POLITICA
El Gobierno apura los cambios en la estratégica Cámara Federal, que decide sobre las causas de corrupción
El Gobierno apura los trámites para cambiar a dos de los jueces de la Cámara Federal porteña, estratégico tribunal que debe decidir en las causas de corrupción, incluido el expediente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus bienes;el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que aparece mencionada Karina Milei, y la causa $LIBRA, contra Javier Milei.
El nuevo decreto 467/2026, firmado el martes último por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, permite publicar en el Boletín Oficial los nombres de los candidatos al tribunal por tres días y enviarlos al Senado. Antes se preveía un proceso de impugnación de la ciudadanía y de la sociedad civil, que llevaba 15 días, y luego repetirlo en el Senado. Ahora se hace una sola vez.
El cambio en los plazos, explicaron fuentes oficiales, se relaciona con apurar estas designaciones y no con avanzar en completar la Corte Suprema de Justicia, donde permanecen dos vacantes. Alimentó esta especulación sobre el intento de cubrir los asientos vacíos en la Corte, la visita del juez Ricardo Lorenzetti alMilei, a quien le propuso designar allí al camarista Mariano Borinsky y a la jueza Karina Perilli.
Lorenzetti no llevó esta vez la carpeta del juez Ariel Lijo como postulante, como hizo el año pasado, lo que provocó algún malestar en el magistrado, dijeron dos fuentes de los tribunales. Lijo no abandona la idea de coronar su carrera en la Corte o en la Procuración General de la Nación. “Tiene una segunda chance”, dijeron funcionarios del Gobierno.
Pero el interés inmediato del Poder Ejecutivo está en la Cámara Federal. Por eso, el Gobierno está en condiciones de mandar la semana que viene dos nombres de la terna de jueces aprobada por el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Ambos fueron trasladados hace diez años por el entonces presidente Mauricio Macri desde otros tribunales a la estratégica Cámara Federal. La Corte anuló esos traslados y ordenó concursar los cargos. Las dos ternas que fueron aprobadas para ocupar esos puestos incluyen en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, quien volvió a concursar para su cargo.
Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola -allegado al ministro Mahiques- para un cargo y el propio Bertuzzi o la fiscal Incardona para la otra vocalía. Esta decisión corresponde al ministro de Justicia y al Presidente.
Bertuzzi es un nombre de los tribunales de Comodoro Py, donde fue secretario desde que el edificio reconvertido a sede judicial está en pie, e Incardona cuenta con el apoyo del kirchnerismo, que la votó en el Consejo de la Magistratura, y el apoyo adicional del juez Lijo, quien ponderó sus antecedentes.
El diseño de una nueva Cámara Federal se completa en los planes del Gobierno con la apertura de una tercera vacante, pues el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue elevado por el Poder Ejecutivo al Senado para una reválida de su acuerdo.
El nuevo decreto, que acorta los tiempos, le da chance a Irurzun de que aún manden su pliego al Senado, pero por las dudas el camarista ya planteó un amparo en la justicia contra la limitación constitucional que lo obliga a jubilarse a los 75 años y da batalla. Los antecedentes no lo ayudan, pero el final está abierto.
Expedientes sensibles
Ya están en la Cámara Federal causas que preocupan al Gobierno y que un cambio le permitiría tener mas controladas: el caso ndis, en el que intervienen Irurzun y los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah. Y está en el tribunal la causa $LIBRA, donde intervienen Bruglia, Bertuzzi -los dos camaristas a renovar- y Mariano Llorens.
Boico fue nombrado a instancias del kirchnerismo y Llorens tiene buen diálogo con el Gobierno. Cualquier cambio en los nombres modificará el equilibrio en el tribunal, que quedará conformado según el diseño del la administración libertaria.
El interés del Gobierno por la integración de la Cámara Federal se entiende, además, porque allí aterrizará más temprano que tarde el caso de supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, inamovible para Milei hasta que la Justicia diga que cometió delitos. Es el tribunal que debería revisar su eventual procesamiento. Aún no fue sorteada la sala que interviene en la causa.
Si bien en la Casa Rosada albergan la idea de que en el caso Adorni no se llegará a una citación para prestar declaración indagatoria, en los tribunales creen todo lo contrario.
