October 26, 2026,Mariano Spezzapria,Conforme a

La Justicia de San Nicolás decidió la excarcelación de Fernando Espíndola, otro dirigente del Sindicato de Camioneros que estaba detenido desde hace cuatro años por el bloqueo de la pyme Distribuidora Rey, de la ciudad bonaerense de San Pedro, en febrero de 2021.

Espíndola estaba acusado de los delitos de extorsión y turbación de la posesión al igual que Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, que fue absuelto por el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de esa ciudad bonaerense en un polémico fallo, que también benefició a 6 empleados de Rey Distribución que participaron del bloqueo contra la empresa.

Ahora, a poco más de una semana de la sentencia del juez Alejandro López, su colega María Elena Baquedano consideró cumplidos los requisitos legales para concederle el beneficio al otro imputado, que había optado por un juicio abreviado que todavía espera sentencia y su liberación no equivale a una absolución.

Según el diario El Norte, de San Nicolás, el fundamento jurídico de Baquedano se basó en el artículo 169, inciso 6, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que habilita la excarcelación cuando el tiempo cumplido en detención permitiría acceder a una libertad condicional o asistida ante una eventual condena.

Al momento del cómputo, Espíndola acumulaba cuatro años, cinco meses y nueve días de detención. El último período lo había cumplido bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico; para resolver su excarcelación, la magistrada evaluó informes del Patronato de Liberados y encuestas socioambientales sobre su entorno familiar y el cumplimiento de las pautas impuestas.

El acuerdo de juicio abreviado establece un tope de pena en caso de culpabilidad, pero no implica un reconocimiento de responsabilidad.

Para mantener la libertad deberá fijar domicilio, someterse a controles del Patronato de Liberados, abstenerse de consumir drogas y de abusar del alcohol, y respetar la prohibición absoluta de acercarse a los damnificados Gustavo y Ariel Rey, propietarios de la pyme bloqueada por Camioneros.

El juez López, miembro del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás, absolvió a Cabaleyro y desestimó el pedido de la fiscalía de que el dirigente sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliaria y tampoco se aceptó la solicitud de los abogados de la familia Rey, que plantearon que la pena de prisión se elevara a 15 años.

La sentencia eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante cinco días e incluyó amenazas y hostigamiento, con fundamentos cargados de controversia: el juez dio por probado que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como el “legítimo ejercicio de un derecho”.

“Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”, afirmó Ariel Rey, uno de los dueños de la pyme Rey Distribución, en diálogo con Infobae. “Si yo quiero abrir mi negocio, sacar el camión para salir a repartir y un grupo de personas hace un cordón humano y te dicen: “No avanzás”, ¿eso no es un delito? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho de huelga?“, se preguntó el empresario.

Hubo fuertes pronunciamientos de rechazo al fallo de López por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), al que calificaron de “preocupante retroceso”, pero el mundo empresarial activó, además, una estrategia contra el magistrado que, en la práctica, justificó que se violen los derechos de propiedad, a la circulación y a trabajar, amparados por la Constitución Nacional, como el derecho de huelga, si se producen en un conflicto laboral.

Por eso desde el empresariado se impulsaron dos denuncias distintas contra el juez de San Nicolás ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en las que cuestionan el fallo absolutorio de Cabaleyro y los otros 6 imputados y piden determinar si existe responsabilidad que pueda justificar el enjuiciamiento y la remoción del magistrado.

Una de las denuncias ya se oficializó el viernes pasado y está promovida por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), con el aval de su presidente, Juan Méndez. La otra se formalizará esta semana ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia porque todavía estaban juntando firmas y se estima que habrá unas 50 empresas que apoyarán la presentación.

Ambas presentaciones son similares a la presentada el jueves pasado por el diputado bonaerense Manuel Passaglia, del partido Hechos, quien fue intendente nicoleño cuando, en abril de 2022, el Sindicato de Camioneros bloqueó la ciudad durante 48 horas en rechazo de las detenciones de Cabaleyro y Espíndola por la protesta contra Rey Distribución.

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