POLITICA
El Gobierno, condicionado por la economía: fisuras en el discurso y enojo con eco K
Una medida para tratar de reanimar el crédito hipotecario, cierta flexibilidad para préstamos en dólares, la difusión del impulso a una base salarial mínima en los convenios colectivos más deteriorados. Todo realmente módico, aunque significativo como síntoma de preocupación por la marcha de la economía y como exposición de fisuras en el discurso libertario. Esa combinación va en paralelo, aunque asome paradójico, con la cerrazón de Javier Milei, expresada en una escalada de descalificaciones, cargadas de insultos, frente a cualquier dato o análisis que vaya en sentido contrario a su opinión. Anuncios y reacciones tienen el mismo denominador: la tensión entre necesidades económicas y políticas en tiempo electoral.
Milei se muestra activo y no deja mucho margen para contradecirlo en el interior del oficialismo. Expone dureza hacia afuera en cada cuestión incómoda, como ocurre en estas horas con el rechazo a cualquier medida que contemple la situación de morosidad y endeudamiento familiar. Existe una movida opositora en el Congreso, que LLA intenta bloquear, pero la cuestión es el crecimiento de ese tema en la agenda pública. Para rechazar cualquier salida que suponga intervención estatal, el oficialismo apela a etiquetarla como “populista”. La misma fórmula es aplicada como advertencia a quienes sugieren internamente algo de flexibilización económica o, al menos, de “empatía” frente a problemas sociales.
El mensaje, en ese punto, tiene la misma lógica de la apuesta a la polarización electoral extrema. En la visión del Gobierno, el “populismo” sería adjudicable sólo o principalmente al peronismo/K, como si se tratara de una cuestión de mirada económica y no, básicamente, de posición en materia política, algo que podría encontrar puntos de convergencia del mileismo con el “enemigo”, en este caso el kirchnerismo. Resulta especialmente llamativa la descarga en continuado sobre buena parte del periodismo.
El último capítulo lo produjo el Presidente en su visita a la escuela ORT, donde habló frente a alumnos de los últimos años de la secundaria. La exposición, bajo el título “Etica como política de Estado”, derivó en frases ácidas e intolerantes. Fue, de algún modo, la coronación de dos semanas de creciente cantidad de mensajes en redes sociales -se cuentan por centenares- dedicados a descalificar periodistas. El dato ya visible es que no se trata de hechos marginales, ni siquiera de rachas, sino de una actividad sistemática de Olivos y, por supuesto, de su círculo, terreno también de las disputas internas.
Parte de esa “comunicación” apunta a tratar de instalar el siguiente concepto: no importan los “modales” o las “formas”, sino la decisión de Milei de enfrentar al periodismo, englobado como corrupto, “ensobrado”, “basura” y cantidad de términos soeces. Es una manera de presentarlo casi como una originalidad, un ejemplo casi único de Presidente decidido a dar semejante batalla. Es algo que además esconde las proporciones de poder: el jefe del Estado contra periodistas apuntados individualmente, con nombre y apellido.
Es llamativo: la intención de montar esa especie de “épica” revulsiva ocupó un lugar central entre los objetivos del kirchnerismo: discursos repetidos de Cristina Fernández de Kirchner, campañas en las calles, intentos de ley. Lo que hoy el batallón violeta alimenta en redes sociales reedita aquella convocatoria K a escupir carteles con fotos de periodistas. Lo que es común ahora en canales mileistas tiene antepasados en la TV pública de la era de CFK. El eco es significativo, además de peligroso. Por lo demás, la percepción colectiva de la realidad es un fenómeno más complejo.
Y en ese último plano se anotan algunas de los anuncios referidos, al menos como ensayo. Los resultados podrán ser vistos con el correr del tiempo. Por lo pronto, está claro -incluso en medios oficialistas- que pesa más la señal pretendida que el efecto práctico. Dicho de otra forma: el anuncio de Luis Caputo sobre el impulso a créditos hipotecarios es destacado como gesto político hacia una franja de la sociedad, antes que por su alcance, limitado. En el mejor de los casos podría motorizar unas 18 mil “soluciones habitacionales”.
El movimiento es difícil de explicar en términos ideológicos cerrados. El Gobierno intervino utilizando fondos de la ANSeS. Por supuesto, junto a cuestionamientos puntuales, corrieron chicanas por la utilización de la idea de “justicia social” que expuso el ministro. Se trata de un concepto anatematizado por Milei, que lo rechazó con calificaciones como “aberración”, “robo”, “engaño”. En rigor, de momento no parece haber sido un problema. En cambio, generó cierto malestar en Olivos la utilización del verbo “reactivar” para hablar del efecto que tendrían las últimas medidas en la economía.
