Un supervisor de investigaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal 7 y aseguró que detectó coincidencias entre fechas y montos de extracciones de dinero en efectivo realizadas por empresas constructoras y los pagos de sobornos que el financista arrepentido Ernesto Clarens detalló en su confesión como arrepentido.

La audiencia de este miércoles tuvo como único testigo al contadir Mariano Barbieri, supervisor de investigación de la ex AFIP. La fiscal de juicio, Fabiana León, lo interrogó sobre los pedidos de informes cursados en 2019 a partir de la declaración de Clarens, en la que el financista había detallado movimientos dinerarios vinculados a presuntos pagos ilegales para acceder a obra pública durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.

Barbieri explicó que su equipo analizó documentación bancaria de alrededor de 10 empresas mencionadas por Clarens. Entre ellas figuran JCR SA, Luciano SA, Benito Roggio, Green, Vialco, Rovella Carranza, José Cartellone y Luis Losi.

En el caso de JCR SA, por ejemplo, se detectó que el apoderado Jorge Benolol realizó un retiro de un millón de pesos el 24 de octubre de 2013, coincidente en fecha, monto y empresa con lo relatado por el arrepentido. Ante la pregunta de la fiscalía sobre si coincidían fecha, monto y empresa, el testigo respondió afirmativamente y señaló que el mismo patrón se repitió en otras firmas.

El funcionario aclaró, sin embargo, que su informe se limitó a señalar las coincidencias y que no llegó a conclusiones determinantes sobre el destino final del dinero retirado por ventanilla.

“No llegamos a una conclusión determinante, sólo informamos coincidencias”, sostuvo. Ante preguntas de las defensas, admitió que esos fondos podrían haber tenido otros usos, como la compra de dólares, el pago de créditos o incluso gastos operativos de las obras.

Barbieri también explicó que el protocolo de trabajo se restringió a un período de 30 días previos a las fechas indicadas y que algunos bancos no respondieron a los requerimientos de información, algo que consideró habitual.

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Los jueces del tribunal también formularon consultas. Barbieri detalló que el grupo de trabajo dejaba asentado cualquier irregularidad observable, como la emisión correlativa de cheques por importes similares en un mismo día.

Tras finalizar su declaración, la fiscalía desistió de los otros dos testigos que había convocado para la jornada, por lo que la audiencia concluyó de manera anticipada.

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El presidente de Brasil, Lula da Silva, autorizó en las últimas horas el regreso del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires, aunque aún no fijó una fecha concreta para el retorno y calificó esta posición como un movimiento “a corto plazo”.

La decisión se tomó tras una reunión en Brasilia entre el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y el propio Bitelli, quien fue llamado a consultas el domingo pasado luego de que el presidente argentino Javier Milei calificara a Lula de “ladrón” y “presidiario” durante la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo.

En ese ese encuentro, el mandatario brasileño evaluó el impacto de la medida diplomática en Argentina y analizó las reacciones del gobierno de Milei en los días posteriores.

Según reveló el portal UOL, Lula se mostró conforme con las expresiones de apoyo y solidaridad que sectores de la sociedad civil y parlamentarios argentinos dirigieron hacia el gobierno brasileño tras la convocatoria del embajador a consultas. Según fuentes diplomáticas, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) ya dieron el visto bueno para que Bitelli vuelva a Buenos Aires, aunque el timing de la medida no está definido. “La decisión está, pero no se sabe cuando”, afirmaron.

La crisis diplomática se desató el sábado 26 de julio, cuando Milei participó como invitado estelar en la Convención Nacional del PL y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. Al día siguiente, el mandatario argentino volvió a cargar contra el gobierno brasileño al afirmar en Radio Mitre que Brasil era responsable “del 25 por ciento de la campaña antiargentina” desplegada en redes sociales durante el Mundial de fútbol en Estados Unidos. El canciller Vieira calificó los dichos de Milei de “provocación sin precedentes” y, además de convocar a Bitelli, citó al embajador argentino Daniel Raimondi a dar explicaciones.

La segunda reunión en Itamaraty tuvo un propósito diferente al del primer encuentro del domingo. El gobierno brasileño buscaba evaluar las reacciones registradas en Argentina tras la convocatoria del embajador y las acciones posteriores de Milei. La percepción en Brasilia fue que el llamado a consultas generó una fuerte ola de apoyo interno en Argentina, con muestras de solidaridad de parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil. Esa atmósfera inclinó la balanza hacia una resolución más rápida de la crisis.

