La Casa Rosada endurece su postura frente a los gobernadores y comienza a prepararse para competir con las PASO nacionales vigentes en 2027. El Gobierno mantiene su intención de suspender las primarias, pero descarta adelantar acuerdos electorales para conseguir los votos en el Congreso. En la conducción de La Libertad Avanza consideran que Javier Milei conserva una ventaja frente a los mandatarios provinciales y que el oficialismo llegará en mejores condiciones a la negociación durante los próximos meses.

“Nos vamos a sentar a esperar. No vamos a adelantar ningún acuerdo. No tenemos ningún tipo de apuro”, aseguran en Nación. En Balcarce 50 sostienen que no retirarán candidaturas provinciales como condición para obtener respaldo legislativo. “Barato no cerramos. Nosotros tenemos el ancho de espada. No nos van a correr”, agregan en el entorno presidencial.

La estrategia responde a una evaluación interna sobre el costo de negociar durante un período de debilidad política y económica. Cerca del armado libertario reconocen que cerrar ahora las alianzas implicaría aceptar condiciones más exigentes sobre candidaturas, listas y participación en los gobiernos provinciales. La expectativa es atravesar los próximos meses sin compromisos definitivos y recuperar capacidad de negociación antes de 2027.

La decisión final sobre los acuerdos territoriales queda en manos de Karina Milei, que mantiene el control del armado nacional junto con Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. En ese sector aseguran que recibieron instrucciones para acelerar la organización partidaria en las provincias y repetir la estrategia de 2025. La prioridad es fortalecer candidatos propios antes de resolver qué alianzas resultan convenientes.

“Por ahora no bajamos ningún candidato”, expresan en la conducción oficialista. El Gobierno proyecta competir en la mayoría de los distritos, con excepciones donde existen entendimientos más avanzados, como Entre Ríos, Chaco, San Juan y San Luis. Aun en esos casos, las condiciones definitivas de las alianzas siguen sujetas a negociación y a la aprobación de la secretaria general de la Presidencia.

La provincia de Buenos Aires tendrá un tratamiento diferente. La Casa Rosada mantiene la intención de construir un frente amplio con sectores del PRO y de la UCR para enfrentar al peronismo. El entendimiento contempla una distribución más extensa de candidaturas y espacios de participación política. En el oficialismo consideran que unificar a las fuerzas aliadas es fundamental para disputar la gobernación.

Córdoba aparece entre los distritos donde La Libertad Avanza pretende competir con mayor intensidad. En Nación proyectan una campaña fuerte para disputar el poder al peronismo provincial, mientras que la Ciudad de Buenos Aires permanece abierta. El Gobierno todavía no resolvió si impulsará una candidatura propia contra el PRO o si alcanzará un acuerdo para compartir la oferta electoral.

La Libertad Avanza enfrenta una semana decisiva en la Cámara de Diputados, donde intentará conseguir los dictámenes de dos proyectos centrales para la administración de Javier Milei: el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Sin embargo, las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores siguen abiertas y las diferencias por el reparto de fondos podrían obligar al oficialismo a postergar sus planes.

Los libertarios mantienen conversaciones contrarreloj para reunir los respaldos necesarios. Este martes será el turno del proyecto de soberanía nacional, mientras que entre el martes y el miércoles se definirá si existen condiciones para dictaminar el Presupuesto.

Los principales obstáculos están vinculados con el financiamiento universitario, los recursos para obras de infraestructura y las deudas de la Nación con las cajas jubilatorias provinciales. Los mandatarios provinciales buscan cerrar compromisos concretos antes de respaldar la iniciativa oficial.

El Gobierno negocia cambios en el proyecto sobre Malvinas para conseguir el apoyo de sus aliados

El oficialismo convocó para este martes, a las 16, a un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de Diputados para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por Milei.

La iniciativa será modificada a partir de los planteos de los bloques dialoguistas y de las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que podría tener la normativa en sus empresas.

El encuentro estará encabezado por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, presidentes de las respectivas comisiones. También están convocados Martín D’Alessandro y Norma Morandini, presidente y vicepresidenta de Poder Ciudadano.

Tras las exposiciones, Zapata evaluará si existen los votos necesarios para poner los dictámenes a consideración. Si el oficialismo no consigue los respaldos, la definición podría postergarse otra semana.

