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POLITICA

El juez Mariano Llorens: el legado de su padre peronista, la autoridad de los jueces y la implementación del sistema acusatorio

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Mariano Llorens heredó de su padre, un médico y militante peronista, El séptimo círculo, la colección de novelas policiales que dirigieron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Encontró en esas historias de crímenes, investigaciones y personajes oscuros la puerta de entrada a su profesión. No había abogados en su familia, cuenta, pero sí una tradición vinculada a la función pública: su abuelo Emilio Llorens había sido director del Banco Nación, agregado económico en la embajada argentina en Estados Unidos y representante de la Secretaría Regional de ILAFA, y su padre había ocupado un cargo en la Gobernación salteña.

Ingresó al Poder Judicial en 1986 como meritorio y recorrió todos los cargos del escalafón hasta llegar, en 2018, a la Cámara Federal porteña. En esta nueva entrega de Sr. Juez, un ciclo dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes del país, Llorens traza un recorrido por su carrera, cuestiona la implementación del sistema acusatorio y distingue el poder que les otorga la ley a los jueces de la autoridad que deben volver a ganarse de cara a la sociedad.

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—¿Qué es El Séptimo Círculo?

—El Séptimo Círculo es la colección, una colección de libros que Bioy Casares y Borges dirigieron hace muchísimos años sobre novela negra, novela policial. A mí me gustaba mucho eso. La heredé de mi padre y fue mi primera aproximación a este mundo que después me atrapó, que es el Poder Judicial, los casos policiales, que era lo que primero me repercutía, los héroes, las heroínas y los personajes oscuros, las situaciones oscuras, cosas extraordinarias que se cuentan en esa obra maravillosa que ellos dirigían, que luego la deformación profesional hizo que yo adoptara como mi medio de vida, digamos, intentando entrar en tribunales para poder aproximarme a ese mundo, a esos mundos que se cuentan, a esos personajes, a esas situaciones que se daban en esas obras, en esos libros, que no son muchos, pero que luego fueron engrosados en mi biblioteca con otros del mismo género.

—¿A este género literario se sumó la presencia de algún abogado en la casa?

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—No. Mi padre era médico, mi madre es médica, y en mi casa salvo un abuelo materno, pero que murió en la década del 50, no teníamos ningún registro de abogados. Con lo cual, también la novela negra y la cosa pública, que era parte también de la historia de mi familia, mi abuelo, mi padre, familiares de mi padre.

—¿Con la cosa pública se refiere a la política?

—Bueno, me refiero a situaciones de funcionarios públicos. Mi abuelo fue agregado económico en la Embajada de los Estados Unidos, fue miembro del directorio del Banco Nación, fue el delegado latinoamericano del fierro y el acero, como se llamaba ILAFA en ese momento, el Instituto Latinoamericano del Hierro, en la época de la Argentina industrialista, en la época de la gran expansión industrial del primer gobierno de Perón. Y él tuvo un rol muy destacado en esa época como economista, como ingeniero, pero dedicado a eso.

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Entonces, él siempre nos inculcó el valor de la función pública, que mi padre lo heredó también, porque él trabajó en la función pública en Salta. Pero como era médico, la función social siempre está innata a los médicos. Entonces, eso para mí siempre fue algo que yo busqué, averigüé. Obviamente, en la época en la que vivió mi padre, él murió en el 77.

—¿Cuántos años tenía?

—Nueve. Yo tenía nueve años. Yo soy el mayor de mis hermanos. Y a través de la búsqueda de él, de sus historias, de su gente, de sus amigos, de sus recorridos, pude averiguar mucho más de él, ¿no? Acercarme a él. Lo hago hoy también, cuando aparece alguien que lo ha conocido o haya estado en algún lugar con él o haya compartido un espacio de militancia.

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Él era militante del peronismo. Yo trato de acercarme y conocerlo un poquitito más… En sus inicios mi abuela lo llevó a la Inmaculada de Santa Fe para que sea sacerdote jesuita y compartió con, en ese momento, su maestrillo, que era Jorge Bergoglio, su primo, Ignacio García Mata, que luego sucedió a Bergoglio como provincial jesuita. Obviamente, él abandonó la vocación de sacerdote, pero como mi abuelo estaba en los Estados Unidos, él se fue a vivir a la casa de sus primos en Córdoba, una Córdoba muy convulsionada, muy militante.

Se recibió de médico en la Universidad Católica de Córdoba y ahí en la pensión de la universidad conoció a sus amigos que estaban en política. Unos fueron luego embajadores como Jorge Vázquez, que fue vicecanciller de Cámpora, y luego fue secuestrado por la dictadura.

Obviamente, a mí me tocó pensar, empezar a pensar y nacer a pensar en la década del 80, a fines de la década del 80, cuando Alfonsín dominaba las calles y la democracia volvía y era todo una fiesta, ¿no? Era todo efervescencia, era todo alegría, a pesar de las noches en las que veníamos, ¿no?

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Y eso a mí me volcó muchísimo. Obviamente, me incliné por el derecho a partir de eso. Dejé el fútbol. A mí me hubiera gustado ser jugador de fútbol, pero no lo logré.

—Es decir, la opción B no era dedicarse a la política, sino ser jugador de fútbol.

—No, sí, tal cual. No me encuentro con pasta para ello, digamos. Son vocaciones diferentes, son personalidades distintas. A mí me encanta la función pública, pero obviamente el vínculo con la política no era lo mío, evidentemente. Entonces, muté hacia el derecho penal.

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—Su primer encuentro con la Justicia fue el juicio de las Juntas…

—Mamá, más de diez años después de haber enviudado, se casa con un hombre maravilloso que era juez de la Cámara Civil de la Capital. Y yo no tenía registro de nada, digamos, de este mundo, más que el contacto con él.

Y él, con toda generosidad, un día me dijo: “Yo te voy a llevar a un lugar que no es el mío, pero tengo muchos amigos ahí”. Entonces, me da una entrada para ver el juicio de las Juntas y eso fue una bomba para mí, porque de entrada, en el año 84, 85, empecé a vivir lo que era, lo que significaba estar de cara a las víctimas, de cara a los victimarios y el rostro de una decisión que tenía autoridad.

