POLITICA
El Gobierno busca llevar la interpelación a Adorni a comisión para demorar el debate en el Senado
Con el objetivo de subsanar las distintas interpretaciones reglamentarias surgidas en torno a la interpelación del jefe de Gabinete, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, volverá a convocar este martes a una reunión de Labor Parlamentaria para revisar lo resuelto el jueves pasado. Para la Casa Rosada, una interpelación sin dictamen de comisión requiere el voto de los dos tercios del recinto para ser aprobada.
Los proyectos impulsados para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no solo generaron cruces entre oficialismo y oposición, sino también un debate interno dentro de La Libertad Avanza. La discusión gira en torno a qué mayoría es necesaria para avanzar con esos pedidos: mientras Bullrich aceptó una interpretación sostenida por el peronismo en el Senado, los diputados libertarios se aferran a antecedentes de la Cámara baja, presidida por Martín Menem.
El debate en el Senado
El jueves pasado, la reunión de presidentes de bloque convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel resolvió postergar para el 25 de junio la sesión que buscaba aprobar la interpelación a Adorni. Esa decisión le otorgó un respiro al funcionario y fijó para el 2 de julio el tratamiento de los proyectos, la misma fecha en la que el propio jefe de Gabinete tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Congreso.
Según el acta firmada por los senadores y presentada luego a la prensa por Bullrich, el primer punto del temario será el debate de las mociones de interpelación al jefe de Gabinete en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional y del artículo 214 del Reglamento del Senado.
En esa instancia, la senadora libertaria aceptó los argumentos del bloque Justicialista que conduce José Mayans y acompañó la interpretación según la cual la aprobación de una interpelación —con eventual moción de censura incluida— requiere únicamente la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. En el Senado, eso equivale a 37 votos afirmativos.
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Quienes sostienen esta postura argumentan que el artículo 101 de la Constitución, que contempla la figura de la “moción de censura”, es operativo por sí mismo. En consecuencia, consideran que no necesita pasar previamente por comisiones ni reunir una mayoría agravada para habilitar su tratamiento, sino que puede votarse directamente en el recinto y aprobarse con mayoría absoluta.
Esa interpretación generó malestar tanto en la Cámara de Diputados como en sectores de la Casa Rosada, que presionaron a Bullrich para que revierta lo acordado en Labor Parlamentaria.
Por ese motivo, la senadora convocará a una nueva reunión, pese a la negativa de Mayans, aunque con el respaldo de los bloques dialoguistas, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. La propuesta del oficialismo es girar los proyectos a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto, para que allí sean debatidos antes de llegar al recinto.
En La Libertad Avanza estiman que ese proceso demoraría la discusión hasta la segunda quincena de julio, lo que permitiría ganar tiempo en favor del funcionario cuestionado.
La repercusión en Diputados

Mientras tanto, la oposición en la Cámara baja convocó a una sesión especial para este martes a las 14 con el objetivo de tratar los proyectos de interpelación a Adorni. Sin embargo, la resolución adoptada en el Senado abrió un nuevo debate sobre la posibilidad de aprobar esos pedidos directamente en el recinto, sin necesidad de que pasen previamente por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo.
El pedido de sesión fue impulsado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, algunos integrantes de Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
Los bloques dialoguistas todavía no definieron una postura común. El PRO mantendrá este lunes una reunión encabezada por Cristian Ritondo, mientras que el sector radical que responde a Pamela Verasay decidió no asistir a la sesión del martes, aunque tampoco acompañará la convocatoria oficialista del miércoles para debatir proyectos de gestión.
“No somos destituyentes y por eso no acompañamos a la oposición dura, pero tampoco somos funcionales al Gobierno que define la situación de Adorni”, resumió un radical del interior.
El espejo del Senado
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro tomó como referencia la interpretación adoptada en el Senado y sostuvo que “debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga al recinto a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos. No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación”.
Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz rechazó esa posición y recordó que el artículo 101 de la Constitución “fija la mayoría necesaria para aprobar una interpelación o una moción de censura al jefe de Gabinete. Pero de ninguna manera elimina los requisitos para tratar un asunto en el recinto que fija el Reglamento de la HCDN”.
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Mayoraz citó además los antecedentes de 2025, cuando la Cámara de Diputados debatió las interpelaciones al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros Luis Caputo y Karina Milei.
“Para habilitar las interpelaciones se exigieron los 2/3 de votos, y al no alcanzarlos, solo se obtuvo el emplazamiento de las comisiones para dictaminar. El tema es clarísimo y la interpretación de la doctrina no deja dudas al sostener que los asuntos sin dictamen deben ser habilitados mediante una votación sobre tablas, que requiere dos tercios según el Reglamento”, sostuvo.
El legislador libertario fue aún más duro al responderle a Ferraro: “Sostener que ‘No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación’ es hacerle decir a la Constitución lo que no dice. El diputado confunde la habilitación del tratamiento del asunto con la votación de la interpelación propiamente dicha. Una de dos, o perdió la memoria o perdió la cordura”.
