POLITICA
El Gobierno aprobó un recorte de subsidios al gas por Zonas Frías con el apoyo clave de las provincias del norte
El oficialismo se anotó este miércoles varias victorias en la Cámara de Diputados. Tras frenéticas negociaciones con un grupo de gobernadores, los libertarios lograron darle media sanción al recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías que permitirá un ahorro fiscal de casi $300 mil millones. Fue por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Además, La Libertad Avanza y sus aliados aprobaron la denominada Ley Hojarasca -que elimina leyes obsoletas- y una decena de tratados internacionales. Por otro lado, bloquearon sin mayores sobresaltos la convocatoria de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni a raíz de las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito.
El proyecto para modificar el régimen de Zonas Frías era el verdadero plato fuerte de la jornada y quedó como último punto del temario. Las negociaciones con las provincias continuaron durante toda la tarde y algunos diputados evitaron adelantar su voto hasta último momento. “Estuvieron pidiendo de todo, como siempre”, explicaron desde las filas libertarias.
Ayer por la tarde trascendió que la prenda de negociación que garantizó los votos fue una “compensación” para las provincias del norte por vía de subsidios a la energía eléctrica. Entre las potenciales beneficiadas por “zona cálida” se destacaban Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. Pero los gobernadores exigían garantías porque temían que la Casa Rosada luego no cumpliera con su palabra.
La votación terminó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Los libertarios contaron con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, casi todos los integrantes de Innovación Federal (un salteño se opuso), las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, la diputada del monobloque La Neuquinidad, los tres tucumanos de Independencia, la ex libertaria Lourdes Arrieta y los jujeños Jorge Rizzoti y María Inés Zigarán. Los tres diputados de Elijo Catamarca se abstuvieron.
Ahora el proyecto será girado al Senado, donde las provincias tienen aún más poder y continuarán las negociaciones con la Casa Rosada.
Qué propone la modificación del régimen de Zonas Frías
La iniciativa oficial restringe la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Por lo tanto, excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.
Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.
Según datos de la Secretaría de Energía, volver al esquema original representará un ahorro fiscal de $272.099 millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.
Además, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.
Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Energía, el libertario Facundo Correa Llano aseguró que “durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios”. “Eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario. Los resultados están a la vista: desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. Ese modelo fracasó, eso es lo que hoy venimos a corregir”, explicó.
Por su parte, desde la oposición calificaron la medida como un “tarifazo” disfrazado porque representará un fuerte aumento en las boletas de las zonas que quedarán fuera del régimen. Por otro lado, señalaron que también significará un aumento para la provincias que quedaron incluídas en el régimen porque “se cambia la base del cálculo del subsidio y se deja afuera la distribución y el transporte del gas”.
A modo de ejemplo, la diputada bonaerense Marina Salzmann mostró una boleta de gas de una jubilada de Marcos Paz, que en abril pagó $26 mil y sin el subsidio pasaría a pagar $45.500 mil, “lo que significa el 11% de sus ingresos como jubilada de la mínima”. “El único que se beneficia es el ministro de Economía que quiere que le cierren las cuentas”, fustigó.
“Tómense el trabajo de leer. Si cobran hasta tres canastas básicas, si hay una persona con discapacidad, si tienen el certificado de vivienda única, van a mantener el subsidio. Quienes más lo necesiten van a recibir el subsidio. Dejen de mentir”, retrucó la sanjuanina Nancy Picón Martínez, que responde al gobernador Marcelo Orrego.
La pelea reglamentaria al inicio de la sesión
La sesión comenzó pasadas las 10 con la presencia de LLA, el PRO, la UCR, el MID, la radical disidente Karina Banfi, Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, la diputada del monobloque La Neuquinidad, los tres tucumanos de Independencia, la ex libertaria Lourdes Arrieta y la radical jujeña María Inés Zigarán que contribuyeron a conseguir el quórum de 129 presentes.
El inicio del debate transcurrió en un clima de tensión y hubo fuertes cruces entre la oposición y Martín Menem por una disputa reglamentaria, ya que la oposición también había convocado a una sesión pero a las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, para que brinde explicaciones sobre sus viajes y patrimonio.
Por eso, el peronismo propuso someter a votación una moción para que se pase a cuarto intermedio a las 11, lo que habilitaría el comienzo de la sesión opositora. Pero el libertario Nicolás Mayoraz contestó que era sabido que el oficialismo planeaba sesionar este miércoles por lo que rechazó que se haya tratado de una maniobra para obstruir la convocatoria de la oposición. En ese sentido, señaló que resulta “imposible” suspender una sesión en curso para iniciar otra.