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Todo ese proceso que la gente debería recordarlo permanentemente y nosotros en tribunales lo tenemos muy presente. El año pasado se cumplieron cuarenta años y a mí me tocó como presidente de la Cámara hacer el discurso de homenaje a esos jueces que dictaron ese fallo… es una cosa impactante.

Si vos preguntás, en general, quién se acuerda qué pasó, qué decidieron, el 90% de la gente no acertaría el resultado final de la decisión. Ahí hubo condenas, hubo condenas que se aproximaron y que se alejaron de la petición de las fiscalías y hubo absoluciones también. Pero todo el mundo recuerda la autoridad de ese fallo. Y ese es el valor que tiene.

La muestra de que el poder civil se impone y que la ley se impone, guste o no guste, frente a quien sea y con toda autoridad y regularidad, cumpliendo lo que la ley manda. Esto es algo que a mí me impactó de entrada.

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—¿Cómo fue ese ascenso de meritorio a juez?

—Yo entré en la justicia penal hace cuarenta años. En esa época no había cargos para entrar, entonces uno podía hacer una especie de pasantía no rentada.

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Que era también muy significativa hacia adentro, porque esa pasantía no rentada se transformaba en pasantía rentada entre todos los empleados de las secretarías, que aportaban algo para los chicos nuevos que empezaban, que al final eran sus colaboradores. Y empezábamos así a tener una dinámica de grupo que se iba aceitando.

Y eso me llevó a tener unos años con Alberto Piotti ahí en ese juzgado. Luego vino Roberto Marchevitch, con el que estuve muy poco tiempo, hice una experiencia en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que a mí no me gustaba porque era un organismo muy nuevo, de la Constitución reciente.

Entonces volví, a pesar de que tenía un cargo muy importante, al Poder Judicial. Me fui a la Justicia Federal de San Martín, donde estuve once años y donde fui secretario del Tribunal Oral Federal 4, con jueces maravillosos como Alejandro Slokar, Lucía Calzaín y Ángela Ledesma, con los que aprendí muchísimo, replicando los liderazgos positivos que aprendí de Alberto Piotti.

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Digamos, gente sencilla, gente que se dedicaba solamente a su trabajo, gente que estaba 24/7 dedicada al trabajo y con conflictividad impactante porque la Justicia Federal, sobre todo en las provincias, tiene una impronta muy importante en el territorio.

Ahora, a mí me faltaba algo. Haciendo una maestría en Derecho Penal y Administración de Justicia en la Universidad de Buenos Aires, conocí a Patricia Llerena, que era una juez que daba clases sobre el tema del lavado de dinero, los delitos económicos. Ella perteneció al Programa Mundial de Blanqueo de Dinero de Naciones Unidas en Viena y daba clases sobre eso. Y a mí me encantaba, porque venía de la Justicia Federal y los hechos de narcotráfico importantes, el crimen organizado, todo el tema del lavado está muy vinculado con las organizaciones criminales.

Entablé un diálogo muy bueno con ella y me ofreció ir a la Justicia Ordinaria de la Capital Federal. Yo estaba un poco cansado de la Justicia Federal, ya hacía mucho tiempo que estaba ahí, y me fui al Tribunal Oral ordinario, donde mi formación cambió, se completó de una manera dramática, digamos, porque los juicios y los casos que se vinculan con la justicia de cercanía con la gente son los que a mí me consolidaron en la vocación.

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Tuve muchos casos ahí, donde uno ve el corte de la sociedad en estado puro, donde uno puede observar el fracaso de las políticas públicas del Estado, donde uno mira realmente a la sociedad, cómo está evolucionando o involucionando, dónde están realmente los errores que comete la función pública en el desafío de políticas públicas.

Y a mí me maravilló eso. Nosotros no somos personas que estamos solamente puestas ahí como para apretar un botón, decir blanco o negro y volvernos a nuestra casa. Nosotros intervenimos en conflictos donde las personas tienen rostro, donde las víctimas tienen rostro, donde la conflictividad tiene un encadenamiento hacia atrás, donde uno tiene que mirar por qué llegan determinadas situaciones a ese nivel de violencia.

Por ejemplo, una de las cosas que más me impactó es cómo involucionamos como sociedad desde que ingresé yo al Tribunal Oral, ahí en el año 2006, por ahí 2007, hasta que llegué de vuelta, hasta que juré como juez federal, en esos once años, ver cómo los niveles de violencia avanzaban cada día más. Los niveles de violencia aumentaban y la edad de los violentos bajaba.

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Nosotros lo tenemos como activo también, porque después en los grupos, los vínculos con el Estado, con los restantes poderes del Estado, tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos en el Poder Judicial un activo donde conocemos mucho de lo que pasa en el terreno como para aportar información, para que determinados instrumentos de política pública se mejoren, se dialoguen, se crezcan.

Porque a veces algunos en la política creen que sancionando leyes a partir de modelos teóricos se resuelven problemas. Y la ley no cambia realidades, las cambiamos los operadores. Y esa interacción tiene que ser muy virtuosa.

—¿Piensa que el Poder Judicial, en su totalidad, está al tanto de su rol como poder del Estado?

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—Yo creo que sí. El Poder Judicial tiene muchísimos extraordinarios actores, no solo buenos, extraordinarios actores. Estamos muy invisibilizados.

Nosotros tenemos una práctica muy común y está todavía vigente en muchos, que solo hablamos por nuestra sentencia. Eso es un error. Ya hay que abandonar eso. Hay que salir a mostrar lo que hacemos.

La oralidad en el proceso, en los juicios penales nos da a nosotros una herramienta y una práctica también para mostrar justicia con rostro.

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Es cierto que después las salas de audiencias están vacías y las transmisiones de los juicios no va nadie. Pero tenemos que generar también un vínculo virtuoso con ustedes, porque el periodismo es fundamental para que nos conozcan a nosotros y también conozcan qué hacemos.

Nosotros tomamos decisiones todos los días y decisiones que no gustan, que son mal vistas, que son políticamente incorrectas. Pero es lo que la ley manda, ¿no?

Yo sigo mucho a Martin Buber, que es un filósofo muy importante, y hoy se está recordando mucho a Carlos Santiago Nino. Él decía, a partir de las ideas de H.L.A. Hart, que la evolución del derecho de una sociedad ordenada es el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley debe generarse como una práctica de cumplimiento, no porque solamente la ley lo manda, sino porque es lo que corresponde hacer.

