POLITICA
El Gobierno prepara cambios en el financiamiento universitario mientras busca los votos para el Presupuesto 2027

El Gobierno prepara la incorporación de cambios a la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto 2027 y confía en contar con los votos para sancionar el proyecto. En el Ejecutivo todavía trabajan sobre la fórmula que propondrán para 2027 y la forma de encauzar el remanente del conflicto judicial por la Ley 27.795. También evalúan sumar modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La Casa Rosada descarta postergar el tratamiento del Presupuesto, que comenzará una vez que el Poder Ejecutivo remita el proyecto a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre. La Ley de Administración Financiera establece que el texto debe ingresar antes de esa fecha y en Nación aseguran que la intención es iniciar inmediatamente después la negociación con los bloques.
El cronograma obliga al oficialismo a acelerar durante las próximas semanas buena parte de la agenda que todavía tiene pendiente en el Congreso. En Balcarce 50, mencionan Zonas Frías, Hojarasca, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reforma de la Ley General de Sociedades, entre otras iniciativas.
En el Ejecutivo aseguran que el Presupuesto no quedará supeditado a que toda esa agenda haya sido sancionada previamente. El objetivo es avanzar todo lo posible antes del 15 de septiembre y después concentrar una parte importante de la negociación política en la ley de gastos y recursos. En despachos oficiales se muestran más confiados que a fines de 2025 sobre la posibilidad de reunir una mayoría para aprobarlo.
Uno de los puntos más sensibles será el financiamiento universitario. En Nación anticipan nuevas tensiones con los gremios, los rectores y sectores estudiantiles, pero sostienen que es un frente que pretenden “resolver”. El conflicto volvió a escalar durante agosto con paros y protestas por el cumplimiento de la Ley 27.795 y tiene además una instancia judicial abierta.
La disputa comenzó después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y el Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, que condicionó su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes. El Consejo Interuniversitario Nacional inició entonces un amparo contra esa decisión.
La intervención de la Corte Suprema se produjo sobre la medida cautelar que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados principalmente con la actualización de salarios docentes y no docentes y con programas destinados a estudiantes. El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Estado porque la cautelar no constituye una sentencia definitiva. De ese modo, no resolvió el fondo del amparo y devolvió el expediente para que continúe su trámite en las instancias inferiores.
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Para el Gobierno, hay un elemento nuevo respecto del momento en que se dictó originalmente esa cautelar: el acuerdo que Nación, el CIN y los gremios firmaron el 10 de junio. El entendimiento dispuso una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
En despachos oficiales entienden que ese acuerdo absorbió una parte importante de la discusión que había dado origen a la cautelar, aunque permanecen diferencias por la recomposición pendiente de 2024 y aspectos del financiamiento estudiantil. La estrategia ahora apunta a continuar esa negociación y utilizar el Presupuesto 2027 para establecer las partidas y las reglas del próximo ejercicio, con la expectativa de que un entendimiento más amplio permita también desactivar progresivamente el frente judicial.
Los porcentajes y la fórmula que propondrá el Ejecutivo para 2027 todavía no están definidos. La intención es negociar durante las próximas semanas el nuevo esquema y vincularlo con la discusión por lo que resta del período anterior. En Nación sostienen que la prioridad es evitar que el próximo ejercicio vuelva a comenzar con una disputa sobre la ejecución de las partidas universitarias.

Discapacidad aparece como un segundo capítulo bajo evaluación, pero con menor grado de definición. La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año, y fue reglamentada en febrero después de una sentencia judicial que ordenó su aplicación. La norma incluye pensiones no contributivas, prestaciones y medidas para los prestadores, por lo que cualquier modificación deberá contemplar además un régimen que ya se encuentra en ejecución.
El antecedente que pesa sobre ambas discusiones es la votación del Presupuesto 2026 en diciembre pasado. El oficialismo intentó entonces modificar el esquema de universidades y discapacidad dentro de la ley presupuestaria, pero no consiguió sostener ese tramo durante la votación en particular. En el propio Gobierno atribuyeron después el resultado a una combinación de exceso de confianza y falta de negociación previa.
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En Balcarce 50 creen que las condiciones políticas serán diferentes esta vez, aunque reconocen que la sanción dependerá de cerrar previamente acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas. La estrategia oficial pasa por llegar a septiembre con una base de respaldos más estable y evitar una negociación artículo por artículo improvisada durante la sesión.
El conflicto universitario quedó además atravesado por las diferencias internas entre Santiago Caputo y los Menem. En ambos espacios existen reproches cruzados sobre la conducción de las negociaciones, el manejo de los votos y la forma en que se administró el frente judicial y político durante los últimos meses. En la mesa política buscan ahora evitar que esas disputas vuelvan a interferir en una negociación que consideran sensible para la aprobación del Presupuesto.
El Ejecutivo busca acelerar las reformas pendientes hasta mediados de septiembre, abrir inmediatamente después el debate presupuestario y utilizar esa negociación para modificar el financiamiento universitario de 2027. En Nación confían en alcanzar un acuerdo que permita sancionar el Presupuesto y bajar la conflictividad con las universidades, mientras mantienen bajo análisis qué cambios introducirán en Discapacidad y qué concesiones necesitarán realizar para sostener la mayoría en el Congreso.
Gobierno, universidades, Presupuesto 2027
POLITICA
Reforma Política: el oficialismo anunció la eliminación de las colectoras y el debate pasó a un cuarto intermedio en el Senado