Desde el Congreso y la Casa Rosada sostienen que las negociaciones continúan y que la diputada Silvana Giudici está encargada de acercar posiciones con los bloques aliados.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las facultades militares que contempla el proyecto.

El diputado Eduardo Falcone, del MID, advirtió: “El proyecto incluye un protocolo militar por el cual el Presidente podría disponer eventuales actos bélicos contra buques o aviones hostiles. El MID reclama que esos actos deben ser autorizados por el Congreso, tal como lo dispone la Constitución Nacional. Ya sufrimos un drama nacional cuando el Congreso estaba cerrado. Ahora está funcionando”.

Según las negociaciones en curso, el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar modificaciones e incorporar un plazo de 48 horas para comunicar las novedades a la comisión bicameral que se crearía para supervisar al Consejo de Seguridad.

La iniciativa también establece un nuevo régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Entre sus disposiciones contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para personas y empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina.

Los sancionados podrían quedar impedidos de contratar con el Estado, realizar determinadas actividades económicas o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

Además, el texto propone modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.

Presupuesto 2027: los gobernadores exigen fondos y las universidades reclaman $11 billones

El segundo frente de negociación del Gobierno está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde La Libertad Avanza pretende conseguir un dictamen esta semana.

El principal obstáculo es la falta de acuerdos sobre los recursos destinados a las provincias y el financiamiento de las universidades nacionales.

Los gobernadores reclaman partidas para obras de infraestructura y el pago de las deudas que mantiene la Nación con las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la ANSES.

El proyecto oficial contempla más de $500.000 millones para las cajas jubilatorias, aunque todavía no está definido cómo se distribuirán esos recursos entre los 13 sistemas provinciales involucrados.

Las negociaciones también están condicionadas por el calendario parlamentario. Varios legisladores viajarán a Estados Unidos para seguir las elecciones de medio término y la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, incluirá feriados que afectarán la actividad legislativa.

Pese a estas dificultades, el oficialismo busca mantener el 18 de noviembre como fecha para debatir el Presupuesto en el recinto.

“De esa manera le damos tiempo al Senado para que lo apruebe”, explican desde el bloque libertario.

Este martes, a las 11, está prevista la exposición de dos funcionarios del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger: Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y Maximiliano Fariña, secretario de Transformación.

Según fuentes cercanas a Bertie Benegas Lynch, serían los últimos funcionarios en presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda antes de intentar avanzar con los dictámenes.

Otro de los puntos más conflictivos es el financiamiento universitario.

Mientras el proyecto del Poder Ejecutivo contempla $7,7 billones para las universidades nacionales en 2027, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones, una diferencia de $3,3 billones.

Durante sus exposiciones ante los diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron la propuesta oficial y cuestionaron las demandas de los rectores.

“Durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba un mejor resultado educativo. La evidencia demostró lo contrario: aumentaban las partidas y el aprendizaje se deterioraba. Ahora el Ministerio de Capital Humano busca establecer un nuevo paradigma, pasando de un gasto centralizado e ineficiente hacia una inversión educativa transparente y enfocada en el aprendizaje”, planteó Torrendell.

Un cuestionamiento y una ausencia terminaron de exponer que la interna del oficialismo cambió dramáticamente de foco y de terreno. Patricia Bullrich criticó abiertamente la última escalada de Javier Milei contra el periodismo -que dejó la alarmante y oscurantista referencia a la “hoguera” para quienes considera enemigos– y decidió no participar de la reunión de Gabinete nacional en el arranque de la semana, horas después del impactante triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro. Son los dos capítulos más recientes de una historia abierta, pero suficiente para desplazar de la cartelera libertaria a la serie protagonizada por Karina Milei y Santiago Caputo. Y para destacar que el tema pasa por las elecciones. Una combinación inquietante.

Las reuniones de gabinete ampliado incluyen habitualmente a Martín Menem por Diputados, en su condición de presidente de la Cámara y no del bloque, y a Bullrich, como jefa de bancada y no como autoridad del Senado. Es decir, se trata hasta ahora de asistentes por su lugar político y no por el cargo. Martín Menem responde a Karina Milei y, en cambio, la senadora juega por sí sola. Eso ya venía generando tensión, pero creció a tal punto que desde el círculo presidencial dejan trascender la orden de no confrontar ni darle vidriera de exposición a la ex ministra.

