Cuando tenga lugar la audiencia pública para analizar los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de octubre, puede iniciarse una pelea de fondo con el Sindicato de Camioneros: están en juego las condiciones en que se otorgarán las concesiones entre 2028 y 2038, pero el gobierno de Jorge Macri por ahora no contempla pagar las indemnizaciones que desde los años 90 recibe el gremio de los Moyano al renovarse los contratos.

Ese es el significativo dato que puso en alerta al gremio de Hugo Moyano y su hijo Pablo a partir de los anteproyectos de pliegos del servicio público de higiene urbana de CABA, que serán evaluados en la audiencia pública del 5 de octubre, que se hará de manera virtual, y se sabe que los líderes de Camioneros protestarán si en las cláusulas no figuran las indemnizaciones para ser pagadas al personal del sector dentro de casi 12 años.

Pero, a la vez, también podrían amenazar con medidas porque los Moyano tampoco están seguros de que en el presupuesto de la ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector, aunque desde septiembre de 2028 y durante 10 años mantendrán su empleo en las mismas empresas o en otras similares que ganen la licitación para recolectar la basura en la ciudad.

Están en discusión alrededor de 200 millones de dólares, necesarios para indemnizar a los recolectores de residuos porteños, que deberían pagarse porque en el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, el punto 3, Régimen de Personal Operativo, contempla un ítem llamado “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémica Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Esa “ley”, en realidad, no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.

La Ley Moyano se inauguró en 1998 con la finalización del contrato con Manliba y se afianzó en la gestión porteña de Mauricio Macri cuando tenía aspiraciones de un proyecto político nacional: en 2012 impulsó en la Legislatura de la ciudad la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión.

Desde entonces, la “ley” de Camioneros se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante las nuevas concesiones para la recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx.

También fue el eje del duro conflicto cuando el supermercado Walmart fue adquirido por el Grupo Narváez, en marzo de 2021, y el Sindicato de Camioneros bloqueó un depósito de la empresa para se aceptara su exigencia de echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía y volver a emplearlos. Finalmente, no hubo indemnización, pero sí un acuerdo mediante el pago de 227.576.922 millones de pesos a 477 trabajadores como una gratificación extraordinaria.

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que mantenía muy buenas relaciones con Camioneros, soportó la misma presión cuando en 2022 decidió estatizar el sistema de grúas: Pablo Moyano lo acusó de querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, aunque no dejó de negociar con los funcionarios de la ciudad.

El acuerdo final consistió en que los 500 empleados de las empresas Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa del Estado porteño, donde mantendrían el mismo convenio laboral de Camioneros, y cada uno de ellos cobró una indemnización de hasta 4 millones de pesos, es decir, un total de casi 2000 millones de pesos.

Jorge Macri heredó la “jurisprudencia” de la Ley Moyano sentada por sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con llenar la ciudad de basura a partir de octubre si el gobierno porteño no indemnizaba a 6 mil trabajadores por el próximo vencimiento de los contratos de recolección de residuos.

Pero en la administración macrista se pusieron firmes; advirtieron que esos contratos se firmaron en enero de 2014, con inicio el 1° de octubre de ese año y por un plazo de 10 años, pero en 2020 se suscribieron Actas Acuerdos mediante las cuales “se prorrogaron los contratos por cuatro años contados a partir de la fecha del vencimiento contractual, operando el nuevo vencimiento el 30 de septiembre de 2028″.

Lo que sucedió fue que Rodríguez Larreta impulsó esa prórroga a raíz de las restricciones presupuestarias que causó la quita de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y bajo el paraguas de la ley de emergencia económica porteña.

El sindicato se aferró a la interpretación de que aún se encontraba vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que otorgó a 6 empresas la recolección de residuos en la ciudad, y aseguró que aun en caso de prórroga se debería indemnizar a los trabajadores. La pelea parecía inevitable, aunque comenzaron negociaciones.

En octubre de 2024, finalmente, el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Hugo Moyano en el duro conflicto que se perfilaba: a cambio de no insistir en su reclamo de indemnizaciones, Camioneros logró una compensación para los empleados próximos a jubilarse y a quienes arrastraban problemas de salud desde la pandemia y no cumplían sus tareas, entre otros beneficios.

Sin embargo, un mes después, el entendimiento desató una tormenta para el líder de Camioneros: hubo tumultuosas asambleas en algunas empresas de recolección de residuos en CABA donde los trabajadores protestaron, entre gritos e insultos, por el acuerdo entre el gremio y el gobierno porteño por el cual no se pagarían indemnizaciones a los 6 mil empleados.

