Este miércoles por la madrugada, el Gobierno dejó sin efecto a la Resolución N°13901/2025, que había restablecido el cobro de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. De esta manera, la Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso que los titulares deberán iniciar un trámite de rehabilitación para recuperar el cobro del beneficio.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 3695/2026, el secretario de Discapacidad, Diego Masaragian, anuló la medida que había sido emitida el año pasado por la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta normativa había reanudado los pagos los beneficiarios que habían perdido la prestación tras detectarse irregularidades durante la etapa de auditorías.

“Déjase sin efecto la Resolución N° 13.901/25 de la ex Agencia Nacional de Discapacidad respecto de las personas identificadas en el Anexo I (IF-2026-103572421-APN-DNGYAA#MS) que forma parte integrante de la presente”, establecieron en el documento.

De esta manera, las autoridades emitieron una lista de beneficiarios que volverán a ser suspendidos, pero que aún podrán recuperar el cobro de la pensión. Sin embargo, remarcaron que el reconocimiento de cada caso no implicaba una restitución automática, debido a que cada expediente volverá a ser revisado.

En este sentido, señalaron que los titulares deberán acreditar la supervivencia, tal como está expuesto en el artículo 11 del Decreto N° 432/97, que reglamenta el sistema de pensiones nacional. Para esto, se les otorgará 60 días corridos desde la notificación para presentar documentación y actualizar sus datos personales.

No obstante, el universo alcanzado no comprende necesariamente a todas las personas que tuvieron una pensión suspendida. Previo a esto, la Secretaría realizó un análisis que distinguió entre quienes aportaron nueva documentación o están amparados por otros procesos judiciales y quienes deberán volver a acreditar su derecho por la vía administrativa.

Para estos últimos casos, la notificación individual será el punto de partida. Esto quiere decir que, desde ese momento, comenzará a correr el plazo de 60 días corridos para que puedan iniciar el trámite para acceder a la rehabilitación de la prestación.

En este marco, las personas alcanzadas podrán acompañar certificados médicos actualizados, renovar sus datos personales y sumar los antecedentes que consideren necesarios para demostrar que mantienen las condiciones que dieron origen a la pensión.

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De este modo, la presentación será incorporada al expediente administrativo de cada titular. Luego, las áreas técnicas evaluarán la información para determinar si corresponde rehabilitar el pago, de acuerdo con los requisitos vigentes.

La documentación podrá entregarse por cualquiera de estas vías:

• En oficinas de atención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
• En dependencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad que estén habilitadas para recibirla.
• A través del Formulario de Consultas del Ministerio de Salud, disponible en argentina.gob.ar/salud/consultas-al-ministerio-de-salud.
• Mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), en el trámite denominado “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”.
• Por correo electrónico, a citacion@senadis.gob.ar.

El envío de los documentos inicia el proceso de revisión, pero no garantiza por sí solo la reanudación del beneficio, ya que la decisión dependerá de la evaluación administrativa del caso.

Además del pedido de rehabilitación, las personas notificadas podrán presentar los recursos administrativos previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Los plazos serán de 20 o 30 días, según el recurso elegido.

Según explicaron las autoridades, la decisión de suspender la medida cautelar llegó después de una disputa judicial iniciada en Catamarca. En septiembre de 2025, el Juzgado Federal de Catamarca N° 2 había ordenado restablecer las pensiones suspendidas en esa provincia, pero un mes después, la cautelar se extendió a todo el país.

Frente a esto, la ex ANDIS presentó una apelación y, finalmente, la Cámara Federal de Tucumán revocó en febrero de 2026 la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda. A partir de esto, la Secretaría inició un análisis de los casos que podrían reunir las condiciones para acceder a la rehabilitación de la pensión.

Cabe destacar que la prestación está regulada por la Ley N° 13.478 y el Decreto 432/97. Asimismo, recordaron que está dirigida a personas sin recursos suficientes, que no están cubiertas por un régimen previsional y que se encuentran imposibilitadas de trabajar.

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El Gobierno busca evitar una nueva escalada diplomática con Brasil en medio del escándalo por la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La Casa Rosada descarta realizar nuevos pronunciamientos sobre el excandidato presidencial brasileño y mantiene como posición oficial que no existen registros de su ingreso a la Argentina. La decisión se produce después de que circularan versiones sobre una presunta salida del senador a través de Puerto Iguazú, pese a la prohibición judicial que le impedía abandonar su país.

En la primera línea del Ejecutivo aseguran que no está previsto que el Gobierno se pronuncie cuando Bolsonaro llegue a Estados Unidos. Buscan mantener una posición de reserva y evitar que el episodio genere nuevas fricciones con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba de conseguir la reelección en el balotaje del domingo.

