POLITICA
El Gobierno descarta sumar a la UCR a la mesa con el PRO, pero busca acuerdos con el ala dialoguista

Con la reelección del presidente Javier Milei como prioridad, el Gobierno trabaja en ampliar las alianzas en clave electoral, pero descarta sumar formalmente a la Unión Cívica Radical (UCR) como partido a la mesa técnica que mantiene con referentes del PRO para discutir potenciales acuerdos rumbo a las presidenciales de 2027. Sin embargo, en el oficialismo aseguran que mantienen conversaciones “de manera individual” con dirigentes radicales, en particular con aquellos que integran el ala dialoguista del espacio.
En paralelo a las reuniones que mantienen los primos Menem con Diego Santilli y los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, La Libertad Avanza tiende puentes con dirigentes radicales alineados con la Casa Rosada. El principal impedimento para sumar a la UCR como estructura partidaria es el sector que conduce el senador Martín Lousteau, uno de los dirigentes más críticos de las políticas de gestión.
“Con la UCR como partido es difícil porque también contempla a los que responden a Lousteau”, explicó una voz del armado. “No lo veo viable. Aunque haya conversaciones individuales, hay sectores del propio partido que no quieren cerrar con nosotros”, argumentó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.
En los últimos días, el titular de la UCR, Leonel Chiarella, anunció la construcción de una alternativa nacional “a la grieta” durante una gira por la Patagonia. “Cuando no se roba y no hay corrupción en el Estado, las cosas pueden ser mucho mejor y eso lo demostramos en cada una de nuestras gestiones con honestidad y coraje como nos enseñaron Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por eso, Argentina necesita que construyamos una propuesta alternativa a la grieta”, sentenció.

“¿La grieta? Volvemos a los mismos términos de siempre. Ya está todo inventado, pero tienen derecho a querer presentar alternativas. Tenemos diálogo con todos, pero vamos a tener en cuenta a todos los que coincidan“, respondió un funcionario ante este medio tras el lanzamiento del Chiarella.
Pese a las diferencias con Lousteau, la administración libertaria mantiene diálogo directo con dirigentes como los exdiputados Rodrigo De Loredo y Martín Berhongaray, los senadores Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad. También gobernadores del espacio, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).
Si bien los libertarios evitan dar precisiones sobre los potenciales acuerdos y argumentan que aún faltan meses para las elecciones de 2027, Zdero y Cornejo son dos de los cinco gobernadores radicales con los que el oficialismo considera posible avanzar en un entendimiento electoral.
Distinta es la situación de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). A pesar de la buena sintonía existente, tanto Pullaro como Sadir no ven viable un acuerdo con el sello que fundó el libertario y, en su lugar, podrían habilitar una conversación para establecer las condiciones de lo que definen como una “confrontación acordada”.

Con los hermanos Valdés, el vínculo es más complejo. En las legislativas de 2025, el oficialismo se encaminaba a cerrar un acuerdo conjunto para competir en la provincia, pero a último momento los hermanos rechazaron la posibilidad y decidieron competir con listas separadas.
En esa línea, el senador radical Gustavo Valdés admitió que aún no hay canales de diálogo abiertos con el espacio del mandatario. “Todavía no tenemos diálogo político con La Libertad Avanza. Tuve sí un cambio de sintonía a partir de que el jefe de Gabinete es Diego Santilli, quien es un hombre que conozco hace muchos años, con quien tenemos muy buena relación y por ahí tenemos diálogo”, expresó.
En medio de la decisión del Gobierno de habilitar el debate sobre la reforma electoral, Zdero dio una muestra de sintonía con el Poder Ejecutivo luego de que la Legislatura de Chaco aprobara la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La iniciativa fue recibida con optimismo en Balcarce 50, donde se entusiasman con la posibilidad de avanzar en una discusión que comenzará el próximo 15 de septiembre en el Senado, como anticipó este medio.
POLITICA
Julia Strada criticó a los diputados que no dieron quórum y apuntó contra los gobernadores: “Prefieren arreglar con el Gobierno que defender a la gente”

El tablero del recinto quedó detenido antes de que comenzara el debate: la oposición reunió 121 diputados y no alcanzó los 129 necesarios para abrir la sesión en la Cámara de Diputados. La convocatoria buscaba tratar el DNU 70/2023, la morosidad y la emergencia en discapacidad, pero las ocho bancas que faltaron para el quórum dejaron esos asuntos fuera de discusión. Desde la oposición, la jornada fue leída como otra señal de los acuerdos que el Gobierno teje con sectores provinciales.
