POLITICA
El Gobierno presentó una guía para evitar el mal uso de la inteligencia artificial en el Estado

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) publicó una nueva guía para el control de la inteligencia artificial (IA) en el sector público nacional, con el objetivo de establecer un marco de referencia que regule la incorporación de estas tecnologías en los organismos estatales. El documento, titulado “Guía de Controles Inteligencia Artificial – SIGEN”, fue oficializado mediante la Resolución SIGEN 197/2026 y propone un enfoque preventivo basado en riesgos, orientado a garantizar que las iniciativas de IA respondan a los objetivos institucionales y a los principios de integridad y transparencia.
Según informó la SIGEN, el desarrollo de esa herramienta partió de un relevamiento sobre el avance de la IA en distintas áreas de la administración estatal. Los resultados del análisis mostraron una diversidad de proyectos en marcha, pero también la necesidad de reforzar los mecanismos de control para reducir los riesgos asociados a la adopción de inteligencia artificial.

El documento destaca que la IA ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y la calidad de la gestión, aunque advierte sobre los desafíos que implica su implementación.
La guía establece que los controles internos deben alinearse con el cumplimiento normativo vigente y con una gestión pública responsable. De acuerdo con la Sindicatura, el marco propuesto busca fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de IA, promoviendo la adopción de controles proporcionales a los riesgos detectados en cada etapa de la vida útil de esos sistemas.
En diálogo con Infobae, Alejandro Díaz, titular del organismo, explicó las dos modalidades principales de uso de la IA en el Estado: “El uso individual de herramientas generativas por parte de agentes públicos, donde la IA actúa como apoyo sin integrarse a sistemas institucionales”, y “el uso de sistemas de inteligencia artificial incorporados a procesos, aplicaciones o decisiones organizacionales, lo que requiere un entrenamiento previo de los algoritmos”.

En el primer caso, explicó el auditor general “la mitigación de riesgos pasa por la existencia de políticas institucionales y capacitación para el personal”. En el segundo: “Se suman controles específicos para el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, desde el análisis de factibilidad hasta las pruebas previas a la puesta en producción”, sostuvo Díaz.
Los riesgos que se busca mitigar
La Guía de Controles para Inteligencia Artificial de la SIGEN dedica un apartado específico a la política institucional de uso de herramientas de IA en los organismos públicos. El documento establece que cada entidad debe contar con una política clara que regule el empleo de estas tecnologías por parte de sus agentes, tanto en el uso individual como en la integración a sistemas institucionales.
Entre los riesgos principales que se busca limitar se destacan:
- Divulgación no autorizada de información confidencial o sensible mediante herramientas de IA, especialmente cuando se utilizan plataformas de acceso público o servicios en la nube.
- Exposición y tratamiento inadecuado de datos personales o de ciudadanos, lo que podría generar incumplimientos a la normativa vigente sobre protección de datos.
- Dependencia tecnológica de proveedores externos, con el consiguiente riesgo para la soberanía y continuidad operativa de los servicios públicos.
- Ausencia de criterios claros para validar la calidad y veracidad de los resultados generados por sistemas de inteligencia artificial, lo que podría afectar la toma de decisiones institucionales.
- Desconocimiento de los riesgos asociados al uso cotidiano de IA, incluidas posibles vulnerabilidades, sesgos en los resultados y falta de trazabilidad de las acciones automatizadas.

La política propuesta por la SIGEN recomienda que las instituciones definan lineamientos sobre los tipos de herramientas de IA autorizadas, los ámbitos y condiciones de uso, los procedimientos de validación y monitoreo, y las responsabilidades de los agentes involucrados. Se sugiere, además, desarrollar programas de capacitación dirigidos a todo el personal para asegurar un uso responsable y alineado con los principios de integridad y transparencia en la gestión pública.
El enfoque preventivo busca que la implementación de inteligencia artificial en el sector público se realice bajo parámetros que resguarden los intereses institucionales, la seguridad de la información y los derechos de los ciudadanos, y que minimicen la exposición a riesgos operativos, legales y reputacionales.