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Y esa práctica como sociedad, Nino ya lo advirtió hace muchísimos años en esa famosa obra de Un país al margen de la ley, digamos, esta anomia, esta anomia boba incluso, ahí aparece como tesis central de ese libro, en la que algunos se sienten cómodos. Es algo que hay que desterrar por completo, porque esto es directamente proporcional a su desarrollo, la falta de aplicación práctica de la ley.

Bueno, eso es lo que hacemos nosotros todos los días y por eso nos tenemos que vincular mejor con la sociedad.

—¿Cómo cree que perciben los argentinos a las instituciones?

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—Durante muchísimos años hemos estado insatisfechos con los resultados que hemos tenido en nuestra evolución hacia una sociedad ordenada. Entonces, automáticamente, los primeros responsables son la gente que ocupa los lugares de decisión pública, y eso es natural. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de ello.

En lo que nos toca, no puedo hablar de lo que pasa en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, porque son ámbitos completamente distintos a los nuestros, pero en lo que a mí me toca y en lo que yo conozco, nosotros tenemos que lo primero que hacer nuestras mea culpas propias.

El presidente Kennedy lo dijo hace sesenta años: ¿por qué no pensamos en lo que nosotros tenemos que hacer por el país y no por lo que el país tiene que hacer por nosotros? Y en nuestra función tenemos que empezar a hacer eso. Tenemos que empezar a decir lo que tenemos que hacer y lo que hacemos mal y empezar a cambiarlo.

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Hay muchas cosas para cambiar. Yo creo que es cierto que hay muchas cosas que también, como nosotros no salimos a explicar, como no damos la cara y hay cosas que se informan mal. Por ejemplo, nosotros tomamos una decisión, una decisión que está percibida como algo equivocado en la sociedad. ¿Por qué no lo explicamos? Seguro que la persona que tomó esa decisión lo puede explicar.

El Poder Judicial es un poder muy preparado, es un poder con gente muy honesta, muy preparada, muy dedicada a su trabajo, que incluso frente al resto de los poderes del Estado, somos los que más críticos con nosotros mismos somos, porque hasta nosotros mismos hemos corrido de nuestro lado a los que son corruptos, a los que se vinculan con el crimen organizado, a los que están enquistados con las mafias.

El propio Poder Judicial los ha denunciado. Y yo desafiaría a cualquier otro de otros poderes a que digan de su propio poder a quienes enfrentaron a la sociedad y lo sacaron de encima.

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Nosotros lo hacemos todo el tiempo. El Consejo de la Magistratura trabaja muy bien en eso. Y parte del Consejo de la Magistratura son los representantes de los jueces, los cuatro representantes de los jueces. Trabajan muy bien en eso. Y dando nuestro testimonio, obviamente con los matices que pueda haber en cada lugar.

Pero la realidad es que nosotros nos hacemos cargo de nuestros problemas, muchas veces en silencio, muchas veces sin explicarlo. Y es una de las razones por las que yo estoy acá y acepté tu invitación, porque es parte de nuestra obligación. No es que yo estoy acá porque sea importante.

Es parte de nuestra responsabilidad como juez, desde el primero al último, dar respuesta y dar explicación y dar la cara adelante de ustedes, que son nuestro vehículo con la sociedad. La gente no lee sentencias, no va a los juicios, los lee a ustedes, los escucha a ustedes y eso es muy bueno. Por eso que nosotros tenemos que acercarnos a ustedes para darles todo lo que necesitan, para que después la sociedad decida.

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Mariano Llorens es el nuevo invitado de Sr. Juez, el ciclo semanal de entrevistas conducido por Paula Guardia Bourdin

—¿Un juez tiene que caer bien? ¿Tiene que ser simpático?

—No, no, claramente no. No. Y la lógica de los procesos te lo indica. Siempre hay un vencedor y un vencido. El vencido nunca le va a caer bien lo que nosotros hacemos, y en todos los procesos pasa eso. Nosotros tomamos decisiones que son siempre ajustadas a la ley, incluso cuando la ley no gusta y a nosotros nos pasa mucho eso.

Te pongo un ejemplo. Código Procesal Penal Federal, el sistema acusatorio que se está implementando en todo el país. A mí no me gusta. A mí, personalmente, Mariano Llorens, no me gusta, tiene cosas para cambiar. Hay cosas que hay que modificar, no están bien, pero es una ley vigente. Jamás podríamos decir nosotros no aplicamos la ley, esto es una locura.

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Así como otras normas, yo he escuchado algunos funcionarios judiciales que se quejan de las soluciones alternativas. El Parlamento sancionó soluciones alternativas dentro del proceso penal. Pero algunos dicen: “No, eso es ponerle precio a la impunidad”. No, pero señores, es una ley del Congreso. ¿Te gusta? No, bueno, no gusta. Si es inconstitucional, hay que declararla inconstitucional. Pero si no se declara inconstitucional, porque supera el estándar de constitucionalidad de la norma, hay que aplicarla.

Es así, no nos queda otra. Obviamente, siempre hay un margen de interpretación. La interpretación de la norma…Esto es lo que dice Martín Bohmer siempre. Siempre hay un conflicto con la interpretación de las normas y siempre hay un margen. Ahora, lo que no podemos decir nosotros es que no la aplicamos. Tenemos que volver a ser un país normal, un país en donde la ley se respete.

La ley se respeta siempre y la autoridad nuestra tiene que ir de la mano de la percepción de la sociedad de que nosotros estamos haciendo cumplir la ley, porque para eso nos designaron, para hacer cumplir la ley y para cumplirla nosotros.

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Hubo un gran debate con el tema de ganancias. Bueno, un tema que fue muy ríspido, digamos, y muy debatido internamente. Los jueces no discutimos eso, no lo discutimos. A algunos les gustará más, les gustará menos. Obviamente, había un margen para poder ajustar la imposición del tributo, que es una ley del Congreso.

Yo te podría decir, como creo y estoy convencido, que los trabajadores en relación de dependencia, el salario de los trabajadores en relación de dependencia no puede tributar ganancias, porque no es ganancia, es salario. Eso no hay ninguna duda, yo lo tengo recontra claro. Pero si hay una ley del Congreso que dice otra cosa, ¿qué tenemos que hacer? O la declaramos inconstitucional o la cumplimos.

