El Gobierno planea una profunda reforma de la justicia federal y nacional que, en uno de sus capítulos más ambiciosos, incluye cambios en la ley del Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de elegir y remover a los jueces. Entre las modificaciones en carpeta aparece la idea de sacar a la Corte Suprema de Justicia del Consejo de la Magistratura, además de reducir la cantidad de representantes de todos los estamentos de jueces, abogados, académicos y políticos.

Así lo dijeron a altas fuentes del Gobierno que señalaron que el plan es más amplio y ambicioso, pues contempla reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py 2002 y pasar de 13 a 9 a los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país por debajo de la Corte Suprema de Justicia.

Para avanzar en la reforma, en el Ministerio de Justicia evalúan una compensación para los gobernadores, de manera de sumar sus votos en el Congreso. Esto exige la desaparición de los cargos de camaristas que están vacantes en la justicia laboral, y en la justicia criminal, incluida la Cámara Nacional de Casación.

La desaparición de todos estos cargos, ya sea de Casación o de los tribunales nacionales, implicará que se ahorre una masa importante de dinero del presupuesto judicial que se traspasaría al control de las provincias a cambio de su apoyo para estas reformas, según admitieron fuentes del Gobierno.

De todas formas, los gobernadores quieren más: no se conforman con estos fondos derivados de lo que se ahorre por los cargos de camaristas y pretenden que se les reconozcan los fondos que se ahorrará con el traspaso de toda la justicia nacional a la Ciudad.

Si se considera que el presupuesto de la Justicia nacional ordinaria con asiento en Buenos Aires se lleva 633.120 millones de pesos, que es aproximadamente el 29,6% del presupuesto total del Poder Judicial de la Nación, se entiende lo apetecible del botín para las provincias.

Aun cuando se dé la transferencia a la Ciudad de la Justicia nacional, con presupuesto, quedarían fondos para las provincias, analizan en el Gobierno.

Este número es, obviamente, el corazón de la discusión post fallo Levinas: los $633.000 millones anuales son lo que está en juego en el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, y explican por qué la pelea por quién paga es igual de intensa que la lucha por quién se queda con la competencia.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, lo dijo en el plenario del Consejo: “El traspaso es cuestión de los poderes políticos, es decir, de que la decisión es de quién pone el dinero”.

Todo este plan se activará cuando se presenten los proyectos de ley que se están trabajando todavía a nivel de asesores en el seno del Poder Ejecutivo.

Las implicancias políticas de estos cambios están a la vista: la Corte perdería la injerencia que tuvo hasta ahora en las decisiones administrativas, disciplinarias y de designación de jueces. Es decir, el presidente de la Corte dejará de levantar la mano y votar en cuestiones de dónde se gasta la plata, qué jueces merecen ser removidos o castigados y cuáles son los candidatos a magistrados.

La reducción de la justicia nacional permitirá disminuir el número del estamento de jueces y se prevé reducir también el número del resto de consejeros de la política (diputados y senadores), la academia y la abogacía.

El Consejo de la Magistratura es un órgano político de designación y remoción de jueces creado por la reforma constitucional de 1994. Está integrado por jueces, abogados, diputados, senadores y académicos con un representante del Poder Ejecutivo.

En su ley original tenía 20 integrantes y era presidido por el presidente de la Corte. En el kirchnerismo, en 2006, se cambió la ley y se llevó a 13 integrantes, pero con un desbalance entre los estamentos, con mayor dominio de la política.

El Colegio de Abogados de la Ciudad planteó en una demanda en 2006 que esa ley era inconstitucional. Quince años más tarde, el 16 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 5° de la ley 26.080 de 2006.

La Corte sostuvo que esa ley había roto el “equilibrio” entre los estamentos que exige el artículo 114 de la Constitución, sobredimensionando el peso del sector político.

Como remedio, la Corte no anuló todo lo actuado por el Consejo durante los 15 años de vigencia de la ley 26.080, sino que ordenó volver a la integración de 20 miembros, con las reformas de la ley 24.939 (la versión previa a 2006): más jueces, más abogados y más representantes del ámbito académico y científico, en relación con los representantes políticos.