Aun así, en los días previos a la reunión se especuló con la posibilidad de que Bitelli permaneciera en Brasil hasta después de las elecciones presidenciales de octubre. Las fuentes consultadas descartaron esa hipótesis. “La decisión depende del presidente Lula”, aclararon desde una oficina diplomática, en referencia a los tiempos del regreso. Con la autorización política ya otorgada, la pregunta que queda abierta es cuándo se concretará el retorno.

El primer gesto concreto del lado argentino llegó del canciller Pablo Quirno, quien descartó en declaraciones radiales cualquier posibilidad de ruptura de relaciones con Brasil. “No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan”, afirmó Quirno en Radio Mitre. El jefe de la diplomacia argentina también tendió un puente con el representante brasileño: “Tenemos la más alta estima por el embajador Bitelli, y de alguna manera esperamos que luego de estas consultas retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral que tenemos”, sostuvo.

Esas declaraciones tuvieron efecto en Brasilia. El gobierno brasileño interpretó las palabras de Quirno como un reconocimiento de la importancia del vínculo bilateral y como una separación deliberada entre la diferencia ideológica de ambos presidentes y la relación de Estado. Según las fuentes consultadas, ese gesto fue determinante para acelerar la decisión diplomática.

El vocero presidencial argentino Adrián Ravier también había dado señales de querer distender la tensión días antes: “No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que coexisten y de hecho se tienen como socios comerciales principales”, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

A pesar del avance, en Itamaraty no hay ambiente de celebración. Una fuente diplomática evocó una frase del barón Rio Branco, considerado el padre de la diplomacia brasileña, quien tras ganar una disputa territorial con Argentina afirmó que “las victorias no se celebran con naciones hermanas”. En diplomacia, no se trata de celebrar ni de dar vueltas de victoria, explicó la misma fuente. Lo que importa, según esa visión, es medir cada paso y evitar que situaciones similares se repitan.

La respuesta del lado brasileño no se limitó a los canales formales durante los días de mayor tensión. El ministro de Hacienda Dario Durigan calificó a Milei de “payaso”, el vicepresidente Gerardo Alckmin tildó sus dichos de “lamentables” y advirtió que esa actitud perjudica a la Argentina. El propio Lula optó por la ironía cuando la prensa le preguntó por los insultos del mandatario argentino: “¿Quién es ese tipo?”, respondió ante las cámaras en las puertas de Itamaraty. El partido oficialista PT, a su vez, presentó una demanda judicial para investigar el financiamiento del viaje de Milei a São Paulo, aunque la Casa Rosada sostuvo que se trató de un viaje de carácter “oficial”.

La reconstrucción del vínculo bilateral enfrenta obstáculos de fondo que van más allá del episodio reciente. Fuentes diplomáticas brasileñas señalaron que “antes de octubre no va a pasar, pero después es indispensable” avanzar en la reconstrucción de la relación. Uno de los factores que complica ese proceso es la ausencia de interlocutores confiables dentro del gobierno argentino: hasta el año pasado, Brasil contaba con múltiples canales al interior del Ejecutivo, entre ellos Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Daniel Scioli —exembajador en Brasil durante la presidencia de Alberto Fernández—. Los cambios de gabinete hacia finales de 2025 dejaron sin funcionarios con experiencia y trayectoria en la relación bilateral.

El trasfondo del conflicto tiene raíces más profundas. La tensión entre ambos mandatarios se remonta a 2023, cuando Lula manifestó abiertamente su preferencia política en la campaña presidencial argentina, con apoyo explícito a Sergio Massa. Esa intervención consolidó un antagonismo personal que se proyecta sobre las elecciones brasileñas del 4 de octubre, en las que Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro. En paralelo al conflicto diplomático, Milei y Quirno viajaron a Lima para asistir a la jura de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. Allí, la comitiva argentina y el canciller Vieira coincidieron en el Congreso peruano, aunque no hubo contacto público entre ambas delegaciones registrado por las cámaras oficiales.

La Libertad Avanza busca asegurarse los votos para avanzar con los cambios a la Ley de Tierras y ya activó una ronda de reuniones con legisladores propios y aliados de cara al nuevo intento por debatir el proyecto en el Senado, previsto para el próximo 6 de agosto.

Aunque el oficialismo ajustó el texto tras sucesivas negociaciones con el Ministerio de Desregulación, en el Gobierno reconocen que todavía no hay certezas sobre las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa.