La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada puso nombres y contexto a esa interpretación. En una entrevista con Infobae Al Amanecer, vinculó las ausencias con negociaciones entre gobernadores y el oficialismo, y cuestionó a los legisladores que no llegaron al recinto. “Es una vergüenza que, con argumentos que desconocemos, no aparezcan a trabajar”, afirmó.
Ocho ausencias dejaron sin debate al DNU 70/2023 y la emergencia en discapacidad
La diferencia numérica marcó toda la sesión. Con 121 legisladores presentes, la oposición quedó a ocho votos de habilitar el debate, una distancia que Strada consideró difícil de explicar frente a la agenda prevista. “No hay margen para nadie”, sostuvo al referirse a las ausencias, incluidas las de diputados de su propio espacio político.
La diputada planteó que el temario reunía problemas con impacto directo en los distritos y que la falta de quórum impidió que esas demandas llegaran al recinto. “Hay provincias que están muy mal”, dijo, al mencionar a Santa Fe como uno de los casos durante su intervención televisiva.
Para Strada, el problema no se limitó a la sesión caída. También cuestionó que algunos de los legisladores ausentes no hubieran participado de las actividades parlamentarias que se realizaron durante la semana, entre ellas reuniones con funcionarios en la Cámara baja. “No vienen para discutir”, afirmó.
En ese marco, cuestionó el tratamiento de un dictamen relacionado con la Ley de Tierras que el Gobierno incorporó a un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. La legisladora pidió que el alcance de esa iniciativa se discuta de manera abierta y advirtió sobre su contenido. “Discutamos a ver qué quiere hacer el Gobierno”, planteó, antes de definirla como una “trampa”.

Strada apuntó a los acuerdos entre gobernadores y el oficialismo
La dirigente de UxP dirigió una de sus críticas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por la conducta de los diputados vinculados a su espacio. Según Strada, esas definiciones no fueron circunstanciales y respondieron a una relación política que ya venía consolidándose. “Jaldo cruzó el charco hace tiempo”, dijo.
A partir de ese señalamiento, la diputada sostuvo que hubo negociaciones para evitar la presencia de esos legisladores en votaciones que consideró relevantes. “Preferir arreglar con el Gobierno que defender a la gente”, insistió al describir el sentido que, a su entender, tuvieron las ausencias en la Cámara de Diputados.
La discusión también remitió a votaciones previas, entre ellas la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Strada cuestionó a los sectores que acompañaron esa iniciativa y los interpeló desde la identidad peronista. “Es una vergüenza que cualquiera que se dice peronista haya votado la reforma laboral de Milei”, sostuvo.
Al desarrollar esa crítica, la legisladora advirtió sobre los cambios en las condiciones de contratación y señaló el avance de esquemas de facturación para trabajadores que antes estaban bajo relación de dependencia. “Que todo el mundo sea monotributista es parte de esta reforma laboral”, afirmó.

La movilización por universidades y discapacidad atravesó el reclamo parlamentario
La sesión frustrada ocurrió en medio de reclamos sociales por el financiamiento de las universidades públicas y por la emergencia en discapacidad. Strada vinculó esas movilizaciones con las dificultades de quienes participaron de las protestas y con el esfuerzo sostenido de estudiantes y familias. “El esfuerzo de la sociedad es enorme”, declaró.
Sobre la situación de las universidades, la diputada sostuvo que el Poder Ejecutivo no cambiará su posición sin una presión política e institucional mayor. Al referirse a Milei y a integrantes de su administración, afirmó que existe “ninguna intención de financiar la universidad pública”.
Para la legisladora, el Congreso conserva una herramienta frente a ese escenario, aun con las limitaciones que expuso la falta de quórum. “Nuestra herramienta es que funcione mínimamente la República Argentina”, expresó, al cuestionar el incumplimiento de fallos judiciales y la ausencia de sanciones.
La crítica institucional incluyó la composición de la Corte Suprema de Justicia. Strada describió una “crisis institucional” y advirtió sobre el funcionamiento del tribunal, que actualmente cuenta con tres integrantes. “Tenemos una Corte sin conformar en su mayoría”, afirmó.