El Senado vive miércoles una jornada de alta tensión, con la posible suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como uno de los principales temas de debate. El oficialismo buscará reunir las firmas necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen y dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto.
La iniciativa requiere al menos 10 votos en comisión. Si el oficialismo consigue ese objetivo, el desafío pasará a una eventual sesión prevista para el jueves 26, donde el Gobierno necesitará 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara alta, tanto para la aprobación en general como para cada artículo.
Las negociaciones permanecen abiertas. Sectores dialoguistas reclaman cambios sobre aspectos de la reforma política, entre ellos la Boleta Única de Papel y Ficha Limpia. Esas diferencias pueden definir el resultado de una votación que La Libertad Avanza considera prioritaria para el calendario electoral de 2027.
Bullrich confirmó que el oficialismo quitó las colectoras del proyecto

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo retiró la habilitación de colectoras y adhesiones del proyecto de reforma política. “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”, afirmó.
La senadora también ratificó que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) serán suspendidas en 2027. “Las PASO se suspenden, no se eliminan”, aclaró, y anticipó que más adelante deberá discutirse un mecanismo definitivo para la selección de candidaturas.
Sobre ese punto, Bullrich sostuvo que, mientras no haya otra reforma, “los partidos políticos van a elegir sus candidatos de acuerdo a lo que dicen en sus cartas orgánicas”.
Además, confirmó que el texto mantendrá Ficha Limpia. “Gran logro, muy importante que de una vez por todas salga Ficha Limpia”, dijo. Según explicó, la norma regirá para futuras elecciones y alcanzará a quienes tengan una condena confirmada en dos instancias.
El oficialismo anunció la eliminación de las colectoras y el debate pasó a un cuarto intermedio en el Senado
El oficialismo anticipó que el nuevo dictamen de reforma política eliminará las colectoras. La suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) quedaría como la única medida de vigencia transitoria, según señalaron durante el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El senador peronista Fernando Salino cuestionó los cambios sobre el texto en discusión y reclamó que el proyecto que se firme en comisión sea el mismo que llegue al recinto. “No sabemos de qué estamos hablando”, afirmó, luego de señalar que las modificaciones se sucedieron durante la reunión.
Agustín Coto, presidente de la comisión, informó que los senadores recibirán una propuesta de dictamen cerca de las 14. Además, coincidió con Salino en que introducir reformas profundas durante una sesión constituye una “pésima técnica legislativa”.
La comisión pasó a un cuarto intermedio y retomará el debate a las 16:30 en el Salón Azul. Allí, los legisladores analizarán el nuevo texto y buscarán avanzar hacia un dictamen.
Mayans cuestionó el tratamiento y pidió escuchar a fuerzas políticas
El senador José Mayans objetó el tratamiento del proyecto de reforma electoral y advirtió que la iniciativa puede afectar a numerosos partidos políticos. También reclamó que la comisión reciba a las fuerzas que solicitaron exponer antes de avanzar con el dictamen.
El jefe del bloque peronista criticó el artículo 18, al que calificó como una “aberración jurídica”, por prever una modificación para una sola elección. Además, pidió explicaciones gráficas sobre el sistema de votación para que la ciudadanía conozca cómo se aplicarán los cambios.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, respondió que llegaron pedidos de participación, aunque señaló que fueron presentados cerca de la convocatoria y que no habrá una invitación formal. De todos modos, afirmó que la comisión permanece abierta al diálogo.
Coto propuso reanudar el debate a las 16 en el Salón Azul, debido a la disponibilidad de las salas del Senado. A esa hora, los legisladores analizarían el texto definitivo del proyecto.
Comenzó el debate por la suspensión de las PASO en el Senado
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó el tratamiento del proyecto que impulsa el oficialismo para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2027.
El objetivo del Gobierno es reunir al menos diez firmas para emitir dictamen y dejar la iniciativa en condiciones de ser debatida en el recinto. Para su aprobación, necesitará 37 votos, tanto en general como en la discusión de cada artículo.
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juan carlos cardenas / comunicacion senado.
POLITICA
Alineado con Trump, el Gobierno se abstuvo de votar en la ONU una resolución para combatir la violencia contra mujeres y niñas

