La amenaza de sanciones del gobierno argentino a empresas que exploten recursos hidrocarburíferos y naturales en la zona de las Islas Malvinas puede producir cambios en las relaciones comerciales que mantienen los países del cono sur con las islas y desencadenar incluso un conflicto imprevisto con Chile.

El presidente de la Cámara de Comercio de las Islas, Mike Summers, le dijo esta semana al diario chileno La Prensa Austral: “Las líneas de suministro desde el norte de Europa son muy largas y costosas; para nosotros es mejor comerciar con nuestros vecinos amigables”.

Desde el 3 de septiembre, el gobierno argentino protagoniza una escalada diplomática con el británico por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Durante 44 años de enfrentamiento por la soberanía, la Argentina tuvo idas y vueltas respecto al trato que los países vecinos tuvieron y tienen con los isleños. El crecimiento de su población, sumado a la mayor inmigración producto de la expansión económica ligada a la pesca y a los soldados que habitan la base militar, hace que, sobre todo en la temporada de cruceros −que llevan entre 70.000 y 80.000 turistas por año−, las islas necesiten más bienes y servicios que en 1982, cuando apenas superaban los 2000 habitantes.

Hoy, el mapa social cambió; se necesitan más insumos para sostener su modo de vida. En el último censo de 2021, la población estable alcanzó los 3660 habitantes que, con la expansión por la guarnición militar de Mount Pleasant, más los turistas, pueden llegar a picos de 5500 personas en algunas semanas del año.

Lo que producen los isleños no alcanza. Existe una empresa local, la Stanley Growers Ltd, que cosecha tomates, pepinos, berenjenas, pimientos y algunas frutas que, por inclemencias del tiempo, se obtienen en invernaderos, pero que resultan insuficientes. “Todo lo que no se puede cultivar en las islas y necesitamos se importa desde Chile y Uruguay”, comentó a un comerciante local. Después de la guerra de 1982, los isleños se acercaron a los países vecinos en busca de alimentos y suministros.

Uruguay exporta bienes y servicios a las islas por un valor de 970.000 dólares anuales, según una medición de 2023. Pero, además, importa de las islas una parte de su producción de lana isleña de aproximadamente entre cuatro y seis millones de dólares. Chile es el proveedor más importante: le vende leche y derivados lácteos, arándanos, verduras, tubérculos. Todo sale del puerto de Punta Arenas, ubicado a unos mil kilómetros de Puerto Argentino. En cuanto a Brasil, le vende poco y nada a las islas: algo de café y frutos.

Uruguay analiza un cambio

Uruguay puede dar un giro en sus relaciones con las islas. Algo así se interpretó luego de las recientes declaraciones formuladas por el canciller Mario Lubetkin: “Cuando inició el proceso de prospección petrolera por parte de Reino Unido, cambió la lógica de todo el tema de las Malvinas. La disputa por su soberanía cambió de naturaleza con la exploración petrolera, porque una cosa es ‘la isla invadida’ y ‘la lucha contra el colonialismo’, y otra cuando de ahí se saca mucho dinero”.

Así, Uruguay mostró un cambio de perspectiva que abre dudas sobre la utilización del puerto de Montevideo, que abastece a las islas. El senador opositor Robert Silva, del Partido Colorado, dijo a que Uruguay mantiene una posición histórica de respaldo al reclamo de la República Argentina sobre las Islas Malvinas: “Es una posición de Estado, sostenida por sucesivos gobiernos, que promueve una solución pacífica mediante el diálogo y la negociación, las resoluciones de las Naciones Unidas”. Pero deslizó: “La existencia de intercambios comerciales con las islas no debe interpretarse como un cambio de esa posición histórica”.

Mientras tanto, están muy avanzadas las negociaciones con el Reino Unido para la venta de patrulleros oceánicos de primera generación. El Ministerio de Defensa uruguayo aspira a adquirir dos. Enviados de la Armada uruguaya ya visitaron Londres y el plan sería cerrar la compra para utilizar las naves en 2028, cuando la Marina Real los retire del servicio. Consultadas por , fuentes uruguayas señalaron que “aún no hay una decisión definitiva”.

