POLITICA
El Gobierno fortaleció los controles sobre los gastos de los funcionarios para alcanzar más transparencia

Mediante una resolución publicada en Boletín Oficial, el Gobierno busca darle mayor transparencia al uso de los fondos del Estado para todos aquellas jurisdicciones y entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Es por ello que endureció los límites al uso de efectivo y cheques en el sistema de Fondos Rotatorios del Estado nacional.
Al mismo tiempo, extendió el período de medición del cumplimiento de esas restricciones, que hasta ahora se realizaba cada tres meses.
La reciente medida, firmada por el secretario de Hacienda, modificó la resolución 276/2018 y estableció que los organismos públicos habilitados para el uso de Tarjetas de Compra Corporativas del Banco de la Nación Argentina deberán reducir el peso de los pagos en efectivo y cheque al 20% del total de sus transacciones por Fondo Rotatorio, dentro de los primeros 180 días corridos desde que recibieron esa habilitación. Pasado ese plazo, el techo cae al 10% y debe mantenerse en ese nivel o por debajo de él.

Desde 2017, la Secretaría, bajo la órbita del Ministerio de Economía, impulsó la adopción de tarjetas prepagas corporativas como herramienta para reemplazar gradualmente los pagos físicos. Un año después, la normativa que se modifica a partir de esta publicación estableció metas trimestrales y sanciones para los organismos que no las cumplieran. La nueva norma extiende ese período de evaluación a seis meses —con revisiones intermedias trimestrales— y reduce los techos permitidos.
Las sanciones para quienes incumplan los límites también fueron actualizadas. Si la diferencia entre el nivel máximo permitido y el uso real de efectivo y cheque es igual o superior a 25 puntos porcentuales, la Tesorería General de la Nación recortará en un 40% el pago de las órdenes de reposición del Fondo Rotatorio o la cuota de pago diaria correspondiente. Si esa diferencia es menor a 25 puntos porcentuales, la reducción será del 20%. Esas restricciones se mantendrán hasta que el organismo alcance los niveles exigidos.

La decisión se sustenta en los datos recogidos por la Tesorería General de la Nación, que verificó desde la entrada en vigor de la resolución de 2018 una evolución sostenida hacia el uso de medios electrónicos. Esa tendencia fue la que llevó a la Secretaría de Hacienda a considerar que el sistema ya está en condiciones de soportar metas más estrictas.
Incluso, en el texto elaborado en aquel entonces remarcó la importancia de «consolidar la sustitución de los medios de pago físicos por aquellos que posibiliten la trazabilidad, acrecentando los niveles de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos». Esta premisa se sostiene en la actualidad.
El régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas es el mecanismo de excepción que utilizan las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional para afrontar gastos urgentes que no pueden tramitarse por el circuito ordinario de órdenes de pago.
Qué cambia
La resolución de 2018 había fijado los primeros topes concretos para ese proceso de sustitución. Los organismos que ya contaban con tarjetas corporativas habilitadas debían alcanzar una relación de uso de efectivo y cheque no mayor al 30% del total de sus pagos por Fondo Rotatorio en una primera etapa, y luego reducir ese porcentaje al 20% tras 180 días corridos desde la primera medición. El cumplimiento de esos niveles se controlaba cada tres meses.
La nueva norma endurece ese esquema en forma directa. Elimina el umbral inicial del 30% y fija desde el primer momento un tope del 20% para el uso combinado de efectivo y cheque. Luego de otros 180 días, ese límite baja al 10%, y los organismos deben mantenerse en ese nivel o por debajo de manera permanente. La lógica de fondo es la misma que viene sosteniendo el Estado desde 2017: forzar el uso de la tarjeta corporativa como medio de pago dominante, dejando el efectivo y el cheque como recursos residuales y de última instancia.
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POLITICA
El PRO rechazó la sesión especial de la oposición en Diputados: “Forzar debates no los acelera, los entorpece”

