POLITICA
El Gobierno destinará fondos de inmuebles del Estado y privatizaciones a un plan de modernización de las Fuerzas Armadas
El Gobierno nacional creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino y definió nuevas fuentes de financiamiento para modernizar las Fuerzas Armadas. La medida se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a fortalecer las capacidades operativas, actualizar equipamiento y desarrollar infraestructura estratégica en el sistema de defensa.
El decreto establece un esquema de asignación de recursos que combina fondos provenientes de la administración de bienes del Estado y de procesos de privatización. Según surge del texto oficial, el objetivo es revertir el deterioro del equipamiento militar y mejorar la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo, tanto en el plano interno como en el internacional.
La norma dispone que el 10% de los ingresos generados por la venta, cesión o uso de inmuebles estatales sea destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que esos bienes hayan estado previamente bajo la órbita de esa cartera, el porcentaje asignado asciende al 70%. Estos recursos deberán financiar programas vinculados al reequipamiento, la modernización tecnológica, la infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
A su vez, el decreto fija que un 10% de los fondos obtenidos por privatizaciones de empresas con participación estatal también será redirigido al área de Defensa. De acuerdo con la normativa, la asignación busca ampliar la capacidad de inversión en el sector sin alterar el equilibrio fiscal ni reemplazar otras herramientas ya existentes.
En ese sentido, el Gobierno aclaró que los recursos previstos en la medida serán complementarios al Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado como instrumento de financiamiento plurianual. La nueva fuente de ingresos, según se detalla, estará orientada a cubrir necesidades más inmediatas y a acelerar los procesos de modernización.
“El escenario internacional contemporáneo, en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo y exige un proceso continuo de modernización del equipamiento y de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas”, indicó el Gobierno en el decreto.
Entre los factores mencionados para fundamentar la determinación se incluye el desarrollo de nuevas tecnologías militares, el uso de inteligencia artificial, los ciberataques y otras modalidades de conflicto que exigen capacidades actualizadas. También se advierte sobre la necesidad de fortalecer el control de espacios marítimos y aéreos, en función de la extensión territorial del país y la existencia de recursos naturales estratégicos.
Además, el texto señala que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de apoyo en emergencias, como inundaciones o incendios, lo que requiere contar con los elementos adecuados.
Como parte del plan, el Estado Mayor Conjunto deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con los requerimientos de carácter urgente en materia de equipamiento, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional.
El DNU fue firmado por Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La medida se dictó bajo la figura de decreto de necesidad y urgencia, por lo que deberá ser analizada por la Comisión Bicameral del Congreso, encargada de evaluar su validez y elevar un dictamen para su tratamiento legislativo.
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La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza avanzó este miércoles con una medida histórica desde el regreso de la democracia. Por unanimidad, la legislatura resolvió expulsar a Janina Ortiz del cuerpo luego de que fue condenada por cuatro hechos de corrupción.
La diputada que pertenecía al bloque Unión Mendocina fue condenada a tres años de prisión en suspenso el pasado 20 de octubre tras un juicio abreviado y recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La condena fue dictada el 20 de octubre por la jueza Mariana Martín, en el marco de un juicio abreviado celebrado en el Polo Judicial. Ortiz y el exintendente de Las Heras Daniel Orozco reconocieron su culpabilidad en los delitos de peculado doloso, peculado culposo y uso de documento público falso, y acordaron la pena para evitar la prisión efectiva. La Justicia comprobó que ambos, al frente de la comuna lasherina, desviaron al menos $35,5 millones a través de una cooperativa sin actividad real denominada Manos a la Obra.
La causa involucra a otros imputados que no ingresaron en el juicio abreviado y cuyas causas siguen cursos judiciales separados: Osvaldo Oyhenart, exsubsecretario de Políticas Sociales del municipio; su yerno y agente municipal, Juan Pablo Pandolfi; y Adrián Pérez, señalado como presidente de la cooperativa. Los tres fueron procesados pero el expediente continúa abierto en su contra.
La resolución aprobada declara vacante la banca correspondiente y ordena notificar de forma inmediata a la Junta Electoral de la Provincia para que determine quién, según el orden de lista, debe incorporarse al cuerpo y prestar juramento. Además, la Cámara declaró improcedente el reclamo de Ortiz por el cobro de salarios no percibidos durante su suspensión, y ratificó en todos sus términos la Resolución N° 1135/24, que en marzo de 2024 había dispuesto la suspensión sin goce de haberes.
El presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, subrayó el peso institucional de la jornada. “Estamos tratando el primer expediente de expulsión de un legislador mendocino, por lo menos desde 1983 a la fecha. En la historia de esta Legislatura hubo varias decisiones de suspensión, pero una expulsión es la primera. Y no es un tema menor”, afirmó desde el recinto. El legislador precisó además que la suspensión de 2024 no implicó un juicio sobre la culpabilidad de Ortiz, sino una evaluación ética de su conducta como representante, y que la sentencia judicial disipa cualquier lectura política del proceso: “Esto también despeja las críticas que en su momento señalaban que nuestra decisión respondía a una persecución política”.
El diputado Mauro Giambastiani (Movimiento Mendocino), titular de la comisión de Derechos y Garantías, presentó el despacho que sustenta la exclusión y remarcó que la medida no obedece a una decisión interna del cuerpo sino a una sentencia firme. “Hemos decidido esto fundamentados no en una cuestión de este cuerpo, sino en una sentencia judicial donde se la inhabilita y donde es culpable de diferentes cargos, entre ellos delitos contra la administración pública”, sostuvo. Giambastiani también confirmó que la declaración de vacancia fue acompañada del pedido formal a la Junta Electoral para que identifique al ciudadano o ciudadana que debe ocupar el cargo.
El legislador Julio Villafañe (Partido Justicialista), presidente de la misma comisión, respaldó lo actuado y rechazó las críticas al proceso. “Sé que en distintos sectores de la sociedad se cuestiona o se dicen algunas cosas por falta, tal vez, de información o por ignorar los procedimientos administrativos y legales que corresponden”, señaló. Sobre el reclamo salarial, fue categórico: “Cualquier ciudadano o ciudadana que cumple una tarea laboral, cuando recibe una suspensión, no cobra un salario; y más en este caso, que es por hechos de corrupción”.
Desde el Frente Para la Victoria, Lucas Ilardo votó a favor pero advirtió sobre los costos democráticos del proceso. “No es bueno ni razonable para la democracia que haya quedado un antecedente de que en esta Cámara, durante dos años, siete meses y ocho días, no hubo un legislador sentado en esa banca”, expresó. En la misma línea, llamó a no hacer “alarde de la ética” frente a un caso de corrupción.
El diputado Franco Ambrosini (UCR), titular del Interbloque Cambia Mendoza, recordó que durante el proceso los distintos bloques instaron a Ortiz a ponerse a disposición de la Justicia. “Lo único que tenía que hacer era ponerse a disposición de la justicia, y no lo hizo”, afirmó. Tras la condena, Ambrosini consideró que “al fin ella aceptó la culpabilidad” y que el cuerpo “no se equivocó” al avanzar con la suspensión en 2024. Calificó la jornada como “un día triste” y descartó cualquier motivo de festejo: “Hubo un representante que le falló a la ciudadanía, que le robó a los vecinos de Las Heras, y termina reconociendo su culpabilidad”.
En las elecciones provinciales de 2023, Ortiz encabezó la nómina de diputados provinciales de La Unión Mendocina por el Primer Distrito, seguida por José Caviglia, expresidente del Partido Libertario, quien falleció el 1 de noviembre de 2025. Por ese motivo, la banca quedará en manos de María Belén Castillo, dirigente del PRO que seguía en el listado y que actualmente se desempeña como vocal titular del partido que conduce Gabriel Pradines. Una vez que asuma, Castillo ejercerá el cargo hasta diciembre de 2027.
El Poder Ejecutivo giró un proyecto de ley a Diputados que retiró en menos de 24 horas. El ambicioso texto modificaba más de una decena de normas y creaba un nuevo sistema federal de garantías. La iniciativa habilita la tokenización de activos, incorpora activos digitales como garantías, moderniza pagarés, cheques y warrants, flexibiliza el mercado de capitales, reforma fideicomisos y fondos comunes de inversión, y busca ampliar el acceso al financiamiento para empresas y productores. Pero también creaba impuestos.
Un inversor se dio cuenta de que en medio de una gran cantidad de artículos aparecía mayor presión impositiva y, menos de 24 horas de esa presentación, el Ejecutivo pidió retirar el proyecto de ley que había llegado a Diputados con la firma del Jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la ministra de Seguridad, Sandra Monteoliva; los mismos ministros firmaron la nota pidiendo su retiro.
El conflicto se generó porque el proyecto que tiene más de 240 artículos incluye uno que establece la vuelta del impuesto a las Ganancias del 15% para los certificados de depósito argentinos conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.