Una reunión clave

La exportación chilena es acotada, pero el panorama cambió justo en un momento delicado: entre el 28 y 29 de septiembre se realizó un encuentro entre empresarios y emprendedores isleños en el Hotel Cabo de Hornos, en Punta Arenas, donde se celebraron 800 reuniones de negocios entre 53 empresas chilenas de la región de Magallanes y 28 corporaciones y delegados de las Islas Malvinas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, dijo eufórico que Punta Arenas sería un gran “home center” para los isleños, a los que les podrían vender hasta 20 millones de dólares por año en insumos de primera necesidad, en medio de su expansión económica apoyada en las posibilidades del desarrollo petrolero.

Además, Radonich confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island, con el objetivo de establecer un puente marítimo entre esa ciudad y Puerto Argentino, asunto que no cayó nada bien en la Argentina. Consultado, el gerente comercial de Easter Island Naviera, Luis Cisternas, ratificó que el primer viaje zarpará en los primeros días de diciembre, a través del Estrecho de Magallanes, a bordo del buque de carga Danstar.

Sobre la queja argentina, Cisternas dijo: “No tenemos que coordinar nada con las autoridades argentinas. Es un negocio entre privados”. Funcionarios de Magallanes afirmaron que la queja argentina es “una patudez”, un modismo chileno que se utiliza para señalar a quien abusa de la confianza de otro. “Nosotros tenemos derecho a comerciar con cualquier parte del mundo”, sentenciaron.

Vale destacar que este plan de negocios entre las Malvinas y Punta Arenas recibió el apoyo explícito del gobierno del presidente José Antonio Kast y de varios de sus ministros, como el de Defensa, Fernando Barros Tocornal, que calificó a Gran Bretaña como un “país amigo” que llevaba “200 años de soberanía en las islas” y pidió respetar la voluntad de los isleños, algo taxativamente negado en el reclamo soberano argentino.

Todo esto, a pesar de que el 3 de septiembre pasado Kast firmó con Milei un acuerdo de apoyo mutuo, que generó críticas de la oposición chilena por la ambigüedad de la política exterior del país trasandino. El diputado socialista Nelson Venegas, que aclaró a que se define como un “latinoamericanista, a diferencia del actual presidente de Chile”, pidió la renuncia del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, durante su interpelación en el Congreso.

Mackenna había dicho: “Nuestra relación con el Reino Unido siempre ha sido buena; no va a cambiar porque el tratado que Milei firmó con Kast no es vinculatorio. El conflicto de Argentina y el Reino Unido no afecta a Chile”. Venegas dijo que “la expansión comercial desde Punta Arenas no tiene problemas legales, porque existe un tratado vigente de libre circulación”.

Finalmente, criticó al gobierno de Milei: “Es un polo fundamental de la doctrina ‘Donroe’ en Latinoamérica. La soberanía de nuestros países no corre peligro por el Reino Unido, sino porque le están entregando la soberanía hemisférica a Trump, y de eso Kast y Milei son responsables. Además, Milei levanta el tema Malvinas solo con el propósito de influir en la contienda electoral de su país”.

El primer buque

En las últimas horas, según publicó el portal Noticias Bio Bio, la inteligencia chilena manejaba información sobre un posible “evento crítico” inminente, que podría ocurrir cuando zarpe el primer buque comercial desde Magallanes hacia las Islas Malvinas. Las mismas fuentes de inteligencia explican que la fecha del viaje se encuentra bajo reserva. “La decisión responde a que se busca evitar que Argentina tome una medida que pueda generar una tensión innecesaria con Chile”, publicó Noticias Bio Bio y agregó que, por esa misma razón, se desestimó que fuera escoltado por unidades militares nacionales.

“El encuentro empresarial de Punta Arenas solo será un éxito cuando la carga empiece a cruzar el mar”, dijo Mike Summers, representante del comercio isleño. Y agregó: “Si las empresas chilenas tuvieran reparos, lo dirán y lo rechazarán, pero hasta hoy es todo lo contrario. Para que la conexión marítima sea viable, hará falta un suministro adecuado de negocios en ambos sentidos”, concluyó.

