POLITICA
El gobierno porteño pidió un jury para destituir a la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó el pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis, que declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa por tentativa de robo y sobreseyó a un adolescente de 14 años.
La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura porteño por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, luego de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anticipara que impulsaría el jury contra la magistrada.
Según el escrito, al que accedió TN, el Ejecutivo porteño denunció a De Marinis por la posible configuración de las causales de “mal desempeño en el ejercicio de la función” y, en forma concurrente, “desconocimiento inexcusable del derecho”.
Además, Tapia pidió que el Consejo investigue los hechos, produzca las medidas de prueba que considere necesarias y analice si existieron otros apartamientos similares por parte de la magistrada. Si se verifican las irregularidades denunciadas, solicitó que se formule la correspondiente acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución porteña.
Los argumentos del Gobierno porteño contra el fallo de De Marinis
La denuncia sostiene que la presentación no busca revisar simplemente una decisión judicial desfavorable ni cuestionar la facultad de los jueces para ejercer el control de constitucionalidad. El planteo del Gobierno porteño es que, en este caso, existiría una acumulación de irregularidades que excedería una diferencia de interpretación jurídica.
Entre los principales cuestionamientos, el escrito afirma que De Marinis no examinó de manera integral la Ley 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil, antes de considerar inaplicable la edad mínima de 14 años. Según la presentación, la magistrada habría omitido analizar herramientas previstas por la propia norma para adaptar la respuesta judicial a las circunstancias particulares de cada adolescente.
El Gobierno porteño también cuestionó que la jueza haya condicionado la aplicación de la ley a factores vinculados con la gravedad del delito, la trayectoria del adolescente y sus circunstancias personales y familiares, pese a que -según la denuncia- esos elementos no modifican la regla general establecida por el Congreso sobre la edad de imputabilidad.
POLITICA
Dejan firme el procesamiento de Ricardo Nissen por impulsar acciones legales contra la empresa de Joe Lewis en Lago Escondido
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen por su embestida judicial contra la empresa de Joe Lewis en Lago Escondido.
La decisión fue tomada por mayoría por la Sala I del tribunal, que rechazó el recurso del extitular de la IGJ, procesado por abuso de autoridad.
Nissen fue titular de la IGJ durante el gobierno de Alberto Fernández y fue procesado como autor del delito de abuso de autoridad por las acciones que impulsó desde ese organismo contra Hidden Lake SA, la sociedad del magnate británico Joe Lewis, dueña de las tierras que rodean el Lago Escondido, en Río Negro.
El fallo fue firmado por los camaristas Daniel Petrone y Javier Carbajo, que rechazaron, con costas, el recurso de la defensa. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia y se pronunció por apartar a dos jueces de la Cámara Federal del caso.
Con el voto de la mayoría quedó firme en Casación la resolución del 16 de abril pasado, cuando la Sala II de la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó el sobreseimiento de Nissen, lo procesó directamente y encomendó al juzgado de primera instancia fijar las medidas cautelares.
Según la imputación, Nissen y el subinspector Manuel Cuiñas Rodríguez abusaron de su autoridad al promover actuaciones que tenían por objeto perjudicar a Hidden Lake “por razones ajenas a sus funciones”.
El 18 de abril de 2022, Nissen firmó la Resolución Particular 393, con la que ordenó pedir la nulidad de la sociedad y la intervención judicial de su administración.
La IGJ reclamó además la liquidación de su patrimonio, que incluye los terrenos que encierran el Lago Escondido, y planteó que esos bienes podían incorporarse al patrimonio estatal para el fomento de la educación común.
Argumentó incumplimientos de la empresa respecto de sentencias firmes sobre el acceso al lago y los incidentes de febrero de 2022 en Río Negro.
El pedido fue rechazado por el Juzgado Comercial N° 16 y la Sala A de la Cámara Comercial lo confirmó el 14 de junio de 2022.
Pero el 1 de febrero de 2023, Nissen y Cuiñas Rodríguez volvieron a la carga con un pedido de intervención cautelar urgente y el desplazamiento total del directorio.
Como hecho nuevo, invocaron el viaje que en octubre de 2022 hicieron jueces, funcionarios y ejecutivos del Grupo Clarín “a la estancia de Joe Lewis”, algo que, según la IGJ, no se correspondía con el objeto agropecuario de la sociedad.
