La regulación del lobby impulsada por Javier Milei encontró un freno casi unánime en Diputados. En la última reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial. Por el contrario, organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresarias coincidieron en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa, desde la amplitud de las definiciones hasta las sanciones previstas.

El resultado dejó al oficialismo ante una situación incómoda: la ronda de consultas que debía servir para robustecer el proyecto terminó exhibiendo un rechazo transversal. Frente a ese escenario, La Libertad Avanza (LLA) optó por postergar el dictamen y abrir una instancia de negociación con bloques dialoguistas que ya trabajan en propuestas alternativas.

El presidente del plenario, Nicolás Mayoraz, cerró el encuentro de la semana pasada con la noción de que el proyecto por ahora no avanzará. Agradeció las exposiciones y aseguró que los legisladores “han tomado nota de todas las observaciones y aportes realizados”, que serán considerados para alcanzar un texto “que reúna el mayor consenso posible y atienda las objeciones planteadas”. También confirmó que las reuniones informativas continuarán este miércoles.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la definición de “gestión de intereses”, considerada tan amplia que, según los expositores, podría abarcar desde la actividad de una cámara empresaria hasta el reclamo de una organización social.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fue uno de los más duros: “Esto no es regular el lobby corporativo, esto es criminalizar la participación ciudadana”. Según planteó, referentes de causas humanitarias o asociaciones de víctimas como las Madres del Dolor podrían verse obligados a registrarse como lobistas para interactuar con funcionarios.

En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, sostuvo que la iniciativa implica una “criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”. Advirtió además que la combinación de requisitos de registración previa y sanciones penales podría convertir en potencialmente ilícitas conductas habituales de la participación democrática.

El rechazo empresarial

Las cámaras empresarias también reclamaron modificaciones sustanciales. Aunque respaldaron el objetivo de transparentar la relación entre el sector privado y el Estado, cuestionaron la viabilidad práctica de varios artículos.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham, señaló que el proyecto debería distinguir entre la representación de intereses particulares y la representación colectiva que ejercen cámaras empresarias y asociaciones civiles. “Debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación”, planteó.

También pidió revisar la definición de “beneficiario final” y evitar que compañías con accionistas extranjeros sean consideradas automáticamente representantes de intereses externos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) hizo observaciones similares. Agustina Briner sostuvo que la obligación de identificar beneficiarios finales puede resultar impracticable en algunos casos y afectar información sensible de las empresas.

A su vez, Ángeles Naveyra, presidenta de Fundación Barbechando, advirtió que una regulación “excesivamente amplia, ambigua o burocrática” podría terminar produciendo el efecto contrario al buscado.

Otro de los puntos más cuestionados fue la figura del “principal extranjero”, que obliga a registrarse como agentes de intereses externos a quienes reciban financiamiento o cooperación internacional.

Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, afirmó que el proyecto “asocia de forma espuria la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros” e introduce una lógica de sospecha sobre organizaciones que trabajan en áreas como salud, derechos humanos o desarrollo social.

“Burocratizar, estigmatizar y criminalizar la cooperación internacional y el activismo es un grave error”, resumió.

Con ese diagnóstico prácticamente unánime, el oficialismo dejó en suspenso la firma del dictamen. Mientras tanto, bloques como la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas y sectores de la UCR avanzan en la redacción de un texto alternativo que reduzca las sanciones penales, precise las definiciones más controvertidas, delimite excepciones para actividades como el periodismo y fortalezca la independencia de la autoridad de aplicación.

Si bien la discusión recién empieza, las reuniones informativas dejaron una señal difícil de ignorar: el Gobierno no encontró una sola voz dispuesta a defender su propuesta tal como fue enviada al Congreso.

Manuel Adorni suele llegar a la Casa Rosada en la mayoría de los casos alrededor de las 8, un horario ideal para esquivar fotógrafos y cámaras. Siempre lleva carpetas bajo el brazo. Bajo fuego mediático y en la mira de la oposición en el Congreso, que analiza por estas horas someterlo a una interpelación, paso previo a una eventual moción de censura que podría dejarlo sin cargo, el jefe de Gabinete vive sus horas más complicadas en el Gobierno, con un deliberado bajo perfil y algo más relegado de la gestión. Disminuyeron sus reuniones públicas y acciones políticas en comparación con las que sostenía antes de iniciado el escándalo político y judicial en torno a su crecimiento patrimonial, que es investigado por la Justicia.