El gobierno de Javier Milei volvió a alinearse hoy con las posturas de Donald Trump y a quedar del lado de una minoría en los debates de los organismos internacionales. En una votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina se abstuvo de votar una resolución contra la violencia que sufren mujeres y niñas, una propuesta encabezada por Francia y Países Bajos, que recogió una abrumadora mayoría de 175 votos a favor, solo uno en contra (Somalía) y seis abstenciones. Además de la Argentina, se abstuvieron Estados Unidos, la Rusia de Vladimir Putin, los gobiernos africanos de Camerún y Burkina Faso, y Bielorrusia, aliada de Putin.
“Intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas” era el objetivo de la resolución, en la que Argentina -alineada con Washington- se abstuvo.
El canciller Pablo Quirno dijo hoy: “Básicamente, hay que entender algo que es muy importante en todo este tipo de votaciones: una cosa es el titular de la resolución, y otra cosa son los detalles. Y como siempre dicen, el diablo está en los detalles. Nosotros estamos absolutamente en contra de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Lo que hay es en la letra fina de la resolución aspectos en los cuales no estaban alineados con lo que son nuestros pensamientos y por eso nos abstuvimos”.
Quirno afirmó esto en diálogo con distintos medios de prensa luego de su participación en el evento anual del estudio jurídico Marval. El canciller no especificó qué aspectos de la resolución motivaron la abstención.
“Una decisión que nos aleja del consenso internacional y de la tradición diplomática argentina en defensa de los derechos humanos”, afirmó el exministro de Educación y exsecretario de Malvinas, Daniel Filmus, una de las tantas voces opositoras que expresó su rechazo a la postura argentina. “El vergonzante voto de abstención no es de la Argentina, es del gobierno de Milei. Nuestro país registra creciente violencia contra las mujeres y esto no hace más que convalidar el desprecio de políticas retrógradas, de un presidente que todos los días da muestras de servilismo a su mandante Donald Trump. Mi repudio absoluto”, posteó la diputada nacional de ARI, Mónica Frade.
No se trata, por cierto, de la primera vez en la que el país queda en absoluta minoría en temas o resoluciones generales que, a priori, no deberían generar rechazo.
Meses atrás, y en la voz del mismo embajador en la ONU, Francisco Tropepi, la Argentina emitió un voto negativo en la misma Asamblea General de las Naciones Unidas a una iniciativa de Ghana y la Comunidad Africana, que por mayoría denominó “el crimen más grave contra la humanidad” a la esclavitud africana. La Argentina y sus aliados Estados Unidos e Israel fueron los únicos votos en contra de aquella votación, que fue apoyada por 123 países, con la abstención de 52 naciones, entre ellas los integrantes de la Unión Europea y Gran Bretaña.
“Estamos en contra de calificar a la esclavitud como el delito de lesa humanidad más grave de la historia. ¿Por qué un crimen está por encima de otro? La resolución tiene muchas subjetividades a las que no nos adherimos”, comentó entonces una alta fuente del Gobierno para justificar la postura argentina.
Luego de las recientes y sucesivas derrotas de sus aliados internacionales (Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, Trump en las de medio término en Estados Unidos, Benjamín Netanyahu en Israel), distintos expertos pidieron al Gobierno que revisara su política de alianzas. Para el sociólogo Gabriel Puricelli, “la política exterior argentina estuvo centrada, en estos tres años, en afinidades personales” y “las derrotas de los principales socios lo obliga [al Gobierno] a buscar una política más tradicional, y prescindir de los colores ideológicos, aunque dudo que lo haga”.
Puricelli, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, sostiene que el cambio es necesario ya que “no es posible estar más aislados que ahora”. El especialista advirtió que la inversión extranjera directa cayó como nunca en 2024 y 2025, y en organismos como Naciones Unidas la Argentina no acompañó “casi ningún voto mayoritario” en los últimos tres años. “Tenemos dos amigos (Estados Unidos e Israel), pero en el mundo hay 193 países. Es un buen momento para dejar de elegir el aislamiento”, concluyó, aunque la votación en la ONU pareciera indicar que el alineamiento con Estados Unidos continuará siendo rector de las posturas nacionales en los organismos internacionales.
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El Gobierno se abstuvo en una votación de la ONU para reforzar la lucha contra la violencia de género

El gobierno de Javier Milei se abstuvo de acompañar una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinada a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. La votación se realizó ayer en Nueva York y volvió a ubicar a la Argentina en la misma posición que Estados Unidos.
La iniciativa fue aprobada en la Tercera Comisión de la Asamblea General, encargada de asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos, con 175 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra, correspondiente a Somalia.
Además de la Argentina, se abstuvieron Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún. La delegación argentina no tomó la palabra durante la sesión para justificar su decisión.
Sin embargo, fuentes de la Cancillería explicaron a TN los motivos de la abstención y aseguraron que la posición del Gobierno no implica un rechazo a la lucha contra la violencia de género, sino un cuestionamiento al contenido del documento.
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