La explicación que hicieron llegar desde la Casa Rosada a los referentes del bloque libertario de Diputados es que el articulado que proponía cobrar Ganancias a las inversiones en el extranjero “era un borrador viejo”.
Esa aclaración generó incluso mayor malestar en los propios y los socios que reclamaron que los ministros “firman sin leer. Es preocupante”. Pero no solo eso, sino que además de pasar por las áreas de legales de cada una de las cuatro carteras, lo revisó la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy, quien aseguran que advirtió sobre la vuelta del impuesto y que se avanzó con el visto bueno del Ministerio de Economía.
Obviamente esto generó la burla de diferentes diputados de la oposición. Pablo Juliano de Provincias Unidas escribió en su cuenta de X “El Gobierno mandó al Congreso un proyecto de 240 artículos, firmado por Milei, Caputo y Sturzenegger, que le cobraba 15% de Ganancias a las inversiones en CEDEARs. Saltó un inversor y esta fue la respuesta de un asesor de Caputo. Si nadie se quejaba, pasaba. Ahora en el Congreso nos toca leer los otros 239 artículos, porque parece que ellos no lo hicieron”.
“No sé qué es peor, que crean que somos bobos o que intentamos poner un impuesto. En el primero tenemos ministros que no leen lo que firman, en el segundo que no tenemos un peso y necesitamos incrementar la recaudación. En ambos casos la resolución es mala”, explicó un diputado libertario a Infobae.
Los que conocen el detalle de cómo se gestó el proyecto señalan que es la segunda opción y dicen que la decisión se tomó hace un mes en una reunión de la Mesa Política en la que participó Sturzenegger y en la que hubo contactos con el equipo de Santiago Bausilli, titular del Banco Central de la República Argentina.
El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.
El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de “transparencia fiscal”, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.
En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.
Las ansias por la recepción del papa León XIV tienen hiperactivo al gobierno de Javier Milei. Los funcionarios más encumbrados ultiman detalles para que, como gustan decir en el oficialismo, “todo marche acorde al plan”.
Sin embargo, dentro de la visita del Santo Padre hay una serie de puntos sensibles -entre ellos, la discapacidad y las apariciones en el conurbano- que emergen en la conversación oficialista respecto al viento en contra que pueden ocasionarle al Gobierno en el debate público.
“Esta visita es la más complicada para Milei, diga lo que diga el Papa, haga lo que haga. Posiciona en la agenda un tema incomodísimo para el Gobierno. Y todos los títulos de los medios van a ser negativos: si el Papa no dice nada; o con cualquier cosa que exprese. Va a ser difícil en la discusión pública, sumada la foto”, sintetiza una fuente del oficialismo a respecto del desembarco de León XIV en Don Orione.
En el Gobierno, por más que intentaron de todas formas bajarle el tono a la presencia del Santo Padre en el cottolengo de Claypole, muy en voz baja admiten que esta será la parte más incómoda de la gira.
La discapacidad fue uno de los grandes problemas de la gestión Milei. Desde su lugar vulnerable, pacientes, familias y prestadores encabezaron reiteradas y nutridas protestas para quejarse por los ajustes en el área.
La discusión se tornó aún más cuesta arriba para la Casa Rosada cuando, en 2025, estalló el escándalo por sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que comandaba Diego Spagnuolo.
Actores de la Iglesia remarcan que Don Orione fue uno de los centros que más “levantó las banderas” contra el recorte en discapacidad y “motorizó” así los reclamos. “Es LA institución”, comenta una fuente oficialista.
Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad, que fue ratificada de todas formas por el Senado.
Este año, en la mesa chica del Gobierno hubo altísimas fricciones por los fondos para la discapacidad del Presupuesto 2027, cuando ya se sabía que el Papa iba a ir al cottolengo.
Para calmar las aguas también ante los llamados de atención de la Iglesia, el Gobierno impulsó un proyecto que supera la emergencia, fija un monto para la pensión no contributiva y regulariza la deuda con los prestadores. Fue aprobado en Diputados y esta semana obtuvo aval en comisión del Senado.
La solvencia del operativo demostrará la capacidad de gestión del Gobierno.
Hay tres puntos importantes: los eventos masivos, los traslados y la visita a Don Orione, en el conurbano.
La ministra Alejandra Monteoliva tuvo alta preponderancia en la organización de la venida del Papa. En toda la gira, se prevé el despliegue de 10.000 federales.
Durante sus movimientos, León XIV tendrá una cápsula de la Guardia Suiza y la Policía Federal Argentina (PFA). “Todo el recorrido es sensible y en todos los traslados va a estar acompañado”, refieren en el Gobierno.
