POLITICA
El kirchnerismo pide en provincia de Buenos Aires un régimen de protección ante la creciente morosidad familiar
El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, presentó un proyecto de ley que busca limitar el endeudamiento de los empleados públicos bonaerenses mediante descuentos sobre el salario, en un escenario de morosidad récord y fuerte presión gremial.
La iniciativa, presentada por el legislador peronista, se convirtió en eje de la discusión interna del oficialismo, ya que llega luego del lanzamiento del programa “Ponete al Día”, lanzado por el Banco Provincia. La iniciativa de la banca pública se da también tras la advertencia de los gremios estatales y municipios del conurbano sobre el impacto del sobreendeudamiento familiar.
La normativa impulsada por Berni establece que las obligaciones voluntarias no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida, garantizando que cada trabajador conserve al menos el 70% de su haber o el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. La medida abarca a la administración pública central y descentralizada, organismos autárquicos y entidades cuyos haberes se liquiden a través del sistema de códigos de descuento de la provincia. El Ejecutivo podrá incorporar de manera progresiva otros regímenes de liquidación.
La presentación del proyecto de Berni no escapa a la discusión interna del peronismo bonaerense. Los canales de diálogo entre el Ejecutivo y la conducción de los bloques legislativos son escasos. Los niveles de morosidad familiar son una agenda que se impuso a la realidad, al punto de que los gremios exigieron respuestas urgentes ante el avance de la deuda familiar. Por primera vez, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, participó del encuentro con los sindicatos y anunció el lanzamiento de un programa especial de desendeudamiento, “Ponete al Día”, que ya alcanzó a 84.000 clientes con planes de refinanciación por un total de $344.800 millones, según datos oficiales.
La crisis de morosidad atraviesa a todos los sectores sociales. En mayo de 2026, 1,84 millones de bonaerenses estaban en mora, según el Mapa de la deuda elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ebert, con una deuda total impaga de $6,49 billones. El promedio provincial de morosidad es del 20,17%, pero la situación es aún más crítica en el conurbano: José C. Paz lidera el ranking de los municipios más afectados, con una tasa de morosidad de 32,86%, seguido por Presidente Perón (32,73%) y Florencio Varela (32,48%). En José C. Paz, la deuda impaga asciende a $132.955,92 millones y afecta a 45.682 personas. Los más jóvenes presentan los peores indicadores: la tasa de mora llega al 46,17% en el grupo de hasta 25 años.
El fenómeno, lejos de ser homogéneo, muestra diferencias por edad y género, pero atraviesa todos los municipios del primer y segundo cordón del conurbano, muchos con tasas por encima del 30%. La situación no distingue canales: en fintech, cadenas comerciales y tarjetas de consumo, la morosidad supera el 30%.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, expuso en su última conferencia de prensa que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años, pasando del 2,5% al 12,8%. La crisis, sostuvo, no es consecuencia de la irresponsabilidad individual, sino de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei.
La respuesta del Gobierno de Javier Milei
El presidente Javier Milei relativizó la crisis de endeudamiento familiar y defendió la no intervención del Estado. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”, afirmó en entrevistas recientes con LN+ y Radio Mitre. Además, sostuvo: “Es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. Para Milei, trasladar la responsabilidad al Estado “no está bien” y “es una distorsión del mercado”.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó este enfoque: “Es un tema entre privados”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.
En respuesta, Bianco subrayó que el discurso nacional “niega el problema y responsabiliza a la gente que no llega a fin de mes y se debe endeudar para comprar alimentos”. El funcionario remarcó que el principal detonante de la crisis es la caída real de los ingresos y el aumento del peso de los servicios públicos sobre el salario formal, que pasó del 6% al 15% en pocos meses. “El responsable del endeudamiento de las familias es Milei, que pisó los ingresos, aumentó las tarifas y subió el costo crediticio”, afirmó Bianco.
La ley que el kirchnerismo buscará llevar a debate en el Senado bonaerense incorpora mecanismos de alerta temprana al alcanzar el 20% de afectación salarial y bloqueos automáticos al llegar al tope legal. Prohíbe cualquier intento de eludir los límites y obliga a las entidades financieras, mutuales y cooperativas a informar de manera clara y completa el costo total del financiamiento, además de prohibir el traslado de cargos administrativos a los empleados públicos. El sistema se financiará con una tasa mensual sobre la masa de descuentos, de la cual el 75% nutrirá un fondo especial de protección del ingreso y reordenamiento financiero.