En los videos que circularon, que correspondieron a lo sucedido en la empresa Cliba, hubo ataques verbales contra Pablo Moyano (”Pablito traidor”, dijo un trabajador ante la cámara) y fuertes discusiones en una asamblea espontánea que promovieron los empleados: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron a un delegado.

La inédita muestra de rebeldía de las bases del moyanismo en la rama de recolección de residuos obligó a que el número 3 del sindicato, Marcelo Aparicio, difundiera un extenso video para explicar la situación a los trabajadores. Allí calificó de “privilegio” que se aplicara la Ley Moyano a los que se desempeñan en la ciudad y reconoció que ese “beneficio que ha otorgado la organización gremial no existe en la ley”, pese a lo cual permitió hasta ahora “cobrar las indemnizaciones y mantener la antigüedad correspondiente”.

Para colmo, el conflicto se agitó al calor de la pelea entre Hugo y Pablo Moyano desde fines de 2021 por sus diferencias ante la crisis financiera de la obra social: la rama de recolección de residuos, clave para el poder de Camioneros, fue escenario de la batalla familiar, donde partidarios de cada jefe del clan trataban de aprovechar el malestar de la gente para perjudicar al otro.

Por eso el líder sindical apartó a su hijo del reclamo de indemnizaciones y se puso al frente de las tratativas con la vicejefa del gobierno porteño, Clara Muzzio. Así se llegó al acuerdo final, en el que el sindicato aceptó que no se aplicara ahora la Ley Moyano, pero la inédita rebelión en las bases obligó a Hugo Moyano a reflotar en noviembre de 2025 el reclamo de indemnizaciones ante las concesionarias del sector, que rechazaron el planteo, de la misma forma que lo hizo el gobierno macrista.

Ahora, la inminente licitación del servicio de recolección de residuos en CABA, que avanzará a partir de la audiencia pública del 5 de octubre, amaga con actualizar la disputa por la aplicación de la Ley Moyano.

El sindicato, ahora fortalecido por la flamante reconciliación entre Hugo y Pablo, acaba de confirmar que no descuida los reclamos por la vigencia de su polémica “ley”: la semana pasada firmó un acuerdo por el traspaso de 50 trabajadores de la empresa DHL a Loginter que incluye el pago de las indemnizaciones.

Mientras, hay quienes recuerdan que en la Legislatura porteña todavía está el proyecto de Facundo del Gaiso (Coalición Cívica), presentado el año pasado y conocido como “Ley Anti Moyano”, que establece que si hay continuidad laboral en las empresas no corresponde indemnizar por parte del gobierno porteño y si se producen ceses los pagos deben correr exclusivamente por cuenta de las compañías, e incluso contempla sanciones para los funcionarios que convaliden este tipo de indemnizaciones con fondos del Estado.

¿El gobierno porteño está dispuesto a desactivar el pago de las indemnizaciones e ir a la guerra con el sindicato? Si fuera así, ¿esa decisión será utilizada como una herramienta electoral en un distrito donde los Moyano tienen muy mala imagen? ¿O se buscará algún acuerdo para impedir que todo termine en montañas de basura en las calles por las medidas de fuerza del sindicato? Son algunas de las dudas que irrumpen en un tablero donde se juega la solidez del imperio de Camioneros.

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El Gobierno prevé lanzar en los próximos días los pliegos para avanzar con la privatización de las centrales eléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. La preparación de la documentación ya estaba en marcha y el Ejecutivo espera ahora habilitar formalmente las licitaciones.

La operación contempla la venta de las participaciones que conserva Energía Argentina (Enarsa) en ambas compañías. El Estado posee el 65% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín, de forma que mantiene el control accionario de las dos sociedades.

La primera central está ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, y la segunda funciona en Timbúes, Santa Fe. Ambas son plantas de ciclo combinado de gran escala y cuentan con una potencia nominal instalada de alrededor de 800 megavatios cada una.

El Gobierno completó durante los últimos meses distintos pasos administrativos previos. En agosto, la Secretaría de Energía autorizó formalmente el cambio de titularidad de la Central Manuel Belgrano a favor de la sociedad Termoeléctrica Manuel Belgrano, uno de los movimientos necesarios para ordenar los activos antes de la venta.

En el mercado energético estiman que las participaciones estatales podrían representar varios cientos de millones de dólares. Algunas valuaciones privadas ubican las operaciones alrededor de US$300 millones por compañía, aunque el Ejecutivo todavía no fijó públicamente un precio y el valor definitivo dependerá de los pliegos y de las ofertas que se presenten.