No está declarada inconstitucional, hay que cumplirla, punto. Luego puede haber una discusión acerca de cómo se implementa, que es lo que se discutió, que se saldó y está resuelto. Nosotros pagamos ganancias en la manera que tenemos que pagarlo, aplicándolo en los porcentajes de tributo donde corresponden. Listo.

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Pero esas discusiones que son, que la sociedad no las ve, porque son internas, porque cree que tenemos privilegios.

Esto también, que se ha instalado mucho, los jueces tienen muchos privilegios. No es cierto, nosotros no tenemos privilegios.

Nosotros tenemos situaciones que la Constitución nos otorga, como por ejemplo la estabilidad en el cargo, por una cuestión de protección a los intereses de la sociedad, porque con jueces que puedan ser molestados por sus decisiones o removidos por alguna decisión, la que se perjudica es la sociedad.

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Es un poder que es contramayoritario, como es un poder que no depende de las mayorías que la política consagra en los parlamentos, que es un poder que le tiene que poner límites al poder todo el tiempo, no solamente al poder político, digamos, el poder político se auto también regula, a los poderes fácticos, al poder económico, al poder real.

Nosotros estamos designados para eso, ¿no? Para decir: hasta acá llegamos. Estas son las reglas del juego, esta es la cancha.

Y el único programa que nosotros defendemos es el programa de la Constitución Nacional.

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La Constitución es clarísima. Todo lo demás es derecho constitucional reglamentado. Entonces, todo tiene que tener ese tamiz, todo tiene que pasar por ese tamiz.

Y nosotros estamos entrenados para eso.

Por eso, yo también defiendo mucho la carrera judicial. La carrera, el hombre que empezó como yo, desde meritorio, cosiendo expedientes y llevando una cosa para la otra y sacando firma y construyendo la carrera desde abajo, cuando llega a los lugares donde yo llegué, a partir del año 2018, que yo soy juez de la Cámara Federal, sabe muy bien que este chip lo tenemos incorporado.

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Y esto es lo que tenemos que hacer, no importa quién esté adelante.

—Me detengo en dos palabras que usó. Una es autoridad, la otra es poder. ¿Los jueces tienen poder?

—Los jueces tenemos mucho poder porque nos lo da la ley y la Constitución. Lo que hemos perdido, y es algún desafío que tenemos, es autoridad frente a la sociedad. Nuestras decisiones no son bien vistas y no tienen esa autoridad que tuvo, por ejemplo, el fallo de la causa de las Juntas.

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Para mí, eso es un reflejo de a dónde debemos ir.

Esas decisiones que uno las recuerda, pero no las tiene presentes, porque pasaron de autoridad de cosa juzgada. Y esa autoridad que dio el fallo nadie la discute. Eso es algo a lo que nosotros tenemos que volver, y es algo que a mí me ocupa permanentemente.

Nosotros tenemos este gran desafío, enorme desafío en el Poder Judicial de devolverle a nuestras decisiones ese vínculo con la sociedad que nos da la autoridad, la autoridad que nos reconozcan a nosotros.

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Eso tiene que ver también con los liderazgos. El liderazgo que tenemos que conseguir nosotros los jueces es horizontal: es un liderazgo reconocido, no impuesto, ¿no?

Y es un trabajo arduo, porque también hay otro, ese, el otro tipo de liderazgo, el vertical, el impuesto, capaz que se puede conseguir mucho más rápido, pero es nocivo, es pernicioso.

Yo creo en los liderazgos horizontales.

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—En esta reconstrucción de la autoridad, ¿por qué piensa que el sistema acusatorio no es el mejor camino?

—Para mí la norma en tanto sistema normativo es un modelo teórico difícil de bajar a la tierra y está generando algunos problemas en su implementación.

El modelo acusatorio no es ese código.

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El modelo acusatorio ya está en la Constitución, desde la Constitución está legislado el juicio por jurados, el poder del pueblo y la razón por la cual la acción penal pública se tiene que defender frente al pueblo. Desde las bases de Alberdi que está ahí.

Luego, los modelos legislativos, normativos, intentan replicar eso, pero para mí, desde su lectura, es un puro modelo teórico, probablemente construido por gente que no ha trabajado en tribunales, la mayoría, teóricos del derecho, que tienen muy buenas intenciones, no hay ninguna duda, pero se testea en el terreno.

Y yo creo que no se testeó suficiente en el terreno.

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—Se cruza su vecino en el ascensor, ¿cómo le explica que funciona el sistema acusatorio?

—El sistema acusatorio tiene un pilar básico que es que la acción penal pública está en cabeza de los fiscales. Los jueces solo tenemos que decidir, abandonando un sistema mixto que tenía una herencia de un sistema inquisitivo en el que el juez era todo y era todo, literalmente todo, desde iniciar la acción hasta defender a los intereses del imputado, obligando a la designación de un abogado defensor. Esos roles empiezan a romperse a partir de la implementación de la oralidad en el sistema penal.

Y empieza a aparecer esta necesidad de que sea el fiscal el que impulsa, el fiscal el que es el único titular de la investigación y el que promueve todas las instancias.

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Los jueces no es que desaparecen, eso también es una concepción errada, digamos.

Los jueces no desaparecen de la escena ni pierden poder, entre comillas, porque el poder de decisión lo van a tener, lo vamos a tener siempre. Lo que hemos delegado es todo ese trabajo de seleccionar el caso.

Porque también hay algo que me dijo un antropólogo muy lúcido: “Mariano, ustedes son demasiado católicos apostólicos romanos. Con el castigo expían todas las culpas. Nosotros, los anglosajones, no tenemos que ser castigarnos para que Dios nos perdone. Tenemos que ser útiles a Dios. Por eso los jueces en este país no hacen justicia, resuelven problemas”.

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Y ese es un modelo que nos sorprende, porque nosotros importamos mucho del modelo anglosajón pero en la base de nuestra concepción chocan.

Tenemos que también empezar a pensar qué modelo de juez queremos como sociedad. Un juez que resuelva problemas o que solamente imponga penas, con todo el costo que eso implica. No solamente porque el que comete un delito tiene que sufrir la sanción que la ley dice que tiene que sufrir, sino porque también hay un montón de modelos alrededor de reparación.