El juzgado desestimó ese segundo pedido porque no había una resolución administrativa que lo habilitara. Nissen la dictó el 23 de febrero de 2023 (Resolución 112), pero la Cámara Comercial volvió a rechazar la intervención el 4 de abril de ese año.
La defensa de Nissen sostuvo que actuó dentro de las facultades legales de la IGJ y que una eventual equivocación en su valoración correspondía al control administrativo o comercial, no al derecho penal.
Argumentó Nissen que no se probó el dolo directo que exige el artículo 248 del Código Penal ni se identificó qué interés personal o espurio lo habría guiado.
Objetó que Irurzun se apoyara en un fallo del Superior Tribunal de Río Negro de agosto de 2023, posterior a ambas resoluciones.
También pidió la nulidad porque la Cámara lo procesó directamente, sin pasar por el juez de instrucción, lo que a su juicio violaba la garantía de la doble instancia.
Petrone admitió el recurso y concluyó que los agravios solo expresaban “una valoración diversa” de la prueba, sin demostrar arbitrariedad ni contradicciones lógicas.
Recordó además que el procesamiento es “solo un juicio de probabilidad”. Sobre el procesamiento dictado por la Cámara, sostuvo que ninguna norma se lo impedía y que la intervención de la Cámara de Casación preservaba la doble instancia. Su colega Javier Carbajo adhirió.
Slokar, en cambio, propuso anular el procesamiento, apartar a Irurzun y Farah del expediente y devolver el caso al juzgado de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento, pero quedó en minoría.
La defensa hizo reserva del caso federal, por lo que podrá intentar llegar a la Corte Suprema.
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Tomaron la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y permanecerá así hasta la marcha del 15 de octubre
La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encuentra tomada y permanecerá de esa manera hasta el jueves 15 de octubre, cuando su comunidad educativa se movilizará hacia la zona de Tribunales en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue acompañada por clases públicas y otras actividades que renovaron las críticas al Gobierno nacional por la demora en poner en vigencia la normativa.
La ocupación comenzó luego de una jornada de clases abiertas en la sede de Puan, donde estudiantes y docentes debatieron el escenario universitario y las medidas para los días previos a la movilización. Estudiantes de la facultad confirmaron a Infobae que la permanencia se extenderá hasta la marcha del jueves.
La convocatoria prevé que la columna parta desde la puerta de la facultad al mediodía, aunque el horario definitivo todavía no fue resuelto. La iniciativa reunirá a integrantes de la comunidad educativa, mientras otras unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires definirán sus propios planes de lucha en asambleas convocadas para este martes y miércoles.
El miércoles habrá un paro de trabajadores no docentes, una medida que los estudiantes dijeron que respetarán durante la toma. La protesta en Filosofía y Letras forma parte de una semana de actividades en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con reclamos vinculados al financiamiento de las universidades, la emergencia en discapacidad, la Ley de Tierras y el rechazo al DNU 70/23.
El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, Luca Bonfante, difundió un cronograma de acciones estudiantiles que incluye clases públicas desde las 14:00, un corte en Puan y Rivadavia a las 18:30 y el inicio de la ocupación de la facultad en ese mismo horario. También fueron anunciadas clases abiertas y cortes frente a la Facultad de Derecho.
La agenda del miércoles contempla un semaforazo en la Facultad de Ingeniería junto con trabajadores de esa casa de estudios, desde las 17:00. A la misma hora se prevé un corte en Plaza Houssay, en la intersección de Córdoba y Junín, y una asamblea en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
La jornada continuará a las 18:00 con un corte en Callao y Corrientes junto a profesorados y una asamblea en la Facultad de Psicología. En la Facultad de Ciencias Sociales fue anunciada una asamblea seguida de una vigilia desde las 19:00, mientras que para el jueves las organizaciones convocaron a concentrarse frente al Congreso desde las 12:00.
Bonfante cuestionó la respuesta de las autoridades frente a los conflictos abiertos y planteó la necesidad de unificar las protestas. “La estrategia de las autoridades y las burocracias que nos llevó a este momento no va más. La universidad no puede cortarse sola. Hay que unir todas las luchas y pelear por una Huelga General”, afirmó.
La ley universitaria y el conflicto con el Gobierno
La protesta se desarrolla después de una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, identificada como ley 27.795, fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y busca garantizar recursos para la educación superior.
