El oficial principal de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado este miércoles por incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves por arrojar gas pimienta contra una mujer y su hija, una niña de diez años, durante una marcha de jubilados realizada el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso.

Tras un juicio correccional que comenzó y finalizó en un día, el juez federal Daniel Rafecas le impuso un año y tres meses de prisión en suspenso, por lo que el policía no irá a la cárcel, pero lo inhabilitaron el cargo por el doble de ese tiempo.

El juicio empezó a las 11 y se resolvió con testigos de la defensa, peritajes y lectura del veredicto. Se trató de un juicio correccional. La acusación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano. El abogado Gregorio Dalbón representó a la nena y a su madre como querellante.

Taiano había pedido que el policía fuera condenado a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. En tanto que el querellante solicitó una condena de 1 año y 8 meses en suspenso. Ambos pidieron la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena, dijeron fuentes judiciales a .

En el proceso se probó que Rivaldi roció con gas pimienta a Carla Mariana Pegoraro y a su hija Fabrizia, que estaban sentadas en la vía pública, en las inmediaciones de Rivadavia y Callao, aunque ninguna se enfrentaba a la policía ni resistía una orden de la autoridad. Menos aún, la niña.

Cuando ocurrió el hecho, Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad, a cargo de las fuerzas nacionales como la Policía Federal; y la actual titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, era su segunda. En un intento por desligar al policía, difundieron un video que terminó siendo fake.

Madre e hija estaban de espaldas cuando Rivaldi, principal de la Policía Federal, las roció. La nena debió ser trasladada al Hospital Santa Lucía, especializado en oftalmología, donde le diagnosticaron conjuntivitis química.

El fiscal Taiano sostuvo que las imágenes permiten reconocer a Fabrizia por su contextura y estatura en relación con los adultos que la rodeaban y que el agente llevaba el visor del casco parcialmente levantado, lo que le daba más campo visual.

El fiscal también invocó el protocolo de mantenimiento del orden público, que exige aplicar la mínima fuerza necesaria y tener especial cuidado con niños, embarazadas y adultos mayores. Ya en su dictamen de octubre de 2025 había descripto que el policía las roció “de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia”.

En su descargo, Rivaldi negó haber dirigido gas a una menor y dijo que no la vio por el tumulto. Afirmó que usó el artefacto disuasivo porque el contacto físico no alcanzaba y sostuvo que el gas pudo haberlo lanzado un tercero.

El episodio tuvo fuerte repercusión política. La entonces ministra Bullrich dijo que la madre era “irresponsable y violenta” y repitió que “nadie gaseó a una nena”, hasta que los videos mostraron al policía apuntando el aerosol contra ambas.

Como el policía Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, la madre había pedido en la causa la indagatoria de Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales.

Antes del juicio, el juez Sebastián Ramos había procesado a Rivaldi y la Cámara Federal confirmó esa decisión sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

El fiscal federal Eduardo Taiano se opuso a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía especializada en delitos de corrupción, asuma la causa $LIBRA, actualmente archivada, y donde se investigaba al presidente Javier Milei y a su hermana Karina por supuestas negociaciones incompatibles durante el lanzamiento de la criptomoneda.

El dictamen de Taiano fue confirmado a por fuentes cercanas a la investigación.

De todos modos, el asunto sobre si se reabre o no la causa judicial se resolverá en 2027, luego de que se pronuncie la Cámara Federal de Casación Penal, que analiza si admite o no nuevamente a los querellantes del caso.

El fiscal Taiano se opuso a que su colega Sergio Rodríguez, titular de la PIA, asuma en la causa.

La fiscalía especializada en delitos de corrupción busca reabrir la investigación y Taiano se pronunció por cerrarla.

La opinión de la PIA, de todos modos, no es vinculante, pues el juez no está obligado a seguirla, aunque puede valorar sus argumentos.

El planteo de la PIA llegó después de que Taiano solicitara el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina y del resto de los imputados.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que el dictamen estaba debidamente fundado e hizo lugar a los sobreseimientos.

Entonces, la Procuraduría se hizo eco de un planteo de las ONG CIPCE e INECIP, asumió el 29 de octubre el ejercicio de la acción penal, de la que había desistido Taiano, y pidió reabrir el expediente.

Para Rodríguez, el cierre fue prematuro: “No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”. Aludió a la falta de cooperación de otras jurisdicciones, como Estados Unidos, los peritajes pendientes sobre algunos celulares y las maniobras de ocultamiento atribuidas a imputados como Mauricio Novelli y Sergio Morales, que borraron contenidos.

Como Martínez de Giorgi estaba de licencia cuando ingresó la presentación de la PIA, el juez Daniel Rafecas, que estaba como suplente, se la giró a Taiano para que dictaminara.

Rafecas consideró “necesario” escucharlo como parte interviniente antes de tomar una determinación definitiva. Ahora, Taiano se opuso en el expediente y la decisión quedará en manos de Martínez de Giorgi, que volvió de licencia.

La PIA, además, interpuso un recurso de apelación en subsidio para que, si hay un nuevo rechazo, la decisión final la adopte la Cámara Federal. En la misma línea, el Cipce, uno de los “amigos del tribunal”, anticipó que la discusión llegará a la Cámara Federal.

Mientras tanto, la causa tiene abierto otro frente en la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala II concedió un recurso para revisar si dos damnificados por la caída de la criptomoneda $LIBRA pueden ser considerados querellantes.

Por mayoría, el tribunal resolvió hacer lugar al recurso de queja y conceder el recurso de casación contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

La resolución no revoca los sobreseimientos, sino que analizará si corresponde admitir a los querellantes para que se presenten e insten la acción buscando revocarlos.

Al apartar a las víctimas, que fueron excluidas a pedido de Mauricio Novelli, la causa se quedó sin quienes impulsaran la acción penal.

Si Casación las repone, quedarían en condiciones de apelar el cierre del caso que dispuso Martínez de Giorgi el 23 de octubre pasado.

La Casación convocará a una audiencia, probablemente este año, y luego decidirá el año próximo acerca del caso.

El caso $LIBRA empezó el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei publicó un mensaje en X que lo difundía como un proyecto de inversión que financiaría emprendimientos en la Argentina.

Tras el posteo, el precio del token pasó de 0,01 dólares a 5 dólares en pocas horas antes de desplomarse. Un grupo reducido obtuvo ganancias millonarias y muchos perdieron. Milei borró el mensaje y dijo que había actuado de buena fe.

Los principales investigados en el caso son Milei, cuyo tuit divulgó el activo y se disparó la cotización; el creador de la moneda, Hayden Davis, y quienes habrían sido el puente entre ambos, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.