Todo el modelo de reparación integral, ¿por qué no pensarlo? La sociedad tiene que pensarlo también. La sociedad ya lo legisló por intermedio de sus representantes. ¿Por qué genera tanta tensión? Es algo para preguntarse. Muchas normas, leyes, no invento de los jueces, sino normas generan tensión en la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que espera de nosotros la sociedad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quieren las instituciones? ¿Qué es lo que quiere la Constitución para nosotros?

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Yo escribí mi tesis de maestría en la Universidad de Bolonia sobre esto, sobre el deber de los jueces, porque tenemos un deber político también, no político partidario, político de cosa pública, de ofrecerle incluso a la política, a la política pública. Testeamos las normas… Todo ese activo nosotros lo tenemos en todas las instancias y en todos los fueros. No solamente el penal, el civil, que es la cercanía con la gente, civil, comercial, de familia.

—El Poder Judicial es, en definitiva, una estructura jerárquica y habló hace un rato de liderazgos horizontales. ¿Cómo es su estilo de liderazgo?

—Aprendí con Alberto Piotti, una persona extraordinaria que nos mostró el camino de darle confianza a las personas que uno tiene alrededor, generar microequipos de trabajo para determinados temas específicos, en donde él siempre saldaba, en donde él siempre estaba presente para tomar la última decisión.

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Luego me tocó también con Alejandro de Corves y Lucía Casain y Patricia Llerena y otros más, Manuel García Reynoso y Marta Yungano, que también hacían lo mismo, generar equipos de trabajo en donde el juez se hace el responsable. Los jueces no delegan su función nunca a nadie. Lo que hacen es compartir, apoyarse en equipos de trabajo para tomar la mejor decisión, para prepararse de la mejor manera. Yo aprendí de ellos, por ejemplo, a criticarme. Yo en mis equipos de trabajo lo primero que les digo es: a mí critíquenme, no me digan todo que sí.

Tenso la cuerda hasta el final de la decisión y en el momento que tengo que tomar la decisión, me recluyo. Nosotros escuchamos a todo el mundo, debemos escuchar a todo el mundo, como regla y como práctica. Escuchamos a todo el mundo y decidimos en soledad. Eso es lo que tenemos que hacer. En el momento de tomar la decisión, nos retiramos y hacemos lo que tenemos que hacer nosotros solos, pero sin hacérselo cargo a nadie.

Eso es el liderazgo horizontal, en el que todos se sienten parte. Socializo permanentemente lo que tengo, la decisión que tengo que tomar. No hay decisiones que yo me las mantenga, me las quede yo solo, porque testeo lo que pienso todo el tiempo, porque soy crítico conmigo mismo, no tengo la verdad. Solamente tengo la necesidad y el deber y la obligación de firmar cuando estoy convencido de algo. Todo lo que yo decido lo puedo defender. Para llegar a ese momento, me nutro de la gente que colabora conmigo. Y eso tiene que ver con el liderazgo horizontal, no con el liderazgo de que me siento arriba de un pedestal o de una poltrona y bajo el martillo. Eso es una imagen que a mí no me gusta, porque nosotros somos personas comunes y corrientes que traemos nuestros conflictos de la calle.

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Yo doy vuelta en la llave de mi despacho y me vuelvo a mi casa, a mi barrio, a mi club, a lo que he hecho todos los días, al mismo barrio donde vivo hace más de cincuenta años. Y nosotros no tenemos que tener conflicto con eso. Somos importantes en el momento en que tomamos una decisión importante, que le importa a gente a veces importante, pero nosotros no somos importantes.

Nosotros en la Justicia Ordinaria tuvimos el caso de una chica que fue asesinada intentando defenderse de un abuso grave, un hecho gravísimo. Al juicio venía mucho la familia, y sobre todo el padre, una persona muy militante de la causa. El día que venían los médicos del cuerpo de peritos, de los médicos forenses, yo le digo a esta persona: mire, si quiere se va al bar de la esquina, porque van a venir médicos, van a hablar de cosas feas, fotos a lo mejor… Y él me miró con una cara de paz que yo no me voy a olvidar nunca más y me dijo: “Mariano, a mí la verdad me va a sanar, no lo que ustedes hagan. Yo le agradezco”. Se dio media vuelta y se fue. Y yo me quedé en mi despacho y le fui a hablar con la juez que lideraba y le digo: Patricia, nos acaban de decir lo que somos nosotros: nadie. Nosotros no somos nadie. Los hechos que nosotros podemos ayudar a revelar son lo único importante. Nosotros nos enfrentamos siempre a esa necesidad de dar una respuesta, de que la persona que tenemos enfrente pueda sanar su propia verdad. Somos solo un vehículo, nosotros no hacemos nada.

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Uruguay y Chile intensifican el comercio con las Malvinas y los isleños apuestan a fortalecer los negocios con los “vecinos amigables”

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La amenaza de sanciones del gobierno argentino a empresas que exploten recursos hidrocarburíferos y naturales en la zona de las Islas Malvinas puede producir cambios en las relaciones comerciales que mantienen los países del cono sur con las islas y desencadenar incluso un conflicto imprevisto con Chile.

El presidente de la Cámara de Comercio de las Islas, Mike Summers, le dijo esta semana al diario chileno La Prensa Austral: “Las líneas de suministro desde el norte de Europa son muy largas y costosas; para nosotros es mejor comerciar con nuestros vecinos amigables”.

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Desde el 3 de septiembre, el gobierno argentino protagoniza una escalada diplomática con el británico por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Durante 44 años de enfrentamiento por la soberanía, la Argentina tuvo idas y vueltas respecto al trato que los países vecinos tuvieron y tienen con los isleños. El crecimiento de su población, sumado a la mayor inmigración producto de la expansión económica ligada a la pesca y a los soldados que habitan la base militar, hace que, sobre todo en la temporada de cruceros −que llevan entre 70.000 y 80.000 turistas por año−, las islas necesiten más bienes y servicios que en 1982, cuando apenas superaban los 2000 habitantes.

