POLITICA
El Gobierno, condicionado por la economía: fisuras en el discurso y enojo con eco K

Una medida para tratar de reanimar el crédito hipotecario, cierta flexibilidad para préstamos en dólares, la difusión del impulso a una base salarial mínima en los convenios colectivos más deteriorados. Todo realmente módico, aunque significativo como síntoma de preocupación por la marcha de la economía y como exposición de fisuras en el discurso libertario. Esa combinación va en paralelo, aunque asome paradójico, con la cerrazón de Javier Milei, expresada en una escalada de descalificaciones, cargadas de insultos, frente a cualquier dato o análisis que vaya en sentido contrario a su opinión. Anuncios y reacciones tienen el mismo denominador: la tensión entre necesidades económicas y políticas en tiempo electoral.
Milei se muestra activo y no deja mucho margen para contradecirlo en el interior del oficialismo. Expone dureza hacia afuera en cada cuestión incómoda, como ocurre en estas horas con el rechazo a cualquier medida que contemple la situación de morosidad y endeudamiento familiar. Existe una movida opositora en el Congreso, que LLA intenta bloquear, pero la cuestión es el crecimiento de ese tema en la agenda pública. Para rechazar cualquier salida que suponga intervención estatal, el oficialismo apela a etiquetarla como “populista”. La misma fórmula es aplicada como advertencia a quienes sugieren internamente algo de flexibilización económica o, al menos, de “empatía” frente a problemas sociales.
El mensaje, en ese punto, tiene la misma lógica de la apuesta a la polarización electoral extrema. En la visión del Gobierno, el “populismo” sería adjudicable sólo o principalmente al peronismo/K, como si se tratara de una cuestión de mirada económica y no, básicamente, de posición en materia política, algo que podría encontrar puntos de convergencia del mileismo con el “enemigo”, en este caso el kirchnerismo. Resulta especialmente llamativa la descarga en continuado sobre buena parte del periodismo.
El último capítulo lo produjo el Presidente en su visita a la escuela ORT, donde habló frente a alumnos de los últimos años de la secundaria. La exposición, bajo el título “Etica como política de Estado”, derivó en frases ácidas e intolerantes. Fue, de algún modo, la coronación de dos semanas de creciente cantidad de mensajes en redes sociales -se cuentan por centenares- dedicados a descalificar periodistas. El dato ya visible es que no se trata de hechos marginales, ni siquiera de rachas, sino de una actividad sistemática de Olivos y, por supuesto, de su círculo, terreno también de las disputas internas.
Parte de esa “comunicación” apunta a tratar de instalar el siguiente concepto: no importan los “modales” o las “formas”, sino la decisión de Milei de enfrentar al periodismo, englobado como corrupto, “ensobrado”, “basura” y cantidad de términos soeces. Es una manera de presentarlo casi como una originalidad, un ejemplo casi único de Presidente decidido a dar semejante batalla. Es algo que además esconde las proporciones de poder: el jefe del Estado contra periodistas apuntados individualmente, con nombre y apellido.
Es llamativo: la intención de montar esa especie de “épica” revulsiva ocupó un lugar central entre los objetivos del kirchnerismo: discursos repetidos de Cristina Fernández de Kirchner, campañas en las calles, intentos de ley. Lo que hoy el batallón violeta alimenta en redes sociales reedita aquella convocatoria K a escupir carteles con fotos de periodistas. Lo que es común ahora en canales mileistas tiene antepasados en la TV pública de la era de CFK. El eco es significativo, además de peligroso. Por lo demás, la percepción colectiva de la realidad es un fenómeno más complejo.

Y en ese último plano se anotan algunas de los anuncios referidos, al menos como ensayo. Los resultados podrán ser vistos con el correr del tiempo. Por lo pronto, está claro -incluso en medios oficialistas- que pesa más la señal pretendida que el efecto práctico. Dicho de otra forma: el anuncio de Luis Caputo sobre el impulso a créditos hipotecarios es destacado como gesto político hacia una franja de la sociedad, antes que por su alcance, limitado. En el mejor de los casos podría motorizar unas 18 mil “soluciones habitacionales”.