La autoridad de aplicación podrá sancionar con multas, suspensión o baja del registro a las entidades que incumplan los límites o dificulten la cancelación de deudas. Además, el régimen prevé la publicación anual de informes con estadísticas sobre el alcance del sistema, el porcentaje de ingresos afectados, la cantidad de refinanciaciones y las sanciones aplicadas.
Sin embargo, el Banco Provincia, lanzó en julio de este año el programa Ponete al Día. Allí, la banca que conduce el gobierno de Kicillof promueve un plan integral destinado a la refinanciación de deudas para clientes en mora al 31 de mayo de 2026. El programa contempla una reducción significativa de tasas de interés, ampliación de plazos hasta 72 meses y condiciones segmentadas según el perfil del cliente. Entre las medidas, quienes presentan mora temprana (hasta 90 días de atraso) pueden acceder a una tasa del 50% anual si cobran haberes en el banco, y al 39% si perciben ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Para casos de mora avanzada (más de 90 días), la tasa desciende al 31% anual para personas sobreendeudadas, con cuotas mensuales más accesibles.
El plan incluye una opción especial para refinanciar consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad, con una tasa del 41% en hasta 60 cuotas y la posibilidad de mantener operativa la tarjeta por el saldo disponible tras la operación. Además se flexibilizó las condiciones para excombatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares, quienes podrán acceder a tasas preferenciales y plazos extendido.
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El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, propuso la creación de una policía militar para el conurbano. Según sostuvo, el objetivo es modificar el esquema de seguridad vigente ante el crecimiento y la complejidad del delito.
Sobre el funcionamiento de esta fuerza federal, de La Torre explicó que dependería del gobierno nacional y no de las autoridades provinciales ni municipales y actuaría “en los municipios federalizados”.
Esta fuerza federal “permanente, de régimen y formación militar” se dedicará a delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas.
“No es el Ejército prestado ni Gendarmería prestada, es una fuerza creada específicamente para el conurbano”, remarcó el también exsenador por la provincia de Buenos Aires. Asimismo, precisó que se formaría en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense.
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“Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, afirmó.
Según explicó De la Torre, la eventual Policía Militar conviviría con la Policía municipal que continuarían bajo la órbita de los intendentes y mantendrían las tareas de prevención y patrullaje.
“Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
En ese sentido el legislador cuestionó el actual esquema de seguridad de la provincia de Buenos Aires. “En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Para De la Torre, el problema requiere una transformación profunda del sistema actual. En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar con cambios estructurales tanto en el modelo de seguridad.
“Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”, concluyó.
La federalización del conurbano
De la Torre también propone federalizar el conurbano bonaerense y sacárselo a la Provincia. La iniciativa contempla establecer que cada municipio pase a convertirse en un distrito federal dependiente directamente del Gobierno nacional.
Semanas atrás, de La Torre propuso federalizar los 27 distritos del conurbano y eliminar así la figura del gobierno provincial como autoridad competente sobre ellos. El exsenador provincial planteó la iniciativa, aseguró, en respuesta a los problemas que se agravaron en la región en los últimos años.
“Pasan a tener únicamente Estado municipal y Estado nacional”, ratificó en diálogo con radio Mitre. Su postulación propone, a su vez, que cada distrito federal elija a su propio intendente, pero no participe en las votaciones para gobernador, senadores o diputados provinciales.
Y explicó: “Lo que hay que entender es que esto ya funciona así: si vivís en La Matanza o en Hurlingham, el agua te la brinda AySA, que es una privatización nacional; el gas, MetroGAS, que también es nacional; la luz, Edesur; los trenes y colectivos también son nacionales; de la salud también se hacen cargo los municipios; en cuanto a la seguridad, los patrulleros, el combustible y las cámaras las pone el municipio, lo único que pone la provincia es el sueldo de los policías. Lo mismo pasa en educación”.
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POLITICA
El diputado Castagneto habló sobre la base militar de Ushuaia: “No vamos a aprobar que esté en manos compartidas”
El diputado nacional Carlos Castagneto, de Fuerza Patria, cuestionó el proyecto para construir una base militar en Ushuaia y puso como condición que la instalación permanezca bajo control argentino. “Lo que no vamos a aprobar es que la base militar esté en manos compartidas con otro país que no sea solamente Argentina”, afirmó en Infobae a la Tarde.
Para el legislador, la discusión no pasa únicamente por respaldar o rechazar la obra, sino por conocer las condiciones en las que será construida y operada. En ese sentido, reclamó precisiones sobre el financiamiento, la participación de trabajadores argentinos y el funcionamiento previsto para las próximas dos décadas: “Que diga: es mano de obra argentina, que nos digan de dónde va a salir el financiamiento y cómo se va a operar de acá a 20 años”.