Igual o más fuerte resultó la difusión del impulso del Gobierno a una negociación de los convenios colectivos -los de base más baja- que incluya un piso salarial garantizado de 1.070.000 pesos, a partir de agosto. En el bolsillo, una vez hechos los descuentos de rigor, serían unos 860.000 pesos. El panorama de las paritarias es muy amplio y la cifra, si cierran las negociaciones, alcanzaría a gremios rezagados.
Lo dicho: puede entenderse como una señal de reconocimiento, parcial, de la realidad más amplia del deterioro de ingresos. Más cuesta arriba se la haría al oficialismo argumentar la intervención directa en temas de empresarios y sindicatos. Desde las veredas gremiales, señalaron que la base salarial que sería garantizada puede ser comparada con la Canasta Básica Total, utilizada para trazar la línea de pobreza, que en julio anotó 506.381 pesos para una persona adulta. Esa canasta no incluye gastos de alquiler. Por supuesto, el tema queda para las negociaciones de cada gremio. No se trata del salario mínimo, vital y móvil, cuya discusión acaba de registrar un nuevo fracaso y cruce entre las centrales sindicales y el Gobierno.
Desde hace rato, los salarios vienen registrando datos desparejos, según la actividad y la formalidad o informalidad, pero en líneas generales no exponen recuperación. Es visible en informes del INDEC y en cifras de la Secretaría de Trabajo, que suelen ser tomadas más en cuenta por el Gobierno.
Según la secretaría referida, el salario promedio registrado, privado, cayó 0,9% en junio, después de la baja de 2,9% en mayo. El INDEC indica que en el primer semestre de este año, el sector registrado privado (14,5%) y tanto el público nacional (13,7%) como el público provincial (16,4%) perdieron frente al acumulado de la inflación en el mismo período (16,8%). Queda, para la discusión, la evolución de ingresos en la amplia franja de la informalidad.
Pero no es sólo una cuestión de estadísticas, en la que a veces se enredan funcionarios, como acaba de ocurrir con las cifras sobre niveles de empleo. El punto, para el oficialismo, es si la sobrecarga de mensajes descalificantes de Milei alcanza para imponer su juego político. Es, sin dudas, complicado: el discurso escala en dureza y al mismo tiempo, exhibe fisuras y un tan preocupante como agotador eco del pasado.
POLITICA
La Justicia dictó un fallo favorable a Barrionuevo en la pelea en el Sindicato de Gastronómicos que complica al Gobierno
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Secretaría de Trabajo expedir una certificación provisoria de las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), lideradas por Luis Barrionuevo, que resultaron elegidas en las elecciones del 29 de diciembre pasado.
Esta medida cautelar, dictada este viernes, revoca una negativa previa y responde a la falta de respuesta oficial del Poder Ejecutivo, que mantenía sin reconocimiento formal a las nuevas autoridades tras una disputa interna en el sindicato entre el líder nacional de la UTHGRA, Barrionuevo, y el titular de Seccional Capital, Dante Camaño, que se extendió a la vía judicial.
Las internas sindicales en la UTHGRA alcanzaron un punto crítico desde septiembre de 2025, cuando la Sala VI de la Cámara había suspendido las elecciones que debían realizarse ese mes y luego habilitó un nuevo comicio para diciembre. Finalizada la votación, que se hizo el 29 de diciembre de 2025, la Junta Electoral Central proclamó como ganadora a la Lista Celeste 17 de Octubre, encabezada por Barrionuevo, con 121.334 votos.
Al día siguiente de las elecciones, la nómina ganadora pidió la certificación ante Trabajo, pero no tuvo respuesta.
Este contexto llevó al sindicato a presentar una acción de amparo exigiendo a la Secretaría de Trabajo la expedición de los certificados que oficializan a las nuevas autoridades. En forma paralela, otros trámites relevantes de la UTHGRA –como, por ejemplo, la rúbrica de libros y la homologación de acuerdos paritarios– quedaron inmovilizados ante la falta de reconocimiento oficial, lo que impactó tanto en la vida institucional de la entidad como en los salarios de los trabajadores involucrados.
El fallo hace especial hincapié en que la falta de constancia de autoridades vigentes es hoy un obstáculo concreto para el funcionamiento gremial y que ese perjuicio no es subsanable con posterioridad.
Según surge de la resolución, el primer juez de la causa había rechazado la solicitud de medida cautelar, argumentando que seguía pendiente un recurso de inconstitucionalidad elevado ante el Tribunal Superior de Justicia, por lo que no se cumplían los requisitos legales para autorizar una decisión provisoria.