El movimiento es difícil de explicar en términos ideológicos cerrados. El Gobierno intervino utilizando fondos de la ANSeS. Por supuesto, junto a cuestionamientos puntuales, corrieron chicanas por la utilización de la idea de “justicia social” que expuso el ministro. Se trata de un concepto anatematizado por Milei, que lo rechazó con calificaciones como “aberración”, “robo”, “engaño”. En rigor, de momento no parece haber sido un problema. En cambio, generó cierto malestar en Olivos la utilización del verbo “reactivar” para hablar del efecto que tendrían las últimas medidas en la economía.
Igual o más fuerte resultó la difusión del impulso del Gobierno a una negociación de los convenios colectivos -los de base más baja- que incluya un piso salarial garantizado de 1.070.000 pesos, a partir de agosto. En el bolsillo, una vez hechos los descuentos de rigor, serían unos 860.000 pesos. El panorama de las paritarias es muy amplio y la cifra, si cierran las negociaciones, alcanzaría a gremios rezagados.
Lo dicho: puede entenderse como una señal de reconocimiento, parcial, de la realidad más amplia del deterioro de ingresos. Más cuesta arriba se la haría al oficialismo argumentar la intervención directa en temas de empresarios y sindicatos. Desde las veredas gremiales, señalaron que la base salarial que sería garantizada puede ser comparada con la Canasta Básica Total, utilizada para trazar la línea de pobreza, que en julio anotó 506.381 pesos para una persona adulta. Esa canasta no incluye gastos de alquiler. Por supuesto, el tema queda para las negociaciones de cada gremio. No se trata del salario mínimo, vital y móvil, cuya discusión acaba de registrar un nuevo fracaso y cruce entre las centrales sindicales y el Gobierno.
Desde hace rato, los salarios vienen registrando datos desparejos, según la actividad y la formalidad o informalidad, pero en líneas generales no exponen recuperación. Es visible en informes del INDEC y en cifras de la Secretaría de Trabajo, que suelen ser tomadas más en cuenta por el Gobierno.
Según la secretaría referida, el salario promedio registrado, privado, cayó 0,9% en junio, después de la baja de 2,9% en mayo. El INDEC indica que en el primer semestre de este año, el sector registrado privado (14,5%) y tanto el público nacional (13,7%) como el público provincial (16,4%) perdieron frente al acumulado de la inflación en el mismo período (16,8%). Queda, para la discusión, la evolución de ingresos en la amplia franja de la informalidad.
Pero no es sólo una cuestión de estadísticas, en la que a veces se enredan funcionarios, como acaba de ocurrir con las cifras sobre niveles de empleo. El punto, para el oficialismo, es si la sobrecarga de mensajes descalificantes de Milei alcanza para imponer su juego político. Es, sin dudas, complicado: el discurso escala en dureza y al mismo tiempo, exhibe fisuras y un tan preocupante como agotador eco del pasado.
POLITICA
Preocupa la economía en la Casa Rosada, pero el Gobierno descarta un escenario de crispación social

Los datos de la economía preocupan en la Casa Rosada, pero el oficialismo está convencido de que un escenario de crispación social no es hoy un potencial peligro. En medio de las especulaciones sobre la continuidad de Luis Caputo —que en Economía niegan a rajatabla—, en el mileismo se esmeran en mostrar tranquilidad y generar expectativas.
Le bajan el precio al impacto de los temas sociales sensibles que la oposición tomó como emblemas contra el Gobierno—. Esto a pesar de esos ejes sensibles sacuden la agenda desde la semana pasada. Las protestas por el incumplimiento del fallo sobre los fondos para las universidades o el recorte para discapacidad en el Presupuesto del año que viene coparon los canales de TV y probablemente ocupen las primeras planas la semana que viene con la marcha federal universitaria.
Con todo, no creen que esos temas, por más tangibles y cercanos que sean, puedan influir en la inclinación hacia el Gobierno ni volcar a la masa de indecisos hacia la fragmentada oposición. Están convencidos de que Milei aún puede generar expectativa. Si bien admiten que la paciencia podría acabarse por el famoso “metro cuadrado”, por ahora ven un escenario estable.