También consideró que las protestas por la universidad y la discapacidad expresan una base social que continúa activa. “Ayer volvimos a demostrar que llenamos la plaza”, dijo durante la entrevista, al referirse a la movilización realizada el día anterior.

La diputada pidió construir una alternativa para las elecciones
De cara al futuro político, Strada sostuvo que el oficialismo no modificará por sí solo sus decisiones sobre el financiamiento universitario ni sobre discapacidad. “Hay que cambiar el Gobierno”, afirmó, y propuso que la oposición impulse las leyes que estén a su alcance hasta las elecciones de 2027.
La diputada reconoció, a la vez, que las diferencias dentro del campo opositor pueden favorecer al Gobierno nacional. Sin precisar qué partidos deberían formar parte de una futura alianza, Strada planteó la necesidad de reunir a sectores amplios frente a la gestión de Milei.
“El conjunto de las fuerzas democráticas en la Argentina tiene que poder reunir una serie de elementos para enfrentar este Gobierno”, sostuvo.
El cierre de su planteo volvió sobre la sesión que no llegó a abrirse y sobre los legisladores que no dieron quórum. “La lista es la que vimos de los que no vinieron”, afirmó, antes de dejar una definición sobre el trabajo político que, según dijo, deberá encarar cada espacio: “El peronismo tendrá que hacer su tarea y también el resto de las fuerzas políticas tendrá que hacer su tarea para armar una propuesta el año que viene”.
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POLITICA
Crecen las tensiones en el Gobierno por la ley de Malvinas y hay diferencias sobre los cambios al Consejo de Seguridad

El Gobierno profundizó sus diferencias internas por el paquete de Malvinas y mantiene abiertas las negociaciones para modificar el Consejo de Seguridad que impulsa Javier Milei. En la Casa Rosada reconocen que los desacuerdos sobre la composición del organismo y las atribuciones que tendría el Congreso complican el tratamiento parlamentario. El oficialismo buscará obtener dictamen el martes 20 de octubre, pero existen dudas sobre la posibilidad de llevar la iniciativa al recinto durante la próxima semana.
La Secretaría Legal y Técnica envió nuevas propuestas de modificación durante las últimas horas, pero no consiguió el respaldo de los bloques aliados, según pudo saber TN. En La Libertad Avanza aseguran que el texto deberá volver a revisarse y reconocen que el Consejo de Seguridad Nacional es uno de los principales puntos de negociación. “Se está evaluando modificar el proyecto y lo que corresponde al Consejo de Seguridad”, expresan en el oficialismo.
La discusión también alcanza a la integración del organismo que el Ejecutivo pretende crear para coordinar las políticas de seguridad nacional. En la mesa política circuló la posibilidad de incorporar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, una alternativa que encontró resistencias y quedó descartada por ahora.
El proyecto original establece que el Consejo estará presidido por Milei y que participarán el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
En el entorno de Karina Milei también ponen en discusión la presencia de Legal y Técnica como miembro permanente del Consejo. Algunos referentes consideran que ese lugar puede revisarse durante las negociaciones parlamentarias. En otros despachos oficiales rechazan modificar la estructura para incorporar a legisladores y sostienen que se trata de un organismo del Poder Ejecutivo, por lo que su integración debe responder a las funciones de conducción y coordinación que corresponden al Presidente.
Otro punto de desacuerdo es el alcance de la comisión bicameral que se incorporaría para supervisar las actividades del Consejo de Seguridad Nacional. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, anticipó públicamente que el Ejecutivo estaba dispuesto a incluir un mecanismo de seguimiento parlamentario. Sin embargo, durante las conversaciones también se analizó una alternativa más amplia, con facultades para autorizar determinadas decisiones antes de su ejecución. Esa posibilidad no consiguió consenso dentro del oficialismo.
La diferencia está en el grado de intervención que tendría el Congreso sobre las decisiones de seguridad nacional. Una comisión de seguimiento podría recibir información, solicitar explicaciones y controlar posteriormente las actuaciones del Ejecutivo, mientras que una bicameral con facultades de autorización previa condicionaría determinadas medidas a una aprobación legislativa. Todavía no existe una redacción consensuada sobre sus atribuciones ni sobre qué decisiones quedarían alcanzadas.
Las negociaciones también generaron diferencias entre la conducción parlamentaria y el equipo que intervino en la elaboración del proyecto. Martín Menem mantiene conversaciones con los bloques aliados para alcanzar una mayoría, mientras que en el entorno de Santiago Caputo defienden la arquitectura institucional de la iniciativa y rechazan modificaciones que alteren las atribuciones del Poder Ejecutivo. En la Casa Rosada buscan reducir esas diferencias antes de que el expediente vuelva a discutirse en comisión.