El juez Lijo regresó el fin de semana de París, Adonde viajó con una comitiva oficial acompañando al ministro Mahiques, junto con su colega Sebastián Casanello. Fueron con Tomás Rodríguez Ponte, titular de la oficina de la Corte dedicada a los peritajes de causas complejas.
Integrantes de la comitiva uran que no hubo ni un café, ni copa de vino, a solas, a orillas del Sena, entre Lijo y Mahiques para hablar del caso Adorni. Ambos se conocen hace 20 años: el ministro fue secretario en el juzgado de Lijo, pero los viajeros consultados insisten en que el viaje fue protocolar.
Hubo reuniones con autoridades entrantes y salientes del GAFI y el organismo antilavado ponderó la presencia de los funcionarios judiciales. Mahiques expuso ante el pleno y se reunió con el procurador antiterrorismo, la Escuela de la Magistratura y la ministra de Género y Discriminación. Pero nada de charlas informales relativas a Adorni, afirmó uno de los viajeros.
Al margen de la Cámara Federal, el Gobierno está interesado, además, en apurar la cobertura de las vacantes para la mitad de los tribunales orales federales de Comodoro Py, los juzgados federales de Santa Fe, Corrientes y La Plata.
Uno de los juzgados en condiciones de ser cubierto ahora mismo es el N°10 del fuero penal económico, donde tramita la causa en la que se investiga a los verdaderos dueños de la quinta de Pilar, supuestamente en manos de testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino.
El juez que finalmente maneje esa causa se hará cargo de todas las que involucran a la AFA, incluida aquella en la que se denunció a la organización por administración fraudulenta. Los candidatos a ese juzgado propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo son Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, secretaria de una fiscalía federal, y Matías Alejandro Latino.
Pero para evitar suspicacias y que nadie diga que Mahiques busca favorecer a la AFA o que está colocando un juez a dedo para solucionar los problemas de Claudio “Chiqui” Tapia, el ministro resolvió que no enviará por ahora ningún nombre al Senado y dejará en el juzgado a la subrogante Verónica Straccia, que se hizo cargo del expediente, dijeron fuentes oficiales a .
Las designaciones de nuevos jueces que propuso el Gobierno avanzan en el Senado y el 30 de junio, por ejemplo, está prevista la audiencia pública que debe pasar Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
Su pliego fue apoyado por Lijo y fue enviado para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora, estratégico para la seguridad nacional, el contrabando y el narcotráfico por su jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.
En el Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti, se aprobaron en el plenario del 15 de abril 17 ternas para otros tantos juzgados, y en el plenario del 10 de junio se aprobaron 15 ternas para otras tantas vacantes. Los jueces están exultantes porque avanzan las designaciones. Son 32 vacantes cubiertas en este 2026.
En ese organismo están interesados en avanzar ahora con la cobertura de las vacantes, porque, entre otras razones, se renuevan en noviembre buena parte de sus integrantes.
El estamento que primereó es el de los consejeros académicos que designó a Diego Molea, histórico rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que ya fue consejero. El segundo representante académico se lo disputan el peronista Juan Manuel Olmos, uno de los influyentes en la justicia porteña, y el radical Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y otro polo de la gestión judicial.
Entre los jueces por la lista Bordó, Diego Barroetaveña busca su reelección y le pidió a la Justicia contencioso administrativa un fallo que deje fuera de dudas su habilitación; y, entre los abogados, el otro operador de la justicia local y federal, Daniel Angelici, busca colocar a dos consejeros.
Renovación
Las fuerzas en el Consejo de la Magistratura cambiarán a fin de año, y el Gobierno consolidará su presencia con consejeros propios y aliados, con los cuales negociará, y tendrá mas fuerza para la remoción y designación de jueces.
Además, el gobierno de Milei busca completar en Comodoro Py la implementación del sistema acusatorio que ya puso en marcha en la mayoría de las provincias el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Por eso, Mahiques convocará este martes a una comisión de reforma del Código Procesal Penal Federal, para avanzar en los cambios que piden los jueces y fiscales federales y que frenaron la llegada del sistema acusatorio al corazón de la justicia federal.