El presidente Javier Milei había vetado la iniciativa, pero ambas cámaras rechazaron esa decisión con la mayoría de dos tercios prevista por la Constitución. Al promulgarla, el Ejecutivo condicionó su ejecución a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento, una cláusula que en los hechos impedía su puesta en marcha.
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional esa condición incluida en el decreto 759/2025. El magistrado entendió que el mecanismo funcionaba como un veto encubierto y anuló la disposición.
Días antes de la actual toma, estudiantes universitarios realizaron una sentada en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Participaron jóvenes de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín, quienes exigieron el cumplimiento de la ley y un aumento de la Beca Progresar.
La movilización universitaria del 15 de octubre coincidirá con un paro nacional de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado. El sindicato concentrará desde las 13:30 frente al Congreso, donde bloques opositores solicitaron una sesión especial para tratar el DNU 70/23.
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La frase que un inversor le dijo a Quirno sobre la Argentina durante un desayuno en Singapur
El canciller Pablo Quirno reveló la frase que le dijo un inversor durante un desayuno en Singapur, país del sudeste asiático al que viajó en busca nuevas oportunidades de negocio y comercio para la Argentina.
“Tuve un desayuno en Singapur el viernes pasado con un grupo de inversores, todos de la economía real, y uno terminó diciendo: ‘El mundo depende de que a la Argentina le vaya bien’. Es difícil entender el interés en la Argentina, que excede la coyuntura del día a día, contó Quirno en el programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia.
En ese sentido, el canciller destacó el peso que ganó la Argentina en el escenario internacional y vinculó ese posicionamiento con el rumbo económico del Gobierno. “No nos sorprendamos. El peso que hoy está teniendo la Argentina en la discusión global… Estamos defendiendo un modelo de libertad económica, de individualidad y de protección de la propiedad privada que no está sucediendo en el mundo como ocurre en la Argentina”, sostuvo.
Y completó: “La Argentina es el único país del G20 que tiene superávit fiscal y energético. Eso es producto de la convicción del presidente Milei. Seguimos aprobando proyectos vinculados al RIGI, que son inversiones y se traduce en el interés de los grupos económicos por la Argentina”.
La visita oficial a Singapur, que culminó este martes, incluyó reuniones con el ministro de Energía, Comercio e Industria, Tan See Leng; la ministra a cargo de las Relaciones Comerciales, Grace Fu; y el vicepresidente sénior de DayOne Data Centers, Jimmy Yu. Quirno también mantuvo un encuentro con su par, Vivian Balakrishnan, y concluyó la agenda junto al primer ministro singapurense, Lawrence Wong.
La visita del Papa, Malvinas y Luis Caputo
En otro tramo de la entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se refirió a la visita de León XIV a la Argentina, en duda luego de que el Santo Padre fuera sometido a una intervención para extirparle un nódulo pulmonar. La operación fue realizada con éxito el martes en el hospital Gemelli.
“Seguimos con mucha atención lo que sucede con la salud del Papa. Estamos pendientes de las buenas noticias que parecen estar viniendo luego de la intervención a la que fue sometido”, dijo Quirno.
Respecto a una posible postergación del encuentro, dispuesto a ocurrir por el momento entre el 8 y 11 de noviembre, pidió cautela: “Siempre hay que esperar. La prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa. Son decisiones que tomará el Vaticano según la recuperación. La información que nos viene del Vaticano, dada nuestra relación, es que la intención del Papa antes de esta intervención era realizar una visita tan esperada por los argentinos. Nosotros estamos a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”.
En torno a la causa Malvinas, Quirno profundizó respecto de una presentación que nuestro país hizo el martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para frenar la explotación de hidrocarburos.
“Lo que hemos hecho hoy es un paso adicional que ya había sido anticipado, en lo que es una estrategia diseñada con el Presidente. Hace dos semanas, anunciado por la Oficina del Presidente, acudimos a la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar) para iniciar un procedimiento arbitral entre el Reino Unido y la Argentina por la decisión de explotar nuestros recursos petroleros en Malvinas”, precisó.
Y resumió: “Como ese proceso arbitral tiene un tiempo de hacerse efectivo, nosotros fuimos al Tribunal del Mar a solicitar una medida cautelar que suspenda las actividades del proyecto Sea Lion hasta tanto se constituya el tribunal arbitral. Vamos por dos canales para defender de la mejor manera nuestros intereses”.
Noticia en desarrollo.
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