POLITICA
El Gobierno asegura que CTERA incumplió el piso del 75% en el paro docente y abrió una investigación
El Gobierno asegura que CTERA incumplió la prestación mínima del 75% durante el paro docente nacional del 3 de agosto y abrió un expediente administrativo contra la confederación. La Secretaría de Trabajo terminó una primera evaluación de los relevamientos realizados durante la huelga y avanzó con una actuación por el incumplimiento de la obligación prevista para los servicios esenciales.
En la Casa Rosada todavía no tienen definida la consecuencia del expediente, pero admiten que una multa está entre las posibilidades más fuertes. “Es probable, pero no vamos a adelantar ninguna medida”, expresan en Nación. El criterio oficial es esperar la conclusión de las actuaciones antes de anunciar una penalidad.
El relevamiento tuvo resultados diferentes según la jurisdicción. En Balcarce 50 sostienen que el acatamiento al paro fue alto en provincias gobernadas por el peronismo, mientras que en otras jurisdicciones aseguran que se alcanzó la prestación mínima exigida. “Fue muy heterogéneo. En las provincias peronistas hubo alto acatamiento. En el resto se cumplió la ley”, agregan.
El Gobierno no tiene todavía un porcentaje nacional consolidado de incumplimiento y tampoco sostiene que el 75% de las clases se haya interrumpido. La infracción que le atribuye a CTERA consiste en no haber garantizado en parte del país el piso del 75% de la prestación normal que establece la legislación, una diferencia relevante para la evaluación administrativa.
La base jurídica es el artículo 24 de la Ley 25.877, reformado este año por la reforma laboral. La norma incorporó expresamente como servicios esenciales al cuidado de menores y a la educación inicial, primaria, secundaria y especial, y dispone que durante los conflictos colectivos la cobertura nunca puede fijarse por debajo del 75% de la prestación normal.
El régimen establece además un procedimiento específico. La organización que impulsa una medida de fuerza debe preavisarla con cinco días de anticipación y las partes tienen que acordar ante la autoridad laboral cómo se garantizarán los servicios mínimos, qué personal quedará afectado, los horarios y las funciones. Si no existe acuerdo o el esquema es insuficiente, Trabajo puede fijar esas condiciones en consulta con la Comisión de Garantías.
La Secretaría de Trabajo fiscalizó el paro mediante sus agencias territoriales y recopiló información sobre el funcionamiento de establecimientos en distintas provincias. La actuación que ahora abrió el Gobierno está dirigida a determinar la responsabilidad de CTERA como organización nacional convocante, aunque la prestación educativa y la relación laboral con los docentes dependen principalmente de las jurisdicciones provinciales.
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La apertura del expediente inicia el procedimiento administrativo sobre el que Trabajo deberá determinar la responsabilidad de CTERA y una eventual sanción. La confederación tendrá derecho a presentar su descargo y aportar pruebas antes de que la Secretaría adopte una resolución definitiva.
La ley habilita sanciones ante incumplimientos relacionados con los servicios mínimos. Eso no determina automáticamente una multa ni permite calcular todavía su monto: la autoridad deberá definir primero qué conducta concreta imputa, su gravedad y el universo eventualmente afectado.
En la Casa Rosada miran como antecedente los procedimientos abiertos este año contra La Fraternidad y la UTA, aunque se trata de situaciones jurídicamente diferentes. En esos casos, Trabajo avanzó porque los gremios habían adherido al paro general mientras tenían conciliaciones obligatorias vigentes. La Fraternidad terminó recibiendo una multa de más de $21.000 millones; en el caso docente, en cambio, la discusión se centra en el régimen de prestaciones mínimas.
CTERA sostiene una lectura opuesta sobre la jornada del 3 de agosto. La organización aseguró que el paro tuvo un “altísimo acatamiento” y mantiene sus reclamos por salarios, financiamiento educativo, restitución del FONID y convocatoria a la negociación nacional. Una eventual sanción abriría así una nueva disputa administrativa y judicial sobre el alcance de los controles federales en un sistema educativo gestionado por las provincias.
El expediente se conoce además en la previa de una nueva medida de fuerza en las universidades nacionales, prevista para este miércoles. El Ministerio de Capital Humano sostiene que cumple con los compromisos asumidos con el sistema universitario y rechaza los argumentos de los gremios docentes y no docentes para justificar la huelga.
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La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que transfirió $666.823 millones para gastos de personal e incrementos salariales correspondientes a junio y la primera cuota del aguinaldo, y asignó otros $448.544 millones para julio. También sostiene que continúa cumpliendo el acta paritaria firmada el 10 de junio y calificó oficialmente la protesta universitaria como “ilegítima” y de motivaciones políticas.
El conflicto universitario tiene, sin embargo, un encuadre legal diferente al paro de CTERA. La enumeración de servicios esenciales de la Ley 25.877 alcanza expresamente a la educación inicial, primaria, secundaria y especial, pero no incluye a la educación universitaria. Por lo tanto, el piso obligatorio del 75% que fundamenta el expediente contra CTERA no se traslada automáticamente al paro de las universidades.
