El proyecto para regular el lobby impulsado por Javier Milei cosechó este miércoles una crítica transversal: organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias y entidades profesionales coincidieron en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa oficial.

Aunque respaldaron la necesidad de transparentar la relación entre el sector público y el privado, advirtieron que el texto contiene definiciones demasiado amplias, sanciones desproporcionadas y riesgos de afectar actividades legítimas de representación e incidencia pública.

Las objeciones fueron planteadas durante la segunda reunión informativa realizada en Diputados, conducida por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Mientras tanto, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, Encuentro Federal y la radical Karina Banfi avanzan en la elaboración de un proyecto alternativo al enviado por el Poder Ejecutivo.

Actualmente existen siete iniciativas parlamentarias sobre regulación del lobby, incluida la del oficialismo.

Antes del encuentro, trece organizaciones de la sociedad civil difundieron un documento titulado “Ley de participación vigilada”, en el que advirtieron que la propuesta oficial podría someterlas a “un control estatal discrecional que compromete su independencia y su capacidad de fiscalizar al poder público”. El texto lleva las firmas, entre otras entidades, de Amnistía Internacional, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Alejandro Díaz, representante de AmCham Argentina −la Cámara de comercio de Estados Unidos−, respaldó la creación de un régimen de transparencia para la actividad de lobby, aunque reclamó modificaciones al proyecto. Pidió definiciones más precisas, mecanismos de registro menos burocráticos y cuestionó la incorporación de sanciones penales. Según sostuvo, la ley debería fortalecer la transparencia sin desalentar la participación de empresas y organizaciones en el debate de políticas públicas.

Su exposición provocó una reacción del kirchnerismo. La diputada Florencia Carignano interrumpió la transmisión oficial para gritar “caraduras” y “corruptos”. Mayoraz debió intervenir y pidió al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que ordenara a los integrantes de su bancada para continuar con el listado de oradores.

Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, advirtió que la definición de “gestión de intereses” es tan amplia que podría abarcar actividades habituales de abogados, sindicatos, organizaciones sociales y entidades profesionales. Según sostuvo, la iniciativa “criminaliza el ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”. También cuestionó las sanciones previstas y alertó que una conversación informal con un funcionario podría ser interpretada como “gestión clandestina de intereses”.

En la misma línea, Eduardo Ferreyra, codirector ejecutivo de ACIJ, advirtió que el proyecto podría prestarse a aplicaciones discrecionales. “Debe mirarse con fuerte sospecha y rechazarse toda iniciativa que, aun cuando busque regular una actividad legítima como el lobby, pueda ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, afirmó.

María Barón, directora ejecutiva de Directorio Legislativo, puso el foco en otro aspecto: la falta de autonomía de la autoridad de aplicación. Advirtió que el organismo previsto carece de independencia funcional y financiera, una falencia que, según señaló, ya afecta a otros regímenes de transparencia vigentes, como la ley de Acceso a la Información Pública.

Por su parte, Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, recurrió a los casos de Susana Trimarco, Juan Carlos Blumberg y María Luján Rey para cuestionar el alcance de la iniciativa. Sostuvo que, con la redacción actual, todos ellos podrían ser considerados “gestores de intereses” por haber impulsado cambios legislativos tras tragedias personales. “Esto no es regular el lobby corporativo, esto es criminalizar la participación ciudadana”, afirmó.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), Agustina Briner reclamó incorporar la figura del “beneficiario colectivo” para contemplar las gestiones realizadas por cámaras empresarias en representación de sectores productivos completos y no de compañías individuales. Según explicó, exigir la identificación de beneficiarios finales en esos casos podría resultar impracticable para entidades que nuclean a miles de empresas.

Debate por el “Súper RIGI”

La Cámara de Diputados también realizó este miércoles a la mañana la segunda jornada de exposiciones sobre el proyecto conocido como “Súper RIGI”, otra de las iniciativas que el oficialismo busca dictaminar antes de fin de mes.