“No hay un solo antecedente de que una sesión especial interrumpa otra en toda la historia de la Cámara”, concluyó Martín Menem. Tras un acalorado intercambio de acusaciones, finalmente el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, cambió su moción y propuso concluir la sesión vigente. Esa moción fue rechazada por 131 votos negativos contra 111 positivos, por lo que los libertarios pudieron continuar con su temario.
La ley Hojarasca que impulsó Sturzenegger
El primer proyecto de la orden del día fue la denominada ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 58 leyes, modificar artículos de otras ocho y derogar dos decretos porque, según el Gobierno, fueron superadas por normativas posteriores, quedaron obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo, afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos u organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.
Al momento de la votación, la norma obtuvo 139 votos positivos, 96 en contra y 9 abstenciones. Junto con los libertarios votaron a favor el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y cinco diputados de Provincias Unidas (Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, José Núñez, Gisela Scaglia y Alejandra Torres).
Luego se aprobaron por amplia mayoría una serie de convenios y tratados internacionales: para el convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, suscripto en La Haya, Países Bajos, el 23 de noviembre de 2007; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Polonia, suscripto en Buenos Aires, el 5 de diciembre de 2019; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Costa Rica, suscripto en Buenos Aires, el 21 de marzo de 2019; el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad entre la República Argentina y la República Italiana, suscripto en Buenos Aires el 8 de mayo de 2017; el tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal entre la República Argentina y la República de Serbia, suscripto en Belgrado, Serbia, el 14 de octubre de 2019; el tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre la República Argentina y la República de Cuba, celebrado en Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2021; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Chile, suscripto en Santiago, Chile, el 5 de diciembre de 2023; el convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, 2007, celebrado en Nairobi, Kenia, el 18 de mayo de 2007; el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales (Tratado de Medellín), celebrado en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2019, y su Reglamento de Financiación, aprobado el 14 de febrero de 2022, y finalmente el acuerdo marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto en Ginebra, Suiza, el 2 de noviembre de 2016.
También se le concedió la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” al Brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez, por su actuación en la Guerra de Malvinas.
POLITICA
Hotesur-Los Sauces: habrá una audiencia clave para reunificar los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo
La Cámara Federal de Casación Penal realizará este jueves una audiencia clave para decidir la reunificación de los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por los casos Los Sauces y Hotesur, en los que ambos están acusados de integrar una asociación ilícita y de lavado de dinero.
El tribunal podría así disponer que ambos juicios, juntos, comiencen como estaba previsto el 23 de octubre próximo.
En paralelo, Cristina Kirchner confía en que este mes se conozca un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que pregone la anulación de su condena por la causa Vialidad, que la mantiene detenida y con prohibición de postularse para ocupar cargos públicos.
Es una estrategia que tiene pocas chances de prosperar, pues la justicia argentina ya dictó una sentencia que está firme y que no está dispuesta a revisar más allá de una opinión favorable a la expresidenta de un organismo internacional.
El debate por la reunificación de los casos Los Sauces y Hotesur se da en medio de una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco, que se opuso a la división en dos del juicio.
Los jueces del Tribunal Oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, además del resto de los 15 acusados.
Los jueces habían decidido de manera unánime que el 23 de octubre comience el juicio oral por Los Sauces y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027.
Pero el fiscal Velasco se opuso porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar a una condena.
Teme la fiscalía que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos. Además, hay razones jurídicas para sostener la reunificación, como por ejemplo que se trata de la misma maniobra.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar habían convocado a una audiencia el 15 de octubre para instar a que comience el proceso oral, pero ahora revisarán también la decisión de partir los juicios.
Esto es porque el fiscal ante la Casación, Mario Villar, los notificó de esta decisión que a su juicio pone en riesgo la acusación.
Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.
Nexos con Báez y López
Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero en el que Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.
El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.
El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.
La principal objeción del fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.
Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.
Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.
En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.
Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.
También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
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POLITICA
El Gobierno prevé que el vicepresidente de EE.UU. llegue al país la tercera semana de noviembre y avanza con el operativo de seguridad
El Gobierno espera que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegue a la Argentina durante la tercera semana de noviembre y comenzó a coordinar con Washington los preparativos de la visita. La fecha exacta todavía no está cerrada, pero en Nación ubican el viaje después del paso del papa León XIV por el país y ratifican que la iniciativa partió de la administración de Donald Trump.