No todo es negación. Aunque defienden a muerte el modelo económico, les preocupan los efectos de la caída de la actividad y admiten que está muy complicado el Conurbano. “Antes todos teníamos un amigo que se iba del país o mandaba a sus hijos afuera. Hoy todos tenemos un conocido que cerró el negocio o se quedó sin trabajo”, dijo un referente violeta.
Aun así, no ven un escenario de crispación social. Creen que los intendentes no tienen el poder de fuego para organizar revueltas y que el terreno no está fértil para incidentes espontáneos. Un armador libertario que conoce y recorre el conurbano analizó: “La gente sale a la calle a romper todo cuando no tiene para darle de comer a los hijos. Hoy no estamos en esa situación”, dijo.
El Gobierno se ocupa de mantener actualizadas las partidas para asistencia social que canaliza Capital Humano. “Los endeudados no se endeudan para comer”, dicen, muy por lo bajo. Saben que es políticamente incorrecto, pero aseguran con confianza: “Las importaciones suben, Temu y Shein están a full. La gente en los barrios tiene ropa nueva gracias a este Gobierno. Parece un dato menor, pero la gente lo valora”.
Pero no dejan de deslizar una autocrítica. “Hace falta el látigo, pero también de vez en cuando una caricia. Y hoy todos quieren imitar a Milei”, dijo un estratega en relación con el modo agresivo que muestran los (pocos) ministros o referentes violetas que hablan.
Por último, confían en la capacidad del Presidente para generar conversación sobre sí mismo y “no aburrir”. Un atributo que podría considerarse clave solo en campaña, pero que los libertarios creen crucial también para perdurar con buena imagen durante la administración. “Milei no es estático, es entretenimiento”, dijo un hombre del círculo presidencial, consultado por la caída de todos los oficialismos en la última decena de elecciones en otros países. “De Lula se aburrieron. De Petro se aburrieron. De Javier no se van a aburrir”, sumó.
En esa lógica, mientras amplios sectores del país viven la actualidad laboral, de ingresos y de vivienda como una crisis, el Presidente publicó un spot de “Milei Media” con el anuncio del lanzamiento de un video del recital que brindó en el verano, pero “remasterizado”. Un trabajo del funcionario Santiago Oría, realizador audiovisual de la Presidencia, muy cercano a Karina Milei, que navega a diario las aguas de las redes sociales.
Milei lanzará el video el 13 de este mes. Lo que aún no pudo concretar es la convocatoria a un nuevo recital, que prometió hace algo más de un mes para festejar el 0,8% de inflación mayorista de julio. Los guarismos no se lo permitieron.. Y es posible que los datos de septiembre —que se conocen la semana próxima— registren un Índice de Precios al Consumidor con una suba que, si bien sería mínima, contradice la narrativa oficial.
De todas formas, en Balcarce 50 creen en el modelo de Luis Caputo y aseguran que el IPC más temprano que tarde volverá a bajar. “El dólar está estable. La gente se está yendo de viaje. El dólar está barato. Podés proyectar”, dijeron en el Gobierno.
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POLITICA
Milei negocia alianzas para 2027 con gobernadores, pero apuesta a tener candidatos propios en las provincias

El Gobierno relativiza el avance de los desdoblamientos electorales en las provincias y sostiene que se trata de un escenario que esperaba desde hace meses. En la Casa Rosada consideran que separar las elecciones locales de las nacionales no altera la negociación por la reforma política y puede facilitar una estrategia en la que La Libertad Avanza compita por las gobernaciones mientras alcanza acuerdos distintos para la elección presidencial.
“Es algo que ya sabíamos que iba a suceder”, resumen en Nación. La lectura oficial es que cada gobernador define su calendario en función de su propia estrategia electoral y que esa decisión debe analizarse por separado de la discusión nacional sobre la suspensión de las PASO.
El planteo aparece después de que Maximiliano Pullaro confirmara que Santa Fe tendrá sus PASO provinciales en abril y las elecciones generales en junio de 2027. Tucumán, Salta, Chubut, Chaco y otras provincias también avanzaron con calendarios separados o anticiparon que tomarán ese camino.
En Balcarce 50 aseguran que son pocos los distritos que terminarán votando sus autoridades provinciales junto con la elección presidencial. Entre las excepciones ubican a Catamarca, donde Raúl Jalil confirmó que los comicios locales serán el mismo día que los nacionales.