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados respaldó este martes la estrategia del oficialismo de cara a la sesión especial convocada por la oposición para este miércoles y sostuvo que forzar el tratamiento de los proyectos sobre morosidad y discapacidad “no los acelera”, sino que “los entorpece”.
En un comunicado difundido este martes, la bancada liderada por Cristian Ritondo señaló que las iniciativas incluidas en el temario opositor “ya están siendo trabajadas en las comisiones correspondientes” y que existen cronogramas de trabajo anunciados para avanzar con su tratamiento.
Sobre las iniciativas vinculadas a combatir el crecimiento de la morosidad, el texto del PRO señala que hay más de 50 proyectos en tratamiento y que la Comisión de Finanzas tiene previsto dictaminar el 30 de septiembre. El bloque adelantó que trabajará en una propuesta propia orientada a “dar respuestas concretas”, promover mayor competencia y transparencia, y mejorar las condiciones de acceso al crédito, “sin adoptar medidas que terminen encareciéndolo o restringiéndolo”.
En relación con la emergencia en discapacidad, el comunicado indica que la comisión ya trabaja en los proyectos vinculados al financiamiento del sistema y prevé dictaminar el 23 de septiembre. “Esto no exime al Gobierno de cumplir con la ley vigente, por eso, le pedimos que presente un cronograma claro de pago a los prestadores”, aclara el comunicado.
Qué pide la oposición
La sesión prevista para este miércoles incluye 50 expedientes vinculados a la morosidad familiar, además de la prórroga de la emergencia en discapacidad. El objetivo declarado de los bloques convocantes —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, entre otros— no es sancionar los proyectos ese mismo día, sino emplazar a las comisiones -obligarlas a reunirse- de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda para que fijen un plazo de dictamen.
Leé también: Malvinas: el Gobierno acelera el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y a Presti a Tierra del Fuego
El pedido se apoya en los 133 votos que la oposición logró reunir hace dos semanas, cuando intentó, sin éxito, ampliar sobre tablas el temario de otra sesión. La diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) había cuestionado entonces que el oficialismo ofreciera “un cronograma que llega hasta Navidad”, mientras que Pablo Juliano (Unidos) calificó la propuesta de “tomada de pelo”.
En ese contexto, el PRO ratificó su apoyo a la postura del oficialismo, que busca dilatar el tratamiento de las iniciativas opositores, y remarcó: “Creemos que las soluciones reales se construyen respetando el proceso legislativo y fortaleciendo el trabajo de las comisiones. Forzar instancias sobre debates que ya están en marcha no los acelera, los entorpece”.
PRO, Diputados
POLITICA
Ante la perspectiva de una derrota, el oficialismo dará quorum mañana para debatir discapacidad y morosidad en Diputados

En una maniobra inesperada, el bloque libertario se sumará mañana la sesión especial que la oposición convocó para mañana en la Cámara de Diputados, donde busca avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, y los distintos proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad de las familias.
De esta manera, el oficialismo habilitaría el quorum al mediodía, en un intento por evitar un golpe político y conservar el control de la agenda, después del anuncio del Presidente sobre la soberanía de las Malvinas.
La decisión comenzó a tomar forma en una reunión parlamentaria de última hora que el bloque comandado por Gabriel Bornoroni convocó en el despacho de Martín Menem, pese a la ausencia del presidente de la Cámara. Participaron la mayoría de los jefes de los bloques aliados, entre ellos los del Pro, la UCR y Argentina Federal, el espacio que reúne a los legisladores salteños y misioneros con llegada directa a sus respectivos gobernadores, Hugo Passalacqua y Gustavo Saénz. No fueron de la partida, Provincias Unidas ni los catamarqueños.
El objetivo: un último intento por desactivar el debate de mañana sobre dos temas que incomodan al Gobierno.
Según precisaron a fuentes que participaron de la reunión, los libertarios, representados por Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, plantearon que no iban a obstaculizar la sesión de mañana, dado que la oposición más dura ya tendría garantizado el número necesario para habilitar el debate que buscar emplazar a comisiones ambos debates y fijar las fechas de sus dictámenes.
Tal como había anticipado este medio, los bloques críticos ya habían logrado este martes apuntalar la sesión, sobre todo, a través del debate por la discapacidad, un tema por demás que recae sobre los sistemas de salud provinciales.
Como parte de su estrategia, el oficialismo ya había fijado una cronograma de trabajo para las dos iniciativas, bajo el compromiso de unificar los giros de los diversos proyectos de endeudamiento y morosidad y dictaminar ambas iniciativas antes del 30 de septiembre.
En concreto, el oficialismo buscará mañana fijar el 23 de septiembre para dictaminar el proyecto sobre discapacidad y el 30 de septiembre para los de endeudamiento y morosidad. Sin embargo, parte de la oposición desconfía de las intenciones del Gobierno y no descarta que se trate de una maniobra para dilatar el debate hasta la discusión del Presupuesto.
Las dudas quedaron plasmadas esta tarde, cuando la salteña Yolanda Vega abandonó la reunión pocos minutos después de su comienzo. Al salir, remarcó que la maniobra del oficialismo será “de palabra” y que no existe un expediente que respalde el compromiso. La oposición, en cambio, pretendía aprovechar la sesión de mañana para garantizarse el emplazamiento de ambos proyectos, con una semana de diferencia respecto del cronograma planteado por los libertarios.
Es sobre esta cuestión que se anticipa mañana un debate espinoso, con la oposición que convocó la sesión, encarnada en gran medida por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, dispuesta a exigir certezas al oficialismo.
El debate se estima se centrará también sobre la emergencia en Discapacidad, después que el oficialismo anunciara la semana pasada que trabajaba en una iniciativa propia con el aval de la Casa Rosada. Sin embargo, fuentes libertarias desestimaron horas más tarde que se trata de un nuevo proyecto, sino alguna aclaratoria a la ley ya vigente.
Noticia en desarrollo
sesión especial,pic.twitter.com/HifmkVY94l,September 8, 2026,Delfina Galarza,Conforme a
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Los esfuerzos del Gobierno para desactivar la sesión por morosidad y discapacidad: las alternativas que analiza