Entre los cambios, los fiscales quieren que se puedan hacer acuerdos con imputados que sean funcionarios públicos perseguidos por hechos de corrupción, lo que ahora está prohibido. Quieren facilitar las investigaciones de delitos complejos, más propias de Comodoro Py que de juzgados federales del interior, y pretenden dejar en claro que los auxiliares fiscales puedan participar de las audiencias.
Los jueces, por el contrario, no quieren perder el control de las causas y en algunas jurisdicciones se llega al extremo de que, a pesar de que las audiencias son todas públicas, el magistrado les hace adelantar por escrito a los fiscales lo que van a decir. Un asunto que no está zanjado y que va a generar debate.
El fondo del problema es que la mayoría de los jueces federales de Comodoro Py no quieren ceder el control de los expedientes a los fiscales y ser ellos quienes mantengan el poder. Cualquier negociación, aun de la disposición de la acción penal, quieren que pase por ellos.
Así, en tres meses, desde la llegada de Mahiques como ministro de Justicia, se precipitaron los cambios en el diseño del Poder Judicial, un área en la que el gobierno de La Libertad Avanza hasta ahora no había podido hacer pie.
Hernán Cappiello,Conforme a
La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, el megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, lo que significa que un voto negativo en la Cámara baja representaría su derogación definitiva. Si eso ocurre, una serie de regulaciones que hoy están derogadas volverían a tener fuerza de ley.
El fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del decreto —el que había eliminado los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros— fue el detonante de la convocatoria opositora. La resolución judicial tomó por sorpresa incluso al Gobierno y reavivó el debate sobre la validez de todo el texto del megadecreto, compuesto por 366 artículos.
En agosto de este año, el Senado le dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo retirara el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales y también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
La Ley de Alquileres
Una de las consecuencias más directas para los hogares sería la reinstauración de la Ley de Alquileres. El DNU 70 la derogó al inicio de la gestión de Milei, desregulando los contratos de locación y liberando las condiciones de actualización. Si el decreto cae, la normativa anterior retornaría automáticamente, con sus plazos mínimos de tres años y sus mecanismos de ajuste semestral por el índice Casa Propia.
Medicina prepaga
El megadecreto también eliminó los controles sobre los precios de las empresas de medicina prepaga, que hasta entonces debían solicitar autorización estatal para aumentar sus cuotas. La caída del DNU implicaría retornar a ese esquema de intervención, con el Estado como árbitro de los incrementos del sector.
Privatizaciones
El DNU 70/23 ordenó la transformación de todas las empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas “para su posterior privatización”, según explicó el propio Milei al anunciar las medidas. Si el decreto cae, ese proceso quedaría sin efecto y volverían a regir las figuras jurídicas previas: Empresas del Estado, Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta. También se revertiría la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
El megadecreto, además, incluyó disposiciones que autorizaban la cesión del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, total o parcialmente, a sus trabajadores en el marco del Programa de Propiedad Participada. Si el decreto es derogado, esa habilitación legal desaparecería, lo que complicaría cualquier proceso de privatización o traspaso que el Gobierno impulse por esa vía.
Abastecimiento y Góndolas
Dos herramientas de intervención en el mercado que el Gobierno de Milei eliminó por considerarlas incompatibles con su modelo desregulatorio quedarían reinstauradas. La Ley de Abastecimiento habilitaba al Estado a regular precios, márgenes de ganancia y condiciones de comercialización ante situaciones de desabastecimiento o especulación. La Ley de Góndolas, por su parte, obligaba a los supermercados a reservar espacios en las estanterías para productos de pequeñas y medianas empresas y a exhibir precios de manera transparente.
Servicios de internet satelital
El DNU 70 desreguló los servicios de internet satelital, lo que permitió la expansión de operadores como Starlink en el mercado argentino. Un rechazo en Diputados pondría en un limbo jurídico ese marco, con potencial impacto sobre las condiciones de operación de esas empresas.
Ley de Compre Nacional
Otra norma que recuperaría vigencia es la Ley de Compre Nacional, que establece preferencias para los bienes y servicios de origen argentino en las licitaciones y contrataciones del sector público. El DNU la había derogado como parte de la apertura al comercio exterior.