En la Casa Rosada también relativizan el riesgo de atravesar una secuencia de derrotas provinciales antes de la elección nacional. La lectura oficial es que el impacto político y financiero dependerá del tipo de vínculo que el Gobierno mantenga con cada gobernador: sostienen que no tendría el mismo efecto una derrota frente a un mandatario con el que exista un acuerdo de gobernabilidad que una caída ante un adversario directo de La Libertad Avanza.
En ese segundo plano aparece el esquema de colectoras o adhesiones electorales que la Casa Rosada quiere incorporar dentro de la reforma política. La alternativa permitiría que fuerzas provinciales sin candidato presidencial propio adhieran a la candidatura nacional de Milei con sus propias listas legislativas, sin obligar a trasladar ese entendimiento a las categorías provinciales.
La conducción libertaria considera que ese mecanismo puede facilitar los denominados “acuerdos de competencia” que viene discutiendo con distintos gobernadores. El criterio consiste en evitar una coalición uniforme: LLA puede enfrentar a un mandatario por una gobernación y, meses después, compartir un esquema electoral para la Presidencia y las categorías nacionales.
POLITICA
El Gobierno autorizó la participación del Ejército Argentino en un ejercicio militar con Brasil

El Poder Ejecutivo dispuso la salida del territorio argentino de personal y medios nacionales para participar del Ejercicio Combinado Arandú 2026, una actividad militar conjunta que se realizará entre el 10 y el 17 de octubre en la ciudad brasileña de Rosario do Sul. El Decreto 1157/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, habilita el despliegue previsto ante la falta de tratamiento legislativo del programa anual de ejercicios combinados.
La actividad tendrá lugar en el campo de instrucción Barão de São Borja, en la República Federativa del Brasil, y reunirá al Ejército Argentino con el Ejército brasileño. El decreto señala que el objetivo central es profundizar la coordinación operativa, los vínculos institucionales y la confianza entre ambas fuerzas.
El gasto derivado de la misión será cubierto por las partidas correspondientes al Ministerio de Defensa, dentro de la subjurisdicción del Estado Mayor General del Ejército.
Arandú 2026 está incluido en el programa de ejercitaciones combinadas, previsto para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027. Ese plan contempla tanto el ingreso de contingentes extranjeros a la Argentina como la salida de fuerzas nacionales para entrenamientos en otros países.
El Gobierno informó que el proyecto de ley para autorizar esas operaciones fue remitido oportunamente al Congreso, aunque todavía no recibió tratamiento en la Cámara de Diputados. Frente a esa situación, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar de manera específica la presencia argentina en la actividad programada para octubre.
Según los fundamentos del decreto, el adiestramiento tendrá como eje la creación de procedimientos y técnicas compartidas para el empleo integrado de unidades de ambos ejércitos. El texto plantea que esa práctica busca elevar la capacidad de coordinación de organizaciones militares con perfiles operativos distintos.
Las áreas mencionadas incluyen Fuerzas Aerotransportadas, unidades aeromóviles, equipos de operaciones especiales, tropas blindadas y componentes de aviación. La finalidad es que los participantes conozcan los procedimientos de la otra fuerza, coordinen formas de empleo y pongan a prueba métodos de entrenamiento y ejecución táctica.
El Gobierno sostiene que la interoperabilidad resulta relevante para que fracciones militares de distintos países puedan actuar bajo pautas comunes. En este caso, la capacitación apunta a que las unidades argentinas y brasileñas desarrollen un marco compartido de planificación, comunicación y despliegue en operaciones combinadas.
La norma también menciona el intercambio de conocimientos, la actualización doctrinaria y la validación de procedimientos como resultados esperados del ejercicio. Esos aspectos se vinculan con la preparación de las tropas y con la compatibilidad de sus capacidades operativas durante actividades conjuntas.
La Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio del país y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. El Ejecutivo fundamentó el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia, por la proximidad de la fecha fijada para Arandú 2026 y en la ausencia de una definición parlamentaria sobre el programa anual.
