POLITICA
El laboratorio del fentanilo mortal vendió propofol de manera irregular sin que los organismos de control lo impidieran
Infobae accedió a un nuevo tramo de la investigación judicial que pone en jaque a quienes fueron las autoridades responsables de controlar la elaboración y venta de medicamentos. Nélida Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecon Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ya fueron indagadas y excarceladas después de depositar una fianza millonaria y la prohibición de salir del país. En la documentación incluida en la causa a cargo del juez Ernesto Kreplak, se revela una trama paralela al escándalo del fentanilo mortal: durante años, la firma HLB Pharma Group SA comercializó propofol y dopamina —dos medicamentos de uso exclusivo en terapia intensiva y cirugías— bajo certificados que pertenecían a otro laboratorio, Surar Pharma S.A., clausurado por la propia ANMAT desde 2015. El organismo recién tomó medidas nueve años después. Una situación que demuestra que las presuntas irregularidades y falta de control en esos dos organismos se arrastraron a lo largo de varias administraciones.
El dictamen, firmado el 3 de agosto por la fiscal federal de La PlataMaría Laura Roteta y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Leonardo Rodríguez, reseña esa cadena de irregularidades y la secuencia en la fabricación y distribución de propofol y dopamina a centros sanitarios y droguerías por fuera de la normativa vigente.
El documento, de 191 páginas, contiene los fundamentos por los cuales se le solicitó al juez Kreplak la detención y la declaración indagatoria de Bisio y Mantecon Fumadó. Ambas fueron imputadas por los presuntos delitos previstos en los artículos 201 bis y 200 del Código Penal —adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte— en concurso real, con la posibilidad de que avance la calificación hacia el artículo 80, inciso 5°, que prevé el homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común. La expectativa de pena es de 10 a 25 años de prisión.
La causa principal —conocida como “fentanilo mortal”— investiga la muerte de 90 pacientes y las secuelas de otros 41 tras la aplicación de ampollas del potente anestésico contaminado con las bacterias Klebsiella y Ralstonia, elaboradas entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025 en la planta de Laboratorios Ramallo SA. El dictamen fiscal, adelantado por este medio, detalla, además, una serie de irregularidades sobre otros medicamentos que circularon en el sistema de salud sin respaldo legal y sin que la autoridad sanitaria tomara medidas.
¿Qué es el propofol y por qué su fabricación requiere controles estrictos?
El propofol es el anestésico intravenoso más utilizado en el mundo para la inducción y el mantenimiento de la anestesia general en cirugías, para la sedación de pacientes en terapia intensiva con ventilación mecánica y para procedimientos como endoscopías y broncoscopías. Es un medio que favorece el crecimiento bacteriano si el producto se contamina o si no se respetan los estándares de fabricación y manipulación. La literatura médica internacional documenta al menos 20 brotes infecciosos asociados al propofol en las últimas décadas, con 144 pacientes afectados y 10 muertos.
Entre los riesgos documentados del propofol figuran la depresión cardiovascular severa —con casos de bradicardia, asistolia y paro cardíaco—, la depresión respiratoria, reacciones anafilácticas potencialmente fatales y el denominado síndrome de infusión por propofol, una complicación poco frecuente pero con alta mortalidad que se manifiesta con acidosis metabólica, rabdomiólisis, hiperpotasemia y falla cardíaca. Por esas características, la normativa exige que el propofol se elabore bajo condiciones de esterilidad rigurosas, con certificación específica del organismo regulador. Un producto que circula sin ese respaldo no tiene garantía de calidad, seguridad ni eficacia. El paciente que lo recibe no lo sabe, y el médico que lo administra tampoco tiene forma de saberlo.
¿Qué es la dopamina y qué riesgos implica su uso sin control de calidad?
La dopamina es una catecolamina de uso intravenoso exclusivo, administrada en unidades de cuidados intensivos para el tratamiento del shock —caída crítica de la presión arterial— y de la insuficiencia cardíaca grave. Se utiliza en situaciones de emergencia, frecuentemente en pacientes ya comprometidos, como los que cursan un infarto de miocardio, sepsis o cirugía cardíaca.
Los riesgos de la dopamina son proporcionales a su potencia. Puede provocar arritmias graves, incluidas taquicardias ventriculares; isquemia tisular periférica y visceral por vasoconstricción excesiva; hipertensión severa; y, en sobredosis, eventos cerebrovasculares. La administración de un producto sin certificación válida —es decir, sin garantía de concentración, esterilidad ni estabilidad— en un paciente en shock o en terapia intensiva puede derivar en consecuencias letales que resultan prácticamente imposibles de distinguir de la evolución propia de la enfermedad de base.