La venta forma parte del proceso de privatización de Enarsa, autorizado por el Gobierno en 2025. El esquema consiste en desprenderse progresivamente de sus participaciones accionarias y reorganizar los activos de generación, transporte de energía e infraestructura que todavía permanecen bajo su órbita.

Uno de los principales antecedentes ya se concretó este año. El Estado vendió su participación en Citelec, controlante de Transener, por US$356 millones a un consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión. La operación permitió retirar a Enarsa del capital de la principal transportista eléctrica del país.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de inhibición que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había presentado contra el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. En ambos tribunales se investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito. La determinación dejó abierta la posibilidad de que los dos expedientes sigan su curso en paralelo.

La magistrada federal había pedido a su par entrerriano Ives Bastián que cese las pesquisas y le remita las actuaciones. El juez de Concordia se negó y entonces el conflicto llegó a la Corte. El máximo tribunal es el único superior común que tienen ambos juzgados por pertenecer a jurisdicciones diferentes.

El decisorio de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz es breve. “De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, corresponde rechazar el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro, lo que así se dispone. Hágase saber al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, Provincia de Entre Ríos”, consigna.

Esto implica que los jueces tomaron como propio el argumento expuesto por el procurador Eduardo Casal cuando emitió su opinión.  “No es un planteo prematuro de inhibitoria el remedio adecuado”, había razonado el jefe de los fiscales federales. Que haya cometido los delitos investigados en San Isidro no implica que no sea responsable de otros que se analizan en Concordia, entendió.

Arroyo Salgado fue quien pidió a Paraguay la extradición del exrepresentante de Entre Ríos en el Congreso. Las autoridades del vecino país dieron luz verde. La única condición que pusieron fue que Kueider termine de rendir cuentas con la Justicia paraguaya.

El exlegislador tiene allí una condena por tentativa de contrabando y una causa en trámite por lavado. Si bien la Corte no le dio a la jueza de San Isidro la exclusividad de la investigación, avaló que continúe avanzando. Esto implica que, cuando el exsenador sea enviado desde Paraguay a la Argentina, deberá comparecer ante su Juzgado.

Los argumentos

Casal sopesó qué tenía bajo la lupa Arroyo Salgado. La magistrada había enfocado su atención en Kueider a raíz de otro caso: Securitas. En ese expediente, se investigan sobornos pagados por la empresa de seguridad privada a organismos públicos para quedarse con contratos. Uno de ellos es Enersa, la estatal eléctrica de Entre Ríos, donde Kueider ejerció como representante de las acciones del Poder Ejecutivo.

A este elemento le sumó una denuncia que se presentó en su despacho. Se basaba en datos publicados en el sitio El Disenso sobre la declaración jurada patrimonial de Kueider como senador. La magistrada unió ambos extremos y abrió otro expediente. Cuando avanzó, se enteró de la pesquisa que había iniciado Bastián y el fiscal José Arias en Concordia.

Con los mismos datos de El Disenso, allí están escrutando al exsenador por su actividad desde 1999, cuando asumió como concejal de la ciudad.

Frente a ese panorama, el procurador razonó: “La pretensión de la justicia federal para que su colega provincial se abstraiga de su pesquisa todo lo que pudo haber ocurrido a partir de que Edgardo Kueider se involucró en la trama de corrupción del caso “Securitas” no atiende a la circunstancia de que, mientras era miembro de Enarsa, continuaba siendo secretario general de la gobernación de Entre Ríos”.

Luego, acotó: “Los hechos ventilados en la citada causa “Securitas” ni el presunto blanqueo de su producto —que también investiga el mismo juzgado federal— excluyen la posibilidad de que durante ese tiempo hayan ocurrido otros hechos penalmente relevantes al alcance de la justicia local”.

Casal entendió como “comprensible” la inquietud de Arroyo Salgado por el riesgo de doble juzgamiento. El funcionario judicial evaluó que dentro del marco teórico de la magistrada el enriquecimiento ilícito “es entendido como una figura subsidiaria que quedaría desplazada si se lograra la condena por el delito que habría producido el aumento patrimonial”. Pero, pese a esto, consideró; “No es un planteo prematuro de inhibitoria el remedio adecuado”.

El procurador cargó sobre el juez entrerriano Bastián la responsabilidad de que no haya doble juzgamiento a Kueider. “Ahora incumbe al magistrado provincial, en tanto juez de garantías, evitar, en su caso, la lesión del principio ne bis in idem”. Esto implica que, a medida que la averiguación arroje mayor claridad y precisión, deberá juzgar “si se da la triple identidad de hecho, persona y causa”.