POLITICA
Una profecía inconclusa en la capital del poder

Por las calles de Washington transitan las venas del poder político de Estados Unidos que bombea las dinámicas globales. En esa capital de ritmo por momentos extrañamente provinciano Javier Milei cosechó esta semana un recibimiento amable y varias señales de que el dueño de casa, Donald Trump, seguirá estando de su lado más allá del resultado de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.
Detrás del jefe de la Casa Blanca, opera el establishment norteamericano, que transformó la relación con la Argentina en una prioridad para el desarrollo de los negocios estratégicos y está sobreinvertido en el proyecto libertario. Incluso cuando la rebelde Nueva York, el corazón de Wall Street y de los mercados, le siga siendo esquiva a Milei, dude de su futuro electoral y lo condene a un riesgo país que roza los 650 puntos.
En Washington se habla de alianza política e inversiones a largo plazo. En Nueva York late la incertidumbre del día a día. En la primera, hay apuro para aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece la presencia de Milei, más la vigencia del RIGI; en la segunda, por el contrario, prima la lógica de sentarse a esperar hasta que el escenario aclare.
En medio de esas dos percepciones se deslizó el presidente argentino esta semana en Estados Unidos. En su discurso ante empresarios en la Cámara de Comercio llevó un mensaje que en sus lineamientos generales parecía repetir su libreto habitual sobre cómo logró salvar al país del infierno. Pero en forma sutil también deslizó varias frases que sugirieron que el tránsito económico está resultando arduo.
“Es obvio que el despegue iba a costar”, señaló en un pasaje, después de hablar de que “siempre hay efectos colaterales” en este tipo de procesos. Planteó que en los cambios profundos “hay ganadores y perdedores”, y se preguntó “¿por qué la inversión no está subiendo tanto?”.
En una revisión de su planteo temporal, situó el horizonte de la prosperidad en el futuro, no en un presente que luce desteñido. “Tenemos confianza en que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y en que la Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza”, resaltó. El paraíso que había retratado en visitas anteriores como un predicador de la resurrección económica se desplazó un año más. Una profecía inconclusa.
No leyó mal Milei a su auditorio. Porque esa misma élite que le promete apoyo incondicional, al mismo tiempo trasluce alguna inquietud por los indicadores económicos de los últimos meses y las consecuencias electorales de ese cuadro. Está al tanto del freno de la actividad, de la caída del consumo y de la baja de expectativa de crecimiento del FMI y del Banco Mundial. Se trata de un empresariado, esencialmente focalizado en energía, minería e infraestructura, que está posicionado para escalar sus emprendimientos en el país, bajo el paraguas de la relación entre Trump y Milei. Detrás de la estrategia de la Casa Blanca hay un esquema de negocios muy frondoso que encontró en la Argentina una enorme oportunidad. Para esos actores, un Milei en problemas representa un oscurecimiento de ese potencial comercial.
Esa preocupación llegó en las últimas semanas hasta la Casa Rosada por vías diplomáticas. En esos sectores desearían ver a un Milei más cercano a los problemas cotidianos de la economía real, dispuesto si hace falta a otorgar ciertas concesiones en el año electoral. El embajador Peter Lamelas no deja de repetir que la prioridad que le trazó Trump a su misión es lograr que el Presidente reelija. Cada vez que Milei insiste en que él no está dispuesto a cambiar de ideas, y que prefiere irse a su casa antes que ceder, se estremecen toda una estrategia política y una línea de negocios en pleno despliegue.
El tema también es materia de conversación en el FMI, donde siguen el caso argentino como el más importante de su cartera. Antes de que Luis Caputo se encontrara esta semana con Kristalina Georgieva en Tailandia para la cumbre del Fondo, funcionarios del organismo ya habían mantenido conversaciones reservadas en las que mencionaron la posibilidad de conceder un waiver (perdón) si había algún incumplimiento con las metas de la próxima revisión, o incluso de flexibilizar los objetivos fiscales del año próximo, para que el Gobierno tenga un mayor margen de disponibilidad en los meses previos a las elecciones.