En ese contexto, no asomaron esfuerzos para negar el sentido político de la última decisión de Bullrich, más allá de la frase de ocasión sobre “motivos personales” para justificar la inasistencia al encuentro de Gabinete. Al revés, fueron destacadas al menos tres cuestiones. La primera, el oleaje producido por su rechazo a la última carga presidencial contra periodistas y medios. La segunda, el recelo sobre la actitud a tomar frente al resultado electoral de Brasil, que descoló al Gobierno, encerrado en el silencio. Y la tercera, la decisión de evitar una foto de ocasión en la Casa Rosada. Eso último sonó más a picardía posterior que a previsión de la puesta en escena realizada en el balcón de la Casa Rosada.

El cuestionamiento a la escalada discursiva de Milei tendría un antecedente, según la versión que circuló en el Senado. Lo público fue la declaración de la senadora advirtiendo que el Presidente “cruzó un límite” con aquella frase sobre la hoguera. Pero antes, habría existido una conversación reservada con Milei sobre la necesidad de bajar la intensidad y frecuencia de las declaraciones o discursos descalificadores.

Por supuesto, nadie en el oficialismo y tampoco fuera de los límites libertarios -incluso, más allá de la política- tiene una mirada ingenua sobre este episodio, entre otras razones porque no es un hecho aislado. Un par de día antes, había sido el turno de un nuevo video, esta vez significativo por los autores de la música: Plan B. Las señales se venían sumando desde la etapa de mayor desgaste del Gobierno por el caso Adorni. Y la más notoria apuntó a la realidad económica. Todo, con el añadido de los costos provocados por proyectos adjudicados a la visión más cerrada del Ejecutivo: el más reciente, el impulso y retroceso con la ley de Tierras, que acaba de volver a la Cámara alta como consecuencia de las concesiones hechas por LLA en Diputados frente a la ofensiva opositora.

De todos modos, el dato político más notable es el giro que expone esta tensión en el interior del oficialismo. Son diferentes las características. Las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo siempre tuvieron, y tienen, relación con el manejo del poder. Se trata de una pelea en el círculo más estrecho de Olivos, que involucra gestión, cargos, relación con la Justicia, negociaciones con aliados, entre los principales renglones. En cambio, Bullrich no es parte de ese núcleo y la interna está centrada en el plano electoral.

Las especulaciones sobre la actitud del Presidente frente al triunfo de Lula da Silva suman pinceladas al cuadro. Bullrich, que respaldó a Bolsonaro con un aporte solicitado en el final de la campaña, habría trasmitido prevenciones frente a la posibilidad de que el Gobierno saliera formalmente a cuestionar el resultado electoral. Milei guardó silencio durante el día posterior al balotaje.

El domingo por la noche, se especulaba con que el impacto del triunfo electoral de Lula da Silva constituiría el tema principal de la reunión de Gabinete. El primer reflejo público fue el intento de restarle trascendencia al hecho. El saludo a un grupo de estudiantes desde un balcón de la Casa Rosada tuvo esa intención, aunque jugó en sentido inverso. Resultó llamativo el “six seven” que actuó el Presidente.

Desde el Gobierno dijeron que el tema Brasil no fue tratado en la reunión. Y que la intervención de Milei apuntó exclusivamente a ratificar la política económica. El mensaje tuvo otra vez sentido interno, y no únicamente por el planteo público de Bullrich. Pero además, expuso el malestar sino el desconcierto por la derrota de Bolsonaro, después de días de trasmitir expectativas por su triunfo como continuidad y ampliación de los números de la primera vuelta electoral.

La reacción de Donald Trump -que dejó frases descalificadoras de la elección, pero sin atacar a Lula da Silva- tampoco había gatillado hasta anoche un pronunciamiento de Milei o de la Cancillería. Se sumó el viraje en la posición inicial de Bolsonaro, según medios brasileños por falta de sostén para pedir la anulación de los comicios y por planteos de algunos aliados políticos, al punto que su propio espacio, el PL, reconoció el resultado. Para completar, presidentes de la región alineados con matices en la derecha -Chile, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia- expresaron sus saludos al presidente reelecto.

En el frente local, se anotaron las celebraciones de la oposición dura y también los mensajes de aliados y dialoguistas. Fue el caso de Mauricio Macri y el PRO, de la UCR y de algunos provinciales. En ese contexto, las prevenciones de Bullrich añadieron un ingrediente interno frente al sacudón que provoca la diplomacia libertaria, absolutamente dominada por el factor ideológico sectario.