El certificado de un laboratorio clausurado en 2015
Según el dictamen fiscal fue el Ministerio de Salud de la provincia de Formosa, quien en 2024 alertó a la ANMAT sobre la recepción de unidades de Propofol HLB, es decir el mismo laboratorio que elaboró el fentanilo contaminado, sin etiqueta de trazabilidad y consultó sobre su legitimidad.
Seis días después, la propia Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT confirmó que el producto no estaba inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales y que el Certificado N° 43.900, bajo el que circulaba pertenecía en realidad a Surar Pharma S.A. —un laboratorio clausurado preventivamente por disposición de la ANMAT desde 2015, con prohibición de comercialización de sus productos y con ese mismo certificado embargado judicialmente.
El 2 de enero de 2025, el Departamento de Vigilancia Post Comercialización del INAME calificó el caso como de criticidad máxima y le asignó prioridad alta. En esa evaluación quedó constancia de que HLB acumulaba numerosos antecedentes por irregularidades registrales y que existían expedientes anteriores sin respuesta y medidas correctivas pendientes. Al día siguiente, la jefa del área, Ana Laura Canil, concluyó expresamente que “la elaboración y comercialización del Propofol HLB bajo el Certificado N° 43.900 era ilegítima” y recomendó adoptar medidas regulatorias y sancionatorias. El dictamen fiscal consigna que esa recomendación no se tradujo en ninguna acción concreta durante semanas.
La situación del propofol no era un caso aislado. El dictamen detalla que HLB Pharma también comercializaba dopamina clorhidrato 40 mg/ml bajo el Certificado N° 43.125, que pertenecía igualmente a la misma firma clausurada desde 2015 y con ese certificado embargado judicialmente. El organismo lo verificó, lo documentó y tampoco actuó con premura. Bisio firmó la disposición de prohibición de la dopamina recién el 28 de febrero de 2025, mediante la Disposición ANMAT N° 1518/2025.
La mecánica era siempre la misma: HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, al igual que Laboratorios Ramallo, compraba o utilizaba certificados de especialidades medicinales de otras empresas sin completar los trámites de transferencia ante la ANMAT, y comercializaba esos productos en el mercado —incluidos hospitales públicos y privados— sin que el organismo regulador hubiera aprobado esa titularidad. Bisio lo reconoció en su declaración ante el juzgado de Ernesto Kreplak: “Esos trámites no fueron concluidos por HLB Pharma en diversos productos. El trámite implica registrar el producto ante ANMAT. No obstante ello, HLB elaboraba esos productos de los cuales aún no tenía titularidad, los comercializaba en el mercado”.
Compra de certificados de laboratorio clausurado
La lógica de operar con certificados ajenos no se interrumpió con el escándalo del fentanilo mortal. El 14 de agosto de 2025, mientras la causa penal ya investigaba las muertes de pacientes del Hospital Italiano de La Plata después de ser tratados con el Fentanilo HLB y sus laboratorios estaban clausurados e inhibidos por la ANMAT, García Furfaro se apersonó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28, ubicado en la calle Montevideo 546 de la Ciudad de Buenos Aires, para participar en la subasta de 13 certificados de fabricación de medicamentos pertenecientes a Nexo Pharmaceutical Group S.A., empresa en quiebra en proceso de liquidación de activos.
Al lugar llegó acompañado por un asistente del área de producción de HLB Pharma y ofreció 39.000 dólares por el lote completo de licencias, que incluía autorizaciones para fabricar productos como amlodipina, diclofenac, losartán, sildenafil, carvedilol, valsartán, claritromicina, azitromicina y atorvastatina, entre otros. La oferta quedó por debajo de la ganadora —40.000 dólares— y no pudo concretar la compra.
La ANMAT había informado al juzgado comercial, el 2 de junio de 2025, que HLB se encontraba inhibida para producir y comercializar medicamentos desde el 12 de mayo, y que desde el 21 de ese mes tampoco contaba con director técnico, tras la renuncia de José Antonio Maiorano (ahora procesado y preso). Pese a esa comunicación formal, García Furfaro permaneció hasta el final de la audiencia e intervino en el proceso de subasta. Nexo Pharmaceutical Group era, precisamente, la empresa titular del certificado N° 52.703 correspondiente al producto Carvedilol, que el dictamen fiscal menciona entre los medicamentos que HLB comercializaba sin titularidad propia.