Castagneto aclaró que no se opone de antemano a una iniciativa del Gobierno y que podría acompañarla si esas condiciones quedan garantizadas. “Si eso es así, bienvenido sea y lo vamos a acompañar. No es cuestión de decir: somos opositores a cualquier cosa que venga del Gobierno”, sostuvo.
Las críticas de Castagneto por Malvinas
La discusión sobre Ushuaia estuvo vinculada durante la entrevista con la posición argentina respecto de las Islas Malvinas. Castagneto cuestionó las actividades de empresas vinculadas con los recursos hidrocarburíferos y pesqueros en áreas relacionadas con el archipiélago y recordó que existen sanciones previstas por la legislación argentina.
En particular, aseguró que una empresa habilitada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) opera en la zona de exclusión. “Caputo autorizó una empresa a operar en el RIGI, que hoy está operando también en la zona de exclusión”, afirmó.
El diputado también cuestionó la política oficial sobre la soberanía argentina y sostuvo que el Gobierno no ha defendido esa posición en los organismos internacionales. “No le creo porque en ningún momento defendió la soberanía en Malvinas ante ningún organismo internacional”, señaló.
El proyecto para financiar el deporte adaptado
Durante la entrevista, Castagneto también presentó su proyecto de ley para crear un sistema de promoción y financiamiento del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de alto rendimiento mediante aportes privados.
La iniciativa propone que las empresas que realizan aportes deducibles del Impuesto a las Ganancias a clubes y asociaciones civiles destinen un 20% de esos recursos al deporte inclusivo y adaptado. Castagneto explicó que se trata de aprovechar el esquema de responsabilidad social empresarial que ya utilizan esas compañías: “Aquellas empresas que dan responsabilidad social empresarial a los distintos clubes, un 20% de la misma vaya para el deporte inclusivo y adaptado”.
El legislador remarcó que el mecanismo no implicaría una nueva erogación del Estado nacional y definió así uno de los principales aspectos de la propuesta: “Realmente, costo cero para el Estado”.
El proyecto también establece requisitos para las instituciones que accedan a esos recursos. Los clubes deberán acreditar al menos dos años de actividad vinculada con el deporte adaptado, mientras que la Subsecretaría de Deportes tendría a su cargo un registro y el seguimiento del destino de los fondos. Según explicó Castagneto, la intención es “que tenga dos años en actividad con respecto al deporte adaptado para que sea continuo” y que exista una instancia de control sobre la distribución de los recursos.
La iniciativa contempla además a los clubes de barrio y busca ampliar la presencia de las disciplinas adaptadas dentro de las instituciones deportivas tradicionales. El diputado planteó la necesidad de “incorporar el deporte adaptado al deporte común, al deporte que se viene haciendo en todos los clubes”, al considerar que esa integración es central para ampliar el acceso.
El reclamo por el financiamiento del alto rendimiento
La propuesta estuvo acompañada por una crítica al actual esquema de financiamiento del deporte argentino de alto rendimiento. Castagneto consideró que la falta de recursos afectó a distintas disciplinas y apuntó especialmente contra la situación del ENARD.
“Al desfinanciar el ENARD, el deporte argentino, en líneas generales, al no tener financiamiento, se vio afectado en distintas disciplinas”, sostuvo.
El exarquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo y Quilmes recordó el esquema vigente antes de la modificación de 2017, cuando el organismo recibía recursos provenientes de un cargo del 1% sobre la tarifa básica de telefonía celular. Según Castagneto, aquel mecanismo permitía sostener mejores condiciones para los atletas.
Al recordar ese período, destacó que “las becas eran buenas” y explicó que los deportistas que competían en representación de la Argentina contaban con pasajes, alojamiento, alimentación y asistencia de profesores y médicos.
Las críticas a la política tributaria
El ex titular de la AFIP también cuestionó la situación de la recaudación y sostuvo que su caída responde tanto al nivel de actividad como a la evolución de los ingresos. “La recaudación es lógico que va a bajar”, afirmó, y señaló como una de las causas que “la actividad económica está mal”.
Entre las medidas del Gobierno que cuestionó mencionó los cambios en Bienes Personales, el tratamiento de los débitos y créditos en plataformas digitales y el RIGI. Castagneto consideró que esas modificaciones alteraron la estructura del sistema tributario y sostuvo que “es un combo de traspaso de impuestos progresivos, que paguen más los que más tienen, a impuestos regresivos, que paguen más los que menos tienen”.
En ese marco, reclamó una reforma tributaria que incremente la contribución de los sectores de mayor capacidad económica y mencionó los criterios impulsados por la OCDE. “Hay que poner el pilar uno y el pilar dos de la OCDE, que dice el ingreso a las grandes fortunas y también un 15% sobre los saldos contables”, planteó.