Lineamientos principales de la guía
Según el documento oficial publicado por la SIGEN, los ejes principales de la guía incluyen:
- Establecimiento de un marco de referencia para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la inteligencia artificial en el sector público.
- Controles específicos para la gobernanza de datos utilizados en el entrenamiento y operación de sistemas de IA, con garantía de calidad, integridad y seguridad de la información.
- Exigencia de controles en todas las etapas del desarrollo e implementación de sistemas de IA, desde la definición de objetivos y el análisis de factibilidad hasta la puesta en marcha y operación.
- Revisiones periódicas para monitorear que los sistemas de IA no degraden su funcionamiento ni generen resultados imprevistos.
- Asignación clara de responsabilidades, roles y límites de acceso dentro de los equipos que gestionan e implementan soluciones de inteligencia artificial.
- Documentación exhaustiva sobre el diseño, desarrollo y funcionamiento de cada sistema de IA para facilitar la auditoría y la rendición de cuentas.
- Promoción de la transparencia hacia la ciudadanía sobre el uso de IA en la gestión pública y orientación a la protección de derechos.
Al cierre de la entrevista, Alejandro Díaz recordó: “La SIGEN ya ha informado a los responsables y, con la aprobación de la Guía, se espera encaminar y fortalecer oportunamente, los puntos sobre los que se observaron riesgos”.
Asia / Pacific
POLITICA
En medio de la tensión con Casa Rosada, Patricia Bullrich se expresó a favor de la ley de discapacidad

La senadora Patricia Bullrich volvió a sentar una postura clara respecto de un tema incómodo para el Gobierno Nacional, al expresarse a favor de avanzar en el Senado con la aprobación de la Ley de Discapacidad. La legisladora afirmó este jueves que la Cámara Alta está preparada para debatir el proyecto que busca reemplazar la prórroga de la emergencia por un marco permanente y su respaldo público llegó después de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo incluyera recortes y cambios en el sistema de pensiones que habían generado tensiones con aliados parlamentarios.
“Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, manifestó Bullrich, en un contexto en el que cada uno de sus movimientos son observados desde la Casa Rosada, en donde han dejado trascender malestar por las veces que la senadora se diferenció de las posiciones que fija el presidente Javier Milei.
La iniciativa podría ser tratada así en la sesión prevista para el jueves 19 de noviembre, luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados con un apoyo casi unánime. La Cámara alta ya cuenta con dictamen desde el 4 de noviembre, sin modificaciones respecto del texto aprobado por los diputados.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, escribió Bullrich en la red social X.
La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza sostuvo que la discusión legislativa permitió acercar posiciones entre sectores que inicialmente defendían propuestas diferentes. “Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, agregó.
El acuerdo alcanzado en el Congreso se produjo tras semanas de negociaciones entre el oficialismo, el PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales. El peronismo también acompañó la firma del dictamen que habilitó el tratamiento en el recinto.
La oposición más dura había promovido la extensión de la emergencia en discapacidad, cuyo vencimiento estaba previsto para fin de año. Finalmente, dejó de lado esa alternativa y apoyó una norma de orden público con efectos permanentes, luego de las conversaciones que continuaron hasta la sesión del 22 de octubre en Diputados.
La posición de Bullrich adquiere relevancia por el conflicto político que había generado el capítulo dedicado a discapacidad dentro del Presupuesto 2027. El proyecto remitido inicialmente por la Casa Rosada sorprendió a referentes legislativos del oficialismo y a sus socios, entre ellos la propia senadora y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El texto presupuestario contemplaba un cambio de criterio para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. En lugar del enfoque de derechos establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proponía aplicar una evaluación de “invalidez laboral” y fijar un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
También eliminaba al Certificado Único de Discapacidad como vía directa para solicitar la pensión y trasladaba al Poder Ejecutivo la definición de los requisitos. A la vez, establecía una incompatibilidad total entre ese ingreso y cualquier empleo formal, incluso si se trataba de una actividad registrada por pocas horas.
El régimen vigente permite compatibilizar la prestación con un empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. La iniciativa original del Gobierno también modificaba el sistema de prestaciones, ya que suprimía el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas y permitía que obras sociales, empresas de medicina prepaga y provincias fijaran sus propios valores.
Luego, el propio Gobierno confirmó que los artículos cuestionados sobre discapacidad serían eliminados del Presupuesto. La intención del oficialismo era reemplazarlos por una propuesta acordada con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, para incorporarla al dictamen de mayoría en comisión.
La nueva alternativa contemplaba elevar los requisitos de acceso a las pensiones, aunque mantenía la posibilidad de percibirlas de manera complementaria con un trabajo registrado. “Ya no bastará con tener el CUD para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron fuentes oficiales consultadas por el medio.
El entendimiento también incluía una actualización universal del nomenclador por inflación cada dos meses. Esa periodicidad difería de la prevista en la ley de emergencia, que establecía una actualización mensual.
Los bloques aliados reclamaban además precisiones sobre las compensaciones adeudadas a prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. El reclamo se vinculaba con el artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé pagos para cubrir diferencias que no fueron absorbidas por las actualizaciones posteriores.
La tensión interna se profundizó cuando Bullrich cuestionó que el tema no hubiera sido discutido con anticipación en la Mesa Política del Gobierno. La legisladora apuntó contra el área económica y pidió que las decisiones vinculadas con sectores sensibles fueran previamente consensuadas con los dirigentes involucrados en las negociaciones parlamentarias.
La discapacidad también fue uno de los asuntos mencionados por el papa León XIV durante su visita a la Argentina. Durante su estadía recorrió el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución de inspiración católica que brinda asistencia integral a personas con discapacidades.
South America / Central America,Civil Unrest,Buenos Aires
POLITICA
El fracaso de los tiempos parlamentarios y la disyuntiva que enfrenta el Gobierno para evitar nuevos errores

