POLITICA
El Gobierno prepara cambios en el financiamiento universitario mientras busca los votos para el Presupuesto 2027

El Gobierno prepara la incorporación de cambios a la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto 2027 y confía en contar con los votos para sancionar el proyecto. En el Ejecutivo todavía trabajan sobre la fórmula que propondrán para 2027 y la forma de encauzar el remanente del conflicto judicial por la Ley 27.795. También evalúan sumar modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La Casa Rosada descarta postergar el tratamiento del Presupuesto, que comenzará una vez que el Poder Ejecutivo remita el proyecto a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre. La Ley de Administración Financiera establece que el texto debe ingresar antes de esa fecha y en Nación aseguran que la intención es iniciar inmediatamente después la negociación con los bloques.
El cronograma obliga al oficialismo a acelerar durante las próximas semanas buena parte de la agenda que todavía tiene pendiente en el Congreso. En Balcarce 50, mencionan Zonas Frías, Hojarasca, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reforma de la Ley General de Sociedades, entre otras iniciativas.
En el Ejecutivo aseguran que el Presupuesto no quedará supeditado a que toda esa agenda haya sido sancionada previamente. El objetivo es avanzar todo lo posible antes del 15 de septiembre y después concentrar una parte importante de la negociación política en la ley de gastos y recursos. En despachos oficiales se muestran más confiados que a fines de 2025 sobre la posibilidad de reunir una mayoría para aprobarlo.
Uno de los puntos más sensibles será el financiamiento universitario. En Nación anticipan nuevas tensiones con los gremios, los rectores y sectores estudiantiles, pero sostienen que es un frente que pretenden “resolver”. El conflicto volvió a escalar durante agosto con paros y protestas por el cumplimiento de la Ley 27.795 y tiene además una instancia judicial abierta.
La disputa comenzó después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y el Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, que condicionó su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes. El Consejo Interuniversitario Nacional inició entonces un amparo contra esa decisión.
La intervención de la Corte Suprema se produjo sobre la medida cautelar que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados principalmente con la actualización de salarios docentes y no docentes y con programas destinados a estudiantes. El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Estado porque la cautelar no constituye una sentencia definitiva. De ese modo, no resolvió el fondo del amparo y devolvió el expediente para que continúe su trámite en las instancias inferiores.
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Para el Gobierno, hay un elemento nuevo respecto del momento en que se dictó originalmente esa cautelar: el acuerdo que Nación, el CIN y los gremios firmaron el 10 de junio. El entendimiento dispuso una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
En despachos oficiales entienden que ese acuerdo absorbió una parte importante de la discusión que había dado origen a la cautelar, aunque permanecen diferencias por la recomposición pendiente de 2024 y aspectos del financiamiento estudiantil. La estrategia ahora apunta a continuar esa negociación y utilizar el Presupuesto 2027 para establecer las partidas y las reglas del próximo ejercicio, con la expectativa de que un entendimiento más amplio permita también desactivar progresivamente el frente judicial.
Los porcentajes y la fórmula que propondrá el Ejecutivo para 2027 todavía no están definidos. La intención es negociar durante las próximas semanas el nuevo esquema y vincularlo con la discusión por lo que resta del período anterior. En Nación sostienen que la prioridad es evitar que el próximo ejercicio vuelva a comenzar con una disputa sobre la ejecución de las partidas universitarias.

