POLITICA
El laberinto judicial del caso $LIBRA: sin testigos, sin indagatorias, sin presupuesto y ahora sin querellantes
Transcurrido casi un año y medio desde que la primera denuncia por el caso $LIBRA llegó a la Justicia argentina, el expediente pasó por las manos de al menos cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas. Pero todavía no citaron a declarar a testigos directos, mucho menos a un acusado, mientras que los fiscales admiten no tener recursos ni presupuesto. En ese contexto, la decisión de apartar a todos los querellantes acrecienta el horizonte de impunidad final.
El paso más reciente en ese derrotero es la resolución que firmó hoy el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. A pedido del acusado Mauricio Novelli, apartó a todos los querellantes del expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py al concluir que no han logrado demostrar que realmente fueran inversores perjudicados por el colapso del “memecoin” en febrero de 2025.
Para ello, dedicó más de quince páginas a analizar si la volatilidad es inherente a los “memecoins” o si los impulsores Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy buscaron engañar a los inversores -una cuestión de fondo- cuando el juez sólo debía resolver una cuestión procesal: ¿tienen los damnificados legitimación para intervenir? Más aún, al sostener que las pérdidas podrían responder al riesgo propio de un mercado altamente volátil y no a una maniobra fraudulenta, adelantó opinión sobre el objeto mismo de la pesquisa.
Sostuvo, además, que los querellantes debían acreditar “de manera fehaciente” la titularidad de sus billeteras, el origen de los fondos y una conexión causal directa antes de que concluyera la investigación, aunque reconoció que esas pruebas todavía están en curso. En otras palabras, los excluyó porque falta prueba que el propio proceso debería producir. Incluso trasladó a los particulares cargas investigativas que corresponden al Estado, como reconstruir la trazabilidad de operaciones o identificar a los titulares de billeteras digitales, ya sea mediante peritajes, exhortos o pedidos de cooperación internacional.
La contradicción es aún mayor porque el propio juez admitió en su resolución que la investigación todavía no logró establecer quiénes son los titulares de las billeteras ni reconstruir completamente el recorrido de los fondos, pero aun así concluyó que esos mismos inversores no sufrieron una afectación directa. Si la maniobra todavía no pudo reconstruirse íntegramente, ¿cómo puede descartarse ya la condición de víctimas?
Ese será, probablemente, uno de los ejes de la apelación de los ahora excluidos del expediente ante la Cámara Federal. Si el delito investigado es una presunta defraudación, resulta difícil explicar quién podría estar más directamente afectado que quien compró $LIBRA y perdió dinero como consecuencia de la maniobra denunciada.
La resolución también parece confundir pérdida patrimonial con riesgo de mercado. Al afirmar que los hechos ocurrieron en un ámbito caracterizado por volatilidad y escasa regulación, el juez asume como válida una de las hipótesis defensivas -que todo obedeció a la dinámica propia de las memecoins- cuando esa es una de las cuestiones que la instrucción debería esclarecer. Y si finalmente se determina que existió fraude, el riesgo propio del mercado dejará de ser una explicación suficiente.
Desafío a la Cámara
La resolución también se aparta, en los hechos, del criterio fijado por la Cámara Federal meses atrás. El tribunal de alzada había admitido a los querellantes y dejado abierta la posibilidad de revisar esa decisión una vez producidas determinadas medidas técnicas especializadas sobre blockchain y trazabilidad. Sin embargo, esa revisión llegó antes de que esas medidas concluyeran.
En definitiva, la resolución de Martínez de Giorgi exige una prueba casi definitiva del fraude para reconocer legitimación a quienes justamente afirman haber sido víctimas de ese fraude. Eleva así el estándar probatorio propio de una incidencia procesal hasta un nivel cercano al de una sentencia sobre el fondo, cuando la investigación sigue incompleta: no terminaron los peritajes, no llegaron todas las respuestas a exhortos y oficios, sí citaron a expertos técnicos como Maximiliano Firtman, pero no a testigos directos de la operatoria -como podrían ser Jeremías Walsh, Ariel Parkinson o el español Arturo Osete Herraiz- ni indagatorias.