Summers agregó, en alusión a las reuniones de Punta Arenas: “Nuestra experiencia ha sido que las empresas de Magallanes están muy ansiosas por comerciar con las Falkland, como lo hemos hecho durante varias décadas anteriormente, y simplemente nos gustaría restablecer esos vínculos amistosos”.

También este tema se está abordando en la política argentina. Impulsada por el diputado Nicolás Trotta, estos días circuló una carta con firmas de varios diputados y senadores del peronismo, dirigida a los presidentes de los países vecinos, donde solicitan que se abstengan de tener relaciones comerciales con las islas y que no presten sus puertos ni abran rutas marítimas con el continente para favorecer la explotación petrolera.

El rol de Brasil

Según los registros de exportación de los últimos años, Brasil solo le vendió a las Islas unos 200.000 dólares, principalmente en café y frutos. “Tenemos una amistad de más de 200 años con la Argentina, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, afirmó el encargado de negocios de Brasil en Argentina, Eduardo Uziel, quien priorizó “el apoyo diplomático histórico que tiene Brasil con la Argentina”. Enfatizó el término “miopía”, como mensaje al presidente Javier Milei por sus reiterados agravios e insultos contra Lula da Silva.

De todos modos, en medio de la campaña electoral para el balotaje, ni Lula ni Flávio Bolsonaro quieren comprarse un problema por Malvinas.

La Justicia ordenó medidas en el caso Sur Finanzas para investigar la capacidad económica de quienes operaron con la billetera virtual de Ariel Vallejo, que movió $818.000 millones. Sospechan de grandes maniobras de lavado de dinero, en las que habría participado un “ejército de soldaditos”, pero la investigación alcanza también a clubes como San Lorenzo y Racing; a la Municipalidad de Lomas de Zamora y a sociedades, entre ellas Rodepau y Gomont.

Todos ellos operaron con la billetera de Vallejo y forman parte del objeto de la nueva medida de prueba: los investigadores solicitaron información a la ARCA para conocer la capacidad económica de más de 306 personas (individuos y sociedades) que movieron dinero a través de Sur Finanzas. La Justicia revisa la situación financiera de cada uno, informaron fuentes al tanto de la investigación.

El largo listado está compuesto por 142 personas jurídicas y 164 personas físicas. Dentro de ese universo, hubo cuatro casos que desconocieron haber contraído préstamos con Sur Finanzas y 96 personas aparecen en la base e-Apoc del fisco, que contiene a emisores de facturas apócrifas.

Sobre la totalidad de estas personas y sociedades, el juez Tomás Rodríguez Ponte le solicitó a la ARCA que le indique si tenían “la solvencia económica acreditada ante ese organismo para operar los montos que fueran informados en los anexos de la denuncia”. Esto se debe a que la causa Sur Finanzas investiga los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva. En otras palabras, indaga si la plataforma del financista cercano a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue utilizada para “introducir en el sistema financiero fondos de origen ilícito y otorgarles apariencia de legalidad”.

El expediente nació con una presentación de la ARCA, realizada en noviembre del año pasado. En aquella oportunidad, los sabuesos de la DGI acuñaron la expresión “ejército de soldaditos”, en alusión a la presunta utilización de personas como fachada para movilizar millones.

Un informe al que tuvo acceso enumeraba casos como el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, en ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.

Ese es el núcleo de la denuncia de la ARCA: determinar si Sur Finanzas fue utilizado como vehículo para lavar dinero. Desde que estalló el caso, Vallejo se defendió y siempre negó tener un “ejército de soldaditos”. Lo que todavía se desconoce, casi once meses después del inicio del caso, es el origen de los cuestionados $818.000 millones sobre los que alertó el fisco.

