En un hecho sin precedentes desde el regreso de la democracia en 1983, la Cámara de Diputados de Mendoza expulsó a una legisladora luego de que fuera sentenciada a tres años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por corrupción.

Se trata de Janina Ortiz, quien asumió su banca a fines de 2023 por la Unión Mendocina (UM), pero que desde marzo de 2024 se hallaba suspendida sin goce de sueldo por las investigaciones en su contra. “Cerramos una etapa oscura”, declaró durante el debate el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, de la Unión Cívica Radical (UCR).

La expulsión de Ortiz contó con 46 votos a favor y una sola ausencia y significó el fin de un extenso proceso que comenzó con su suspensión después de que se iniciara una causa en su contra por presunto desvío de fondos.

A la legisladora se la acusaba de haber participado en una maniobra delictiva mientras se desarrollaba como secretaria de Gobierno del exintendente Daniel Orozco, su esposo, en la municipalidad de Las Heras.

De acuerdo con la investigación, Orozco y Ortiz desviaron fondos de la municipalidad entre 2021 y 2023 mediante la Cooperativa de Trabajo “Manos a la Obra Limitada”, una organización que presuntamente prestaba servicios de limpieza, según consignó Los Andes.

Meses después de iniciadas las pesquisas, la Cámara de Diputados resolvió suspender a la legisladora sin goce de sueldo hasta que se definiera su situación.

Finalmente, y luego de admitir los cargos en su contra en un juicio abreviado el pasado 20 de octubre, a Ortiz se la sentenció a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

A pesar de su situación, la exfuncionaria municipal evitó renunciar a su cargo como diputada e incluso inició un reclamo para el pago de su salario por el tiempo que estuvo suspendida. Ante la negativa de apartarse de la Cámara, los legisladores acordaron su expulsión.

“Estamos tratando el primer expediente de expulsión de un legislador mendocino, por lo menos desde 1983 a la fecha. En la historia de esta Legislatura hubo varias decisiones de suspensión, pero una expulsión, es la primera. Y no es un tema menor. Es una decisión que esta Cámara tiene que tomar por el significado que tiene para la historia y por el mensaje que pretende transmitir a la ciudadanía”, manifestó Lombardi durante el debate.

El legislador de la UCR aseguró que la sentencia judicial que recibió Ortiz “es la base” del por qué se procedió con la expulsión y aseguró que le hubiera gustado “que como una persona de bien hubiera traído la renuncia y no quedar como la primera persona expulsada de la Legislatura en la historia de Mendoza”.

“Hoy cerramos una etapa oscura. Esta es una Legislatura que trabaja firmemente por mejorar la calidad de la democracia y por hacer de Mendoza la provincia más institucional de todas. Las instituciones están por encima de las personas y tenemos la obligación de defender la transparencia y respetar las instituciones de nuestra provincia”, agregó.

Por su parte, Julio Villafañe, del Partido Justicialista (PJ), le apuntó a la legisladora por la exigencia de sus salarios e indicó que sería “muy gravoso” que avanzara el reclamo.

“Cualquier ciudadano o ciudadana de la provincia y del país que cumple una tarea laboral o un trabajo, cuando recibe una suspensión, no cobra un salario. Y más en este caso, que es por hechos de corrupción. Sería vergonzoso, y es vergonzoso para todos”, señaló.

La fiscal federal Cecilia Incardona pidió procesar con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como jefe de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero. Asimismo, reclamó que siga detenido.

Sur Finanzas financió a varios clubes de fúbtol con créditos que la acusación consideró usurarios. Pero lo que se destaca en el escrito de 249 páginas de la fiscal Incardona, tal como había revelado , es que Vallejo está acusado de lavar dinero de una plataforma de casino clandestino online, cuyos responsables están detenidos.

La mecánica consistía en que se valían de indigentes que recibían el dinero en sus cuentas, lo repartían a cuatro integrantes de la organización, que lo volvían a introducir en el circuito formal a través de Sur Finanzas.