En esa línea, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Pedro Biscay, presentado como “amicus curiae” en el expediente, remarcó que “la decisión de apartar a los querellantes en el caso $Libra sumado a las demoras del fiscal en impulsar medidas clave como la indagatoria de las máximas autoridades involucradas debilita el avance del proceso penal y genera serios riesgos de impunidad”, y adelantó que “pese a la resistencia de los operadores judiciales, el CIPCE continuará impulsando acciones y medidas de seguimiento orientadas a impulsar el esclarecimiento completo de los hechos de corrupción del caso”.
Los pedidos que presentó CIPCE en el expediente, sin embargo, fueron desoídos por el juez y el fiscal hasta el momento. Por eso, la decisión de Martínez de Giorgi apartar a las querellas resulta todavía más llamativa porque el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) reconoció en el expediente que carece de las herramientas, el presupuesto y las licencias tecnológicas necesarias para avanzar con el análisis de las billeteras.
A ello se suma otra exigencia del magistrado a los querellantes: pedirles que acrediten el origen de los fondos utilizados para comprar $LIBRA, cuando el objeto del proceso no es investigar el patrimonio de las presuntas víctimas, sino determinar si existió una maniobra defraudatoria y si el Presidente incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública.
Así, si los fiscales reconocen que todavía no cuentan con los recursos técnicos necesarios para investigar y los querellantes -que impulsaban buena parte de las medidas de prueba y las apelaciones- quedan excluidos del expediente y todavía no hubo testigos ni indagatorias, ¿qué final cabe esperar para este expediente?
la decisión,reconoció en el expediente,Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia y levantó el secreto bancario de su exesposa
El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE. La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de información sobre sus declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.
Además, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ordenó requerir información para reconstruir su situación patrimonial y económica.
Entre las medidas dirigidas a Tapia, Lijo pidió a la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas que presentó entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados. También solicitó al CEAMSE que precise si se encontraron los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
La resolución requiere, además, que el Registro de la Propiedad Automotor informe en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remita los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. El juez también pidió informes sobre causas judiciales anteriores que puedan aportar datos sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios del dirigente.
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El juez Lijo ordenó un exhorto a Suiza por transferencias de US$190.000 de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia
El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia.
Las medidas incluyen un exhorto a Suiza para que la FIFA explique por qué le giró casi 190.000 dólares, un pedido a la AFA para que informe quién autorizó las tarjetas de crédito a su nombre y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de su exesposa, Paola Moyano, hija del dirigente camionero Hugo Moyano.
La resolución, firmada este viernes, responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita en la causa en la que Tapia está investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El juez dejó por escrito que la información servirá para conocer “de una manera más acabada” el patrimonio del dirigente, “cuyo incremento resulta materia de investigación”.
Una de las medidas más llamativas es el exhorto internacional a la Confederación Suiza para que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto y la causa de tres transferencias que hizo a favor de Tapia: US$49.585 en diciembre de 2018, US$124.583 en junio de 2019 y US$15.408 en marzo de 2020.
Las dos primeras se acreditaron en una caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop y la tercera se liquidó en pesos en otra cuenta del mismo banco. En total suman unos US$189.577.
Lijo también le pidió a la FIFA el detalle de todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos que le abonó a Tapia desde 2016, con los cargos o comisiones que los justificaron y las cuentas de destino.
A la AFA, el juez le exigió las actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión a nombre de Tapia de tarjetas adicionales Visa y Cabal de cuentas de la asociación, además de tarjetas American Express Corporate. Pidió los límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con comprobantes.
Lijo quiere saber, además, si la AFA imputó esos consumos como remuneración, retribución en especie o anticipo a cargo de Tapia.
Y pidió que explique el concepto de cinco transferencias a sus cuentas del Credicoop entre 2020 y 2023 —la mayor, de $1.251.000, en abril de 2023— y cómo se liquidaron los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber cobrado de la entidad.
El juez ordenó que el Sindicato de Choferes de Camiones informe el concepto de 37 depósitos por un total de $1.494.678 que hizo entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.