El Gobierno nacional se metió, sin ayuda de nadie, en una encrucijada cuyo final es incierto. Casi como si se hubiera propuesto tirar el año parlamentario a la basura, La Libertad Avanza llega a las últimas dos semanas del período ordinario con la ley que más le importa sin siquiera tener dictamen y un apuro que nunca es recomendable para negociar. En el medio -y en consecuencia- las internas afloran y los aliados miran desde afuera esperando a imponer sus condiciones pensando en el año electoral.
Ya es un hecho que la suspensión de las PASO no se aprobará antes del 28 de noviembre y la Casa Rosada se encamina a convocar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, aquí se abre la verdadera disyuntiva: si todavía no se aseguró los apoyos, ¿qué le garantiza que los tendrá dentro de 15 dias? ¿Se expondría el oficialismo a sesionar en diciembre sin un triunfo asegurado? Al tener la potestad de elegir el temario, ir a perder sería una decisión de mínima curiosa y de máxima poco estratégica.
“Es más fácil hacer que fracase algo y echarle la culpa a otro que ponerse a trabajar”, sentenció una fuente libertaria a Infobae para intentar explicar los últimos movimientos del Gobierno.
Para avanzar, el oficialismo deberá ajustar los apoyos para evitar nuevas derrotas sobre el final del año, lo que lo enfrentará a la necesidad de ordenar una cuenta pendiente: los acuerdos con los gobernadores aliados.
“No es un lujo convocar a extraordinarias. No era lo que queríamos, pero los tiempos se complicaron”, admitió una fuente legislativa, que descartó grandes sorpresas en el temario.
Luego de semanas de aletargamiento, el Poder Ejecutivo se dispuso a retomar la agenda legislativa y aceleró el tratamiento de la reforma electoral, que si bien algunos la presentan como una más en la lista de pendientes, la consideran necesaria para la reelección de Milei en 2027.

El propio titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló del tema, pidió tratarlo en los próximos 15 días y tensionó a Patricia Bullrich, a quien algunos acusan de no impulsar la iniciativa lo suficiente. A mitad de semana, el bloque libertario convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar por segunda vez la iniciativa el próximo martes 17. Si obtiene dictamen, deberán esperar siete días para llevar el proyecto al recinto del Senado, donde, en un escenario ideal, podrían comenzar a tratarlo hacia fines de noviembre.
“Patricia no tiene nada que ver. Es Rosada la que maneja la negociación y ahí dicen tener los votos”, la escudó un integrante del bloque que conduce la ex PRO, expectante por el desenlace de los próximos días.
Un funcionario involucrado en las conversaciones con los aliados garantizó ante este medio haber recibido el aval de varios gobernadores. Incluso, en Balcarce 50 hablaban de hacer circular entre los integrantes del bloque libertario un listado con los apoyos comprometidos.
Desde la jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, involucrado en la negociación junto a los primos Menem, coincidieron en el optimismo. “Entre ordinarias y extraordinarias en diciembre, sale”, prometieron.
En Casa Rosada saben que extender las sesiones durante el verano los obliga a llegar con el respaldo necesario para sancionar las iniciativas. Con la ventaja de poder fijar el temario desde el Ejecutivo, el margen para un traspié en las extraordinarias se reduce a cero. “Tendríamos que llegar con una base considerable de apoyos, pero son cosas que se irán viendo a medida que se presenten”, admitieron en el oficialismo.
“Vamos a ir paso a paso. Esto es como pagar al contado. Que los gobernadores no nos extorsionen con las PASO cuando a ellos también les sirve eliminarlas. La postura es de acordar, pero también de respetar a los nuestros”, les facturaron a los aliados desde un despacho violeta.
Con Bullrich a cargo de su propio poroteo, el Gobierno contabiliza, hasta ahora, 38 acompañamientos que surgen de los 21 integrantes del bloque libertario, los 10 radicales -que, garantizan, acompañarán- y los tres representantes del PRO. A eso, le suman el respaldo de algunos legisladores que responden a mandatarios provinciales como Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).
La apuesta para las próximas semanas es abultar el margen para evitar una derrota que podría golpearlos en la previa al inicio del año electoral.
Asimismo, el temario de las extraordinarias no se limita a la eliminación de las PASO. También incluiría otras iniciativas y no descartan sumar nuevos proyectos durante diciembre, decreto mediante. Por estos días, la lista contempla al Presupuesto 2027, a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que esperan tratar el próximo 25 en Diputados, además del Súper RIGI y la Ley de Discapacidad, entre otras iniciativas.