Sin embargo, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo entendió que ese planteo no tiene efecto suspensivo automático y que, de hecho, los comicios celebrados y sus resultados ya fueron ejecutados e incluso reconocidos por la propia Junta Electoral. Para la Cámara, “exigir que el recurso esté resuelto de modo favorable al actor importa requerir la firmeza de una decisión que ya produce efectos”, por lo cual añadir ese requisito constituye un exceso.
En su argumentación, la jueza Marina Pisacco, una de las camaristas, enfatizó que la modificación del artículo 56 de la Ley de Asociaciones Sindicales, incorporada por el decreto 342/25, no afecta la obligación del Ministerio de registrar a las autoridades electas. Sostuvo que las personas jurídicas requieren de representantes reconocidos oficialmente para operar y que la autoridad administrativa debe mantener vigente el registro de las organizaciones sindicales y sus autoridades.
La sentencia subraya dos elementos: por un lado, la existencia del “fumus bonis iuris” (presunción fundada de derecho) y, por otro, el “peligro en la demora”, dados los obstáculos actuales para la actividad de la UTHGRA y la homologación de acuerdos salariales. “El perjuicio, así, se proyecta sobre el funcionamiento institucional del sindicato y sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en esos acuerdos, de modo que no resulta susceptible de reparación ulterior”, advierte el fallo.
La Cámara remarca también el carácter reversible de la medida cautelar: la certificación es provisional y, en caso de un eventual revés judicial, puede ser anulada sin consecuencias permanentes. “La finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y que la fundabilidad de la pretensión… no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo, sino de un análisis de mera probabilidad”, señala.
La jueza Gabriela Vázquez, la otra integrante de la Sala VI, se sumó al fallo, aclarando que su intervención en casos sindicales previos no la inhabilita para decidir en éste, ya que no prejuzgó sobre las cuestiones de fondo y la ley de amparo impide recusaciones sin causa.
Por decisión unánime, la Cámara instruyó al Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Trabajo, a expedir en 5 días la certificación provisoria de los dirigentes de la UTHGRA elegidos en diciembre, limitando sus efectos estrictamente a ese acto y preservando el debate de fondo para otra etapa procesal.
POLITICA
Ante los coqueteos de Macri con La Libertad Avanza, Lacunza no descarta competir en una reedición de Cambiemos en 2027
Con la mira puesta en las elecciones 2027, el expresidente Mauricio Macri juega a dos bandas. Mientras coquetea con la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) en todo el país, en el cual trabajan sus emisarios de Pro en los encuentros en la Casa Rosada, deja correr la precandidatura a presidente del exministro de Hacienda Hernán Lacunza.
Frente a este escenario, Lacunza, entusiasmado con la aventura a la que se lanzó hace poco más de un mes, no descarta competir en un frente que reúna a dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y el Partido Socialista –al estilo Cambiemos– en caso que las negociaciones de Pro con LLA finalmente dieran sus frutos.
En rigor, fue el exsenador e histórico dirigente de la UCR Ernesto Sanz quien activó el miércoles esta posibilidad, al decir que los radicales saldrían “al rescate” de Lacunza si Pro bajara su precandidatura por un acuerdo con LLA. Lo calificó de “buen tipo” y “valioso para la Argentina que viene”, en una entrevista televisiva con A24.
También afirmó que le “entusiasma” la chance de un “simil Cambiemos del 2015”, que compita con precandidatos de cada espacio en unas Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), en caso que no avance la reforma política del oficialismo en el Congreso, que dispone su eliminación.
En línea con esta propuesta que Sanz hizo pública de forma indirecta a Lacunza, el precandidato respondió ayer en el mismo medio que “sí” aceptaría una candidatura por un espacio que recrease Cambiemos, aunque matizó: “Eso es el final, no el principio [de la carrera presidencial]”.
Ante la consulta de , cerca de Lacunza señalaron que “es prematuro pensar en una alianza”, aunque destacaron que tiene “coincidencias y afinidades” con Sanz. En paralelo, dijeron que el exministro es “escéptico” sobre la posibilidad de que Pro consiga un acuerdo electoral con LLA y remarcaron que está “entusiasmado” con la postulación. “No ve un escenario de bajarse [de la contienda]. No depende de lo que hagan otros dirigentes”, afirmaron.
El precandidato aspira a recorrer un largo camino hacia los comicios presidenciales de 2027. De hecho, ayer anunció que se tomará licencia como vicepresidente de Racing. El economista, que asumió hace un año y medio en la cúpula de la institución, señaló que su distanciamiento radica en que le “ha costado compatibilizar agendas” luego de su relanzamiento en la política.