Punta Arenas, frente al Estrecho de Magallanes
Hernan Zenteno –

Hoy, el mapa social cambió; se necesitan más insumos para sostener su modo de vida. En el último censo de 2021, la población estable alcanzó los 3660 habitantes que, con la expansión por la guarnición militar de Mount Pleasant, más los turistas, pueden llegar a picos de 5500 personas en algunas semanas del año.

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Lo que producen los isleños no alcanza. Existe una empresa local, la Stanley Growers Ltd, que cosecha tomates, pepinos, berenjenas, pimientos y algunas frutas que, por inclemencias del tiempo, se obtienen en invernaderos, pero que resultan insuficientes. “Todo lo que no se puede cultivar en las islas y necesitamos se importa desde Chile y Uruguay”, comentó a un comerciante local. Después de la guerra de 1982, los isleños se acercaron a los países vecinos en busca de alimentos y suministros.

Uruguay exporta bienes y servicios a las islas por un valor de 970.000 dólares anuales, según una medición de 2023. Pero, además, importa de las islas una parte de su producción de lana isleña de aproximadamente entre cuatro y seis millones de dólares. Chile es el proveedor más importante: le vende leche y derivados lácteos, arándanos, verduras, tubérculos. Todo sale del puerto de Punta Arenas, ubicado a unos mil kilómetros de Puerto Argentino. En cuanto a Brasil, le vende poco y nada a las islas: algo de café y frutos.

Uruguay analiza un cambio

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Uruguay puede dar un giro en sus relaciones con las islas. Algo así se interpretó luego de las recientes declaraciones formuladas por el canciller Mario Lubetkin: “Cuando inició el proceso de prospección petrolera por parte de Reino Unido, cambió la lógica de todo el tema de las Malvinas. La disputa por su soberanía cambió de naturaleza con la exploración petrolera, porque una cosa es ‘la isla invadida’ y ‘la lucha contra el colonialismo’, y otra cuando de ahí se saca mucho dinero”.

Así, Uruguay mostró un cambio de perspectiva que abre dudas sobre la utilización del puerto de Montevideo, que abastece a las islas. El senador opositor Robert Silva, del Partido Colorado, dijo a que Uruguay mantiene una posición histórica de respaldo al reclamo de la República Argentina sobre las Islas Malvinas: “Es una posición de Estado, sostenida por sucesivos gobiernos, que promueve una solución pacífica mediante el diálogo y la negociación, las resoluciones de las Naciones Unidas”. Pero deslizó: “La existencia de intercambios comerciales con las islas no debe interpretarse como un cambio de esa posición histórica”.

El senador uruguayo Robert Silva, del Partido Colorado

Mientras tanto, están muy avanzadas las negociaciones con el Reino Unido para la venta de patrulleros oceánicos de primera generación. El Ministerio de Defensa uruguayo aspira a adquirir dos. Enviados de la Armada uruguaya ya visitaron Londres y el plan sería cerrar la compra para utilizar las naves en 2028, cuando la Marina Real los retire del servicio. Consultadas por , fuentes uruguayas señalaron que “aún no hay una decisión definitiva”.

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Una reunión clave

La exportación chilena es acotada, pero el panorama cambió justo en un momento delicado: entre el 28 y 29 de septiembre se realizó un encuentro entre empresarios y emprendedores isleños en el Hotel Cabo de Hornos, en Punta Arenas, donde se celebraron 800 reuniones de negocios entre 53 empresas chilenas de la región de Magallanes y 28 corporaciones y delegados de las Islas Malvinas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, dijo eufórico que Punta Arenas sería un gran “home center” para los isleños, a los que les podrían vender hasta 20 millones de dólares por año en insumos de primera necesidad, en medio de su expansión económica apoyada en las posibilidades del desarrollo petrolero.

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Además, Radonich confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island, con el objetivo de establecer un puente marítimo entre esa ciudad y Puerto Argentino, asunto que no cayó nada bien en la Argentina. Consultado, el gerente comercial de Easter Island Naviera, Luis Cisternas, ratificó que el primer viaje zarpará en los primeros días de diciembre, a través del Estrecho de Magallanes, a bordo del buque de carga Danstar.

Sobre la queja argentina, Cisternas dijo: “No tenemos que coordinar nada con las autoridades argentinas. Es un negocio entre privados”. Funcionarios de Magallanes afirmaron que la queja argentina es “una patudez”, un modismo chileno que se utiliza para señalar a quien abusa de la confianza de otro. “Nosotros tenemos derecho a comerciar con cualquier parte del mundo”, sentenciaron.

Vale destacar que este plan de negocios entre las Malvinas y Punta Arenas recibió el apoyo explícito del gobierno del presidente José Antonio Kast y de varios de sus ministros, como el de Defensa, Fernando Barros Tocornal, que calificó a Gran Bretaña como un “país amigo” que llevaba “200 años de soberanía en las islas” y pidió respetar la voluntad de los isleños, algo taxativamente negado en el reclamo soberano argentino.

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José Antonio Kast, con Milei en el Palacio de la MonedaRAUL BRAVO – AFP

Todo esto, a pesar de que el 3 de septiembre pasado Kast firmó con Milei un acuerdo de apoyo mutuo, que generó críticas de la oposición chilena por la ambigüedad de la política exterior del país trasandino. El diputado socialista Nelson Venegas, que aclaró a que se define como un “latinoamericanista, a diferencia del actual presidente de Chile”, pidió la renuncia del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, durante su interpelación en el Congreso.

Mackenna había dicho: “Nuestra relación con el Reino Unido siempre ha sido buena; no va a cambiar porque el tratado que Milei firmó con Kast no es vinculatorio. El conflicto de Argentina y el Reino Unido no afecta a Chile”. Venegas dijo que “la expansión comercial desde Punta Arenas no tiene problemas legales, porque existe un tratado vigente de libre circulación”.

Finalmente, criticó al gobierno de Milei: “Es un polo fundamental de la doctrina ‘Donroe’ en Latinoamérica. La soberanía de nuestros países no corre peligro por el Reino Unido, sino porque le están entregando la soberanía hemisférica a Trump, y de eso Kast y Milei son responsables. Además, Milei levanta el tema Malvinas solo con el propósito de influir en la contienda electoral de su país”.