El pedido de procesamiento de la fiscalía al que accedió abarca a 15 personas y seis sociedades, y fue efectuado al juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Además de Vallejo, son señalados su madre, Graciela Beatriz Vallejo; el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo, y seis empresas: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (antes Neblockchain SA), Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA. Incardona también reclamó embargos sobre los bienes de todos los imputados y que se mantenga la prohibición a Vallejo de prestar servicios financieros.

Incardona sostuvo que Vallejo construyó entre 2020 y 2025 un conjunto de sociedades que “funcionó como una sola caja” para transformar el dinero de sus cuevas financieras en patrimonio de apariencia lícita.

Vallejo está acusado de realizar maniobras de intermediación financiera ilegal, infracciones cambiarias, evasión impositiva y previsional y lavar dinero del juego ilegal.

La operatoria

Según la reconstrucción de la fiscal, todo empezó en Concordia, Entre Ríos. Allí funcionaba Centro de Inversiones Concordia SRL, una agencia de cambio autorizada por el Banco Central que conducía formalmente la madre de Vallejo.

Entre septiembre de 2020 y octubre de 2022, en pleno cepo, la agencia manejó más de 100 millones de dólares, por encima del límite que había declarado, sin autorización del Banco Central.

Eran US$103.548.677 y esa infracción le permitió operar un volumen de divisas que no podía mover legalmente, con una ganancia de al menos 207 millones de pesos.

Con ese dinero, dice el dictamen, nació en noviembre de 2021 Sur Finanzas Group SA, la sociedad madre del grupo. Y cuando la agencia pidió su baja como operadora de cambio, en octubre de 2022, fue vaciada en dos meses.

Graciela Vallejo transfirió $488 millones de la agencia a su cuenta personal y desde allí, y en forma directa, $459 millones a Gestiones San Miguel SA, otra agencia del grupo. Otros $109,8 millones fueron a una cuenta en la empresa REBA.

Con esos fondos el grupo compró la Casa Central de Sur Finanzas, en la calle Seguí 764 de Adrogué, subescriturada en 45 millones de pesos. Cuatro meses después, Sur Finanzas Group compró por 400.000 dólares la casa de enfrente, que era más chica.

El paso siguiente fue comprar Neblockchain SA, una sociedad que ya tenía licencia del Banco Central como proveedora de servicios de pago (PSP) y que en 2024 pasó a llamarse Sur Finanzas PSP.

Para la fiscal, se convirtió en “la caja de entrada del grupo”: por allí ingresaba dinero mediante billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad económica y el efectivo que los empleados del grupo depositaban con camiones de caudales.

Por esas billeteras, sostiene Incardona, circularon fondos de una organización de juego clandestino investigada en La Plata, que captaba a personas vulnerables, abría cuentas con sus datos biométricos y las usaba para recaudar las apuestas de un casino online.

Tres de sus “receptores finales” operaban en la plataforma de Sur Finanzas. Así, por la billetera de Ignacio Marchioni ingresaron al menos $39.456 millones; por la de Juan Ignacio Campoli Sillero, $15.706 millones, y por la de Catriel Taubenschlag, $1071 millones.

Otro caso que destaca el dictamen es el de Jonathan Ledesma, monotributista categoría A, beneficiario de la Asignación Universal por Hijo y deudor irrecuperable, por cuya billetera pasaron $7285 millones entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Según la fiscal, prestó su nombre para mover dinero que era de Vallejo y del grupo.

A eso se suman $2031 millones en efectivo que entre septiembre y noviembre de 2025 tres choferes y portavalores depositaron por ventanilla en la cuenta de la PSP en el Banco Hipotecario, sin que nadie registrara de quién era ese dinero.

La fiscal sostiene además que Sur Finanzas PSP actuó como una entidad financiera sin estar autorizada. Captaba fondos del público en las billeteras, los mezclaba con los propios y los prestaba o los aplicaba a descontar cheques. Los beneficiarios eran los clubes de fútbol.