La Dirección Nacional de Migraciones informó oficialmente que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a territorio argentino. El organismo difundió un comunicado después de que trascendiera la presencia de una aeronave privada en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, que tenía previsto realizar un vuelo hacia Estados Unidos durante la madrugada de este martes.

El organismo explicó que, ante la repercusión del caso, las autoridades iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación. Según el informe, la documentación de la compañía se encontraba en regla y no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

La aeronave involucrada es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por la empresa argentina Baires Fly, que salió el lunes por la noche desde Aeroparque y aterrizó cerca de la medianoche en Puerto Iguazú. El avión había sido contratado para trasladar a cuatro ciudadanos brasileños hacia Estados Unidos, pero el viaje fue cancelado antes de que los pasajeros abordaran. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el senador integrara ese grupo.

En las fuerzas federales argentinas también niegan haber participado de un operativo de colaboración con la Policía Federal brasileña para localizar al dirigente. Fuentes consultadas por TN en Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras áreas de seguridad aseguraron que no tenían registradas comunicaciones específicas relacionadas con su presunto ingreso al país.

“Nosotros no tenemos nada aún. No creo que cambie porque también se consultó a Migraciones, que son los que registran los ingresos”, explicó una fuente de las fuerzas federales. Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria también descartaron contactos propios con sus pares brasileños. Las respuestas corresponden a las áreas consultadas y no permiten descartar que otras dependencias hayan recibido requerimientos de información.

El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa “Los Más Buscados”, una estructura que reunirá información oficial y aplicará criterios de análisis para ordenar la búsqueda de personas prófugas o evadidas de la Justicia según su nivel de peligrosidad. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1089/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El programa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que depende de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Su objetivo será consolidar una base de datos y definir prioridades operativas para las fuerzas federales encargadas de localizar a personas con pedidos de captura.

La nueva herramienta será alimentada de manera permanente con información del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Programa Nacional de Recompensas y otras bases oficiales. Además, el Ministerio de Justicia fue invitado a aportar los registros disponibles sobre antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.

Según la norma, el sistema deberá clasificar los casos a partir de criterios técnicos y variables objetivas. Entre ellas figuran la gravedad de los delitos imputados o por los que existan condenas, las penas previstas o aplicadas, los antecedentes de reincidencia y el eventual vínculo con organizaciones criminales.

De acuerdo con lo que fija el anexo de la normativa, el sistema automatizará la clasificación de prófugos y evadidos según su nivel de peligrosidad. También prevé que la Mesa de Evaluación defina, valide y actualice los parámetros objetivos para ese cálculo. La resolución no publica la fórmula específica ni el peso que tendrá cada variable, ni identifica a las personas que integrarán inicialmente la nómina de mayor prioridad.

El Ministerio sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de contar con mecanismos de localización e identificación más coordinados frente al crimen organizado y al número de personas que se encuentran fuera del alcance de la Justicia.

La Resolución 1089/2026 también dispone la creación de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que funcionará dentro del nuevo programa. La mesa tendrá como función analizar los casos y contribuir a la definición de prioridades. De ese modo, la información reunida por las distintas dependencias y fuerzas deberá convertirse en decisiones sobre los objetivos de búsqueda y recaptura.

El espacio estará integrado por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.

También participarán áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La medida habilita, además, la convocatoria de representantes del Poder Judicial de la Nación, de los ministerios públicos y de otros organismos competentes, en calidad de colaboradores.

El responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema será el titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad. La resolución le asigna también el fortalecimiento de las políticas de protección de datos y de gestión de la información, un punto vinculado a la centralización de registros personales y judiciales en una misma herramienta.

En sus considerandos, el Ministerio menciona modelos implementados en Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y México. Entre los antecedentes citados aparecen el Crime Severity Score británico, las listas de fugitivos buscados por el FBI y el U.S. Marshals Service, las notificaciones rojas de Interpol y los listados de personas buscadas elaborados por fuerzas de seguridad de países latinoamericanos.

La medida también reconoce antecedentes locales. Entre ellos, el Programa Nacional de Recompensas, regulado por disposiciones de 2012 y 2022, y la lista de “Los más buscados” que el Ministerio de Justicia puso en marcha en 2016. La nueva resolución plantea que esos instrumentos requieren mayor articulación y una metodología de priorización sistematizada.

La implementación dependerá ahora de la provisión regular de datos por parte del SIFCOP, el Programa Nacional de Recompensas y los organismos que adhieran al esquema. La Subsecretaría de Investigación Criminal será la encargada de establecer los criterios bajo los cuales esa información ingresará al sistema y se utilizará para clasificar los casos.

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