Por su parte, la diputada cordobesa Natalia de la Sota adelantó que estará presente en el Congreso este martes para impulsar la remoción de Adorni y reclamó el acompañamiento de los legisladores de Córdoba alineados con el gobernador Martín Llaryora, quienes firmaron el pedido de sesión especial.
“El asunto es suficientemente grave y serio como para que algunos cambien de posición o se hagan los desentendidos. La sociedad merece claridad y coherencia”, afirmó.
Manuel Adorni, Senado, Diputados
POLITICA
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema: “Hay muchos operadores informales que tienen influencias”
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, apuntó contra los esquemas de nombramientos en el Poder Judicial al señalar la existencia de “muchos operadores informales que tienen influencias”.
Durante una disertación ante el Rotary Club de Buenos Aires, el magistrado sostuvo que la idea de una Justicia independiente se encuentra “fuertemente devaluada” en la mayoría de las provincias argentinas, fenómeno que consideró un síntoma de un deterioro institucional grave.
El magistrado, que expuso en los salones del Hotel Libertador sobre el liderazgo en la era de la inteligencia artificial, afirmó que la democracia argentina requiere terminar con el amiguismo y las presiones externas.
Según el integrante del máximo tribunal, el problema central no radica en la participación de la política, la cual calificó como un requisito del sistema constitucional, sino en la acción de actores ajenos a la ley que condicionan la selección de magistrados.
Por este motivo, Lorenzetti confirmó que insistirá, junto a su par Carlos Rosenkrantz, en la reforma del mecanismo de elección a través del Consejo de la Magistratura para priorizar la formación profesional sobre los vínculos personales.
Lorenzetti sobre la inhabilitación a cargos públicos de Cristina Kirchner
En otro tramo de su presentación, el juez se refirió a la reciente denuncia que presentó la expresidenta Cristina Kirchner ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al respecto, Lorenzetti aclaró que la defensa de la titular del Partido Justicialista nunca planteó ante los tribunales locales la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El magistrado recordó que, durante el proceso judicial por la causa Vialidad, el debate se centró exclusivamente en la confirmación de las penas de prisión. “No hubo ningún planteo referido a la inconstitucionalidad de la inhabilitación”, enfatizó el juez, quien precisó que dicha cuestión tampoco surgió cuando el expediente tramitó ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El mensaje a la clase dirigente
Consultado sobre las declaraciones del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien amenazó con expropiaciones si el peronismo retoma el poder nacional, Lorenzetti calificó los dichos como desatinados. Si bien aclaró que estas expresiones carecen de efecto jurídico real, instó a la clase dirigente a brindar previsibilidad económica para fomentar la inversión y evitar que los ciudadanos teman por la seguridad jurídica. “La previsibilidad en materia económica hoy está garantizada”, sentenció el integrante de la Corte.
Finalmente, el juez reflexionó sobre el rol del Poder Judicial frente a la creciente desconfianza social. Sostuvo que los magistrados deben buscar el prestigio institucional en lugar de la aprobación inmediata mediante encuestas o aplausos públicos.
En un contexto global de desilusión con el Estado de Derecho, Lorenzetti abogó por una gestión eficiente, la modernización tecnológica mediante la inteligencia artificial y el respeto estricto de las normas para evitar la deriva hacia modelos autoritarios. El magistrado concluyó que la misión de la justicia actual es ofrecer un servicio ágil que responda a las necesidades reales de la población.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.
artículo firmado por Hernán Cappiello,Agenda,Ricardo Lorenzetti
POLITICA
Kicillof definió atar el desdoblamiento en Buenos Aires a lo que ocurra con las PASO a nivel nacional
Axel Kicillof no desdoblará las elecciones en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no logra eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como se propuso en su anunciada reforma política que, de momento, no logra salir a las pistas. La gestión de Javier Milei quiere erradicar las Primarias. En lo formal, argumenta un ahorro de USD 150 millones, aunque hay un trasfondo político: evitar que esa instancia electoral para elegir candidatos no termine funcionando como una gran encuesta, que adelante los tiempos y que los resultados no sean los esperados. El Gobierno quiere una sola elección, con Milei yendo por la reelección: fuerte al medio. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral nacional, siguen con sigilo esta instancia mientras transitan la discusión interna dentro del peronismo.
Así como La Libertad Avanza esgrime un argumento presupuestario detrás del plan para eliminar las PASO, en Buenos Aires avisan que “no dan los tiempos” para separar las elecciones provinciales de las nacionales si se les suman las Primarias. “Sería hacer votar a la gente tres veces”, plantean cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El famoso calendario electoral complejizaría un desenganche, más allá de los fundamentos políticos y estratégicos que pueden aparecer y sobre todo si Kicillof buscara una candidatura presidencial, que es por lo que está trabajando y que, de darse, anunciará el año que viene.