Pidió su legajo, los cargos que ocupó en el gremio, los recibos de haberes y las fechas de alta y baja.
La resolución levanta los secretos fiscal, bursátil, bancario y el que protege la información de la Unidad de Información Financiera respecto de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija de Hugo Moyano.
A ARCA le pidió que reconstruya “de manera integral” su situación fiscal y patrimonial: declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, bienes en el país y el exterior, deudas y préstamos, facturación, participaciones societarias, alquileres, cuentas en billeteras virtuales y criptoactivos, e información de intercambio internacional sobre cuentas en el exterior.
También deberá informar si tuvo vínculos con contribuyentes de la base APOC, es decir, emisores de facturas apócrifas, y si declaró ingresos o egresos de dinero por la Aduana.
Lijo pidió además que el Banco Central circularice a todas las entidades financieras para detectar cuentas, cajas de seguridad, tarjetas y giros al exterior a nombre de Moyano, y que la Caja de Valores y Coelsa informen sus cuentas comitentes y transferencias.
En otro punto, el juez le pidió a ARCA que informe si Tapia y Moyano adhirieron al régimen de regularización de activos o al régimen especial de Bienes Personales de la ley 27.743, el blanqueo de 2024, y en ese caso qué bienes, monedas y valores declararon y qué pagos hicieron.
Lijo ordenó al Registro de la Propiedad Automotor que informe de qué vehículos Tapia figuró como “autorizado” desde 2016 y que remita los legajos de cuatro autos a su nombre, entre ellos una BMW X4 comprada en junio de 2020.
Pidió al Credicoop y al Banco de Servicios y Transacciones todos los movimientos de dos cuentas comitentes de Tapia, abiertas en 2017 y 2021 y las cuentas desde las que entró y salió el dinero.
Los bancos Nación, Ciudad, Coinag y Galicia tienen 72 horas para informar cualquier producto que Tapia tenga o haya tenido en cualquier carácter.
El juez le dio 72 horas a la Oficina de Integridad Pública del gobierno porteño para que diga dónde y cómo se guardan las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022, con sus anexos reservados, y quién está a cargo de esa documentación.
A la Ceamse le preguntó si aparecieron los registros laborales de Tapia de marzo y diciembre de 2006.
También pidió a los colegios de escribanos porteño y bonaerense que informen si Marisa Galarza ejerce como escribana y qué registro tiene a su cargo.
Lijo pidió certificar el estado de siete expedientes en los que aparece Tapia o la AFA (en los juzgados en lo Penal Económico 2, 5, 7 y 8, en dos juzgados criminales y correccionales y en el juzgado federal de Campana) y que le envíen copias de todo lo vinculado con su patrimonio desde 2016. Varias de esas causas fueron impulsadas por el empresario Guillermo Tofoni.
Por último, el juez reiteró los pedidos de información que había hecho el 16 y 17 de septiembre a la CNV, la UIF, la IGJ, el INAES y el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, a 16 plataformas de criptoactivos (entre ellas Binance, OKX y Ualá) y a remesadoras como Banco Piano y Western Union local, que todavía no respondieron.
La investigación fue impulsada por el fiscal Pollicita a partir de una denuncia de Tofoni, y quedó en manos de Lijo después de que la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre distintos juzgados.
Es el cargo de Tapia en la Ceamse, y no la presidencia de la AFA, lo que permite investigarlo por enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.
patrimonio,un exhorto a Suiza,Hernán Cappiello,Conforme a
Con un claro mensaje hacia la interna y los desacuerdos en la cúpula del oficialismo, la diputada libertaria Lilia Lemoine sostuvo que le “ilusionaría” una fórmula presidencial encabezada por Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich para las elecciones de 2027. Por otro lado, apuntó contra el “adoctrinamiento” en las universidades tras la Marcha Federal que se realizó en el Congreso, y cuestionó a quienes “querían tirar el DNU 70/23” para “dañar al Gobierno”.
En una entrevista con Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky, Lemoine expresó su respaldo a una oferta electoral Milei-Bullrich para asegurar la continuidad de La Libertad Avanza, a pesar de la tensiones internas por lo movimientos de la exministra de Seguridad. “Me agradaría una formula. A mi me gustaría, me ilusionaría una fórmula así”, dijo.