Su desembarco en la contienda presidencial generó reacciones de lo más diversas dentro de Pro. Los dirigentes se dividieron entre quienes apoyan su figura; los que valoran su vocación, pero sin trabajar junto a él; y referentes que la rechazan de forma rotunda, grupo compuesto fundamentalmente por acuerdistas.
Mientras, con el visto bueno de Macri, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en la Cámara baja, y el diputado Fernando de Andreis, secretario general del partido y alter ego de Macri, negocian con el Gobierno “un frente común en todas las provincias” en los encuentros quincenales que mantienen en la Casa Rosada.
“Cuando se reúnen, ¿de qué discuten? De las listas de diputados y senadores, de que ‘en mi territorio no me compitas’ y de reforzar con cargos en el Ejecutivo. Cargos, listas, territorios: ¿dónde está la gente ahí?”, lanzó ayer Lacunza sobre la mesa de diálogo que integran referentes de Pro y LLA.
Luego de la entrevista del exministro, Sanz agregó en las últimas horas que, si Macri llegara a un entendimiento electoral con LLA, habrá dirigentes de Pro que “quedarán en libertad de acción” –aquellos que se oponen a una sociedad con el Gobierno, como Lacunza, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal o la legisladora porteña Silvia Lospennato–, pasibles de sumarse a un armado con espacios como la UCR, la CC y el socialismo. “Es un mensaje de fortalecimiento a Lacunza y una alerta para Pro”, sostuvo Sanz sobre sus propios dichos, en conversación con .
El dirigente mencionó que dialoga con Lacunza; con el extitular de Diputados del macrismo, Emilio Monzó –que apoya una postulación del empresario Jorge Brito–; con el diputado de la CC, Maximiliano Ferraro; y con la dirigente socialista Mónica Fein.
Reaparece Macri, ¿sin Lacunza?
Macri encabezará un acto partidario el próximo viernes en Jujuy, en una nueva escala de la gira “Próximo Paso” que inició en marzo pasado. Esta edición, correspondiente al noroeste argentino, será la primera después de tres meses, un período en el que comenzaron las negociaciones con el Gobierno y surgió la candidatura del exministro de Hacienda.
Sin embargo, Lacunza no participará del acto en el norte, al menos de momento. Una alta fuente partidaria dijo a que el precandidato no figura en la lista de oradores del evento –que incluye a Macri, De Andreis y dirigentes provinciales–. “No creo que participe”, sostuvo.
En el entorno de Lacunza argumentaron que tiene una “agenda propia en el interior y en Buenos Aires”, relacionada con su postulación, y que suspender las actividades ya pactadas tendría un “costo”. “Lo de Jujuy surgió a principios de esta semana. Si vale la pena lo hace, pero es un acto regional y no se va a decidir nada”, relativizó la fuente consultada, que agregó que el economista tiene planificado ir a la provincia más adelante.
El expresidente aún no brindó respaldo público a Lacunza, aunque tampoco se refirió a cuestiones políticas desde su lanzamiento. El precandidato asegura que cuenta con su aval y que lo ratificó después de reanudadas las conversaciones con LLA. En medio del equilibrismo que ensaya Macri, cualquier alusión –u omisión– al precandidato durante el discurso en Jujuy tendrá una lectura política.
Lo mismo ocurrirá respecto de las negociaciones con LLA. En los anteriores actos del tour federal, Macri no escatimó en cuestionamientos hacia el gobierno nacional. ¿Qué posición adoptará ahora, que envía quincenalmente emisarios a Balcarce 50?
En paralelo, fuentes partidarias confirmaron a que Macri mantendrá un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, durante su visita al distrito, y no descartaron que el mandatario provincial radical tenga “alguna participación” en el acto, que se celebrará en el Hotel Altos de la Viña en San Salvador de Jujuy.
A la gira solo le queda pendiente la región patagónica, donde se planea una escala para los próximos meses. En tren de reactivar a Pro, arengar a los dirigentes locales y exhibir músculo político, este año Macri encabezó actos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco, Mendoza y Santa Fe.
Luego del 26 de junio –jornada en la que lideró la última edición de la gira, en Mar del Plata–, partió hacia el Mundial de fútbol que se realizó en Estados Unidos, México y Canadá (al que fue en calidad de titular de la Fundación FIFA) y bajó el perfil.
Cerca suyo argumentaron que el freno de tres meses en los actos partidarios y la menor exposición del expresidente se debió a cuestiones de “agenda”. Ayer, Macri compartió imágenes que fueron capturadas mientras dictaba una clase en la Bologna Business School.