La senadora Patricia Bullrich ya diagramó encuentros para la semana próxima con integrantes de su bloque y con sectores dialoguistas para definir el nivel de respaldo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que además incluye desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, llega al recinto con una decimoquinta versión, fruto de las conversaciones que mantuvo la legisladora con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El punto de mayor conflicto sigue siendo la reforma de la Ley de Tierras, especialmente el régimen para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Desde el oficialismo defienden los cambios con el argumento de que favorecerán la producción y las inversiones. “La ley es favorable a la producción y va a generar fuentes de trabajo. La tierra va a estar relacionada con la producción, donde no se pierde ninguna soberanía, se van a permitir inversiones y generación de empleos”, sostuvo el senador libertario Bartolomé Abdala en declaraciones a TN.

Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencias incluso entre sectores habitualmente cercanos al Gobierno. Uno de los focos de incertidumbre está en Misiones, donde el Frente Renovador de la Concordia atraviesa una fuerte crisis política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder provincial Carlos Rovira.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut todavía no anticiparon cómo votarán. No obstante, el diputado nacional y exgobernador Oscar Herrera Ahuad expresó públicamente su rechazo a la iniciativa y advirtió que su aprobación representaría un riesgo para la producción, el ambiente y la soberanía provincial.

“Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, afirmó Herrera Ahuad, en una definición que podría anticipar la postura de los representantes misioneros en la Cámara alta.

La construcción de las mayorías

En la búsqueda de consensos, el oficialismo también toma nota de una particularidad institucional: la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión debido a un nuevo viaje del presidente Javier Milei, esta vez a Colombia. La conducción del debate quedará en manos de Bartolomé Abdala.

Villarruel ya manifestó su rechazo a la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. En un intercambio por redes sociales con la diputada Lilia Lemoine reiteró su postura al señalar: “Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

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Para el oficialismo, la ausencia de la vicepresidenta elimina la posibilidad de un eventual desempate negativo como el protagonizado por el exvicepresidente Julio Cobos durante la votación por las retenciones móviles en 2008.

Otro de los sectores que volvió a cuestionar el proyecto fue la Iglesia Católica. En una carta enviada a todos los senadores nacionales, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas pidieron que “quienes debatan esta iniciativa guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”.

El rol de la UCR

En la Unión Cívica Radical la posición predominante es acompañar la iniciativa del Gobierno. El espacio que conduce el correntino Eduardo Vischi considera que la redacción final del proyecto convence, en principio, a siete de los diez integrantes del bloque.

Los rechazos confirmados corresponden a Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, mientras que Flavio Fama todavía no definió su voto.

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En paralelo, la conducción nacional de la UCR difundió un comunicado firmado por Leonel Chiarella en el que cuestionó la propuesta oficial. Allí advirtió que “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional”.

El documento recordó que la ley vigente, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y fija un límite de 1000 hectáreas en la zona núcleo.

La estrategia libertaria

Bullrich convocó a los senadores de La Libertad Avanza para el miércoles previo a la reanudación de la sesión. También mantendrá una reunión con legisladores dialoguistas en las oficinas radicales del segundo piso del Palacio Legislativo.

El objetivo será determinar con precisión cuántos votos tiene asegurados el oficialismo y definir la redacción definitiva que llegará al recinto.

La senadora espera contar con los 21 integrantes del bloque libertario, además de los tres representantes del PRO que conduce Martín Goerling Lara, con el regreso de Andrea Cristina tras su licencia por maternidad. También aspira a sumar a Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza.

La Libertad Avanza también intentará captar algún respaldo surgido de la interna política misionera, especialmente por la cercanía política de Carlos Arce con Carlos Rovira. Además, buscará el acompañamiento del bloque Convicción Federal, encabezado por Carolina Moisés e integrado también por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, representantes de Tucumán y Catamarca, provincias cuyos gobernadores, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, mantienen una relación de cercanía con la Casa Rosada.

La negociación con las provincias

Antes del intento anterior por debatir el proyecto se alcanzó una redacción de consenso que incorporó participación de las provincias en las decisiones vinculadas con la venta de tierras rurales.

Ese esquema no convencía inicialmente a Federico Sturzenegger, quien envió al Senado al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y además se comunicó con varios legisladores para advertir que, si esa versión era aprobada, el Poder Ejecutivo la vetaría.

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La posición cambió tras la reunión que el ministro mantuvo con Bullrich el jueves pasado, donde finalmente aceptó la nueva redacción.

De todos modos, el objetivo central de la Casa Rosada se mantiene sin cambios: eliminar los límites para la venta de tierras rurales a extranjeros, con la única excepción de las zonas de frontera, cuya autorización quedaría sujeta a una doble aprobación por parte de la Nación y de las provincias.

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