Los audios: “Lo mejor es que no hablen más del tema”
La investigación judicial contra las ex responsables de la ANMAT y el INAME incorpora conversaciones de audio recuperadas de los teléfonos de los directivos de HLB Pharma, presentadas por la Fiscalía como prueba de que los propios empresarios eran conscientes de la gravedad de la situación y buscaban frenar el retiro del mercado. El 28 de febrero de 2025, la ANMAT ordenó el retiro del lote 60000 de propofol mediante la Disposición N° 1517/2025. La orden se publicó en el Boletín Oficial el 6 de marzo. HLB Pharma no inició el trámite de recupero.
Ante esa inacción, el INAME creó un expediente de oficio e intimó al director técnico de HLB, José Antonio Maiorano, para que lo hiciera. Eso derivó en una conversación del 1° de abril de 2025 entre Maiorano y Javier Tchukran (procesado y con prisión domiciliaria), directivo de HLB, transcripta en el dictamen a partir del análisis pericial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria:
“A ver, decí que solamente están hablando de dos lotes, un lote de propofol y un lote de dopamina, hay un montón de lotes adentro del mercado que se hicieron. El propofol hace años que se está haciendo, o sea, yo creo que lo mejor es hacer el retiro de esto y que no hablen más del tema y no que se pongan a seguir buscando porque va a ser peor”.
En otro tramo de la misma conversación, Tchukran agregó: “Ahora se lo mando a Arie (por García Furfaro), a ver qué habló con Mantecón”.
El dictamen señala que de ese intercambio se desprende que Mantecón Fumado y los directivos de HLB mantenían contacto sobre la posibilidad de dejar el retiro en “stand by”.
El 16 de abril de 2025, García Furfaro dio directamente la orden de no iniciar el retiro. Maiorano lo comunicó así en otro audio recuperado del expediente: “No, el recall no lo vamos a empezar porque Ariel no lo quiere empezar, o sea, vamos a esperar que él nos diga”.
El 9 de abril de 2025, el Departamento de Post Comercialización de la ANMAT notificó de manera formal a Mantecón Fumado y a la coordinadora de sumarios que HLB no había iniciado el retiro de mercado del propofol, la dopamina clorhidrato 100 mg ni la dopamina clorhidrato 40 mg/ml. La nota fue elevada bajo negrita y subrayado. El dictamen pregunta: “¿No le parecía preocupante que un producto ilegítimo, cuyo retiro se había ordenado, continuara en el mercado y se aplicara a pacientes?”. No hubo respuesta efectiva.
La reunión del 6 de marzo y el pedido de discreción
El dictamen fiscal también describe una segunda reunión —además de la ya conocida del 14 de enero de 2025 ya publicada por Infobae— entre Mantecón Fumado y personal de los laboratorios, ocurrida el 6 de marzo de 2025. De esa reunión habría estado al tanto Bisio, quien, según surge de una conversación hallada en su propio teléfono celular por el equipo pericial de la Dirección de Asistencia Técnica e Investigaciones Periciales (DATIP), pidió que la salida del personal del laboratorio de las instalaciones del INAME fuera discreta. El intercambio, reproducido en el dictamen, es el siguiente:
Gabriela (Mantecón Fumadó): “Buen día!!! Hoy me vienen a ver. Tipo 11.”
Agustina (Bisio): “Dame 10 y llamo. Podés ahora?”
Gabriela: “Sí.” (La llama).
Agustina: “Que sea discreto la retirada a sus casas.”
Gabriela: “Sí. Van de a poco.”
El dictamen pregunta: “¿Cuál era el interés de la administradora nacional para ocultar la presencia de gente del laboratorio en el organismo y por qué no hay registro formal de la existencia de dicha reunión?”.
Un historial de 104 notificaciones y retiros que nunca se completaron
El dictamen releva una pauta sistemática que excede al propofol y la dopamina. Entre junio de 2018 y mayo de 2025, el Departamento de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras gestionó 104 notificaciones por desvíos de calidad sobre productos de HLB Pharma Group SA, entre ellas contaminaciones microbiológicas y problemas con envases no autorizados. Al momento de la denuncia penal, HLB tenía en curso 7 expedientes de retiro de mercado no concluidos, uno de ellos iniciado en 2022.
Los expedientes administrativos de retiro no concluían con el recupero total de los lotes afectados. En numerosos casos, el recupero era parcial. En otros, era del 0%. Y no existían, hasta 2025, actuaciones tendientes a evaluar sanciones vinculadas a ese incumplimiento. El dictamen señala que esa documentación debía integrar el historial regulatorio del laboratorio y ser considerada al momento de programar inspecciones. HLB acumuló años de retiros incumplidos sin consecuencias administrativas.