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El primer buque

En las últimas horas, según publicó el portal Noticias Bio Bio, la inteligencia chilena manejaba información sobre un posible “evento crítico” inminente, que podría ocurrir cuando zarpe el primer buque comercial desde Magallanes hacia las Islas Malvinas. Las mismas fuentes de inteligencia explican que la fecha del viaje se encuentra bajo reserva. “La decisión responde a que se busca evitar que Argentina tome una medida que pueda generar una tensión innecesaria con Chile”, publicó Noticias Bio Bio y agregó que, por esa misma razón, se desestimó que fuera escoltado por unidades militares nacionales.

“El encuentro empresarial de Punta Arenas solo será un éxito cuando la carga empiece a cruzar el mar”, dijo Mike Summers, representante del comercio isleño. Y agregó: “Si las empresas chilenas tuvieran reparos, lo dirán y lo rechazarán, pero hasta hoy es todo lo contrario. Para que la conexión marítima sea viable, hará falta un suministro adecuado de negocios en ambos sentidos”, concluyó.

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Summers agregó, en alusión a las reuniones de Punta Arenas: “Nuestra experiencia ha sido que las empresas de Magallanes están muy ansiosas por comerciar con las Falkland, como lo hemos hecho durante varias décadas anteriormente, y simplemente nos gustaría restablecer esos vínculos amistosos”.

También este tema se está abordando en la política argentina. Impulsada por el diputado Nicolás Trotta, estos días circuló una carta con firmas de varios diputados y senadores del peronismo, dirigida a los presidentes de los países vecinos, donde solicitan que se abstengan de tener relaciones comerciales con las islas y que no presten sus puertos ni abran rutas marítimas con el continente para favorecer la explotación petrolera.

El rol de Brasil

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Según los registros de exportación de los últimos años, Brasil solo le vendió a las Islas unos 200.000 dólares, principalmente en café y frutos. “Tenemos una amistad de más de 200 años con la Argentina, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, afirmó el encargado de negocios de Brasil en Argentina, Eduardo Uziel, quien priorizó “el apoyo diplomático histórico que tiene Brasil con la Argentina”. Enfatizó el término “miopía”, como mensaje al presidente Javier Milei por sus reiterados agravios e insultos contra Lula da Silva.

De todos modos, en medio de la campaña electoral para el balotaje, ni Lula ni Flávio Bolsonaro quieren comprarse un problema por Malvinas.




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POLITICA

Investigan la solvencia de un municipio, clubes de fútbol y presuntos “soldaditos” que operaron con Sur Finanzas

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La Justicia ordenó medidas en el caso Sur Finanzas para investigar la capacidad económica de quienes operaron con la billetera virtual de Ariel Vallejo, que movió $818.000 millones. Sospechan de grandes maniobras de lavado de dinero, en las que habría participado un “ejército de soldaditos”, pero la investigación alcanza también a clubes como San Lorenzo y Racing; a la Municipalidad de Lomas de Zamora y a sociedades, entre ellas Rodepau y Gomont.

Todos ellos operaron con la billetera de Vallejo y forman parte del objeto de la nueva medida de prueba: los investigadores solicitaron información a la ARCA para conocer la capacidad económica de más de 306 personas (individuos y sociedades) que movieron dinero a través de Sur Finanzas. La Justicia revisa la situación financiera de cada uno, informaron fuentes al tanto de la investigación.

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El largo listado está compuesto por 142 personas jurídicas y 164 personas físicas. Dentro de ese universo, hubo cuatro casos que desconocieron haber contraído préstamos con Sur Finanzas y 96 personas aparecen en la base e-Apoc del fisco, que contiene a emisores de facturas apócrifas.

Sobre la totalidad de estas personas y sociedades, el juez Tomás Rodríguez Ponte le solicitó a la ARCA que le indique si tenían “la solvencia económica acreditada ante ese organismo para operar los montos que fueran informados en los anexos de la denuncia”. Esto se debe a que la causa Sur Finanzas investiga los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva. En otras palabras, indaga si la plataforma del financista cercano a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue utilizada para “introducir en el sistema financiero fondos de origen ilícito y otorgarles apariencia de legalidad”.

Juan Tomás Rodríguez Ponte juró este año como juez federal de Lomas de ZamoraPrensa de la Corte

El expediente nació con una presentación de la ARCA, realizada en noviembre del año pasado. En aquella oportunidad, los sabuesos de la DGI acuñaron la expresión “ejército de soldaditos”, en alusión a la presunta utilización de personas como fachada para movilizar millones.

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Un informe al que tuvo acceso enumeraba casos como el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, en ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.

Ese es el núcleo de la denuncia de la ARCA: determinar si Sur Finanzas fue utilizado como vehículo para lavar dinero. Desde que estalló el caso, Vallejo se defendió y siempre negó tener un “ejército de soldaditos”. Lo que todavía se desconoce, casi once meses después del inicio del caso, es el origen de los cuestionados $818.000 millones sobre los que alertó el fisco.

La Ferrari California que Vallejo que fue secuestrada por la Justicia

Por ese motivo, el magistrado Rodríguez Ponte solicitó informes sobre las 306 personas. “El objetivo es saber si les cierra el blanco”, explicó una fuente al tanto de los movimientos de la causa. En la lista se encuentran Gomont y Rodepau. Esta última movió $6996 millones a través de Sur Finanzas PSP.

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Estas dos sociedades, que declaran domicilio en Baez 240, ganaron notoriedad porque sus sílabas coinciden con las de jugadores de la selección (Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel). Sin embargo, ninguno de ellos se encuentra detrás de ellas.

En los registros oficiales de Rodepau aparecen dos hombres; uno de ellos denunció domicilio en un asentamiento ubicado en el partido de Berisso. El otro también está en los papeles de Gomont, junto a un joven de 28 años que está catalogado por el Banco Central (BCRA) como un “deudor irrecuperable”.

Lomas de Zamora

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Dentro del pedido de informes de ARCA también se encuentra el municipio de Lomas de Zamora. Vallejo compartió en diciembre de 2024 una foto durante un evento de la Cámara de Comercio de Banfield en la que está junto al intendente Federico Otermín.