Castagneto también cuestionó el concepto de déficit fiscal cero y lo vinculó con el nivel de endeudamiento del Estado. “El déficit fiscal cero es mentiroso, porque todos los días salen bonos de deuda de la Argentina”, afirmó.
Al referirse a las prioridades presupuestarias, el diputado mencionó la emergencia en discapacidad, el financiamiento educativo, los haberes jubilatorios y la situación del Hospital Garrahan. Para Castagneto, esas áreas no pueden quedar subordinadas únicamente al objetivo de reducir el gasto: “Hay gastos que son insustituibles, como las rutas, como el asfalto, como la cloaca, como la salud, como la educación”.
La entrevista con Infobae a la Tarde recorrió así distintos ejes de la agenda del legislador: desde sus reparos frente al proyecto de Ushuaia y su posición sobre Malvinas hasta la propuesta de financiamiento para el deporte adaptado y sus cuestionamientos al esquema tributario y fiscal del Gobierno.
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El Reino Unido anunció que renovará sus aviones de guerra para reforzar la seguridad en las Islas Malvinas. Son cuatro aeronaves Typhoon que serán reemplazados con radar de última generación y tecnología avanzada, utilizada por la OTAN. Así lo hizo saber el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, Luke Pollard, ante una consulta en el Parlamento.
El ministro británico detalló que está previsto que “los cuatro aviones Typhoon, que forman parte del Escuadrón 1435, de la Tranche 1, actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.
Además, le puso fecha, señalando que “para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027 ya estaremos enviando los nuevos aviones al archipiélago”. Pollard indicó que las unidades reemplazadas serán retiradas de servicio.
No es la única novedad: las defensas aéreas de la RAF que protegen las Islas Malvinas se han visto reforzadas con el regreso de un avión cisterna Airbus A330 Voyager a la base aérea de Mount Pleasant. Este avión estuvo asignado durante cinco meses a reforzar a los aliados en Medio Oriente tras el conflicto bélico estadounidense e israelí contra Irán.
En abril pasado, el Reino Unido decidió retirar el avión cisterna Voyager apostado en la base aérea de Malvinas y enviarlo a Medio Oriente, para apoyar la incursión militar.
Esta información no fue pública, pero sitios de rastreo aéreo pudieron comprobar que el Voyager de la RAF estuvo en la isla Ascensión a fines de agosto y llegó a Mount Pleasant el 3 de septiembre. Desde entonces ha estado realizando patrullajes junto al destacamento de cazas Eurofighter Typhoon, justamente los aviones que van a renovar a fin de año.
Según señalan sitios de noticias ingleses especializados en Defensa y Seguridad, y que fueron consignados por el periódico Merco Press, la base de Mount Pleasant está actualizando sus capacidades defensivas.
En ese sentido aseguran que el gobierno de las Islas está pronto a lanzar “una convocatoria de reclutamiento dirigida a un círculo restringido de participantes, entre ellos operadores de drones”, algo que estaría a cargo de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas (FIDF) , una unidad militar de solo 40 residentes voluntarios en las islas, que colabora técnicamente con la base militar del archipiélago.
Esta información circuló en el Reino Unido, donde se confirmó que “ya se están asesorando y contratando principalmente a británicos con experiencia en pilotaje de drones”.
El sábado pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas sería un “desastre”, pero aseguró que si se llegara a ese punto lo llamarían y sería “capaz de resolverlo”. Estas declaraciones las formuló después que no descartara reconsiderar la neutralidad de su país sobre la disputa de soberanía, algo que no cayó muy bien en el mapa político del Reino Unido, donde no quieren darle entidad a la existencia de un conflicto en escalada.
Mientras se espera conocer con detalle el “proyecto de ley de soberanía” que el gobierno argentino enviará al Congreso, algo que también ha generado debate en la política británica con una clara exigencia de los conservadores al gobierno laborista para conocer su reacción, la ministra del Foreign Office Kirsty McNeill declaró ante la Cámara los Comunes que “no existe duda alguna sobre la soberanía británica”, además reafirmó “el compromiso del gobierno de salvaguardar las libertades democráticas de los isleños”.
Pese a esta ebullición en Londres, en las Malvinas los pobladores no se muestran preocupados por las novedades que llegan de Argentina y confían en el resguardo brindado por el Reino Unido, de hecho, se informó a los isleños que el Proyecto Sea Lion, de extracción de petróleo offshore, “continuará con los tiempos informados”.
Daniel Santa Cruz,Malvinas,Conforme a
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