El texto oficial señala que la no participación argentina en Arandú 2026 limitaría la posibilidad de entrenamiento con el Ejército brasileño. Además, considera que la ausencia en el ejercicio afectaría la transferencia de conocimientos y la revisión de estándares para operaciones combinadas.

De acuerdo a lo expresado en el anexo de esta medida, el Ejército Argentino tiene previsto movilizar hasta 405 efectivos, 99 vehículos y aeronaves para el Ejercicio Combinado Arandú 2026. La actividad incluye prácticas terrestres y aéreas, movimientos de tropas y empleo de munición de guerra.
El operativo contará con unidades argentinas de paracaidismo, asalto aéreo, operaciones especiales, blindados y aviación. Del lado brasileño, la planificación contempla la participación de hasta 1.100 efectivos y unos 200 vehículos, según el anexo oficial elaborado para autorizar el despliegue.
El costo estimado de la operación para Argentina asciende a $ 247.928.911, que serán financiados con el presupuesto asignado al Ejército Argentino. La delegación nacional cruzará a Brasil por vía terrestre, principalmente a través del paso internacional Paso de los Libres-Uruguaiana, con Santo Tomé-São Borja como alternativa o complemento.
Por parte de Argentina, intervendrán integrantes del Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada, la I Brigada Blindada, la Agrupación Fuerzas de Operaciones Especiales, la Dirección de Aviación de Ejército, la Dirección de Transporte, la Dirección General de Organización y Doctrina y la Dirección General de Salud.
Entre los recursos argentinos previstos figuran 10 Tanques Argentinos Medianos, ocho vehículos de combate de transporte de personal Stryker 8×8, 21 transportadores de vehículos, nueve ómnibus y una flota de camiones, camionetas, motos y vehículos de apoyo.
El despliegue también prevé cuatro botes neumáticos de asalto, equipos de radio, visores nocturnos, paracaídas, brújulas, sistemas de observación, dispositivos de comunicaciones y un vehículo aéreo no tripulado. Además, la documentación menciona carpas de combate y una carpa destinada al puesto de comando.
La aviación del Ejército Argentino podrá operar hasta cinco helicópteros Bell UH-1H/II, un Bell 407 equipado con sistema FLIR, un avión Casa C-212 Aviocar, dos aviones Caravan C-208 y un Cessna Citation. El anexo identifica estas aeronaves como las principales plataformas estimadas para la ejercitación.
El material previsto incluye armamento individual y de apoyo de fuego. La lista menciona pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, cañones de 105 milímetros y dos cañones remolcados L33 de 155 milímetros. También se autorizó el traslado de munición para distintos calibres, incluidos proyectiles de fogueo y munición para los vehículos de combate.
Las fuerzas brasileñas desplegarán personal de Estado Mayor de una brigada blindada, una fuerza de tarea paracaidista y otra aeromóvil. El esquema incorpora unidades de maniobra de infantería y caballería, junto con elementos de artillería, ingenieros, comunicaciones, aviación y apoyo logístico.
El país anfitrión prevé movilizar aproximadamente 200 vehículos, entre ellos jeep Land Rover, vehículos Agrale Marruá, blindados Cascavel, Urutu o Guaraní, ambulancias, ómnibus y camiones destinados al traslado de personal, combustible, agua, insumos y material de apoyo.
Brasil aportará asimismo hasta un avión C-130 Hércules y 10 helicópteros H225M Caracal, AS350 Fennec y AS365K Pantera. El anexo aclara que esa disponibilidad puede modificarse según las posibilidades del país sede.
Los paracaídas MC1-1C que se usarán para los lanzamientos desde aeronaves serán provistos por el Ejército brasileño para tropas de ambos países. Esta práctica será parte de un programa que contempla operaciones aerotransportadas y asaltos aéreos.
La organización del ejercicio se apoya en acuerdos y reuniones bilaterales acumulados desde 2022. Entre los antecedentes figuran las conferencias de Estado Mayor de ambos ejércitos, reuniones de coordinación realizadas entre 2024 y 2026 y un análisis posterior a la edición de Arandú de 2023.
El programa también reúne experiencias previas desarrolladas bajo las denominaciones Hermandad, Yaguareté y Saci/Duende. Esas iniciativas quedaron concentradas en el ejercicio Arandú, de acuerdo con la documentación oficial.
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