Quienes comparten la cotidianeidad del jefe de Gabinete –recluido en su despacho de la planta baja, donde esta tarde recibe al ministro de Salud, Mario Lugones– afirmaron que las reuniones con sus pares del gabinete son “frecuentes”, aunque muchas veces no haya un registro visual o escrito de esos encuentros. Adorini sostiene intercambios diarios con el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y también –según dijeron cerca suyo– con el Presidente y la secretaria general de la Presidencia. “Habla con todos, está concentrado en la gestión”, remarcaron desde uno de los despachos importantes de Balcarce 50.

En el Gobierno, sin embargo, reconocieron que el contacto entre el ministro coordinador con los gobernadores y dirigentes del espacio libertario se redujo de modo notable en las últimas semanas. “A veces pasa a saludar cuando estamos con (Diego) Santilli”, afirmó a uno de los mandatarios provinciales que visitó la Casa Rosada en los últimos días, como lo hizo hoy el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Desde otra provincia de buena sintonía con Balcarce 50, aseguraron que el jefe de gabinete dejó de participar en los encuentros. “De política hablamos con Lule (Eduardo Menem, subsecretario de gestión institucional), y con Santilli más de gestión”, precisaron.

El perfil del jefe de Gabinete en las redes sociales y su canal de whatsApp también se modificó: ya no utiliza el sarcasmo que fue su marca registrada, y se remite a publicar informaciones y datos, por lo general favorables al Gobierno. Solo el latiguillo “fin” sobrevive al cambio de tono, mientras las conferencias de prensa- la última fue el 4 de mayo- quedaron espaciadas hasta nuevo aviso a pesar de que el miércoles pasado, en la entrevista en LN+, dijo que volvería en el corto plazo a abrir ese espacio de intercambio.

“Nos vamos a ver seguido”, prometió el jefe de gabinete ese día, y aunque volvió 72 horas después, lo hizo para presentar a los ministros Luis “Toto” Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), y desde entonces no volvió a la sala de conferencias, ubicado en el segundo piso de la sala.

Cerca del jefe de Gabinete afirmaron que la relación con los hermanos Miles “es la de siempre”, en un intento de relativizar algún cambio por su situación patrimonial que afectó la dinámica y la imagen de la gestión. Dieron como ejemplo que el próximo sábado el jefe de Gabinete estará junto al Presidente en el acto oficial por el Día de la Bandera, en el monumento histórico ubicado en Rosario, a orillas del río Paraná. Su participación en la agenda internacional se canceló desde aquel viaje al Argentina Week de Nueva York, a principios de marzo, que derivó en las investigaciones judiciales sobre su patrimonio. A ese viaje, Adorni fue con su esposa, Bettina Angeletti.

Cerca del jefe de Gabinete, que esta semana no tendrá reunión de mesa política ni de gabinete, rechazaron de modo terminante que Karina Milei, hoy por hoy su principal protectora política, le esté buscando una salida elegante –embajada en el extranjero-y que sigue firme en su puesto. Sin embargo, en el oficialismo circulan los nombres de los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Canciller) y el propio Santilli como eventuales reemplazos. Además, no hubo mensajes de apoyo público de ningún ministro.

Como él mismo lo reconoció en la última entrevista con LN+, Adorni destina parte de su agenda a consultar a su abogado, el penalista Matías Ledesma, que forma parte del equipo de abogados creado por su padre, Guillermo Ledesma, uno de los miembros de la Cámara Federal porteña que en 1985 juzgó y condenó a integrantes de las tres primeras Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Con sus abogados, Adorni terminó de presentar su declaración jurada el miércoles pasado, horas antes de afirmar en la entrevista televisiva que había ahorrado medio millón de dólares sin declararlos al fisco durante años.

El proyecto libertario de gobernar la ciudad de Buenos Aires, una de las metas de Karina Milei, tampoco lo tiene como protagonista. “Nunca quise ser candidato, ese fue otro invento de ustedes”, dijo el jefe de gabinete en la entrevista por LN+, poco más de un año después de aquel triunfo en las elecciones legislativas de mayo de 2025, que encendió las especulaciones sobre una eventual candidatura a jefe de gobierno porteño, hoy desechadas de plano entre los aliados de Milei.