La política de cielos abiertos
La liberalización del transporte aéreo, conocida como política de cielos abiertos, fue otro de los capítulos del DNU 70. Su derogación podría revertir las condiciones bajo las que operan actualmente las aerolíneas en el mercado doméstico e internacional, aunque su impacto concreto dependería de la interpretación jurídica y de eventuales medidas cautelares.
Comercio exterior
En materia de comercio exterior, el megadecreto eliminó el registro obligatorio que debían cumplir quienes quisieran exportar o importar, y le quitó al Poder Ejecutivo la facultad de imponer restricciones a las exportaciones e importaciones por motivos económicos. La derogación del DNU devolvería esas atribuciones al Estado
El Instituto Nacional de la Yerba Mate
El DNU 70/2023 disolvió el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que regula el mercado yerbatero y que tiene especial peso político en la provincia de Misiones. Su restitución generaría presiones desde esa región, cuyos legisladores ya manifestaron incentivos para votar a favor de la derogación del decreto.
El Gobierno descarta que la oposición logre el quórum necesario para sesionar —129 diputados— y trabaja en alternativas para neutralizar la arremetida. Una de las opciones que circula en el oficialismo es incorporar un nuevo capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros en la Ley de Soberanía Nacional, proyecto que comenzó a debatirse en comisión esta semana.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó a Francia junto al presidente Milei para reunirse con los gobernadores aliados y acelerar acuerdos electorales que consoliden los votos necesarios para frenar la sesión.
En paralelo al debate por el DNU, el oficialismo regresa de París con optimismo en otro frente. Tras reunirse con 13 gobernadores en el marco de la Argentina Week, en La Libertad Avanza aseguran que tienen los votos para eliminar las PASO. La clave, según el propio entorno de Karina Milei, fue la promesa de no presentar candidatos libertarios en los distritos provinciales a cambio de apoyo a la reforma política.
POLITICA
Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en París: conversaron sobre inversiones, inteligencia artificial y geopolítica
En medio de la Argentina Week que encabeza en París, Javier Milei se reunió este miércoles por la tarde con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. La bilateral abordó temas de interés común como el escenario geopolítico, el impacto de la inteligencia artificial y el desarrollo de las inversiones galas en el país.
Alrededor de las 18.30 (hora local), el mandatario llegó a la sede del Gobierno francés acompañado por su hermana, Karina Milei, donde ambos fueron recibidos personalmente por Macron y la primera dama, Brigitte Claude-Macron. De fondo, los uniformados de la Guardia Republicana los recibieron con sables en mano y un coro de trompetas.
Según pudo saber TN de fuentes de la delegación, la bilateral entre ambos jefes de Estado consistió en dos partes. La primera fue un encuentro a puertas cerradas entre los hermanos Milei, Macron y su esposa. Allí los cuatro conversaron brevemente sobre la situación geopolítica global y el fenómeno de la inteligencia artificial.
Sobre ese punto, Milei es un firme defensor de la desregulación y el aliento a ese desarrollo tecnológico como un gran potenciador económico, tal como expresó en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada y luego ratificó esta mañana en su exposición en la Argentina Week. “Somos conscientes de que estamos en el umbral de la tecnología más revolucionaria que haya conocido el humano hasta ahora. La inteligencia artificial va a cambiar el paradigma de lo conocido y quien sea veloz para posicionarse como líder de esta industria puede adelantarse varios escalones en la carrera”, remarcó el mandatario, y agregó: “Nos puede permitir una aceleración del crecimiento que va a derivar en gran prosperidad”.
A su vez, la bilateral también abordó el desarrollo del foro argentino para atraer capitales que continúa en París hasta el viernes, con especial atención en las inversiones de origen francés que se llevan adelante en la Argentina.
Entre ellas destacó la cartera de proyectos que presentó horas atrás la compañía energética TotalEnergies, por montos totales cercanos a los US$10 mil millones para ampliar su producción de gas y petróleo en el país. Durante su exposición, el presidente y CEO de la firma francesa, Patrick Pouyanné, vinculó esos planes con las reformas impulsadas por la gestión de Milei y alentó a sus pares a invertir en la Argentina.
