El Gobierno apura los trámites para cambiar a dos de los jueces de la Cámara Federal porteña, estratégico tribunal que debe decidir en las causas de corrupción, incluido el expediente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus bienes;el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que aparece mencionada Karina Milei, y la causa $LIBRA, contra Javier Milei.

El nuevo decreto 467/2026, firmado el martes último por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, permite publicar en el Boletín Oficial los nombres de los candidatos al tribunal por tres días y enviarlos al Senado. Antes se preveía un proceso de impugnación de la ciudadanía y de la sociedad civil, que llevaba 15 días, y luego repetirlo en el Senado. Ahora se hace una sola vez.

El cambio en los plazos, explicaron fuentes oficiales, se relaciona con apurar estas designaciones y no con avanzar en completar la Corte Suprema de Justicia, donde permanecen dos vacantes. Alimentó esta especulación sobre el intento de cubrir los asientos vacíos en la Corte, la visita del juez Ricardo Lorenzetti alMilei, a quien le propuso designar allí al camarista Mariano Borinsky y a la jueza Karina Perilli.

Lorenzetti no llevó esta vez la carpeta del juez Ariel Lijo como postulante, como hizo el año pasado, lo que provocó algún malestar en el magistrado, dijeron dos fuentes de los tribunales. Lijo no abandona la idea de coronar su carrera en la Corte o en la Procuración General de la Nación. “Tiene una segunda chance”, dijeron funcionarios del Gobierno.

Pero el interés inmediato del Poder Ejecutivo está en la Cámara Federal. Por eso, el Gobierno está en condiciones de mandar la semana que viene dos nombres de la terna de jueces aprobada por el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Ambos fueron trasladados hace diez años por el entonces presidente Mauricio Macri desde otros tribunales a la estratégica Cámara Federal. La Corte anuló esos traslados y ordenó concursar los cargos. Las dos ternas que fueron aprobadas para ocupar esos puestos incluyen en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, quien volvió a concursar para su cargo.

Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola -allegado al ministro Mahiques- para un cargo y el propio Bertuzzi o la fiscal Incardona para la otra vocalía. Esta decisión corresponde al ministro de Justicia y al Presidente.

Bertuzzi es un nombre de los tribunales de Comodoro Py, donde fue secretario desde que el edificio reconvertido a sede judicial está en pie, e Incardona cuenta con el apoyo del kirchnerismo, que la votó en el Consejo de la Magistratura, y el apoyo adicional del juez Lijo, quien ponderó sus antecedentes.

El diseño de una nueva Cámara Federal se completa en los planes del Gobierno con la apertura de una tercera vacante, pues el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue elevado por el Poder Ejecutivo al Senado para una reválida de su acuerdo.

El nuevo decreto, que acorta los tiempos, le da chance a Irurzun de que aún manden su pliego al Senado, pero por las dudas el camarista ya planteó un amparo en la justicia contra la limitación constitucional que lo obliga a jubilarse a los 75 años y da batalla. Los antecedentes no lo ayudan, pero el final está abierto.

Expedientes sensibles

Ya están en la Cámara Federal causas que preocupan al Gobierno y que un cambio le permitiría tener mas controladas: el caso ndis, en el que intervienen Irurzun y los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah. Y está en el tribunal la causa $LIBRA, donde intervienen Bruglia, Bertuzzi -los dos camaristas a renovar- y Mariano Llorens.

Boico fue nombrado a instancias del kirchnerismo y Llorens tiene buen diálogo con el Gobierno. Cualquier cambio en los nombres modificará el equilibrio en el tribunal, que quedará conformado según el diseño del la administración libertaria.

El interés del Gobierno por la integración de la Cámara Federal se entiende, además, porque allí aterrizará más temprano que tarde el caso de supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, inamovible para Milei hasta que la Justicia diga que cometió delitos. Es el tribunal que debería revisar su eventual procesamiento. Aún no fue sorteada la sala que interviene en la causa.

Si bien en la Casa Rosada albergan la idea de que en el caso Adorni no se llegará a una citación para prestar declaración indagatoria, en los tribunales creen todo lo contrario.

El juez Lijo regresó el fin de semana de París, Adonde viajó con una comitiva oficial acompañando al ministro Mahiques, junto con su colega Sebastián Casanello. Fueron con Tomás Rodríguez Ponte, titular de la oficina de la Corte dedicada a los peritajes de causas complejas.

Integrantes de la comitiva uran que no hubo ni un café, ni copa de vino, a solas, a orillas del Sena, entre Lijo y Mahiques para hablar del caso Adorni. Ambos se conocen hace 20 años: el ministro fue secretario en el juzgado de Lijo, pero los viajeros consultados insisten en que el viaje fue protocolar.