“Extraordinarias es el último plazo antes de la agenda totalmente electoral. Convocarlas es extender un poco la chance de lograr las cosas que tengas pendientes. Si tenes la posibilidad de agregarte un mes lo haces sea para rendir un final, para la entrega de un laburo o para aprobar una ley”, justificó una fuente que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.
Casi contraria a la complejidad evidenciada durante el año legislativo, la ilusión por resolver en el último sprint del año sobrevuela en varios despachos libertarios. “Vamos a sacar todas las leyes”, prometió una fuente karinista que trabaja en la articulación legislativa. ¿Ahora sí?
El debate que se posterga, el bando que se impone y los escenarios
El ala política todavía tiene definiciones pendientes, pero detrás de esas postergaciones se esconde la imposición de uno de los bandos que dividen al círculo de poder. Pese a la insistencia de los Caputo y de Bullrich, los Menem lograron posponer las conversaciones con los mandatarios provinciales sobre eventuales acuerdos electorales.
“Cuando se acerque la fecha de las elecciones iremos cerrando. Todavía hay pocas provincias que definieron calendarios”, argumentaron cerca de los primos. “Algunos están cerrados. Lo haremos de manera escalonada”, coincidieron desde la coordinación de ministerios.

En paralelo, las diferencias también persisten en torno a las posibilidades de avanzar con la reforma electoral sin los acuerdos consolidados. Si bien entre los más escépticos empieza a ganar lugar la posibilidad de un desenlace favorable para la Casa Rosada, todavía ejercen presión. “Si sacamos dictamen la semana próxima es porque los votos están y los acuerdos están encaminados. No creo que seamos tan boludos”, planteó un funcionario.
Aún quedan quienes descreen de la posibilidad de aprobar la reforma y se inclinan por suspender las PASO el próximo año como alternativa más viable. “No la veo. Los gobernadores usan la reforma como moneda de cambio para las alianzas y nosotros la queremos, lo que no quiere decir es que hayamos encontrado el punto de negociación”, admitió un integrante de la mesa política.
“No sirve de nada convocar a extraordinarias sin los acuerdos, pero siempre es más fácil echarle la culpa a alguien más. A los gobernadores para no acordar, a Patricia (Bullrich) para que no sea vicepresidenta, a Caputo para sacarle ARCA o al que sea”, advirtió otra fuente con acceso al despacho presidencial.
Temporada de patos y una novela sin fin
A la par de las decisiones legislativas, el oficialismo adeuda el ordenamiento de una interna que multiplicó sus terminales y que escaló hasta el propio Milei, que suele mantenerse al margen de este tipo de tensiones.
“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, fue la frase que compartió el mandatario en una historia de Instagram y que, según aseguran en su entorno, estaba dirigida a la senadora. Días después, fiel a su estilo, le dio me gusta a un mensaje en X de un usuario que acusaba a los medios de comunicación y a los Menem de querer atentar contra la fórmula Milei-Bullrich, a la que considera capaz de ganar en primera vuelta en 2027.

