendoza, por dar algunos ejemplos de referentes de LLA que trabajan pensando en ser candidatos a gobernador en el próximo turno.
Desde el bunker nacional libertario agregan que el mensaje puede ser modificado, dependiendo del resultado de las trabajosas negociaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros referentes del Gobierno vienen llevando a cabo con mandatarios de la UCR, Pro, peronistas disidentes e independientes en distintas provincias del país.
La nostalgia radical por Illia y sus caminatas con periodistas
Días atrás, los radicales de pura cepa recordaron la asunción presidencial de Arturo Illia, aquel modesto médico que gobernó el país entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966. Uno de los homenajes previstos tendrá como sede la Universidad Nacional de Rosario, en la que el historiador César Tcach evocará la vida y obra del expresidente en su libro Arturo Illia, un sueño breve.
El exdiputado nacional Jesús Rodríguez, que participará de la presentación, destaca uno de los pasajes del libro, en el que el entonces acreditado de en Casa Rosada, Enrique Mayocchi, relataba detalles sobre el fluido intercambio diario de los y las acreditados en Balcarce 50 con el entonces presidente. “Cuando terminaba, a eso de las diez de la noche, nos decía: ‘¿Quieren pasear un rato?’. E íbamos todos caminando con él”, cuenta Mayocchi, y agrega que, muchas veces, la conversación con Illia terminaba en algún bar de la Avenida de Mayo. “Igual que ahora con el actual Presidente, ¿no?”, ironizaban desde un despacho radical, emocionados por el aniversario de la asunción de uno de sus próceres más respetados.
Jaime Rosemberg,En off,Conforme a
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Autopista Presidente Perón: qué pasó con la obra que debía conectar el conurbano y por qué intervino la Justicia

Si un automovilista viene por el Camino del Buen Ayre desde el norte y cruza el Acceso Oeste, a la altura de Ituzaingó y, pegado, Merlo, se va a chocar con lo que pareciera la continuación de aquella ruta. Un trazado enorme, asfaltado, que definitivamente parece terminado. Sin embargo, son cerca de 12 kilómetros que no están habilitados al tránsito.
Se trata de la interminable Autopista Presidente Perón, una obra enorme y fundamental que ya tiene 15 años y, pese a que está muy avanzada, está paralizada desde diciembre de 2023. En el medio, pasaron cuatro presidentes, tres gobernadores y una inversión que supera los 100 mil millones de pesos.
La Autopista Presidente Perón fue pensada como el tercer anillo de circunvalación del AMBA, junto con la General Paz y Camino de Cintura. Funciona como una continuación del Camino del Buen Ayre, que conecta los accesos Norte y Oeste, y se extiende hasta la ruta 2. De finalizarse, aliviaría de manera drástica el tránsito y beneficiaría a cerca de 12 millones de personas. Y es que, en los 83 kilómetros totales que tiene la traza, a través de cuatro tramos, conecta 12 municipios: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.
De esos 83 kilómetros, hay 52 que ya están habilitados al tránsito. De los 31 que faltan habilitar, hay, aproximadamente, 18,5 que ya están prácticamente terminados. Es allí donde, al estar cortado el tránsito, el remedio se convirtió en una enfermedad peor que la original. Esto se ve, especialmente, en la primera parte del tramo I, a la altura de Merlo. Allí, la falta de habilitación de la autopista genera a diario un caos de tránsito en todos los caminos alternativos, pero, además, hay zonas que se transformaron en focos de inseguridad y vandalismo. Así las cosas, para los vecinos del lugar, vivir ahí se torna imposible. Y esto los indigna más cuando ven que falta tan poco para terminar el trazado, pero la obra no avanza.
¿Y mañana qué? (TN) recorrió especialmente esta parte de la autopista, y confirmó lo que denuncian los vecinos. Las calles aledañas, que funcionan como desvío, están detonadas. Si un transeúnte se para cinco minutos, por ejemplo, en la esquina de Braille y Espora, en Merlo, podrá ver cómo auto tras auto tocan contra los baches enormes que genera el exceso de tránsito que debería circular por la, por ahora, autopista trunca.
De igual forma, mientras se realizaba el informe para la televisión, las advertencias sobre el peligro de estar filmando en aquel lugar fueron constantes: “No se regalen, tengan cuidado”. Autos cortados, microbasurales y, en el medio, un enorme trazado sin terminar.
Toda esta situación llevó a una disputa judicial entre la provincia de Buenos Aires y la Nación, encargada de los trabajos. Pero como sucedió en general con la obra pública, los trabajos se paralizaron en diciembre de 2023. Ahora, el gobierno bonaerense recurrió a la Justicia Federal y obtuvo una medida cautelar que obliga a Nación a realizar tareas de mantenimiento y a presentar un informe de avance en 15 días.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín (a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto) hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la Provincia en la que exige a Vialidad Nacional “mantener y reforzar las medidas de cierre, señalización y prevención en todos los tramos inconclusos o no habilitados” para el acceso peatonal o vehicular no autorizado. Sin embargo, rechazó que se hagan tareas globales, se retome la obra en general o directamente se transfiera la jurisdicción a la provincia de Buenos Aires. En cambio, insta a las partes a que trabajen en un acuerdo para finalizar la autopista. En el medio están las personas.
Respecto de la posibilidad de que la provincia se haga cargo de la obra, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, envió un pedido formal al titular del Ministerio de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, pero, según informan, nunca hubo respuesta.


















