Entre los múltiples efectos del paso del papa León XIV por la Argentina, en Pro crece la expectativa de que uno de ellos sea una moderación del presidente Javier Milei. El partido de Mauricio Macri confía en que un eventual giro destrabe las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) por un acuerdo para las elecciones de 2027.

“Estamos todos rezándole al Papa para que lo logre. Elijo creer”, ironizan por estas horas en las filas amarillas.

En el espacio son optimistas. Evalúan que la visita del Sumo Pontífice, que se reveló conmovedora para Milei en sus lágrimas de despedida, sumada a la cercanía del calendario electoral, terminará por alejar al Presidente de los extremos y los agravios. El mensaje de León XIV “le da una excusa para moderarse”, sostiene una importante fuente de Pro, en diálogo con .

Puntualizan, no obstante, que esperan una moderación en las “formas” y los ataques -de los que el partido de Macri ha sido víctima-, y no en el rumbo económico.

Apenas unas horas después de que el Papa pisara suelo argentino, el jefe de Estado dio una primera señal en esa dirección. Reconoció públicamente que fue él quien le pidió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que invitara al exmandatario al recibimiento del Santo Padre en el Palacio Libertad.

Y no se quedó en el gesto, sino que, en un movimiento inesperado, colmó de elogios a Macri. “En un evento de esta magnitud no podía estar ausente alguien que ha sido tan importante en la historia argentina, dando el primer paso, que fue la primera vez que se le pudo ganar al kirchnerismo, y terminar sentando las bases que después permitió la aparición del movimiento que hoy me toca liderar a mí”, dijo Milei el domingo pasado.

Superada la sorpresa inicial, en Pro aseguran que recibieron “muy bien” los elogios, que los consideran “muy importantes” y que, con este guiño, Milei “volvió a ser generoso” con el expresidente, como al comienzo de la gestión. En el partido leen estas señales en clave del “deseo de acordar” de LLA: “Está enmarcado en la estrategia de seducción”.

En la misma línea, aunque con una postura más dura, otra voz de Pro da por hecho que “el Gobierno habrá tomado nota” del mensaje que trazó el Papa a favor del diálogo y la búsqueda de consenso. La fuente consultada por advierte que, si quiere avanzar en un acuerdo, LLA deberá “bajar el tono” y abandonar la impronta de “imposición”.

Solo dos semanas atrás, el expresidente Macri consideró que las negociaciones con el Gobierno para conformar una coalición estaban estancadas. Los diputados Cristian Ritondo y Fernando de Andreis son las espadas del líder de Pro en las conversaciones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los estrategas libertarios Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Aunque todavía no está sellado, algunos dirigentes de Pro consideran que no hay otra alternativa que un acuerdo, dado que Milei conserva una evaluación favorable en la opinión pública, que ubican en torno al 30%. Pesa, además, que Macri decidió no competir; “por ahora”, aclaran, aunque se trata de un escenario que parece descartado.

“Necesitamos que [Milei] baje un cambio por el futuro de la Argentina y, por supuesto, eso nos ayudaría a arreglar”, admiten. Entienden que así habría menos gente reclamando una opción más moderada, y señalan que buena parte de ese electorado está principalmente conformado por simpatizantes de Pro. La mayoría de este sector quiere un acuerdo y quienes no lo desean, interpretan, lo rechazan por las formas de Milei.

Mientras tanto, en el macrismo aseguran que desconocen si Milei hará algún gesto hacia el expresidente en los próximos días, como publicó Clarín.

León y el mensaje de “ley y orden”

Pese al revuelo interno que provocó en Pro la “carpa VIP” montada para la misa del Papa en Palermo, la visita de León XIV habría abierto la posibilidad de repensar el tono de la comunicación del gobierno de la Ciudad. Según reveló un funcionario del gabinete porteño a , en las próximas semanas evaluarán si la llegada del pontífice a la Argentina repercutió en el “humor social”, a través de sondeos que realizan mensualmente: “¿Se requiere una calibración de la comunicación si hay un sentido común que se vio reconfigurado por el Papa?”.

Hoy, la comunicación de Jorge Macri se centra en la premisa de “ley y orden” y pone el foco en aspectos como los desalojos, la reducción de los piquetes y los operativos de seguridad. En la gestión local aseguran que esa línea goza de una aprobación de más de 70 puntos en el electorado porteño. “Estamos viendo si eso cambió o no. Vale la pena la pregunta”, afirma el funcionario, que asegura que el asunto fue puesto sobre la mesa en reuniones que comparte con el alcalde.

En este sentido, la legisladora porteña Silvia Lospennato consideró una “excelente reflexión” el mensaje de X del periodista Ignacio Girón, en el que se preguntó si la “demanda de paz social” comenzará a ordenar la política argentina, y se refirió a “la esperanza de un pueblo que puede disentir en sus ideas pero que pide más concordia”.

No obstante, otras fuentes consultadas en la Ciudad descartan la posibilidad de un cambio en el mensaje o en el tono del jefe de gobierno.

La Justicia federal de Río Grande ordenó a doce empresas pesqueras con domicilio en España y a siete sociedades mixtas hispano-isleñas que se abstengan de pescar en aguas argentinas sin habilitación de la autoridad nacional, y la orden incluye expresamente el mar que rodea a las islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto dictó la medida cautelar el 6 de noviembre, en el expediente FCR 16446/2026, promovido por la Fundación Agustina Lerena.

La cautelar fue firmada el viernes pasado y alcanza tanto al mar territorial como a la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas que rodean a las islas Malvinas. Es provisoria, no llega a la alta mar y deja afuera, por ahora, a bancos, astilleros y aseguradoras. La notificación se dará a las empresas a través de Cancillería. “Es un hecho de absoluta relevancia”, aseguró el especialista Daniel Guzmán.