Por ese motivo, el magistrado Rodríguez Ponte solicitó informes sobre las 306 personas. “El objetivo es saber si les cierra el blanco”, explicó una fuente al tanto de los movimientos de la causa. En la lista se encuentran Gomont y Rodepau. Esta última movió $6996 millones a través de Sur Finanzas PSP.

Estas dos sociedades, que declaran domicilio en Baez 240, ganaron notoriedad porque sus sílabas coinciden con las de jugadores de la selección (Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel). Sin embargo, ninguno de ellos se encuentra detrás de ellas.

En los registros oficiales de Rodepau aparecen dos hombres; uno de ellos denunció domicilio en un asentamiento ubicado en el partido de Berisso. El otro también está en los papeles de Gomont, junto a un joven de 28 años que está catalogado por el Banco Central (BCRA) como un “deudor irrecuperable”.

Lomas de Zamora

Dentro del pedido de informes de ARCA también se encuentra el municipio de Lomas de Zamora. Vallejo compartió en diciembre de 2024 una foto durante un evento de la Cámara de Comercio de Banfield en la que está junto al intendente Federico Otermín.

Ante la consulta de , fuentes del municipio de Lomas de Zamora señalaron que la municipalidad tenía una cuenta en la billetera virtual Sur Finanzas PSP, “así como también con otras billeteras virtuales como Mercado Pago y Cuenta DNI”. Agregaron que la usaban para que los vecinos pudieran pagar sus impuestos a través de esa vía, para “que sea una opción más” y que solamente se usó en 2024.

En cuanto a los clubes, el lunes pasado, el juez realizó operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de las instituciones que tenían vínculo con Sur Finanzas, para secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial. Tal como informó , San Lorenzo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas. Las transferencias millonarias se depositaban en una cuenta del Banco Industrial. A cambio, el club de Boedo emitía un pagaré a favor de la financiera de Vallejo, que cobró más de $100 millones en concepto de intereses.

“No confiables”

La lista de los investigados incluye a 96 que se encuentran en la base e-Apoc. Esto significa que emitieron al menos una factura apócrifa y, por ende, están registrados como “contribuyentes no confiables”.

De de esos 96, 44 son personas físicas. Catorce de ellas percibieron beneficios sociales provenientes de la Anses. Allí se enlistan planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Programa Hogar, los ingresos familiares de emergencia brindados durante la pandemia y refuerzos de ingresos, según muestra una base de datos con información comercial, bancaria y fiscal.

También se destacan otros casos particulares, como el de una jubilada de 92 años y otra persona que es beneficiaria del seguro de desempleo. Y se repiten casos de deudores en situación 4 o 5 del BCRA, que muestran distintos grados de morosidad con el sistema financiero.

En paralelo, la causa judicial incorporó al menos cuatro casos de personas que negaron haber realizado las operaciones a través de Sur Finanzas. Uno de esos casos es el de un hombre cuyas iniciales son M.A.C. “Desconoce un préstamo de 500.000.000 pesos que figura a su nombre en esa entidad”, dice la causa judicial en alusión a él. Algo similar ocurre con F.J.P, quien negó haber tramitado un crédito de $133,1 millones que figura a su nombre. “Acompaña chats donde reclamó por ese préstamo y pidió la baja de la cuenta”, se lee en el expediente.

La lista no termina ahí. S.L.F dijo que ya había dado de baja su cuenta cuando le imputaron un préstamo de $485 millones. Y otra persona, de iniciales R.B., sostuvo que nunca tuvo relación con Sur Finanzas, que jamás abrió cuenta ni autorizó a terceros a que lo hagan en la billetera virtual de Vallejo, y manifestó que le usaron sus datos.

También se detectan puntos en común dentro del universo de las 52 sociedades que aparecen en la base de facturas apócrifas de la ARCA y que también están bajo la mira de la Justicia. El nombre de cinco personas se repite en más de una de ellas, ya sea como autoridades o como exempleados.

¿Qué capacidad económica tienen? Uno de ellos es jubilado y otro, monotributista categoría A, la que más bajos ingresos declara. Ambos figuran en la central de deudores del BCRA en situación 5. Es decir, “deudor irrecuperable”.