Consultada por la movilización de docentes, trabajadores y alumnos universitarios, la legisladora se refirió al episodio que vivió en las inmediaciones de Congreso, que quedó registrado en video. Entre otros puntos, recordó que caminaba con la diputada mendocina Mercedes Llano cuando comenzaron las agresiones verbales. “Estábamos esperando en la esquina. Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”, reconstruyó sobre el incidente que registró con su teléfono.
La diputada diferenció a quienes participaron de manera pacífica de otros grupos que, según afirmó, se acercaron a la zona con una dinámica organizada. “Había una parte pacífica de la marcha”, dijo, antes de cuestionar la presencia que observó en las inmediaciones. “Empezaban a llegar personas de municipalidades, que salieron organizadas de los consejos deliberantes y algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad vi muy poco estudiante ahí”, planteó.
Lemoine también mencionó algún hecho puntual donde hubo estudiantes que afrontan presiones políticas dentro de las universidades. Citó un caso en la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, donde aparentemente un docente -según su versión- pidió una foto de asistencia a la marcha para aprobar la materia. “Eso es extorsión a los alumnos. Adoctrinamiento político”, expresó.
Ante la observación de que esos casos no necesariamente describen la totalidad del sistema universitario, Lemoine aseguró que sería atacada si ingresara a una facultad. “A mí me tirarían piedras adentro de la universidad (pública). Te lo apuesto”, agregó. “El asco que me tienen la feministas y la izquierda es tan grande, y son tan violentos y tan cobardes, que cuando están en grupo son extremadamente agresivos”, afirmó.
La diputada consideró que detrás de la movilización y del debate parlamentario había un propósito político contra el Poder Ejecutivo. “Ayer querían tirar el DNU 70/23 no porque estaban preocupados por la educación pública o la soberanía, todo eso es mentira”, dijo, e insistió que el objetivo era desestabilizar al oficialismo. “Querían subir el riesgo país, querían ver si tiraban un muerto, querían ver si podían dañar al gobierno”, enumeró, sin presentar pruebas durante la entrevista.
El rumbo del Gobierno: “Podría estar mejor”
Por otro lado, Lemoine reconoció dificultades en la situación económica, aunque aseguró que el Gobierno atraviesa una recuperación después de la crisis profunda de 2023. “Podría estar mejor. Estamos saliendo de una crisis muy profunda que podría haber terminado en una hiperinflación”, sostuvo, y consideró que resolver en dos años los efectos de los gobiernos anteriores era imposible. “Es fantasioso si alguien pensó en algún momento que se podían resolver veinte años de populismo y de miseria en dos años”, agregó.
En ese marco, afirmó que la baja de la inflación es un indicador central. “Este es el primer presidente desde la vuelta de la democracia que va a entregar el gobierno con menos inflación de la que tenía cuando empezó”, sostuvo, al destacar la eliminación de restricciones cambiarias. “No hubo plan Bonex, no hubo corralito, se quitó el cepo”, enumeró.
Sobre la actividad comercial y el consumo, planteó que existen problemas derivados del retiro de subsidios y de las políticas aplicadas durante dos décadas. Y también defendió que el cambio de la composición del empleo sea con contrataciones precarias. “Ser monotributista no es algo malo, no es un insulto. Yo soy monotributista, no he tenido problemas con eso”, afirmó. Tras ser consultada por el cierre de empresas, respondió con interrogantes sobre nuevos emprendimientos e inversiones. “¿Y cuántas abrieron y cuántas migraron? ¿Y cuántas inversiones llegan?”, planteó.
Más allá de las dificultades, Lemoine aseguró que el Gobierno debe mantener su programa económico. “Hay que seguir avanzando en lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo ha dado sus frutos”, afirmó.
En el cierre, pidió apoyo electoral para el mandatario libertario. “Javier Milei es el primer presidente que hace lo que dice que va a hacer. No hay sorpresas. Con este presidente vos tenés previsibilidad, tenés un camino de libertad por delante”, concluyó.
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