Discapacidad aparece como un segundo capítulo bajo evaluación, pero con menor grado de definición. La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año, y fue reglamentada en febrero después de una sentencia judicial que ordenó su aplicación. La norma incluye pensiones no contributivas, prestaciones y medidas para los prestadores, por lo que cualquier modificación deberá contemplar además un régimen que ya se encuentra en ejecución.
El antecedente que pesa sobre ambas discusiones es la votación del Presupuesto 2026 en diciembre pasado. El oficialismo intentó entonces modificar el esquema de universidades y discapacidad dentro de la ley presupuestaria, pero no consiguió sostener ese tramo durante la votación en particular. En el propio Gobierno atribuyeron después el resultado a una combinación de exceso de confianza y falta de negociación previa.
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En Balcarce 50 creen que las condiciones políticas serán diferentes esta vez, aunque reconocen que la sanción dependerá de cerrar previamente acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas. La estrategia oficial pasa por llegar a septiembre con una base de respaldos más estable y evitar una negociación artículo por artículo improvisada durante la sesión.
El conflicto universitario quedó además atravesado por las diferencias internas entre Santiago Caputo y los Menem. En ambos espacios existen reproches cruzados sobre la conducción de las negociaciones, el manejo de los votos y la forma en que se administró el frente judicial y político durante los últimos meses. En la mesa política buscan ahora evitar que esas disputas vuelvan a interferir en una negociación que consideran sensible para la aprobación del Presupuesto.
El Ejecutivo busca acelerar las reformas pendientes hasta mediados de septiembre, abrir inmediatamente después el debate presupuestario y utilizar esa negociación para modificar el financiamiento universitario de 2027. En Nación confían en alcanzar un acuerdo que permita sancionar el Presupuesto y bajar la conflictividad con las universidades, mientras mantienen bajo análisis qué cambios introducirán en Discapacidad y qué concesiones necesitarán realizar para sostener la mayoría en el Congreso.
Gobierno, universidades, Presupuesto 2027
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La apuesta del Gobierno post París: capitalizar el acercamiento con los gobernadores y avanzar con la reforma electoral

“El viaje aceleró un montón las conversaciones y hay anunciencia de una buena parte de gobernadores de cerrar acuerdos, pero hasta que no veamos las manos levantadas no cantamos victoria”, expresó a Infobae con cautela una fuente oficial en relación con el trabajo que llevan adelante los representantes del Poder Ejecutivo para conseguir los votos para avanzar con la reforma electoral.
Ya en el país, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, prometió dar inicio a una serie de reuniones individuales con los gobernadores para intentar capitalizar el marcado acercamiento alcanzado en París. Este lunes, iniciarán los primeros contactos para empezar a concretar los intercambios de los que también participarán el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“Hoy pareciera retomar color y encaminarse a estar cerca de definiciones concretas. Falta que el PRO dirima sus internas entre Mauricio y Jorge (Macri) y alguna provincia más para empezar a avanzar a paso firme”, sostuvo ante este medio un integrante de la mesa política.
Las advertencias de cautela llegan luego de una semana de señales positivas en el marco de la Argentina Week, en la que la plana mayor del oficialismo se mostró junto a 13 gobernadores aliados, un escenario que parece haber incrementado las expectativas en la Casa Rosada. Los libertarios apuestan a sancionar la reforma electoral, que contempla en particular la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), pero también avanzar con el Presupuesto 2027.

Los que permanecieron en el país y recibieron las edulcoradas señales de París aseguran que el principal desafío del Gobierno será transformar esa sintonía inicial en acuerdos concretos que le den garantías a los mandatarios provinciales para acompañar las iniciativas legislativas que allanarían el terreno rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. “Tenemos que demostrar que no fue una foto y que hay un acuerdo real. También se tiene que demostrar en el Congreso con votos”, expresó un alfil violeta.
La discusión sobre los detalles de la ambiciosa reforma ocupará buena parte del tiempo del ministro coordinador. A su vuelta de Francia, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, uno de los integrantes de la delegación federal que viajó, respaldó el articulado, pero pidió aplicarlo recién en 2031. Otros gobernadores piden que el oficialismo mantenga las colectoras que les permitan preservar su “identidad” ante un eventual escenario de polarización.
En los últimos días, generó debate interno el ofrecimiento del Ejecutivo a los gobernadores de evitar presentar candidatos competitivos en las elecciones provinciales, a cambio de su respaldo a la eliminación de las PASO. “¿Qué chances hay de que te desdoblen todo, resuelvan sus distritos y chau? Cuanto más ‘tarde’ la elección nacional, más cerca estás de que te pase eso», se preguntó un legislador ante este medio.
Pese al clima de optimismo, todavía no hay detalles de los próximos pasos sobre el tema. El bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cámara por la que ingresó el proyecto, no definió fecha ni recibió ninguna directiva de la Casa Rosada. Hasta el momento, ni el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ni la senadora Patricia Bullrich hablaron del tema con Santilli.