Luego, en una segunda etapa, los mandatarios pasaron a un salón mayor donde los esperaba un público de alrededor de un centenar de dirigentes y empresarios argentinos y franceses, entre ellos los 13 gobernadores que viajaron a París, los miembros del Gabinete que integraron la comitiva presidencial y representantes del sector privado como Martín Migoya (Globant), José Luis Manzano, Francisco De Narvaez, Manuel Antelo, Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Marcos Bulgheroni (PAE), entre otros.
Allí, tanto Milei como Macron realizaron un discurso cada uno y se abrieron a preguntas del auditorio. En ese sentido, el argentino recibió consultas de empresarios sobre cómo se sostiene el superávit fiscal y cómo realizó el ajuste del gasto de las cuentas públicas en su gestión.
“Por primera vez en Argentina se hizo un programa de estabilización y no se violó los derechos de propiedad, y eso ha constituido un punto de partida que hace que sin lugar a dudas este programa económico sea el más exitoso de la historia argentina”, había dicho Milei durante su discurso en la Argentina Week, donde destacó “el ajuste de 15 puntos del PBI en tan solo 6 meses de gestión”. “Sostenían que mi propuesta de hacerlo en un año era una locura, que era literalmente imposible, pero como decía Picasso: para lo posible están los demás, a mí denme lo imposible que lo voy a hacer posible y lo hicimos en tan solo un mes”, remarcó entonces.
Se trata de una discusión especialmente actual para Francia, que esta semana fue escenario de una movilización de alrededor de 200 mil manifestantes en reclamo por mejoras salariales para los empleados públicos, mientras la administración de Macron propone un plan para congelar los sueldos de los funcionarios y aplicar un plan de ahorro de 54.000 millones de euros en los próximos presupuestos.
POLITICA
El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado se debe expresar de forma sencilla para garantizar derechos
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, defendió el lenguaje claro como una condición para que las personas puedan comprender las decisiones del Estado y ejercer sus derechos. Fue en el marco de la inauguración de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se desarrolla este jueves 1 y viernes 2 de octubre en La Plata. Un evento del que también participaron el vicepresidente, Daniel Fernando Soria; la ministra Hilda Kogan; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.El encuentro fue organizado por la Real Academia Española (RAE) y la Suprema Corte bonaerense, con la Academia Argentina de Letras como institución académica anfitriona. La agenda incluye debates sobre la comunicación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la inteligencia artificial y el acceso de la ciudadanía a las normas y decisiones públicas.
En ese marco, Torres definió el lenguaje claro como una herramienta para los tres poderes del Estado. Planteó que las normas, resoluciones y sentencias deben poder ser comprendidas por las personas a las que están dirigidas.
“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, afirmó el titular del máximo tribunal de Justicia bonaerense en diálogo con Infobae.
El magistrado también sostuvo que la publicación formal de una norma no garantiza que sea accesible. Una ley puede estar disponible para su consulta, pero resultar difícil de entender para quienes deben utilizarla. “Publicar una ley no equivale necesariamente a hacerla accesible”, planteó Torres en la apertura del encuentro. Desde su perspectiva, comprender una norma permite aplicarla, reclamar ante una autoridad o impugnar una decisión. Ese derecho a comprender también funciona como un límite frente al poder estatal. Si una persona no puede interpretar el contenido de una ley, una sentencia o una resolución administrativa, su acceso formal a la información no alcanza para ejercer sus derechos.
El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, coincidió con ese planteo. En una reciente entrevista con Infobae, sostuvo que el lenguaje claro es una condición para la participación ciudadana y la defensa de las libertades. Muñoz Machado afirmó que la exigencia de claridad no alcanza únicamente a los organismos públicos. También incluyó a empresas de sectores que prestan servicios esenciales o tienen una incidencia directa sobre la vida cotidiana, como bancos, aseguradoras y compañías eléctricas.
Torres explicó a este medio que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires convirtió el lenguaje claro en una política institucional en agosto de 2019 y que desde entonces, el tema forma parte de los ejes de trabajo del Poder Judicial bonaerense.
El objetivo es que los operadores se expresen con claridad en documentos escritos y en intervenciones orales. Aclaró que el lenguaje claro no supone abandonar la precisión técnica. “Simplificar una frase no debe alterar el contenido jurídico de una decisión ni eliminar los elementos necesarios para interpretarla”, consideró.