Hubo reuniones con autoridades entrantes y salientes del GAFI y el organismo antilavado ponderó la presencia de los funcionarios judiciales. Mahiques expuso ante el pleno y se reunió con el procurador antiterrorismo, la Escuela de la Magistratura y la ministra de Género y Discriminación. Pero nada de charlas informales relativas a Adorni, afirmó uno de los viajeros.

Al margen de la Cámara Federal, el Gobierno está interesado, además, en apurar la cobertura de las vacantes para la mitad de los tribunales orales federales de Comodoro Py, los juzgados federales de Santa Fe, Corrientes y La Plata.

Uno de los juzgados en condiciones de ser cubierto ahora mismo es el N°10 del fuero penal económico, donde tramita la causa en la que se investiga a los verdaderos dueños de la quinta de Pilar, supuestamente en manos de testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino.

El juez que finalmente maneje esa causa se hará cargo de todas las que involucran a la AFA, incluida aquella en la que se denunció a la organización por administración fraudulenta. Los candidatos a ese juzgado propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo son Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, secretaria de una fiscalía federal, y Matías Alejandro Latino.

Pero para evitar suspicacias y que nadie diga que Mahiques busca favorecer a la AFA o que está colocando un juez a dedo para solucionar los problemas de Claudio “Chiqui” Tapia, el ministro resolvió que no enviará por ahora ningún nombre al Senado y dejará en el juzgado a la subrogante Verónica Straccia, que se hizo cargo del expediente, dijeron fuentes oficiales a .

Las designaciones de nuevos jueces que propuso el Gobierno avanzan en el Senado y el 30 de junio, por ejemplo, está prevista la audiencia pública que debe pasar Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Su pliego fue apoyado por Lijo y fue enviado para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora, estratégico para la seguridad nacional, el contrabando y el narcotráfico por su jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.

En el Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti, se aprobaron en el plenario del 15 de abril 17 ternas para otros tantos juzgados, y en el plenario del 10 de junio se aprobaron 15 ternas para otras tantas vacantes. Los jueces están exultantes porque avanzan las designaciones. Son 32 vacantes cubiertas en este 2026.

En ese organismo están interesados en avanzar ahora con la cobertura de las vacantes, porque, entre otras razones, se renuevan en noviembre buena parte de sus integrantes.

El estamento que primereó es el de los consejeros académicos que designó a Diego Molea, histórico rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que ya fue consejero. El segundo representante académico se lo disputan el peronista Juan Manuel Olmos, uno de los influyentes en la justicia porteña, y el radical Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y otro polo de la gestión judicial.

Entre los jueces por la lista Bordó, Diego Barroetaveña busca su reelección y le pidió a la Justicia contencioso administrativa un fallo que deje fuera de dudas su habilitación; y, entre los abogados, el otro operador de la justicia local y federal, Daniel Angelici, busca colocar a dos consejeros.

Renovación

Las fuerzas en el Consejo de la Magistratura cambiarán a fin de año, y el Gobierno consolidará su presencia con consejeros propios y aliados, con los cuales negociará, y tendrá mas fuerza para la remoción y designación de jueces.

Además, el gobierno de Milei busca completar en Comodoro Py la implementación del sistema acusatorio que ya puso en marcha en la mayoría de las provincias el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Por eso, Mahiques convocará este martes a una comisión de reforma del Código Procesal Penal Federal, para avanzar en los cambios que piden los jueces y fiscales federales y que frenaron la llegada del sistema acusatorio al corazón de la justicia federal.

Entre los cambios, los fiscales quieren que se puedan hacer acuerdos con imputados que sean funcionarios públicos perseguidos por hechos de corrupción, lo que ahora está prohibido. Quieren facilitar las investigaciones de delitos complejos, más propias de Comodoro Py que de juzgados federales del interior, y pretenden dejar en claro que los auxiliares fiscales puedan participar de las audiencias.

Los jueces, por el contrario, no quieren perder el control de las causas y en algunas jurisdicciones se llega al extremo de que, a pesar de que las audiencias son todas públicas, el magistrado les hace adelantar por escrito a los fiscales lo que van a decir. Un asunto que no está zanjado y que va a generar debate.

El fondo del problema es que la mayoría de los jueces federales de Comodoro Py no quieren ceder el control de los expedientes a los fiscales y ser ellos quienes mantengan el poder. Cualquier negociación, aun de la disposición de la acción penal, quieren que pase por ellos.

Así, en tres meses, desde la llegada de Mahiques como ministro de Justicia, se precipitaron los cambios en el diseño del Poder Judicial, un área en la que el gobierno de La Libertad Avanza hasta ahora no había podido hacer pie.