En paralelo, el Poder Ejecutivo deberá intensificar los trabajos para obturar el intento opositor de rechazo al DNU 70/2023, que contenía la derogación de la Ley de Tierras, en medio de las negociaciones abiertas con los gobernadores socios.
Este lunes, el presidente Javier Milei, que se mostró agradecido con los aliados durante su paso por Francia, encabezará una nueva reunión de Gabinete a las 10 en Casa Rosada. Además del repaso de los resultados de los comicios presidenciales de Brasil, se espera que el Gobierno ordene la hoja de ruta legislativa y que el Presidente transmita los principales avances en la materia. Lo propio hará el martes la mesa política, que deberá empezar a fijar los plazos para las sesiones de los proyectos pendientes.
Octubre es un mes clave para el Gobierno. No solo deberá empezar a trazar las primeras definiciones electorales en función del objetivo de la reelección de Milei, sino que además deberá redoblar sus esfuerzos para sancionar las normativas giradas antes de que la contienda electoral se traslade a las sesiones.
Ante este escenario, el Gobierno trabajará durante las próximas semanas para transformar los primeros entendimientos con los gobernadores en apoyo concreto en el Congreso y avanzar en la construcción de acuerdos rumbo a los comicios de 2027. La reforma electoral será una de las primeras pruebas para medir hasta dónde llegó la sintonía de París y cuánto de esa foto puede traducirse en votos cuando llegue el momento de tratar la iniciativa.
Luis Caputo,Gobernadores
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Tras el fallo de la Corte, Milei tendrá una reunión clave con los gobernadores para blindar apoyo en el Congreso

A pesar de que la plana mayor del Poder Ejecutivo se encuentra en Francia buscando inversiones, el presidente Javier Milei y su comitiva se pusieron al frente de las negociaciones parlamentarias y de la defensa de su gestión desde París, con el objetivo mixto de llevar calma al círculo rojo y tratar de conseguir los apoyos en el Congreso para aprobar los proyectos presentados por el oficialismo y frenar los envistes de la oposición.
En tan solo 48 horas, el mandatario nacional se habrá hecho un espacio en su intensa agenda de actividades en Europa para reunirse con los gobernadores que lo acompañan en el viaje y hablar por zoom en el Coloquio de Idea que se está desarrollando en Mar del Plata y al que asisten cientos de empresarios.
Al debate por el Presupuesto 2027, con las partidas por discapacidad en el centro, y la reforma política, que tiene como principal punto de conflicto la eliminación de las PASO, se le sumó en las últimas horas los intentos de algunos bloques para rechazar definitivamente el DNU 70/2023 luego del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
El puntapié inicial lo dio el miércoles por la noche el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuando encabezó una cena de bienvenida con los representantes provinciales en la embajada argentina de la capital francesa.

Allí estuvieron Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan, y Raúl Jalil, de Catamarca. También la Vice de Córdoba, Myrian Prunotto.
Aunque la convocatoria formalmente era para conversar sobre las inversiones, gran parte de la velada estuvo dedicada, en realidad, a las cuestiones políticas y las medidas que se están debatiendo en el Senado y la Cámara de Diputados.
“Apuraron los acuerdos que ya se venían gestando, Santilli fue a la comida especialmente para eso”, reveló a Infobae una persona al tanto de lo que sucedió esa noche.
Ni la presencia del ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, que fue a discutir los diferentes planes de comercio bilateral que están en carpeta, impidió que “El Colo” aprovechara el momento para tratar de conseguir apoyo legislativo.
“Hablamos de las inversiones, pero la verdad es que también tocamos mucho las cuestiones del Congreso”, reconoció a este medio uno de los gobernadores que asistió a la cena.
Durante las cerca de dos horas que duró la comida, el jefe de Gabinete hizo mención al fallo que desestimó una demanda y habilitó la venta sin límites de tierras a extranjeros, pero no hubo un pedido explícito las provincias para que respalden el DNU 70, aunque algunos de los presentes aseguraron a ”se los veía muy acongojados“ a los funcionarios nacionales por este asunto.