Desde el entorno de los Menem le bajaron el precio al posteo y aseguraron que el mandatario no se percató de la mención. Otros integrantes del Gabinete responsabilizan a la tropa digital de Santiago Caputo por la difusión del tema para perjudicar a los primos.
Pese al reciente gesto, los últimos contrapuntos de Bullrich, que promete no guardarse nada, calaron profundo entre los Milei, que tragan la bronca y evitan tomar medidas por la necesidad de mantener a la legisladora dentro del espacio. A la postura se plegaron varios actores del ecosistema, incluso, los que, como el asesor presidencial, oficiaron de aliados alguna vez.
“Es la primera vez que todo el arco político defiende, sin fisuras, la candidatura de Javier Milei”, planteó un alfil violeta, que identificó la foto de la exministra con su equipo como una amenaza.
En Casa Rosada hacen alarde de contar con el número necesario en el Congreso para sostener un veto presidencial. En ese contexto, leyeron el retrato bullrichista como un mensaje “mafioso”, en el que la senadora exhibió el control de su propia tropa. Si la ruptura se concretara, el blindaje parlamentario podría verse vulnerado.

No obstante, los libertarios necesitan de la legisladora para los objetivos que se vienen, por lo que evitarán tomar definiciones, al menos, hasta el fin de la actividad legislativa. “No sobra nada. Es una aliada clave y hoy no nos podemos permitir romper. Pasada la reforma, habrá otro tipo de conversaciones”, prometieron desde el entorno del mandatario, que aplaza desde hace semanas un eventual accionar.
Tras la publicación de la foto en sus oficinas, Bullrich cruzó algunas palabras con Karina Milei durante la coordinación de la visita de León XIV y habría aprovechado ese intercambio para justificar la reunión con su equipo. “Entendió. Recogió el guante y bajó el nivel de conflictividad”, le destacan desde el entorno de la menor de los Milei.
Con el calendario como principal condicionante y las definiciones en suspenso, el Gobierno encara semanas decisivas para ordenar un esquema de poder que acumula tensiones. “La culpa, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos”, le adjudicó Shakespeare a Casio en Julio César.
En Casa Rosada parecen haber tomado nota. La apuesta es llegar a diciembre con las reformas encaminadas y las diferencias contenidas. Sin embargo, la dificultad no parece estar solamente en sumar los votos: el verdadero desafío empieza por conseguir hacia adentro los consensos que buscan hacia afuera.
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POLITICA
Suspensión de las PASO: la necesidad urgente del Gobierno, presiones a Bullrich y el viaje clave de Santilli

Comienza una semana definitoria para la agenda legislativa del Gobierno, en la que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá el martes para retomar el debate sobre la reforma electoral, luego de dos meses en los que el expediente quedó trabado por la falta de acuerdo con los bloques aliados.
Ya sin mucho margen para eliminarlas por completo, la Casa Rosada busca avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, para lo cual necesita reunir al menos 37 votos que todavía no tiene garantizados y que dependen, en buena parte, de las provincias.
La convocatoria para reanudar la discusión se hizo en medio de las presiones de la Casa Rosada sobre Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que en las últimas semanas planteó diferencias con la actual administración nacional en temas económicos, legislativos y políticos.
La relación de la cúpula libertaria con la ex ministra de Seguridad se tensó aún más después de que sectores del oficialismo cuestionaran sus gestos de autonomía y sus posicionamientos de cara al año que viene.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordó en una entrevista radial que el avance de la reforma está supeditado a que se destrabe en el Senado, donde Bullrich conduce la bancada libertaria: “Al final dependés de personas que terminen levantando la mano por la afirmativa”, afirmó.