Paradójicamente, la duda que tienen es si el líder libertario estaría dispuesto a utilizar ese margen presupuestario para apuntalar la economía cotidiana. Se trata de un contrasentido histórico: la Casa Blanca y el FMI aparecen dispuestos a ceder algún grado de ortodoxia, y Milei se planta inflexible en su convicción espartana.
En las entidades que operan inversiones en la Argentina también conviven los elogios por los resultados de Milei en materia de equilibrio fiscal y ordenamiento macro, con las cavilaciones sobre el horizonte del programa. Allí se conversa sobre la conveniencia de evaluar algún tipo de ajuste al plan, un menú de opciones que incluye desde la posibilidad de salir a tomar deuda en los mercados internacionales para demostrar opciones de financiamiento, hasta dejar correr un poco el tipo de cambio para reanimar la actividad.
El mensaje que transmitió la semana pasada en el gabinete el economista Alberto Ades no es una posición individual. En la capital del poder hay varios que comparten la idea de que las prestaciones del modelo están en fase de agotamiento y de que es necesario un recalibramiento antes de ingresar en la fase dura de la campaña.
Esta discusión está instalada en el corazón de la mesa política de la Casa Rosada desde hace algún tiempo. De eso también tomaron nota en Washington. Allí conocen de la silenciosa disonancia entre Caputo, que brega por adoptar algunas señales que fomenten la reactivación y lograr un acuerdo amplio con los gobernadores, y los Milei, que no habilitan flexibilizaciones en el plan (Javier) ni un pacto general con los mandatarios provinciales (Karina). Bajo la sombra de la Casa Blanca piensan que esas divergencias deben ser administradas rápidamente. Nadie imagina una salida del ministro de Economía. Para EE.UU. es el garante de la interlocución.
Tócala de nuevo, Scott
Trump ha logrado que todos los estamentos oficiales en Washington estén alineados con el mismo objetivo de ayudar a sus amigos del sur. Nunca antes había ocurrido que la Argentina fuera un tópico sobre el cual pudieran responder con tanta naturalidad los funcionarios de la administración federal. Solo en lo que va del año se firmó el ARTI (Acuerdo Sobre Comercio e Inversiones Recíprocos), se rubricó el acuerdo marco para minerales críticos, la Pax Silica, el Escudo de las Américas, el proyecto del corredor Andes-Atlántico con un esquema de inversiones del Eximbank por US$7000 millones, entre otros avances.
Además, el viernes se anunció que esta semana vendrán a Buenos Aires el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, dos figuras clave en la relación bilateral. En noviembre seguirá sus pasos el vicepresidente J.D.Vance.
En Washington todos pronuncian con dificultad la sigla RIGI pero saben muy bien de qué se trata. Todos estuvieron atentos al dictamen que el Congreso argentino le dio esta semana al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y todos quieren saber si Milei puede volver a ganar las elecciones del año próximo.
Desde la gestión republicana se emiten señales claras de que están dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar a Milei y de que están acelerando todas las inversiones para que sus efectos se puedan percibir antes de las elecciones. La opción de un triunfo peronista no parece estar en su radar todavía.
Bajo esta lógica, en la Casa Blanca descuentan que EE.UU. volvería a respaldar económicamente a la Argentina en caso de que enfrente una corrida cambiaria antes de las elecciones, como ocurrió el año pasado. “¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”, respondió hace algunas semanas el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuando le consultaron al respecto. No es una declaración, es una línea de acción. En las dependencias del gobierno norteamericano están sobre la mesa una serie de opciones eventuales para apalancar a Milei, si llegara a ingresar en zona de turbulencias. “Haremos todo lo que sea necesario”, adelantan.
Solo un tema tóxico se coló en las últimas semanas en la agenda bilateral: Malvinas. El detonante fue la Ley de Soberanía que el Gobierno envió al Congreso, y que incluye entre otros temas controvertidos, una serie de sanciones para las empresas que brinden algún tipo de prestación vinculada a la explotación petrolera en las aguas que rodean las islas.
Varias compañías de origen estadounidense hicieron llegar su preocupación y aportaron a un paper que aterrizó en la Cámara de Diputados para plantear sus inquietudes por la laxitud de la redacción de los artículos que establecen las acciones factibles de sanción. Entienden que el texto es muy inespecífico, y que incluso podría llegar a afectar a firmas que no están operando en Sea Lion. Reclaman que la norma sea más restrictiva y no tan amplia al momento de definir qué empresas podrían ser punibles.