La organización ya tuvo una primera avanzada estadounidense para trabajar sobre logística, seguridad y agenda. La Casa Rosada considera confirmada la visita y mantiene como principal actividad una reunión de Vance con Javier Milei. El esquema inicial contempla entre dos y tres días en la Argentina.
El cálculo oficial ubica la llegada a partir de mediados de noviembre, con la tercera semana como principal ventana. El viaje será parte de una recorrida regional, aunque Washington todavía no informó públicamente qué otros países integrarán el itinerario ni el orden de las escalas.
La secuencia se definió también en función de la visita de León XIV. El Vaticano mantiene programada la presencia del Papa en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira por Uruguay, la Argentina y Perú. El pontífice será recibido por Milei en la Casa Rosada el 8 de noviembre y partirá hacia Lima el 11.
La gira papal continúa oficialmente en pie pese a que León XIV ingresó este martes al hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención por un nódulo pulmonar. El Vaticano prevé aproximadamente una semana de recuperación y, hasta ahora, no modificó el viaje sudamericano programado entre el 6 y el 17 de noviembre.
Antes de que Vance llegue a Buenos Aires, Christopher Landau, subsecretario de Estado y número dos de Marco Rubio, que tiene previsto viajar el 21 de octubre junto con Juan Pablo Segura, responsable de la política estadounidense para el Hemisferio Occidental. Parte de esas conversaciones servirá para seguir preparando la visita del vicepresidente.
La agenda de Landau y Segura incluirá además seguridad, cooperación contra el crimen organizado y el pedido argentino para incorporarse al Programa de Exención de Visa. Washington y Buenos Aires profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica en materia de narcotráfico.
POLITICA
ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves contra el DNU 70/23 del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este martes un nuevo paro nacional de 24 horas para este jueves 15 para apoyar la derogación por parte de Diputados del DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei.
La medida de fuerza, anunciada por el secretario general Rodolfo Aguiar, incluirá paros, asambleas y movilizaciones durante toda la jornada y coincidirá con la marcha por el financiamiento universitario y la Ley de Tierras convocada para los alrededores del Congreso.
“¡¡Ahora!! ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el 15/10. ¡¡Tenemos que ir por todo y voltear el DNU 70/30 completo!! Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, expresó el secretario de ATE Nacional en su cuenta de X.
Y añadió: “No podemos permitir que sigan gobernando a la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”.
“Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni [Jorge Rafael] Videla se animó a tanto. No sólo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”, expresó el titular.
La nota en la que confirmaron la medida de fuerza —dirigida a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano— resaltó que el objetivo será “reclamar por la Soberanía Nacional, contra la Extranjerización de las tierras y en defensa de la Educación Pública Universitaria”.
De forma similar a lo que ocurrirá durante la Marcha Federal Universitaria convocada por el Partido Justicialista (PJ), el radicalismo, la izquierda y los movimientos sociales, ATE concentrará su movilización en la Ciudad en las inmediaciones de la Plaza del Congreso a partir de las 13.30, mientras que las actividades en las otras provincias del país serán “definidas por las conducciones locales”.
“El sindicato protesta por el Financiamiento Universitario, la derogación del DNU 70/23, en defensa de la Soberanía Nacional sobre el territorio y los recursos estratégicos, repudiando las políticas del Gobierno Nacional de entrega de tierras a capitales extranjeros, la constante vulneración derechos y deterioro del empleo estatal”, añadieron en el documento dirigido al secretario Julio Cordero.
La medida de fuerza se mantiene más allá de que la Corte Suprema repuso la vigencia de la Ley de Tierras a través de una medida cautelar interina publicada el viernes luego de haber refrendado la vigencia del decreto 70/23, que en su artículo 154 la dejaba sin vigencia.
La movilización no sólo exigirá el cumplimiento de la Ley de Tierras (que regula y limita la compra de terrenos rurales en la Argentina por parte de personas o empresas extranjeras), sino también exigirá el “cumplimiento efectivo” de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes universitarios, la actualización de las becas estudiantiles y la obtención de los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades.
Servicios afectados
Según indicaron desde el sindicato a , durante la jornada sólo se garantizarán los servicios de guardias mínimas en hospitales y de atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.
Al mismo tiempo, la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares también se verán afectados. Por ahora, informaron, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), mientras que PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) atenderán únicamente emergencias.
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