Según pudo saber Infobae, en la cúpula de La Libertad Avanza aspiran a conseguir la media sanción en el Senado dentro de 15 días, para que la Cámara de Diputados termine el tratamiento durante diciembre, en la primera etapa de las sesiones extraordinarias.
El objetivo es evitar que la iniciativa se apruebe recién en enero porque ya sería en el 2027 y la Cámara Nacional Electoral pidió que cualquier modificación a las reglas de votación se apruebe con la mayor antelación posible.
La reunión de la comisión tomó por sorpresa a parte del entorno de Bullrich, que no tenía previsto que el debate se reactivara esta semana. La senadora sostiene que todavía no están garantizadas las voluntades necesarias, mientras que desde la Casa Rosada aseguran que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, logró incorporar adeptos en las conversaciones con los gobernadores aliados.
El cálculo más optimista del Gobierno parte de los 21 senadores de La Libertad Avanza y suma a los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR), los tres del PRO y por lo menos cuatro legisladores vinculados con gobernadores provinciales. De esa manera, la Casa Rosada llega a 38 votos potenciales, apenas uno por encima del mínimo requerido.
Entre los apoyos que el oficialismo considera accesibles figuran Edith Terenzi, de Despierta Chubut, vinculada al mandatario Ignacio Torres; Julieta Corroza, de La Neuquinidad, cercana a Rolando Figueroa, y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, que llegaron al Senado por el espacio relacionado con Claudio Vidal.
También aparecen en las conversaciones Guillermo Andrada, de Catamarca, que responde a Raúl Jalil; Alejandra Vigo, de Córdoba, vinculada al gobernador Martín Llaryora, y Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes, aliado de Juan Pablo Valdés.

Dentro de la UCR, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, de Corrientes, son referenciados en Valdés; Eduardo Galaretto, de Santa Fe, en Maximiliano Pullaro, y Silvana Schneider, de Chaco, en Leandro Zdero.
El PRO tampoco confirmó una posición común. Martín Goerling Lara, de Misiones; Andrea Cristina, de Chubut, y María Victoria Huala, de La Pampa, sostienen objeciones sobre el proyecto y defienden la continuidad de las PASO, aunque podrían discutir una alternativa si la negociación incorpora otros puntos, como Ficha Limpia y reclamos vinculados con los presupuestos provinciales.
En ese escenario, el resultado dependerá de los gobernadores, ya que varios de los senadores que todavía no definieron su postura responden directamente a alguno de ellos, que se tomaron el fin de semana para estudiar la situación, en plenas negociaciones con la Casa Rosada por diferentes asuntos.
“No tengo una posición tomada todavía. Se está manejando con las provincias porque es una decisión más general que no puedo tomar solo”, explicó un legislador.
En este sentido, el dirigente remarcó que, si bien en varios espacios hay pensamientos diferentes sobre las PASO, “quizás es más fácil” llegar a la votación con una misma idea “para los partidos que gobiernan provincias”, como es su caso.
En los últimos días, los mandatarios radicales mantuvieron contactos para evaluar una posición común frente a la reforma electoral. “Es muy probable que todos acuerden tomar una definición unificada en torno a esta cuestión, están en esas charlas precisamente en estos momentos”, sostuvo a este medio una persona que tiene diálogo permanente con uno de los mandatarios provinciales de la UCR.
Santilli intentó aprovechar la Argentina Week, realizada en Francia meses atrás junto a Javier Milei y un grupo de gobernadores, para cerrar un entendimiento sobre las PASO, pero las conversaciones no alcanzaron para despejar las diferencias.
Tras ese viaje, Bullrich resumió el estado de las tratativas: “Parecía que después de París estaba todo resuelto y no fue tan así. Todos van como midiendo la situación”, precisó.
La principal resistencia provino, justamente, de los mandatarios radicales, que condicionaron su respaldo a garantías electorales de cara a 2027 y a acuerdos sobre reclamos provinciales.
En este marco, “El Colo” podría recibir a gobernadores en la Casa Rosada durante los próximos días para continuar las negociaciones, aunque todavía no está confirmado el cronograma de visitas.
El jueves 19, sin embargo, ya tiene en agenda un viaje a Mendoza para participar de la Cumbre de Minería Sostenible, donde tendrá como anfitrión a Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que todavía no dio garantías de acompañar la reforma.
La relación entre ambos está atravesada por una tensión electoral. La Casa Rosada respalda la candidatura para el año que viene en ese territorio de Luis Petri, mientras que el actual mandatario pretende que su sucesor sea uno de sus ministros.
Durante la cumbre, Santilli también se cruzará con Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta, y Marcelo Orrego, de San Juan. Los cinco gobernadores integran junto a Cornejo la Mesa del Cobre y participarán de actividades en el Hotel Hilton de Guaymallén.
Antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Casa Rosada evalúan convocar el martes a la Mesa Política, que no se reúne desde hace casi un mes por los viajes presidenciales, la agenda legislativa y la visita del papa León XIV.
Si el encuentro no vuelve a postergarse, será la primera oportunidad para que Bullrich se reencuentre con el resto de la cúpula libertaria después de sus sucesivos gestos de distanciamiento.
Diego Santilli,Gobernadores
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