El fallo no declara culpable a nadie: la propia jueza aclara que no es un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas, pero fija una prohibición concreta y, sobre todo, una determinada interpretación jurídica del conflicto: para la magistrada, lo que se pesca alrededor de las islas no es un asunto aparte, sino parte del mismo ecosistema que la Argentina administra.

En este sentido, mientras no obtengan un permiso de la autoridad de aplicación de la Ley Federal de Pesca, las empresas alcanzadas deberán abstenerse, por sí o mediante buques que armen, operen, fleten o gestionen, de capturar o extraer recursos vivos marinos, con cualquier arte de pesca; procesar a bordo las capturas obtenidas en esos espacios; transbordar o descargar esas capturas; e iniciar nuevas mareas o temporadas, o incorporar nuevos buques para esas actividades.

Las firmas españolas tienen sede en Vigo, Marín, Cangas y Moaña, en Galicia. Las sociedades mixtas figuran en la resolución con vehículos societarios domiciliados en Puerto Argentino-Stanley, como South Atlantic Squid, Petrel Fishing Company o Golden Touza.

Además, deberán informar bajo juramento, en diez días judiciales desde que sean notificadas, qué buques operan en esas aguas, con qué licencias, cuánto capturaron desde 2023, qué descartes registran, a qué puertos descargan y cuál es su estructura societaria. También deberán preservar toda la documentación: partes de pesca, diarios y registros satelitales.

Consultado sobre la medida, Guzmán del portal Agenda Malvinas dijo que “es de una importancia trascendental que apunta a empresas que operan en aguas circundantes a Malvinas y cuyos registros fueron publicados, es su propia información la que sirve de prueba. Tiene la relevancia de la documentación propia de los que están robando”.

El argumento: un mismo mar

La jueza parte de una premisa jurídica: la Disposición Transitoria Primera de la Constitución ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos. Por eso, sostiene, que las empresas sean extranjeras o actúen con licencias de la administración isleña “no enerva (debilita) la plena vigencia del derecho argentino”. La Ley de Pesca exige un permiso argentino para pescar en esos espacios.

En una aclaración que es política además de técnica, el fallo advierte que cuando los informes oficiales hablan de “aguas en disputa” o de la “ZEE disputada con el Reino Unido”, esas expresiones no alteran la condición jurídica de esas aguas.

Para acreditar la verosimilitud del reclamo la jueza se apoyó en informes y datos del Instituto Nacional de Investigación Pesquera (INIDEP). Entre ellos, que desde 1989, la administración isleña otorga licencias de pesca que le dejan ingresos promedio de más de 20 millones de libras anuales, con unas 230 licencias por año desde 2013. Los principales adjudicatarios, según el INIDEP, son España, Gran Bretaña con puerto de asiento en las islas, Corea del Sur y Taiwán.

Las capturas de buques de bandera española en ese sector pasaron de 59.001 toneladas en 2013 a 34.036 en 2017. Las de buques británicos con puerto en las islas fueron de 60.474 toneladas en 2013 y 63.859 en 2017. Las capturas de merluza común en ese sector subieron de 14.681 toneladas en 2014 a 62.829 en 2022.

Finalmente, se detalla que, en la temporada de calamar de 2026, el INIDEP estimó 110 poteros extranjeros operando en la zona económica exclusiva, frente a 84 poteros de bandera argentina. En 2025 hubo hasta 108 buques extranjeros por semana.

El tribunal subrayó otro punto: la Argentina no recibe partes de pesca ni declaraciones de captura de esa actividad, no embarca observadores ni inspecciona. El INIDEP debe estimar lo que se pesca a partir de imágenes satelitales y de rendimientos de buques argentinos. Esa falta de datos, razonó la jueza, impide fijar capturas máximas y cuotas realistas, y debilita las vedas que sí cumple la flota nacional.

Hay además un argumento de calendario. El calamar es una especie “cuya abundancia poblacional se renueva totalmente cada año”, según el INIDEP: lo que se extrae en una temporada reduce los reproductores que deberían asegurar la siguiente.

Para la jueza, esperar la sentencia definitiva implicaría que la pesca continúe temporada tras temporada sobre las mismas poblaciones.

Demanda colectiva por daño ambiental

La Fundación Agustina Lerena, que preside César Lerena, promovió una demanda colectiva por daño ambiental. Su patrocinante es el constitucionalista Eduardo Barcesat.

La fundación reclama la recomposición del daño y una indemnización que la fundación estima en US$26.465 millones por capturas entre 1989 y 2025.

Ese monto es una estimación de la parte demandante. La jueza había reconocido la competencia del juzgado y la legitimación de la fundación el 2 de noviembre. El fiscal federal se había pronunciado a favor de la admisibilidad de la acción y de la cautelar.

La medida es provisoria: cuando las demandadas se presenten, la jueza deberá revisarla, y podrá mantenerla, ampliarla, modificarla o levantarla. La notificación a las empresas, incluidas las radicadas en el exterior, queda a cargo de la fundación, que deberá hacerlo por la vía que corresponda en cada caso. La efectividad práctica de la orden sobre sociedades extranjeras dependerá de esas notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables, advirtió la prensa regional.

El fallo incluye una pieza que puede pesar más adelante: la carga de la prueba. Como los datos sobre buques, licencias y capturas están en manos de las mismas empresas, la jueza dispuso que, si alguna niega pescar en esas aguas o invoca un permiso argentino, deberá respaldarlo con documentos.