Un crongorama ajustado
La normativa electoral de la provincia de Buenos Aires establece plazos distintos para la convocatoria a las elecciones primarias y las generales. En el caso de las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (EPAOS), la Ley 14.086 dispone que el Poder Ejecutivo debe convocarlas con una antelación no menor a 120 días ni mayor a 150 días respecto de la fecha de realización. La misma norma establece, además, que esos comicios deben celebrarse dentro de los 12 meses previos a la elección general y en la misma fecha que las primarias nacionales.
Para las elecciones generales provinciales, en tanto, la legislación bonaerense prevé que la convocatoria debe efectuarse con no menos de 60 días de anticipación al acto electoral. El gobernador tiene potestad para convocar a las elecciones generales en una fecha distinta de la fijada para los comicios nacionales. La potestad para realizar esa convocatoria se apoya en el artículo 144 inciso 7 de la Constitución provincial, además del artículo 66 de la ley provincial 5.109.
Ese marco permite que la Provincia defina su propio calendario electoral para los cargos locales, siempre dentro de los plazos que establece la legislación. La coincidencia con la elección nacional no funciona como una obligación para los comicios provinciales, sino como una alternativa prevista por el régimen de simultaneidad electoral. Aparece de forma explícita en el artículo 116 de la Ley Electoral de PBA: “El Poder Ejecutivo podrá, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, convocar a las elecciones simultáneamente con la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación”, dice el texto. También puede no hacerlo y elegir su propia fecha, lo que —efectivamente— sería un desdoblamiento. Es algo que estudia Kicillof. Aún sin definiciones, cree tener una certeza: prefiere las PASO y si hay PASO no hay desenganche posible.
La situación cambia para las elecciones primarias en lo que respecta a las fechas. Según el régimen vigente en la Provincia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional convoca a primarias nacionales para determinadas categorías, las primarias bonaerenses deben realizarse en la misma fecha, de acuerdo al artículo 2 de la ley 14.086.
Discusión política
Más allá del aspecto logístico, están el estratégico y el político. Hay dos posiciones distintas en el entorno de Kicillof que, por ahora, conviven. A favor de un desdoblamiento, está la eventual victoria que podría tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. En La Plata aseguran que con un candidato único, respaldado fehacientemente por todos los sectores del peronismo y con el gobernador presente en la campaña, se podría retener la provincia.
Esta tesis tendría como antecedente favorable lo que fueron las elecciones del año pasado, cuando Kicillof eligió desenganchar los comicios legislativos y obtuvo una victoria por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza para cargos legislativos. En La Plata, tienen sobre la mesa, siempre y cuando no haya PASO, esa carta: creen que una victoria en Buenos Aires podría allanar el camino a un resultado de orden nacional.
Otros factores y elección unificada
Días atrás, el grupo de intendentes de la naciente Liga de Intendentes peronistas bonaerenses visitó al gobernador. Fue una reunión netamente política. No se habló de gestión. Los jefes comunales que buscan bajar la espuma de la interna reinante en el peronismo bonaerense entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora piden reelecciones indefinidas. Ese tema también interviene en la definición de aplicar un desdoblamiento electoral.
La chance de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos acomoda, por un lado, la discusión por la sucesión a la gobernación -ya que varios de los que hoy aparecen como posibles candidatos y son intendentes podrían quedarse en sus distritos- y por el otro, garantizaría su involucramiento pleno en la campaña. Ahí cobra fuerza una unificación de la elección y una campaña en conjunto: municipal, provincial y nacional, con Buenos Aires abarcando el 37% del padrón electoral.
Todo en un hipotético escenario de Kicillof candidato. En su equipo interpretan que hoy por hoy solo hay dos nombres para la contienda electoral del año que viene: Milei y Kicillof. Por eso, con esa idea es que están dispuestos a ir a una PASO. Además, creen que, de ir a una interna, el gobernador bonaerense podría validar credenciales de su propio armado político (el MDF) y evitaría llegar a la resolución de una candidatura y un ordenamiento interno mediante un acuerdo con el resto de los sectores. Por eso abona las PASO.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: la media sanción a la ley de propiedad privada y sus repercusiones
Luego de casi seis horas de manifestación pacífica, la protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se trató en el Senado, se desvirtuó a partir de las 17, cuando la Policía Federal utilizó gases para desalojar a los manifestantes que protestaban contra el vallado que protegía al Congreso nacional.
Los ataques de grupos reducidos de manifestantes, que rompieron veredas y cordones para hacerse de escombros y lanzarlos a los uniformados, además de destruir e incendiar cestos y contenedores de basura, convivieron con la avanzada de grupos de infantería de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que utilizaron carros hidrantes, gases, balas de goma y divisiones motorizadas para dispersar y perseguir a los violentos y a quienes protestaban sin provocar desmanes.
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