La definición inmediata quedará ahora en manos de la Secretaría de Trabajo. El Gobierno ya da por detectado un incumplimiento y abrió el expediente contra CTERA, pero todavía debe resolver si esas actuaciones justifican iniciar un sumario y aplicar sanciones. En Balcarce 50 evitan anticipar la medida hasta que termine el procedimiento y quede determinada formalmente la responsabilidad de la confederación.
Gobierno, ctera, paro docente
POLITICA
Nombraron al presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas
La conducción del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas tendrá un nuevo presidente durante los próximos dos años. El doctor Alberto Gelly Cantilo fue designado con carácter ad honorem para ocupar el cargo a partir del 8 de abril de 2026, de acuerdo con el Decreto 1072/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial y dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Se trata de un organismo desconcentrado que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
La decisión se apoya en una propuesta de la Secretaría de Cultura y en la nómina de postulantes que elevó la Asamblea de Miembros de Número. El proceso institucional incluyó una asamblea extraordinaria realizada en septiembre de 2025, en la que se definieron los candidatos para cubrir la vacante en la presidencia.
El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas fue creado mediante el Decreto 26, firmado el 10 de enero de 1997. La norma dispuso su creación dentro de la jurisdicción de la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Ese decreto también definió el procedimiento para designar a quien preside la institución. Según su artículo 12, el Poder Ejecutivo Nacional debe efectuar el nombramiento sobre la base de una propuesta presentada por la Secretaría de Cultura.
La propuesta no se elabora de manera directa ni individual. La normativa requiere que surja de una terna seleccionada por la Asamblea de los Miembros de Número del instituto. La elección debe realizarse por mayoría simple, lo que incorpora una instancia previa de participación de los integrantes de la entidad.
La resolución indica que el servicio de asesoramiento jurídico correspondiente intervino dentro de sus atribuciones antes de la emisión de la medida. El texto no brinda precisiones sobre el contenido de esa intervención ni sobre observaciones particulares del área legal.
El INET tendrá nuevo director ejecutivo desde septiembre
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica, según el Decreto 1057/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, tendrá una nueva autoridad ejecutiva desde septiembre. El ingeniero Francisco José Hormaeche fue designado para ocupar la dirección del organismo, que forma parte de la estructura educativa nacional bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
La designación rige desde el 8 de septiembre de 2026 y alcanza el cargo de director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
El nombramiento modifica la conducción ejecutiva de un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación. El texto proporcionado no precisa la duración de la función, las razones de la elección, las atribuciones específicas asignadas al nuevo director ni las medidas que prevé impulsar durante su gestión.
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica es definido en la medida como un organismo desconcentrado. Esa condición implica que actúa dentro de la organización estatal mencionada en el nombramiento, con una inserción administrativa específica bajo la Secretaría de Educación.
A su vez, la Secretaría de Educación depende del Ministerio de Capital Humano, según se indica en el texto. La designación del nuevo director ejecutivo se produce, de este modo, dentro de esa cadena institucional de conducción de las políticas educativas nacionales.
La designación se encuadra en la estructura de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y deja asentado el nuevo responsable del cargo ejecutivo. La información oficial proporcionada no añade otros alcances a la resolución.
Instituto Juan Manuel de Rosas,Boletín Oficial,designación,Buenos Aires
POLITICA
El canciller Quirno dio detalles sobre los posibles feriados y asuetos durante la visita del Papa: cómo serían
El canciller Pablo Quirno dio detalles en una entrevista con TN sobre la visita del papa León XIV, durante noviembre. Adelantó que se estudia la posibilidad de decretar feriados o asuetos para esos días aunque serían acotados a los lugares donde el jefe de la Iglesia estará. La agenda prevé misas y recorridas por la Ciudad de Buenos Aires, Almirante Brown, Luján y Córdoba.
“Se está estudiando esa posibilidad para generar equilibro entre el movimiento de fieles y la necesidad de trabajar del resto del país”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ante la expectativa de la actividad entre los días 8 y 11 de noviembre.
Quirno afirmó que “la Iglesia tiene amplia libertad” para la agenda del Sumo Pontífice en la Argentina. Y en relación a la visita que hará León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, hogar para personas con discapacidad, justo cuando el Gobierno discute cambios en el área: “No mezclamos la visita pastoral con cuestiones políticas”.
Consultado sobre Malvinas, el canciller sostuvo una defensa a las últimas medidas del Gobierno, con respecto a la sanción de petroleras que operan en las islas y la nueva ley de Soberanía: “Buscamos revalorizar nuestros activos estratégicos”, planteó. Respecto del diálogo con Londres, señaló que “los canales siguen abiertos, pero tenemos intereses divergentes”. Además, afirmó que el Reino Unido “toma decisiones unilaterales”.
