Entre el lunes y el miércoles próximos, diez exsenadores bonaerenses deben declarar como testigos ante el fiscal de La Plata Juan Menucci, en la causa que se conoce como “Chocolates del Senado” o “Chocolate II”, iniciada como consecuencia de la investigación contra Julio “Chocolate” Rigau.

Las cámaras de seguridad de los cajeros del Banco Provincia revelaron, en 2024, que una pareja hacía lo mismo que el puntero peronista: extracciones compulsivas con tarjetas de débito ajenas. En este caso, los plásticos no pertenecían a la Cámara de Diputados bonaerense, sino a la de Senadores, y los recaudadores respondían al radicalismo.

Distintos videos incorporados a la “causa Chocolate 1” y documentos bancarios revelaron que el hombre canoso que se cruzaba de madrugada en los cajeros con Rigau era Hugo Muguerza —un militante radical de La Plata que formó parte del primer gobierno municipal de Julio Garro— y que la mujer que lo acompañaba era Josefina Ortellado.

Esta pareja operaba con al menos 39 tarjetas de empleados fantasma de la Cámara de Senadores bonaerense. Los titulares de esos plásticos eran militantes del radicalismo de la capital bonaerense, amigos y familiares de sangre y políticos. Estos “tarjeteros”, junto a los “chocolates” Muguerza y Ortellado, están imputados en la causa que conduce el fiscal Menucci.

Del lunes al miércoles de la próxima semana, diez exsenadores fueron citados a declarar como testigos. Se trata de exlegisladores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica con mandato cumplido que no renovaron sus cargos.

La lista incluye a Yamila Araceli Alonso (Juntos por el Cambio); Nidia Moirano (JxC); Erica Revilla (UCR); Agustín Maspoli (JxC); Elisa Carca (Coalición Cívica); Marcelo Daletto (JxC; actual director del Banco Provincia); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); Owen Fernández Farquharson (JxC); Lorena Mandagarán (JxC) y David Hirtz (UCR).

Los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de entre 48 y 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre para exigirle al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La medida de fuerza, resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), será parte de las acciones previas a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

Pero habrá una condición para que el cese de actividades no se lleve a cabo: si el Ejecutivo cumple, antes del martes 29, con el aumento del 33,4% contemplado en la norma. La última propuesta oficial fue una suba del 3%, que los gremios rechazaron durante la negociación paritaria.

La medida fue definida en un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que buscará coordinarla con CONADU Histórica, y estará acompañada por acciones para visibilizar el conflicto en los días previos a la movilización.

La disputa salarial y la intimación judicial

Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios adeudan una recomposición del 31,2%, mientras que el reclamo sindical se apoya en el porcentaje previsto por la Ley de Financiamiento Universitario. La norma ordena actualizar las remuneraciones de docentes y no docentes, además de los programas de becas estudiantiles.

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar que exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado concedió un plazo de cinco días y advirtió que podrá imponer multas por cada jornada de demora.

Cormick había dictado esa medida en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la avaló en marzo y la Corte Suprema dejó firme la decisión el 25 de junio.

Por su parte, la Casa Rosada anunció que apelará esa resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo sostiene que ya cumplió la cautelar y que presentó ante la Justicia la documentación para acreditarlo, aunque la apelación no modificará la cautelar original, que quedó firme.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025, pero Milei la vetó. El Parlamento insistió luego con la norma mediante los dos tercios requeridos en ambas cámaras: el Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año, con 58 votos a favor y siete en contra.

El Gobierno promulgó la ley, pero suspendió su aplicación al argumentar que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó a las universidades a presentar la demanda judicial que derivó en la cautelar vigente.

La Marcha Federal del 15 de octubre

La convocatoria sindical apunta a sostener el reclamo hasta la movilización prevista para el 15 de octubre. CONADU afirmó que la quinta Marcha Federal Universitaria deberá exponer la situación del sistema universitario, tanto por la falta de aplicación de la ley como por el proyecto de Presupuesto 2027.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó el plan de lucha con la necesidad de reforzar la acción colectiva. “El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’”, sostuvo.

Chevalier añadió: “Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”.

La organización también anticipó articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para reforzar el pedido de financiamiento y actualización salarial para las universidades nacionales.