“Fue algo inesperado, el tema ya se había descartado en Diputados y ahora la Corte lo vuelve a levantar, es inentendible”, cuestionó un dirigente que escuchó las palabras de Santilli, quien no les explicó qué fue lo que sucedió.
Al lado del “Colo” estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. A pesar de que también forma parte de la comitiva, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, no participó del encuentro en la embajada.
En su entorno rechazan los cuestionamientos de una parte del Ejecutivo hacia el Máximo Tribunal por la resolución que volvió a poner el foco en el Decreto presidencial que fue rechazado en el Senado, pero quedó trabado en la Cámara baja.
“Es algo que queríamos, ahora lo tenemos que defender. Nadie se está quejando, nos obliga a trabajar y a ordenar las cosas, además es el rol de la Corte. Es preferible que ocurra ahora y no en un año electoral”, argumentan.
La resolución reactivó un debate que el oficialismo había intentado dejar atrás después de retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para conseguir la media sanción.
El fallo no resolvió la discusión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, pero le dio a la oposición un argumento para intentar voltear nuevamente el mega DNU que Milei firmó al comienzo de su gestión y que fue el primer intento del oficialismo de modificar esa norma.

El documento, que incluye varias reformas y flexibilizaciones, ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, aunque en aquel momento los bloques opositores no lograron reunir una mayoría para que la Cámara baja completara su derogación.
Ahora, Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas analizan convocar a una sesión para el 7 o el 14 de octubre. Si consiguen la mayoría simple necesaria en Diputados, el DNU 70 quedaría sin efecto, con impacto sobre buena parte de la política de desregulación que el Gobierno aplicó desde el comienzo de la gestión.
El decreto modificó o derogó normas vinculadas con alquileres, comercio, salud, mercado financiero, transporte, servicios, industria y venta de tierras, entre otros sectores.
En la Casa Rosada advierten que un rechazo completo de ese texto puede generar problemas administrativos y abrir discusiones judiciales sobre las medidas que se tomaron durante todo este tiempo con esa norma vigente.
Por eso, el oficialismo comenzó a estudiar una alternativa para separar el debate sobre las tierras del resto del DNU. La idea es volver a incluir una regulación sobre la adquisición de terrenos rurales por extranjeros dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados.
El objetivo sería ofrecerles una salida a los bloques dialoguistas y a los gobernadores que cuestionan la liberación total de la compra de campos, sin que tengan que acompañar el rechazo del decreto completo.
Otra posibilidad que se analizó es incorporar un capítulo similar en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que comenzó a discutirse esta semana en comisión, aunque en este caso la iniciativa está más vinculada al reclamo por las Islas Malvinas y es por eso que no es la preferencia para el Ejecutivo, que no quiere empañar ese discurso.

