El Gobierno descarta avanzar este año con la cobertura de las dos vacantes de la Corte Suprema y con la designación de un Procurador General de la Nación. En el Ejecutivo aseguran que ninguna de las dos discusiones forma parte de la hoja de ruta para los próximos meses y que la prioridad está puesta en cubrir cargos en juzgados y cámaras inferiores.

En Balcarce 50 aclaran que la decisión definitiva sobre cuándo reactivar ambos procesos depende de Javier Milei, pero sostienen que el escenario no cambió respecto de la postura que el Presidente viene manteniendo durante 2026. “Será cuando lo defina el Presidente. Por ahora sigue todo igual que siempre”, expresan en Nación.

Milei ya había anticipado públicamente en marzo que no avanzaría con los cargos judiciales que requieren mayorías calificadas en el Senado. “A los que necesitan mayorías calificadas, no. No voy a negociar con el kirchnerismo”, sostuvo entonces al ser consultado específicamente por la Corte y la Procuración.

La diferencia es central para la estrategia judicial del Ejecutivo. Los jueces de la Corte y el Procurador General necesitan el acuerdo de dos tercios de los senadores presentes, mientras que los magistrados de los tribunales federales inferiores requieren mayoría simple. El requisito agravado también alcanza al Defensor General.

La Corte funciona atualmente con tres de los cinco integrantes previstos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las dos vacantes quedaron abiertas por las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El Gobierno ya intentó cubrirlas con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero ambos pliegos fueron rechazados por el Senado.

Aunque durante las últimas semanas volvieron a circular nombres y Milei reconoció que estudia posibles candidatos, en el Ejecutivo le bajan el tono a la posibilidad de un envío durante 2026. El propio ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo en julio que la integración de la Corte “no era prioridad” y dejó abierta la posibilidad de que la decisión quede para más adelante.

La Procuración tampoco será puesta en el centro de la negociación política durante los próximos meses. El cargo permanece ocupado de forma interina por Eduardo Casal desde 2017. En el Gobierno tienen en carpeta una eventual candidatura de Mahiques si Milei decide finalmente avanzar con la cobertura, pero remarcan que no existe por ahora una instrucción para activar ese proceso.

Leé también: El Gobierno apelará ante la Justicia de EE.UU. el fallo que lo obliga a pagar US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas

La prioridad inmediata está en los pliegos que el Poder Ejecutivo ya giró al Senado para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores. Justicia viene concentrando su trabajo en los juzgados de primera instancia y las cámaras de todo el país, que Mahiques definió públicamente como el principal objetivo de la política de designaciones.

Dentro de ese paquete, la Casa Rosada pone especialmente el foco en Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña. Ambos atravesaron la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos y el oficialismo pretende llevar sus pliegos al recinto. En Nación aseguran que cuentan con los votos necesarios para aprobarlos.

Los dos cargos son considerados los más relevantes de la tanda de designaciones que busca completar el Gobierno por el peso institucional de la Cámara Federal, que revisa las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py. Los expedientes de Bertuzzi y Yadarola ingresaron formalmente al Senado en julio.

El Ejecutivo prevé además enviar durante los próximos meses candidatos para ocupar juzgados electorales, un grupo de vacantes que hasta ahora había quedado fuera de las tandas remitidas al Congreso. En Balcarce 50 reconocen que esos cargos tienen además una sensibilidad política particular por las competencias que ejercen en cada distrito.

La estrategia se completa con una reforma de la estructura de la Justicia federal y nacional que continúa en carpeta. El Ministerio de Justicia analiza reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py y achicar de 13 a 9 los cargos de la Cámara Federal de Casación Penal. También estudia disminuir posiciones en cámaras de la Justicia Nacional que actualmente se encuentran vacantes.

Leé también: Tras el acercamiento con el PRO, el Gobierno negocia con gobernadores radicales para conseguir apoyos a sus reformas

El proyecto todavía no tiene una fecha definida de envío al Congreso, pero permanece dentro del esquema de reformas que trabaja Mahiques. La intención oficial es aprovechar el nivel de vacantes para reorganizar estructuras antes de completar cargos que el Ejecutivo considera innecesarios dentro del diseño futuro del Poder Judicial.

La Casa Rosada busca de esa forma separar dos discusiones judiciales de diferente peso político. Por un lado, pretende seguir negociando con aliados y gobernadores los pliegos de magistrados inferiores, para los que necesita mayorías ordinarias. Por otro, posterga los nombramientos que obligarían a construir un acuerdo de dos tercios y abrir una negociación mucho más amplia con la oposición.

La definición implica que las dos vacantes de la Corte y la Procuración seguirán, al menos durante 2026, fuera de las prioridades inmediatas del Gobierno, pese a los nombres que circularon durante los últimos meses. El objetivo de Milei para esta etapa es avanzar con Bertuzzi, Yadarola y el resto de los pliegos pendientes, preparar las nominaciones para juzgados electorales y mantener en elaboración la reforma que busca reducir parte de la estructura de Comodoro Py, Casación y la Justicia Nacional.

Gobierno, Corte Suprema, Procuración