Sobre la posición de Estados Unidos, Quirno dijo que es cuestión de que ese país “quiera cambiar esa posición o no”, y aclaró que “los pedidos están siempre, ellos saben”. El canciller también se refirió a la reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que se realizará tras el discurso de Javier Milei en la Asamblea General de la ONU. Quirno integra la comitiva presidencial que viajó a Nueva York junto con el ministro de Economía, Luis Caputo.
El detalle sobre la visita del Papa
Según el cronograma oficial difundido este lunes por el Gobierno junto con el Vaticano, León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre, después de pasar por Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Lima. Aterrizará a las 16.30 en Aeroparque y visitará el Monumento al General San Martín. Luego será recibido en una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei. La jornada seguirá con un encuentro con autoridades en el Palacio Libertad, donde pronunciará su primer discurso en el país.
El lunes 9 comenzará a las 9.15 con la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30 encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, y a las 17.30 participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. La jornada terminará con las vísperas con los obispos en la Catedral Metropolitana, a las 18.45.
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El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos y clero a las 15.15. Volverá a Buenos Aires para participar, a las 20.15, de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles. El miércoles 11 visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, presidirá a las 10 una misa en la Basílica de Luján y partirá hacia Lima alrededor de las 14.
Pablo Quirno, papa León XIV
La Justicia de Paraguay comenzó a extraer datos de los dispositivos del ex senador Edgardo Kueider. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal del país vecino recibió en la mañana del viernes los dispositivos incautados en la causa por lavado.
Los celulares, computadoras y pendrives se incautaron en allanamientos hechos en diciembre de 2024. Desde entonces quedaron a resguardo en el Juzgado de Garantías. Los dispositivos pertenecen al exlegislador por Entre Ríos y su pareja, Iara Guinsel. Sin embargo, también se extraerán datos de los que se incautaron a dos paraguayos relacionados con los negocios inmobiliarios que ambos realizaban en Paraguay.
Todos están imputados en la causa por lavado de activos. La justicia paraguaya sospecha que se usó dinero proveniente de ilícitos cometidos en Argentina para adquirir seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción.
Las fiscales que intervienen en el caso, Luz Guerrero y Verónica Valdez, tienen intenciones de conocer cuáles fueron las interacciones entre Kueider y un grupo de personas envueltas en la operación.
Una es su pareja. Los otros dos son Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, también imputados. Son quienes aparecen como dueños de Golsur, la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el ex senador.
A ellos se suman Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí, dos empresarios con el negocio inmobiliario. No están imputados, son testigos. Ambos tuvieron relación con los acusados cuando intentaron comprar en efectivo otros departamentos. La operación avanzó, pero se cayó luego por falta de información sobre el origen del dinero.
Por otro lado, la Justicia sospecha que Benegas y Cousirat son testaferros del exlegislador argentino y de su pareja. La conjetura se funda en que adquirieron Golsur meses antes de que Kueider fuera detenido y, de inmediato, le entregaron a Guinsel un poder plenipotenciario.
En ese sentido, la mujer afirmó que el dinero sin declarar con el que se los interceptó el 4 de diciembre de 2024 pertenecía a Golsur. Por el incidente, Kueider y su pareja recibieron condenas por tentativa de contrabando.
El intento por frenar la medida
Las fiscales solicitaron la medida como acto investigativo. El Juzgado de Garantías dio luz verde. Una vez que se conoció la decisión de extraer información de los dispositivos, las defensas de los imputados intentaron un bloqueo.
Los abogados Juan Bogado, Carlos Arévalos y Macarena Bellenzeir pidieron al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos que revocara el permiso. La razón esgrimida fue que se trataba de “fraude de etiquetas”, ya que lo que se presentaba como una extracción de datos era, en realidad, una pericia.
Sin embargo, la Sala 1 del Tribunal sostuvo la decisión. Para eso se basó en la diferenciación entre extracción y pericia. El primero es el aseguramiento de datos insertos y obrantes en dispositivos electrónicos. La segunda supone la emisión de un dictamen u opinión.
El órgano judicial, integrado por Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, también descartó que exista vulneración del derecho de defensa debido a que se dio intervención en el procedimiento a los letrados de los acusados.
El proceso de recolección de información guardada en los dispositivos demandará varias semanas. Se trata de un total de 26 aparatos. Nueve de ellos se incautaron durante un allanamiento realizado en la residencia que Kueider y Guinsel ocupaban en el barrio San Vicente de Asunción. Por el operativo, concretado el 5 de diciembre de 2024, les rescindieron el contrato de alquiler de forma anticipada. Debieron mudarse a Luque.
Los 17 restantes se secuestraron a Benegas y Cousirat en procedimientos paralelos al concretado en la residencia del exsenador por Entre Ríos.
El caso
Según la acusación, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.
Todos los inmuebles están localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción.
La Fiscalía paraguaya evaluó que Golsur se usó como “estructura de fachada”. Su función era la “recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería en un principio “a los imputados extranjeros” Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma “con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”, señalaron las fiscales intervinientes.
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