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Javier Milei reivindicó su liderazgo dentro del espacio político de derecha y expresó su confianza en que el electorado respaldará en las elecciones presidenciales del año próximo. “Tengo mucha confianza en que los argentinos van a quedarse con la versión del cambio de primera mano, no de segunda o tercera marca”, afirmó durante una entrevista con Bloomberg, en Nueva York.

La definición llegó después de una semana en que se profundizó la interna dentro de La Libertad Avanza y, tras diferencia por los recortes en Discapacidad, Patricia Bullrich afirmó que el rumbo debe ser reelegido, una frase que generó tensión con el Presidente, que ya confirmó que irá por su segundo mandato.

“Cuando miran a todos mis posibles oponentes, todos tienen el pasado por delante: tienen entre 25 y 50 años en la política y son parte de la decadencia argentina”, afirmó. Luego llevó esa diferenciación al terreno de la oferta electoral: “Si ustedes pueden comprar un bien de primera calidad, ¿por qué van a comprar un sustituto de segunda o dudosa calidad al mismo precio? Nadie haría algo tan estúpido”.

Milei también desestimó los sondeos que muestran dificultades para el oficialismo. Recordó que antes de las elecciones de 2025 las encuestas anticipaban una derrota y menos del 30% de los votos. “Sin embargo, sacamos 41 y le sacamos 17 puntos de diferencia al kirchnerismo”, sostuvo.

“Lo primero que tendríamos que ver es que este cambio en la Argentina vino para quedarse”, señaló. Y aseguró que “el 70% de los argentinos no quieren volver al pasado”. En cuanto a las PASO, las definió como “un instrumento siniestro”, porque generan desgaste electoral, implican un costo para el Estado y trasladan a la sociedad una discusión que deberían resolver los partidos. “Los problemas de la política los tiene que resolver la política y no estar molestando a los ciudadanos y drenándole el bolsillo. Por eso son inmorales y hay que sacarlas”, afirmó.

La defensa del rumbo económico

El Presidente volvió a mostrar confianza en la marcha de la economía y aseguró que la actividad lleva “27 o 28 meses creciendo de manera consecutiva”.

“El primer año nos expandimos 6,7%; el segundo año hicimos un poco más de 4%. Es decir, en los primeros dos años nos expandimos 11%”, afirmó. Según su proyección, este año la economía crecerá “en torno al 3% o algo menos” y en 2027 tendría una expansión similar.

Según detalló Milei, durante su gestión la economía generó 520.000 puestos de trabajo que, “si se suma que se echó a 80.000 personas del sector público, la realidad es que la expansión es de 600.000 puestos de trabajo”.

Si bien el Presidente reconoció una caída del empleo formal y un crecimiento del informal, lo atribuyó a cuestiones ajenas a su gestión. “Frente a la sensación de que puede volver todo atrás, usted hace cosas de índole transitoria. Por eso se expande tanto el sector informal y no el sector formal”, explicó.

También afirmó que el salario real del sector privado registrado se encuentra “10% arriba” del nivel que tenía cuando asumió y que, medido en dólares, está en valores similares a los de 2016. Y garantizó que seguirá avanzando con el programa de reformas. “Levantaremos las regulaciones cuando creamos que es el momento de hacerlo”, aclaró.

En paralelo, defendió una mayor apertura comercial y confirmó que la Argentina avanzará en acuerdos “con el Transpacífico, EFTA, Estados Unidos y la Unión Europea”. “Abrir la economía es estimular la división del trabajo y generar rendimientos crecientes, lo cual se llama crecimiento económico”, afirmó.

Política internacional

Respecto de la política internacional, Milei volvió a expresar su admiración por Donald Trump y Benjamin Netanyahu y los calificó como “los dos grandes héroes de la humanidad en este momento”.

Sobre el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, ratificó que seguirá por los canales diplomáticos. “A esa población se la va a tratar con dignidad y justicia. No los vamos a echar a patadas como hizo el Reino Unido e impuso a otra población. Los vamos a tratar con respeto, pero somos los dueños de las islas por geografía, por derecho y por historia”, detalló. Y agregó: “No voy a discutir porque son nuestras, obvio”, sostuvo.

Javier Milei