En las vísperas de la jugada opositora en la Cámara de Diputados, a través de la cual buscan obtener dictamen por morosidad y discapacidad, el Gobierno trabajó a contrarreloj para desarticular la sesión, una misión sumamente compleja, por lo que evalúa como posibilidad que el bloque de La Libertad Avanza baje al recinto ante un panorama adverso.
“Son unos irresponsables. Solo quieren hacer su propio circo y sacar ventaja”, se expidió una fuente con despacho en Balcarce 50 que contabilizaba 131 voluntades, lo que habilitaría el quórum para tratar dos temas incómodos para el Poder Ejecutivo.
Con la carta del veto como última posibilidad, en el oficialismo barajan algunas alternativas para suspender el debate. Con respecto a la problemática de la mora en las familias, figuran contraofertas para hacer frente al problema sin afectar el equilibrio fiscal como podría ser presionar a las billeteras y bancos para que clarifiquen el Costo Financiero Total (CFT) a la hora de solicitar un crédito.
“Hay cosas para hacer sin que sea dañino para el Gobierno”, expresó un alfil legislativo ante este medio.
Asimismo, frente al caso de la Ley de Discapacidad, en Balcarce 50 garantizan que cumplen con lo establecido por la Justicia para la aplicación de la normativa y acusan a la oposición de “utilizar banderas de causas nobles para intentar infligir un daño” al Poder Ejecutivo.
Una postura similar mantiene el PRO, bloque que había anticipado que no daría quórum, como hace cada vez que no son convocantes, tras sostener que existen más de 50 proyectos en materia de morosidad y reclamar un cronograma de pago a los prestadores. Además, señalaron que la Comisión de Finanzas tiene previsto emitir dictamen el 30 de septiembre, mientras que la de Discapacidad hará lo propio el 23 del mismo mes.
“Los proyectos incluidos en el temario de mañana ya están siendo trabajados en las comisiones correspondientes y se anunciaron cronogramas de trabajo para avanzar con su tratamiento”, expresaron desde el partido amarillo a través de un comunicado de prensa.
Si bien la intención de máxima de la Casa Rosada fue desactivar la sesión, desde el inicio de la jornada sabían que se trataba de una movida compleja, pero prometían intentarlo “hasta último momento”. La posibilidad de dilatar los debates también sobrevoló en varios despachos oficialistas.
Esta mañana, antes de la reunión de mesa política, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, en su despacho como suelen hacer cada martes. También trabaja en la tarea el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Pese a los esfuerzos de los alfiles legislativos, varios aliados fueron abultando el número que los más optimistas relativizan. “Provincias Unidas bajaría y los que responden a Pullaro también. A hoy, tendrían quórum, pero puede pasar cualquier cosa”, expresó una fuente de la mesa política que se reunió este mediodía en Casa Rosada.
Con el correr de las horas, la estrategia del oficialismo mutó: de intentar sabotear la sesión, pasaron a dejar abierta la puerta a la opción de sentar a sus propios legisladores para “usar a su favor” la habilitación del debate. “Es una posibilidad”, admitió una fuente libertaria a Infobae. La movida sorprendió incluso a los aliados, que habían resuelto no dar quórum.
Tras la nueva composición legislativa, en la administración libertaria aseguran que se encuentran mejor posicionados que en 2025, y ven margen de sobra para sostener potenciales vetos, si los temas lograsen avanzar. “A diferencia del año pasado, tenemos las 95 voluntades necesarias para bancar el veto. Antes no. Eso nos permite pensar una estrategia distinta”, sostuvo un alfil libertario ante este medio.
Entre las filas libertarias, algunas voces desdramatizan el accionar opositor al sostener que se trata de un paso preliminar, que obliga a fijar una fecha para tratar los temas, y aseguran que responde a un movimiento político. “Es un emplazamiento. No es demasiado grave, tratamos el tema en las comisiones. La verdad es que es medio un show”, sostuvo un legislador violeta ante Infobae.
Pese a que la oposición está cerca de su cometido, en la administración libertaria descartan que el abroquelamiento que incluye la participación de varios aliados vaya a repetirse. “Si consiguen el quórum es solo por la popularidad de los temas. La irresponsabilidad no es expansiva. Lo bien que le vendría a la Cámara una renovación”, planteó una fuente oficialista.
Las alarmas se encendieron semanas atrás, cuando en el marco del debate por la reforma del Banco Central en Diputados, la bancada opositora logró impulsar dos apartamientos de reglamento para tratar en el recinto los proyectos mencionados, con 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. En aquel entonces, un integrante de la mesa política admitía con preocupación que el escenario podría repetirse en futuras sesiones.
South America / Central America,Civil Unrest,Buenos Aires
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