Según la documentación secuestrada en Argentinos Juniors, el club le cedió a la financiera cheques por $600 millones a una tasa nominal anual adelantada del 100% y recibió en diciembre de 2024 un préstamo de $200 millones al 40% anual más 1,5% mensual.

En San Lorenzo se encontró un reconocimiento de deuda a favor de Sur Finanzas Group por $416 millones, por préstamos y cesiones de cheques a tasas de entre el 36% y el 71,52% anual.

Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la cuenta de la PSP recibió 51.436 cheques de terceros por casi $189.659 millones, el 95% de todos sus créditos.

Para la fiscal, esos préstamos no pudieron hacerse con capital propio: el patrimonio neto de la sociedad en marzo de 2023 era de apenas $38 millones.

El dictamen describe un mecanismo repetido donde “una sociedad que presta su firma para que el dinero cambie de titular sin cambiar de dueño; un contador que certifica ante bancos y escribanos un origen de fondos que no verificó y que los papeles no respaldan; y una o varias personas de confianza que aparecen como titulares de lo que no es suyo”.

En el centro de ese esquema aparece Cluster Palace Beach SA, una sociedad sin cuentas bancarias ni ingresos propios, presidida por Bárbara Sena Argis.

A su nombre se compraron seis departamentos en Coronel Spiro 662, en Adrogué, pagados con US$600.000 en efectivo que, según la fiscal, salieron de Ars Cambios, una casa de cambio. También un lote en el barrio Fincas de San Vicente por US$400.000, cuyas cuotas se pagaron en billetes, y la Ferrari California negra de Vallejo.

El auto se compró en 2025 por $152,1 millones y se inscribió primero a nombre de Taubenschlag –uno de los receptores del juego clandestino– y luego de Cluster Palace Beach.

Cuando el Registro del Automotor exigió justificar el origen de los fondos, el contador Carrozza firmó una declaración jurada de negativa a cumplir los recaudos antilavado.

El 30 de octubre de 2025, ocho días después de que la ARCA iniciara una fiscalización sobre la PSP, la Ferrari se vendió a una jubilada por un precio declarado de $90 millones, aunque el precio negociado fue de US$250.000.

Para probar que Vallejo conducía todo, la fiscal cita en el escrito sus propios mensajes. “Mamá, me compré una Ferrari”, le escribió a su madre por WhastsApp.

Para justificar la prisión preventiva, Incardona describió lo que hizo el grupo cuando la investigación se hizo visible. Entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025, cuando fueron los allanamientos, la cuenta de Sur Finanzas PSP transfirió $14.898 millones a Pagos Dica SA en 35 operaciones.

El 26 de noviembre, cuando le avisaron que los inspectores de la ARCA estaban “en la puerta”, le transfirió casi $2500 millones.

La madrugada del 1° de diciembre, a pedido de Vallejo, su secretaria ordenó levantar el efectivo de las sucursales y borrar las cámaras; la tesorera informó que había dejado sólo un “puchito”.

Vallejo desactivó a las 00.02 la función de localización de su iPhone. En los días siguientes los choferes escondieron camionetas y 12 computadoras fueron trasladadas a un domicilio de Adrogué.

La fiscal agregó que Vallejo mintió sobre su domicilio. Al ser detenido dijo que vivía con su madre en Banfield y que en su casa anterior residía su “ex mujer” Maite Lorenzo.

Cuatro días después, Lorenzo declaró que está en pareja con él desde hace cinco años y que viven juntos en el lote de Fincas de San Vicente comprado por Cluster Palace Beach. Además, señaló la fiscal, Vallejo dispone de dinero cuyo paradero se desconoce, entre ellos $1009 millones que declaró en efectivo al cierre de 2023.

Sur Finanzas se convirtió en sponsor principal de Banfield en 2022 y desde allí se expandió a Platense, Racing y Barracas Central, el club fundado por Tapia y presidido por su hijo, hasta llegar a patrocinar a la selección y a darle nombre a la Copa de la Liga Profesional en 2023 y 2024, que se llamó “Copa Sur Finanzas”.