Vallejo compartió una foto con Federico Otermín, en diciembre de 2024

Ante la consulta de , fuentes del municipio de Lomas de Zamora señalaron que la municipalidad tenía una cuenta en la billetera virtual Sur Finanzas PSP, “así como también con otras billeteras virtuales como Mercado Pago y Cuenta DNI”. Agregaron que la usaban para que los vecinos pudieran pagar sus impuestos a través de esa vía, para “que sea una opción más” y que solamente se usó en 2024.

En cuanto a los clubes, el lunes pasado, el juez realizó operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de las instituciones que tenían vínculo con Sur Finanzas, para secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial. Tal como informó , San Lorenzo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas. Las transferencias millonarias se depositaban en una cuenta del Banco Industrial. A cambio, el club de Boedo emitía un pagaré a favor de la financiera de Vallejo, que cobró más de $100 millones en concepto de intereses.

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“No confiables”

La lista de los investigados incluye a 96 que se encuentran en la base e-Apoc. Esto significa que emitieron al menos una factura apócrifa y, por ende, están registrados como “contribuyentes no confiables”.

De de esos 96, 44 son personas físicas. Catorce de ellas percibieron beneficios sociales provenientes de la Anses. Allí se enlistan planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Programa Hogar, los ingresos familiares de emergencia brindados durante la pandemia y refuerzos de ingresos, según muestra una base de datos con información comercial, bancaria y fiscal.

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También se destacan otros casos particulares, como el de una jubilada de 92 años y otra persona que es beneficiaria del seguro de desempleo. Y se repiten casos de deudores en situación 4 o 5 del BCRA, que muestran distintos grados de morosidad con el sistema financiero.

En paralelo, la causa judicial incorporó al menos cuatro casos de personas que negaron haber realizado las operaciones a través de Sur Finanzas. Uno de esos casos es el de un hombre cuyas iniciales son M.A.C. “Desconoce un préstamo de 500.000.000 pesos que figura a su nombre en esa entidad”, dice la causa judicial en alusión a él. Algo similar ocurre con F.J.P, quien negó haber tramitado un crédito de $133,1 millones que figura a su nombre. “Acompaña chats donde reclamó por ese préstamo y pidió la baja de la cuenta”, se lee en el expediente.

La lista no termina ahí. S.L.F dijo que ya había dado de baja su cuenta cuando le imputaron un préstamo de $485 millones. Y otra persona, de iniciales R.B., sostuvo que nunca tuvo relación con Sur Finanzas, que jamás abrió cuenta ni autorizó a terceros a que lo hagan en la billetera virtual de Vallejo, y manifestó que le usaron sus datos.

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También se detectan puntos en común dentro del universo de las 52 sociedades que aparecen en la base de facturas apócrifas de la ARCA y que también están bajo la mira de la Justicia. El nombre de cinco personas se repite en más de una de ellas, ya sea como autoridades o como exempleados.

¿Qué capacidad económica tienen? Uno de ellos es jubilado y otro, monotributista categoría A, la que más bajos ingresos declara. Ambos figuran en la central de deudores del BCRA en situación 5. Es decir, “deudor irrecuperable”.




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POLITICA

Comenzó el traslado de presos desde la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

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El traslado de detenidos desde la cárcel de Devoto hacia el penal de Marcos Paz comenzó a concretarse este fin de semana, luego de la entrega provisoria del complejo penitenciario a la Nación realizada entre semana. El operativo permitirá desalojar el establecimiento porteño y trasladar a la totalidad de las personas privadas de la libertad allí alojadas.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, calificó el avance como “histórico” en un mensaje público compartido en su cuenta de X. Durante la firma del acta celebrada el jueves 9 de octubre, destacó el trabajo conjunto con el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y funcionarios de ambas administraciones.

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La desocupación de Devoto forma parte de un convenio entre la Ciudad y el Gobierno nacional. La nueva prisión, ubicada en territorio bonaerense, tendrá capacidad para 2.240 detenidos y será administrada por el Ministerio de Seguridad Nacional una vez que concluyan los preparativos para su puesta en funcionamiento.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Macri firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. La firma habilitó la fase de organización para la reubicación de la población carcelaria y el cierre de la prisión situada en la Ciudad de Buenos Aires.

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La cartera nacional deberá acondicionar las instalaciones, disponer los recursos necesarios y coordinar el movimiento de los internos. Las autoridades ordenaron a las fuerzas involucradas la elaboración de un plan operativo conjunto antes de iniciar los desplazamientos.

Un operativo con custodia en las dos cárceles

Según la información oficial, la planificación consideró el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres y la vigilancia de los inmuebles involucrados. También incluyó medidas para prevenir incidentes durante el traslado entre Devoto y el partido de Marcos Paz.

El Ministerio de Seguridad Nacional creó un Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el procedimiento. La conducción quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá articular el trabajo entre el personal penitenciario y las Fuerzas Federales de Seguridad.

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La estructura funcionará dentro de un comando creado en mayo de 2024 mediante la Resolución N.º 403. La Resolución 1018/2026 formalizó el dispositivo específico para el desplazamiento de los presos desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el nuevo establecimiento bonaerense.

Karina Milei y Jorge Macri firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

El esquema permite convocar a otros organismos nacionales de acuerdo con sus competencias. A su vez, invita a los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa para colaborar en la custodia del recorrido y de ambos penales.

La firma del acta contó con la presencia de la ministra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y la legisladora de la Ciudad Pilar Ramírez. También participaron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.

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Ocho años de obras y más plazas penitenciarias

El complejo de Marcos Paz se levantó en un predio de 80 hectáreas y su construcción comenzó hace ocho años. La obra permaneció paralizada durante cinco años y fue reactivada en diciembre de 2024 por la gestión porteña para cumplir el acuerdo firmado entre ambas jurisdicciones en 2018.

La nueva unidad contará con cuatro módulos, un edificio administrativo, un área de salud, espacios destinados a visitas, salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

El predio incorporará módulos de alojamiento distribuidos en cinco sectores independientes, canchas de fútbol y áreas para huertas. También tendrá un espacio para distribuir raciones alimentarias y dependencias destinadas a programas y servicios vinculados con el comando de seguridad interna.

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Durante una supervisión de las obras, Macri sostuvo que la cárcel permitiría trasladar a los detenidos alojados en Villa Devoto y responder al reclamo vecinal por el cierre de esa prisión. “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó el jefe de Gobierno.

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