Le dio al Congreso un plazo de 120 días corridos para sancionar una nueva ley que respetara ese equilibrio constitucional. Vencido el plazo sin que el Congreso legislara, dispuso que regiría automáticamente la composición de 20 miembros de la ley anterior.

También estableció que, hasta tanto se completara esa nueva integración, el presidente de la Corte Suprema, entonces Carlos Rosenkrantz, presidiría el Consejo de la Magistratura, algo que no ocurría desde la reforma de 2006 y que generó fuerte controversia política.

Ahora es el Gobierno el que cumple el mandato de la Corte buscando cambiar la integración del Consejo de la Magistratura, pero con el mandato constitucional de respetar el equilibrio entre los estamentos.

En paralelo, ya circula otro proyecto de ley para cambiar la integración de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal debajo de la Corte. Hoy tiene cuatro vacantes y se acaba de renovar por cinco años más la gestión de Carlos Mahiques, el camarista hijo del ministro de Justicia.

La propuesta de quedar con nueve integrantes se comentó en la reunión que mantuvieron los jueces de Casación con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando los visitó el 23 de marzo pasado.

Allí estuvieron el presidente Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Aquel día no estuvo Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal. Del lado del Poder Ejecutivo estaban Mahiques, ministro de Justicia, y el viceministro, Santiago Viola.

Con el nuevo proyecto de ley se quedarían estos 9 camaristas y no se completarían las vacantes, que ya están concursadas. En las ternas finalistas de este concurso están Gabriela López Iñiguez, la primera postulante, jueza de un tribunal oral federal; el juez José Michilini y el fiscal Leonel Gómez Barbella.

Los jueces de la Cámara Federal de Casación que integrarían el tribunal recortado son: Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Carlos Alberto Mahiques, Ángela Ledesma (al menos hasta fin de año, ya que cumple 75 años), Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar y Daniel Petrone.

Con la nueva integración se acabarían las subrogancias, donde todos o casi todos intervienen en causas de todas las salas, con lo que disminuyen sus márgenes de decisión más allá de su tribunal.

La otra parte de las reformas se relaciona con los juzgados federales de Comodoro Py 2002. Son 12 desde que Carlos Menem reformó la justicia federal para ascender a los que lo investigaban y nombrar nuevos jueces.

Hoy de los 12 juzgados hay cuatro vacantes. El concurso más avanzado es el que busca cubrir el juzgado federal 12, vacante desde 2019. Era de Sergio Torres, que dejó el cargo para ser nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, propuesto por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

La idea del gobierno es avanzar solo con este concurso, donde Diego Arce, secretario del juez Ariel Lijo, está en primer lugar en el orden de mérito.

El juez federal Daniel Rafecas, del juzgado federal 3, sigue con la intención de dejar su cargo para ir a la Cámara Nacional de Casación Penal y “concluir su carrera como camarista” tras 20 años como juez de instrucción.

En este plan, si avanza el concurso de Rafecas, el Gobierno podría ocupar el juzgado 12 y dejar vacante el 3 y prescindir de cuatro juzgados federales de primera instancia.

Los jueces federales que quedarían son María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini y quien ocupe el juzgado 12.

Estos cambios se suman a las modificaciones realizadas en la Cámara Federal con la salida de Martín Irurzun y la designación de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi.

Estos dos últimos esperan el 12 de agosto tener su audiencia en el Senado, que el cuerpo les dé acuerdo y estar ambos sentados en sus nuevas oficinas a fin de ese mes.

El primer paso es designar como subrogante a uno de ellos en la Sala II de la Cámara Federal, cuestión de que puedan opinar en todas las causas que caigan en el tribunal, clave para analizar los casos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios.

Hoy los camaristas son Mariano Llorens, Eduardo Farah, Roberto Boico, a los que se sumarían Yadarola, en lugar de Leopoldo Bruglia, y Bertuzzi, con nuevo acuerdo.

Y el escenario de la nueva justicia federal se completa con la cobertura de las vacantes de los tribunales orales federales de Comodoro Py 2002, a cargo de los juicios de corrupción. De los ocho tribunales orales Federales hoy hay siete sin un titular. A saber: en el tribunal oral federal 6 no hay jueces y en el 5 y en el 2 hay una vacante y dos vacantes en el 4.