Participaron el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka. Los referentes del sector defendieron el régimen vigente de incentivos a las grandes inversiones −RIGI− y destacaron su impacto en proyectos mineros, petroleros y gasíferos. La oposición, en cambio, cuestionó la selección de expositores y volvió a reclamar precisiones sobre las industrias que el Gobierno pretende atraer con el nuevo esquema.

El kirchnerismo duro desplegaba este miércoles una serie de actividades para respaldar a Cristina Kirchner. Lo hacía en el marco del primer aniversario de la condena de la Corte Suprema, que el 10 de junio de 2025 dejó firme la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra la expresidenta en la causa Vialidad.

A su vez, el PJ nacional anunció “un banderazo” en Parque Lezama el próximo 20 de junio con la premisa “Cristina Libre”.

Mientras que senadores y diputados justicialistas se unieron hoy para denunciar la “injusta condena, la persecución y la proscripción” sobre “la principal líder de la oposición” en el Salón Provincias Unidas de la Cámara alta, y presentaron un documento ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. “La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político”, dice uno de los fragmentos más destacados de la carta que enviaron los legisladores peronistas.

Mientras que esta tarde, en las afueras del edificio de Constitución donde Cristina Kirchner cumple su reclusión domiciliaria, La Cámpora encabezará una concentración con sectores militantes, municipales, sociales y gremiales afines. Allí esperaban que la expresidenta saliera al balcón.

Una congregación más amplia “contra la proscripción” se espera en la marcha a Parque Lezama del sábado 20 de junio a las 15, en el marco del Día de la Bandera. Las acciones se definieron tras una reunión realizada en la sede nacional del PJ, en Matheu 130, que continúa presidido y nunca dejó de ser controlado por la exmandataria.

“Los participantes del encuentro se comprometieron activamente con la movilización convocada para el 20”, remarcaron. Además, se realizará un festival bajo el mismo reclamo en la exESMA este fin de semana.

La cumbre reunió a autoridades partidarias, legisladores, intendentes y referentes sociales. Entre ellos, estuvieron el jefe de senadores, José Mayans; y los diputados Paula Penacca, Horacio Pietragalla, María Teresa García y Lucía Cámpora (titular de La Cámpora), entre otros. A su vez, algunos jefes municipales presentes fueron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas) y Damián Selci (Hurlingham).

Antecedentes

Hace un año, la Corte Suprema resolvió de manera unánime la ratificación de la sentencia de Cristina Kirchner por Vialidad con los votos de los tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal supremo respaldó los cargos del Tribunal Oral Federal N°2 (en primera instancia) por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de las licitaciones de obra pública adjudicadas en Santa Cruz, y la absolución por el delito de asociación ilícita.

La decisión provocó un cimbronazo en el sistema político nacional y marcó que la expresidenta sea la primera en la historia en tener una condena firme por corrupción. Cristina, que por entonces pretendía competir por una banca en las elecciones legislativas bonaerenses de 2025 en la Tercera Sección, recibió ese día la noticia mientras se encontraba en la sede del PJ.

Tras conocerse el resultado, brindó un discurso desde la calle rodeada de la militancia que se acercó hasta el edificio de Matheu 130, donde acusó una «un cepo del Partido Judicial al voto popular“, calificó a los jueces de “monigotes” y sostuvo que «estar presa es un certificado de dignidad“. Días después, dada su edad (72 años), lograría acceder a una prisión domiciliaria y tendría lugar una movilización en su apoyo el 18 de junio en Plaza de Mayo.

El kirchnerismo duro busca mostrar tracción social en las calles y mantener vigente una causa que considera central para su identidad política. Esa posición es un punto de discordia con los sectores internos que hoy empujan el liderazgo y la proyección presidencial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto con los matices a la hora de pronunciarse sobre un eventual indulto.

“Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”, escribió hoy Kicillof en sus redes.

Esta seguidilla de acciones se da, además, en un contexto especial luego de que el mandatario provincial y el líder de La Cámpora e hijo de Cristina, Máximo Kirchner, retomaran el diálogo el último fin de semana para la organización del velatorio del Indio Solari en Avellaneda.