La cuestión no es menor para los gobernadores que acompañaron al Presidente en Francia. Al menos la mitad de ellos tiene diputados nacionales que responden directamente a sus decisiones, por lo que su posición puede resultar determinante tanto para el Presupuesto como para definir la suerte del DNU 70.
Mientras tanto, Milei también hizo un espacio en su agenda el miércoles para participar a distancia en el 62° Coloquio de IDEA, que se realiza en Mar del Plata, y dirigirse directamente a los empresarios.
“Lo que nosotros necesitamos hacer es seguir avanzando en las reformas estructurales en las cuales no vamos a cesar de ninguna manera.Si nosotros recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del 27 la velocidad que van a tener las reformas van a ser únicas e irrepetibles en el mundo. Si nosotros lográbamos un resultado similar al de octubre, pasaríamos a tener mayoría en diputados y estaríamos acerca de dos o tres senadores del quórum propio. Por lo tanto, la velocidad que van a adoptar las reformas en Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”, expresó.
Este jueves, antes de ver a su par de Francia, Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, el Presidente recibirá a los 13 gobernadores para tratar de cerrar él mismo los respaldos en el Congreso, en la previa de importantes debates.
La prioridad inmediata continúa siendo el Presupuesto 2027, que las autoridades nacionales esperan que se comience a discutir en las primeras semanas de octubre.
Tras la polémica por las partidas para discapacidad, el oficialismo presentó un proyecto paralelo que también generó repercusiones, especialmente en el área de Economía que maneja Caputo, pero calmó las protestas de los aliados.
Por otra parte, la cúpula libertaria también pretende avanzar en el corto plazo con la reforma política que establezca, como mínimo, la suspensión de las PASO en el 2027, aunque el objetivo máximo es la eliminación definitiva de esa instancia electoral.
En este marco, la aparición del DNU 70 en la agenda parlamentaria obligó al Gobierno a recalcular una estrategia que hasta hace pocos días estaba concentrada solamente en las mencionadas iniciativas.
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Lula ganó entre los brasileños que votaron en la Argentina, pero Flávio Bolsonaro quedó primero en Brasil y habrá balotaje

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la votación de los brasileños residentes en la Argentina en la primera vuelta presidencial de este domingo, con una ventaja amplia en Buenos Aires, la sede que concentra casi todo el padrón.
Según el Tribunal Superior Electoral, el líder del Partido de los Trabajadores obtuvo el 66% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, el 27%.
El resultado local fue en sentido inverso al escrutinio de Brasil, donde el senador superó por menos de dos puntos al mandatario y ambos van a un balotaje.
En el consolidado de las cinco sedes habilitadas en el país, Lula sumó 3738 votos y Bolsonaro 1718, de acuerdo con los datos del TSE. De los 13.004 electores habilitados concurrieron 5.927, una participación del 45,58%. La abstención fue del 54,42%: 7.077 personas no votaron.
De los sufragios emitidos, 5788 fueron válidos (97,65%), 81 en blanco (1,37%) y 58 nulos (0,98%). Quienes tienen domicilio electoral en el exterior votan solo presidente y vicepresidente, y esos votos se incorporan al total nacional.
Buenos Aires explicó el resultado. Había 11.748 habilitados y votaron 5.435, el 46,26% del padrón, en 15 mesas totalizadas. Lula sacó 3.507 votos, el 66,06% de los válidos. Bolsonaro quedó en 1.449, el 27,29%. Más atrás aparecieron Renan Santos, con 130 votos (2,45%), y el escritor Augusto Cury, con 118 (2,22%). El resto no superó el 1,5%.
En el interior el mapa fue menos uniforme. En Córdoba, con 918 habilitados y 376 votantes (40,96%), Lula ganó por 23 sufragios: 182 (49,59%) contra 159 de Bolsonaro (43,32%). Hubo 367 votos válidos, 5 en blanco y 4 nulos.
Mendoza invirtió el orden. De 235 habilitados votaron 116 (49,36%). Sobre 112 válidos, Bolsonaro sumó 55 (49,11%) y Lula 49 (43,75%). Paso de los Libres (41 habilitados) y Puerto Iguazú (62) no registraron votos computados.
En Brasil, con el 99,9% de las urnas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% y Lula el 45,16%. Ninguno llegó al 50% de los votos válidos que exige la legislación para consagrarse en primera vuelta, de modo que la definición quedó para el 25 de octubre.
En el país también se eligieron gobernadores, diputados y parte del Senado.
Lula Da Silva, Flavio Bolsonaro, Elecciones
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