El nerviosismo escaló hasta lo más alto del poder en Washington, donde lo consideran “un obstáculo” en la relación. El tema también mantuvo hiperactivo al embajador Lamelas en Buenos Aires, y quienes están al tanto de esas conversaciones no descartan que haya sido uno de los temas que abordó el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando habló el viernes con Milei, aunque en el Gobierno sugieren que no habría sido parte de la charla. Esa fue una de las razones por las que el debate en comisión de la Ley de Soberanía se postergó hasta la semana próxima.
Pero en este punto hay diferencias internas en el Gobierno, entre un sector que busca reforzar la estrategia malvinera como un mecanismo de control comunicacional de la agenda pública, y otro grupo más atento a no generar efectos adversos en el clima de negocios. Soberanía versus economía.
Más allá de la controversia por las sanciones a empresas, por el momento no parece haber previsiones de más pronunciamientos de la Casa Blanca sobre una eventual mediación de Trump entre la Argentina y Gran Bretaña, como él mismo sugirió hace más de un mes. Esa frase le generó un roce intenso con Londres y hoy no parece haber clima para seguir escalando esa fricción. La última conversación entre el presidente estadounidense y el primer ministro británico, Andy Burnham, parece haber sellado el tema por ahora.
Las acechanzas de Trump
Más allá de su relación personal y de su identificación ideológica con Milei, hay al menos dos razones de fondo para entender el nivel de involucramiento de Trump con la Argentina. La primera está relacionada con el diagnóstico de que hay pocos países que ofrecen el mismo volumen de producción de alimentos, energía, minerales críticos y oportunidades de desarrollo en áreas estratégicas (logística, comunicaciones, etc.) en un entorno de paz. Éste es un concepto muy arraigado y que tiene muy convencido a todo el establishment. Desde esta óptica, si Milei fracasa en su aventura electoral en 2027, el desarrollo de este potencial podría quedar amenazado.
El segundo motivo es que la Argentina representa un caso testigo para la región en términos de propagación de la influencia norteamericana y del intento por forzar un repliegue de China. Es decir, se transformó en una pieza importante en el puzzle global que juega Washington. De allí el entusiasmo con los sucesivos triunfos electorales de la derecha latinoamericana en Colombia, Perú, Chile, Bolivia y, eventualmente, Brasil. Trump entiende que es la coronación de su diseño hemisférico y que Milei ha hecho un aporte en ese sentido. Por eso una eventual derrota libertaria el año próximo representaría un mal síntoma dentro del proceso de realineamiento de la región.
Es curioso que hasta algunos exfuncionarios de la administración de Joe Biden reconocen el éxito de Trump en su enfoque hacia América latina y admiten que ellos deberían haber sido tan decididos como el magnate. Esto no quiere decir que el nivel de interés en la región estaría garantizado en caso de un cambio de mando en las presidenciales norteamericanas de 2028. No hay dudas de que los demócratas mantendrían el marco de confrontación con China, pero no necesariamente serían tan nítidos en su aproximación con la región y la Argentina.
Un primer indicio podría aparecer a partir de la renovación del Congreso en EE.UU. Las elecciones vienen muy complicadas para Trump, ya que además de perder la mayoría en la Cámara de Representantes, está en riesgo también el Senado, algo que hasta hace algunos meses parecía imposible. Por eso en Washington se preparan para una tortuosa convivencia republicana-demócrata en los próximos dos años.
En líneas generales en el círculo rojo entienden que esta situación no modificará demasiado el modo de actuar de Trump, quien hasta ahora ignoró a los legisladores en sus medidas más importantes. “El 90% de las decisiones de su gestión las adoptó sin pasar por el Congreso, incluyendo el aumento de los aranceles, la política inmigratoria, la guerra en Irán y la intervención en Venezuela”, repasa Mick Mulvaney, quien fue funcionario en el primer período de Trump.
Sí se prevé mayor turbulencia en el Capitolio con una gran cantidad de pedidos de juicio político contra el Presidente, que difícilmente prosperen porque hay que reunir dos tercios del Senado para validarlos. Será un riña larga e inconducente, que probablemente lleve a Trump a una mayor radicalización y a una hiperactividad en materia de política internacional para salir de las contiendas domésticas.
En manos de ese Trump acechado, y al mismo tiempo desafiante, también estará el futuro de Milei.
Jorge Liotti,Conforme a