Mauricio Macri,activó el miércoles esta posibilidad,licencia como vicepresidente de Racing,negocian con el Gobierno,comenzaron las negociaciones con el Gobierno,pic.twitter.com/7IKIJsH6Nt,September 16, 2026,View this post on Instagram,Denise Chmois,Hernán Lacunza,Mauricio Macri,Conforme a
POLITICA
La mesa política busca aplacar las internas por el Presupuesto y evalúa una reunión con el bloque de Diputados
El proyecto de Presupuesto para el 2027 dejó más controversias al interior del Gobierno que una discusión pública sobre su contenido mismo. El Ministerio de Economía envió la versión a la cúpula del Gobierno para que se firme al filo del plazo legal para presentarlo y de un día para el otro, los negociadores libertarios en ambas cámaras del Congreso se desayunaron cambios que no estaban previstos en las tratativas que habían encaminado desde hace semanas con bloques aliados.
El clima sigue espeso al interior del Gobierno. La mayoría de los integrantes de la Mesa Política decidió bajar las armas. “Ya no tiene sentido seguir puteando al aire. Lo único que importa es llevarnos el Presupuesto”, avisan desde uno de esos despachos, reconociendo la bronca que se generó con la situación evidenciada el miércoles (el día después de la presentación del proyecto), cuando comenzaron a emerger artículos que modificarían las prestaciones por Discapacidad y la actualización de la AUH.
Ambos temas serán abordados en la próxima reunión de Gabinete a la que probablemente convoque el presidente Javier Milei para este lunes. También se tratará todo en la reunión de Mesa Política, la instancia de debate del círculo más chico del Gobierno que está siendo cuestionada por diferentes integrantes. Quien lo hizo de manera pública fue Patricia Bullrich, quien en diferentes reportajes cuestionó que los recortes en esos segmentos no fueron sincerados en la reunión que hubo horas antes de que el Ejecutivo presentara el proyecto.
Solo un puñado de funcionarios conocía la letra chica del Presupuesto 2027, lo que deja entrever que la totalidad de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional tampoco lo conocían. En el Gobierno marcan que tienen intenciones de subsanar esa situación hacia adelante. “Estamos planificando reuniones con legisladores nacionales con Economía para sacar dudas sobre todo lo que hace el proyecto”, confirmó una fuente de la mesa política a Infobae.
La persona a la que aluden es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que está a cargo de confeccionar y maniobrar la política fiscal del Gobierno para asegurar la política de déficit cero. Más de un integrante del Gobierno tiene intenciones de que se haga un encuentro con diputados -y en lo posible, sumándole senadores- para informarles sobre las nociones básicas del proyecto presupuestario.
La posibilidad de hacer un encuentro con el encargado de Hacienda es potencial y no algo concreto. En otros despachos afirman que no tienen esa información, aunque en otros afirman que “es probable porque el año pasado se hizo así”. Lo que es seguro es que Guberman irá al Congreso a dar su explicación oficial sobre el proyecto que confeccionó con la cúpula del Ministerio de Economía. La exposición del año pasado fue algo accidentada. Guberman fue acompañado por el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y expusieron sin responder preguntas, evidentemente molestos por las interrupciones de diferentes diputados de la oposición más dura contra el Gobierno.
El tándem compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a esquematizar la hoja de ruta para conseguir adhesiones de bloques aliados y gobernadores. Algunos de ellos confiesan en privado su cansancio por el mecanismo de negociación del Gobierno y la naturaleza de los proyectos que envía la Casa Rosada. “Hacen proyectos enormes y te quieren colar cambios profundos en un artículo cortito. Algunos ya nos sentimos boludeados”, afirmó un gobernador en diálogo con Infobae.
Ambos trabajan para evitar que se produzca un revés al momento de tratarlo en alguna de las dos cámaras. El antecedente más próximo es el del último presupuesto. Al momento de llevarlo a votación, Diputados rechazó el capítulo que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En el oficialismo y la oposición dialoguista existe la voluntad de buscar una suerte de “punto medio que no rompa con el equilibrio fiscal”. “Para eso tenemos que generar un camino de confianza”, apuntan cerca de un funcionario del Gobierno.
La confianza también debe ser interna, porque el vínculo entre varios de los integrantes de la Mesa Política quedó astillado después de los sucesos de los últimos días. “Estamos armando una matriz para encarar las conversaciones”, puntualiza uno de ellos. El factor decisivo será que los dirigentes de la esfera política del Ejecutivo logren coordinar las negociaciones con el ala económica, compuesta en su estrato más alto por el mismísimo Javier Milei y el ministro Luis Caputo.
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