El Gobierno rechazó que haya un ajuste en el área de Salud y criticó la marcha que harán sindicatos y trabajadores del sector, en reclamo de más fondos para el sector: “Tiene un tinte político”.

Saúl Flores, Secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio liderado por Mario Lugones, dijo que “de ninguna manera” hay reducción de fondos para salud y habló de “tinte netamente político” de los organizadores de la movilización.

Flores destacó que “no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento. Sí existe una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia, que es el ahorro en los manejos de los recursos”.

El funcionario de Salud dijo en declaraciones a Radio Mitre que, en el caso del Hospital Garrahan hubo una inversión de $30 mil millones “como producto del mejor manejo de los fondos”.

Flores habló además de “las transferencias en cuanto a atención de los pacientes” y ejemplificó: “En el 2025, se invirtieron $136.269.000.000, lo que significa para este año, con respecto a ese monto, un 66% de aumento en el presupuesto. Obviamente que los presupuestos son finitos y la planificación que estamos realizando da cuenta de eso».

El Secretario de Gestión Sanitaria de Salud destacó que Nación “va a financiar el aumento en esa cobertura, tanto de pacientes oncológicos y como aquellos con enfermedades poco frecuentes”.

Flores advirtió además que en el caso de los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), de financiamiento compartido entre Nación y Provincia, el gobierno de Axel Kicillof tiene una deuda de $644.700.000.000 hacia esos centros de salud.

Las claves de la marcha de sindicatos y trabajadores de la salud para pedir más fondos para el sector

• Organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario convocaron para este miércoles a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública para rechazar el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y denunciar el deterioro en hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.
• La movilización central será en la Ciudad de Buenos Aires y partirá desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. La convocatoria está prevista para las 13 y contará con la participación de gremios de la salud, la CTA Autónoma, organizaciones sociales, residentes, estudiantes y colectivos vinculados al sistema sanitario público.
• Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, los organizadores aseguran que el sistema atraviesa una situación crítica por el recorte presupuestario, la caída de programas nacionales y la falta de insumos y medicamentos. Entre los principales reclamos aparecen la reducción de partidas destinadas a hospitales públicos, las dificultades de acceso a tratamientos y el impacto del ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.

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El canciller de la Argentina, Pablo Quirno, rechazó la denuncia del expresidente boliviano Evo Morales sobre una presunta cooperación militar con el gobierno boliviano.

“Esto comprueba lo que es el eje del mal”, introdujo el ministro argentino en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Y desarrolló: “La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales”.

Morales había declarado públicamente que el gobierno de Javier Milei había enviado el Hércules y material antidisturbios para colaborar con el Ejecutivo local en la represión de las protestas y los bloqueos que realizan campesinos que buscan la caída de Rodrigo Paz Pereira.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, también participó de la conversación radial y agradeció el respaldo de la Argentina.

Quirno contó que tienen una relación muy fluida y aseguró que los campesinos que responden a Evo Morales buscan subvertir el orden democrático.

Noticia en desarrollo

El Gobierno dispuso la creación de una mesa de coordinación para la seguridad de proyectos bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que tendrá como objetivo “fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos de inversión estratégica, sus áreas de influencia y las infraestructuras críticas vinculadas”.

La medida se concretó por medio de la publicación de la Resolución 461/2026 en el Boletín Oficial, firmado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El texto menciona que las inversiones dentro del RIGI “así como las zonas adyacentes que su ejecución dinamiza desde el punto de vista socioeconómico, pueden constituirse en objetivos de interés para organizaciones criminales de carácter transnacional o estructuras delictivas complejas».

El documento advierte que estas organizaciones podrían “aprovechar tales emprendimientos para la captación de rentas ilícitas, el encubrimiento y reciclaje de flujos financieros de origen ilegal, la provisión de bienes y servicios ilícitos o la explotación de vulnerabilidades en los sistemas de control, trazabilidad, logística, seguridad y supervisión estatal».

Los detalles de la mesa de coordinación para proteger del narcotráfico y el crimen organizado a las inversiones del RIGI

La resolución alerta que estas prácticas “generan riesgos concretos vinculados a, entre otros, el lavado de activos, la corrupción pública y privada, la extorsión, la infiltración criminal en actividades económicas lícitas y otras manifestaciones de criminalidad organizada, con potencial capacidad de impactar, negativamente, la integridad, continuidad y seguridad de los proyectos de inversión, así como, también, la seguridad económica, institucional y social del Estado”.

El texto explica que “este volumen de inversiones, su distribución geográfica y su carácter estratégico refuerzan la necesidad de adoptar mecanismos específicos de coordinación interinstitucional y prevención temprana, orientados a resguardar la integridad de los proyectos, la infraestructura crítica involucrada y los intereses estratégicos del Estado Nacional y de las provincias adheridas”.

El documento destaca la necesidad de “adoptar un enfoque preventivo, integral y coordinado que permita identificar, mitigar y reducir los riesgos asociados a la criminalidad organizada desde las etapas iniciales de planificación y ejecución de los proyectos alcanzados por el RIGI, resguardando la integridad del Régimen; asegurando que los beneficios otorgados por el Estado contribuyan efectivamente al desarrollo productivo y se gestionen con estándares adecuados de control y transparencia; protegiendo a las empresas, sus trabajadores, activos e infraestructuras, así como las cadenas logísticas vinculadas; y reforzando la estabilidad y el normal desarrollo de los proyectos de inversión».

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El texto aclara que “en contextos de grandes proyectos de inversión, la dinámica poblacional, laboral y urbana asociada a su desarrollo puede generar escenarios de vulnerabilidad social que requieren abordajes preventivos integrales, resultando pertinente incorporar estrategias de sensibilización, prevención, asistencia y fortalecimiento comunitario en el marco de las políticas públicas vigentes».

La resolución explica que esta mesa representa “una herramienta de acompañamiento a las inversiones estratégicas promovidas en el ámbito del RIGI a fin de fortalecer la seguridad jurídica, reducir riesgos operativos y aportar certeza respecto de la continuidad y normal desenvolvimiento de las operaciones, en un entorno que procura mitigar los riesgos asociados a eventuales amenazas de la criminalidad organizada sin implicar la imposición de cargas económicas ni burocráticas adicionales para las empresas».

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