El Gobierno distribuyó $348.267.712.230 a provincias en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 6 de abril de 2026. El dato surge del informe 145 de Jefatura de Gabinete y se compone de cuatro tramos: $15.467,7 millones en el cierre de 2023, $49.800 millones en 2024, $209.000 millones en 2025 y $74.000 millones en 2026 hasta comienzos de abril.

Los gobernadores que más fondos recibieron en todo ese período fueron los de Misiones y Tucumán, con $41.500 millones cada uno, seguidos por Salta con $32.500 millones y Entre Ríos con $32.144 millones. Detrás quedaron Chubut con $27.500 millones, Catamarca con $23.000 millones y Chaco y Neuquén, con $22.000 millones cada una.

La concentración del reparto tiene una correlación con el armado de alianzas que tejió la Casa Rosada para conseguir apoyos a reformas desde el inicio de la gestión. Sólo Misiones, Tucumán, Salta y Entre Ríos absorbieron $147.644,7 millones, el 42,4% de todo lo distribuido por Milei a través de esa vía hasta abril de 2026.

El mapa también exhibe a los relegados. En los cuadros del informe no aparecen con giros visibles en toda la gestión Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. El caso más sensible es el de La Pampa: el informe 142 ya había señalado que no había recibido fondos desde el 10 de diciembre de 2023 hasta marzo de 2025, y en el informe 145 la provincia dejó asentado que sus pedidos por desequilibrio financiero, cajas no transferidas y desastre climático seguían sin respuesta.

Asimismo, la situación de La Pampa escaló al plano judicial. La Corte Suprema de Justicia declaró su competencia originaria en una demanda presentada por la provincia contra el Estado Nacional por la distribución de los ATN y le dio intervención al Gobierno para que responda el planteo.

La administración de Sergio Ziliotto reclama que los recursos correspondientes al Fondo de ATN —equivalentes al 1% de la masa coparticipable según la ley 23.548— sean incorporados automáticamente al reparto entre provincias y no queden bajo discrecionalidad de la Casa Rosada. En la demanda, la provincia sostuvo que el Estado “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”.

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que la causa debe tramitar en la competencia originaria de la Corte debido a que enfrenta de manera directa a una provincia con el Estado Nacional.

Por otra parte, los últimos datos del informe coinciden con la distribución de ATN del Gobierno en los años previos. Sólo en marzo de 2026 el Gobierno distribuyó $43.000 millones, equivalentes a 58,1% de todo lo girado en 2026 hasta el 6 de abril. En ese tramo, el principal beneficiado fue Corrientes, con $8.000 millones por desequilibrio financiero, seguida por Mendoza con $7.000 millones, Entre Ríos con $6.000 millones, Misiones con $5.500 millones y Chaco con $4.000 millones.

La trastienda del vínculo con esos mandatarios muestra matices. Durante la gestión, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua acompañaron al oficialismo en votaciones sensibles, como la Ley Bases y otras reformas, y sostuvieron una relación de cooperación parlamentaria con el Ejecutivo. Sin embargo, esa sintonía legislativa no implica de por sí un acuerdo electoral hacia 2027. En el oficialismo reconocen que la discusión ya pasa por diferenciar aliados circunstanciales en el Congreso de socios territoriales de largo plazo.

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Ese debate se cruza con la estrategia electoral que empuja Karina Milei. La secretaria general quiere competir en la gran mayoría de las provincias y limitar los acuerdos a un puñado de distritos. Hoy, en el oficialismo aseguran que la idea es reservar entendimientos solo para Entre Ríos, Chaco, Mendoza y San Luis, si las negociaciones terminan cerrando. La hoja de ruta la ejecuta Eduardo “Lule” Menem, mientras que del otro lado Santiago Caputo insiste con ampliar alianzas con más gobernadores para blindar gobernabilidad frente a la disputa presidencial de 2027.

Esa diferencia interna explica la razón por la que algunos gobernadores bien posicionados en el reparto de fondos no aparecen hoy en el núcleo de alianzas electorales privilegiadas. Jaldo, Jalil, Sáenz y Passalacqua fueron útiles para sostener la agenda oficial en el Congreso, pero la estrategia de Karina Milei privilegia una expansión partidaria propia antes que un cierre amplio con todos los dialoguistas. En la Casa Rosada saben que ese esquema tensiona la relación con provincias que ayudaron en votaciones clave, pero también creen que ceder demasiado en 2027 puede diluir el control político del armado nacional.

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