En los eventos masivos, además de la seguridad del Papa, será importante el cuidado de los asistentes. Para eso, la clave es la interacción con las dependencias de la Ciudad, Córdoba y Buenos Aires, encargadas de controlar el público.
Claypole es un punto del recorrido al que las autoridades le prestan especial atención. “No es un lugar por donde los jefes de Estado salen a recorrer”, exponen fuentes oficiales.
En el cottolengo estarán presentes, además de la PFA, la Prefectura, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Grupo Antidisturbios de la Prefectura y de la Gendarmería, y la Montada de la Gendarmería, que se sumarán a la Policía provincial, para trabajar de manera “coordinada” en territorio.
“A las afueras de Don Orione va a estar la Policía de la Provincia; en el perímetro del cottolengo (accesos, egresos y todo el circuito), las fuerzas federales”, detallan fuentes oficiales.
Desde la Nunciatura, el Papa se trasladará por Posadas, Cerrito, 9 de Julio, la Autopista 25 de mayo, Dellepiane, la Avenida General Paz, Camino Juan Domingo Perón, Avenida Juan XXIII, Camino de Cintura, Avenida Monteverde y Avenida Lacaze. En la Avenida Monteverde, esquina Trípodi y Vilcapugio, León se pasará al papa móvil y hará unos 600/700 metros hasta el cottolengo.
La travesía durará una hora. En territorio porteño se plegarán motos de la Policía de la Ciudad, que en la Provincia serán de la bonaerense.
De las tres misas, la de Luján es la más engorrosa para el Gobierno. Primero, porque el peronismo mostrará su poder en su bastión histórico, gobernado ahora por Axel Kicillof, hasta el momento el principal candidato opositor a Milei.
Además, habrá un fuerte despliegue de movimientos sociales.
Actores eclesiásticos anticipan que el Papa podría hablar allí de los “excluidos” y los “descartados”, con ancla en la agenda social, que dista del discurso libertario.
Los Milei no participarán de este encuentro. Irá una comitiva encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que en 2027 quiere ser gobernador bonaerense.
“Es cierto que se pueden politizar el antes y el después de la misa, por los personajes que van”, asumen en la Rosada.
León XIV fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, día de la Virgen de Luján.
El Gobierno, poco acostumbrado a mostrarse con dirigentes que están en sus antípodas, se encontrará en el Palacio Libertad con detractores que tienen llegada a la Iglesia, como la vicepresidenta Victoria Villarruel o el diputado Juan Grabois.
Las hipótesis sobre dónde localizarían a Villarruel fueron parte de la comidilla en la Rosada por estos días. Según le dijeron a fuentes oficiales, ocupará un “lugar preponderante”.
En el oficialismo no esperan movimientos disruptivos en este evento. “Si hacen show, van a quedar mal”, se escuda una fuente. “Harán sus avivadas, pero nadie va a hacer locuras, por un tema de institucionalidad”, acota otra.
Actores de la Iglesia suponen que en el ex CCK el Papa puede hacer un llamado de atención a la política en general. “Los va a atender a todos. El Papa va al hueso, no anda a las vueltas”, comentan.
Fuentes al tanto de la organización creen que la reunión con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) puede ser tensa para el Gobierno porque el Papa podría abordar los despidos y los efectos de la IA.
“Es el sucesor de León XIII”, refieren quienes saben de teología, sobre aquel Papa que habló de la situación de los obreros en el marco de la Revolución Industrial.
Milei es detractor del control de la IA y en su gestión, hasta julio de 2025, cerraron 32.290 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
“Luján y la UCA pueden ser adversos, pero nada como el cottolengo”, dice una fuente oficialista.
La decisión de qué se verá en la transmisión al mundo depende del Vaticano, pese a que el Gobierno ponga “los fierros”.
“El director de cámaras es de ellos”, informan en la Rosada.
Dentro del oficialismo no son pocos los preocupados por la falta de control del Gobierno sobre lo que saldrá al aire, con un Presidente quisquilloso de qué se muestra de él. También, respecto de qué se expondrá de la Argentina libertaria.
“En los últimos escenarios no controlados, Milei no salió ileso. Mirá la curita en España”, dice una fuente, que acota: “Entrás a jugar en terreno visitante”.
Entre aquello sobre lo que el Gobierno no tiene los hilos, y que puede ser sensible, se suman: si hay audiencias privadas con opositores (que por ahora no se harían); el mensaje general que el Papa dejará en la Argentina; y quién va a capitalizar la visita.
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