Las mesas de la III Convención abordarán la claridad en la Justicia, la administración pública y la comunicación electoral. También analizarán el vocabulario legislativo, la legislación ambiental y distintas experiencias parlamentarias. El programa incluye además debates sobre instrucciones para jurados populares, el alcance de la tutela judicial, la oralidad, la escucha, los entornos digitales, la comunicación multiplataforma y las respuestas institucionales ante situaciones de crisis.
En diálogo con este medio, Torres recordó que la provincia de Buenos Aires cuenta con la ley 15.184, que estableció la obligatoriedad del uso del lenguaje claro en las resoluciones del Poder Ejecutivo y en las leyes del Poder Legislativo. La norma extiende la discusión más allá del sistema judicial. “La claridad se vincula así con la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad institucional”, señaló Torres al referirse a la relación entre el lenguaje y el funcionamiento de los poderes públicos. El magistrado planteó que una comunicación debe responder preguntas concretas: qué se decidió, por qué se tomó esa decisión, qué debe hacer la persona destinataria y qué recursos tiene disponibles.
“No se trata solamente de producir mensajes más sencillos, sino de preguntarnos quién necesita esa información, para qué la necesita y en qué condiciones debe poder utilizarla”, afirmó Torres. El juez propuso que las instituciones revisen sus comunicaciones con tres objetivos: comprobar si la persona puede encontrar la información, verificar si entiende qué se espera de ella y determinar si cuenta con elementos para actuar. La claridad, según el planteo del titular de la Suprema Corte, no consiste únicamente en reemplazar palabras complejas. También exige analizar la situación concreta de quien recibe una resolución y las consecuencias que puede tener para su vida.
Por su parte, el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, advirtió durante la inauguración que los lenguajes especializados pueden convertirse en una barrera para quienes no tienen formación en una determinada materia. Oteriño describió esa dificultad como “un muro infranqueable” para quienes reciben una instrucción que no pueden interpretar. También pidió que la tecnología conserve una función de apoyo y no reemplace la reflexión humana. “Que su aporte sea una ayuda para pensar y no una delegación cognitiva”, expresó el presidente de la Academia Argentina de Letras al referirse al uso de la inteligencia artificial.
Respecto al uso de la IA, Torres sostuvo que la inteligencia artificial debe ser considerada una herramienta. A su entender, la discusión no consiste en determinar si esa tecnología debe existir, sino en definir cómo se la va a utilizar dentro de las instituciones.
El magistrado también planteó que las herramientas de inteligencia artificial deben recibir instrucciones específicas para trabajar con ese criterio. El debate incluye el uso de inteligencia artificial para facilitar el acceso a la legislación y para adaptar documentos jurídicos a distintos destinatarios.
Muñoz Machado consideró que la inteligencia artificial puede mejorar el uso de la lengua, aunque advirtió sobre los riesgos de una regulación insuficiente. El director de la RAE señaló que la falta de reglas puede favorecer la aparición de “dialectos digitales” alejados de las normas lingüísticas compartidas. También sostuvo que las autoridades públicas deberán atender los desafíos que surjan de la expansión de estas herramientas. Torres insistió en que la transformación digital no reemplaza la necesidad de explicar las decisiones judiciales y administrativas. “La claridad no puede reducirse a una operación sobre las palabras”, afirmó. “También exige reconocer a la persona que está del otro lado”, agregó.
La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluirá este viernes 2 de octubre con dos sesiones plenarias, las conclusiones de Santiago Muñoz Machado y un acto de clausura con autoridades de las instituciones organizadoras. El encuentro reúne a más de 275 disertantes y cerca de 1.200 inscriptos en modalidades presencial y virtual. La agenda se extiende entre el jueves 1° y el viernes 2 de octubre, con actividades en cinco sedes y paneles sobre lenguaje claro y accesible en ámbitos judiciales, institucionales y públicos.
En la apertura también participaron Autoridades judiciales y legislativas, representantes de colegios profesionales, universidades, la Asociación Judicial Bonaerense y delegaciones de instituciones iberoamericanas, junto con el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde; el intendente de La Plata, Julio Alak; el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el fiscal de Estado, Hernán Gómez.
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