El contexto: la causa del fentanilo mortal
Todo lo descripto sobre el propofol y la dopamina se enmarca en la investigación más amplia sobre el fentanilo contaminado. El fentanilo es un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, de uso exclusivamente intrahospitalario. Los lotes 31.202 y 31.244, elaborados en Ramallo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, llegaron a hospitales y clínicas de todo el país. La causa asocia 90 muertes y 41 secuelas a esas ampollas.
La hipótesis de la Fiscalía es que Bisio y Mantecón Fumado proporcionaron un “manto de cobertura estatal” a HLB y Ramallo que les permitió continuar operando pese a años de incumplimientos. El dictamen afirma que “las medidas estatales adoptadas fueron insuficientes o directamente inexistentes, permitiendo la continuidad de las condiciones que finalmente hicieron posible la producción y circulación de los medicamentos contaminados”.
Bisio, detenida el 3 de agosto, quedó en libertad bajo una caución real de $75 millones, con prohibición de salida del país, obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal y prohibición de contacto con cualquier persona vinculada a su gestión en la ANMAT o el INAME. Mantecón Fumado quedó en libertad 48 horas después bajo las mismas imposiciones. En la causa hay otros 13 imputados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, entre ellos García Furfaro y su hermano Diego García, ambos detenidos.
POLITICA
Jorge Macri celebró el fallo que revocó la decisión de la jueza De Marinis: “Si quieren legislar, vayan al Congreso”
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad que revocó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años.
“Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”, publicó Jorge Macri en sus redes sociales después de que se conociera la resolución del tribunal de alzada.
La Cámara no solo dejó sin efecto la decisión de la magistrada, sino que también dispuso apartarla del expediente. De esta manera, el caso deberá continuar con otro juez, que podrá investigar al adolescente de 14 años por la tentativa de robo.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal y comenzó a regir el 5 de septiembre.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó las reglas que rigen la auditoría interna en el Estado. Después de más de dos décadas de vigencia, las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) fueron reformuladas para incorporar los cambios producidos en la administración pública, los nuevos riesgos y los avances tecnológicos.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución SIGEN N° 292/2026, que deja sin efecto las normas aprobadas en 2002 y establece un nuevo marco técnico y metodológico para la actividad de auditoría interna en el Sector Público Nacional y las Universidades Nacionales.
La actualización no supone un quiebre con el modelo anterior. Parte de la experiencia acumulada durante más de veinte años y suma nuevos criterios y prácticas profesionales para fortalecer el sistema de control interno.
Uno de los principales cambios es la concepción de la auditoría como una herramienta que no solo revisa lo ocurrido, sino que también identifica riesgos, anticipa problemas y aporta información para mejorar la toma de decisiones.
Del control que revisa al control que anticipa
Las nuevas Normas de Auditoría Interna Gubernamental fortalecen la independencia y objetividad de la auditoría interna y amplían su función como instancia de aseguramiento y asesoramiento estratégico.
El nuevo enfoque pone el acento en la gobernanza, la gestión de riesgos y el control, con una mirada orientada a generar recomendaciones y oportunidades concretas de mejora.
La idea es que la auditoría pueda aportar una visión prospectiva y basada en evidencia sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas.
Tecnología y nuevos riesgos
La transformación tecnológica ocupa un lugar central en las nuevas normas.
Las Normas de Auditoría Interna Gubernamental incorporan el uso de herramientas tecnológicas para la recopilación, análisis y evaluación de información, además de contemplar la gestión de recursos tecnológicos y los riesgos asociados a su utilización.
También se profundizan las capacidades profesionales requeridas para los equipos de auditoría, entre ellas conocimientos actualizados, análisis de riesgos, herramientas de datos y capacidad para comunicar con claridad sus conclusiones.
En otras palabras, si cambió la forma de gestionar el Estado, también tenía que cambiar la forma de controlarlo.
Un control con mirada productiva
Otro de los ejes de la actualización es la incorporación de un enfoque productivo de la acción pública.
Las nuevas normas establecen que la auditoría debe prestar especial atención a los costos y gastos innecesarios, la calidad de los bienes y servicios, el impacto económico de los controles y los indicadores de desempeño.
Incluso las recomendaciones de nuevos controles deberán contemplar la relación entre costo y beneficio, y considerar tanto los riesgos que se busca reducir como los posibles efectos sobre los procesos de gestión.
“La auditoría tiene que ser una herramienta útil para la gestión. Controlar no es poner obstáculos: es ayudar a que las cosas se hagan mejor”, señaló Alejandro Díaz, síndico general de la Nación.
Una agenda que también estuvo en el Congreso
La actualización de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental se conoce después del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, organizado por la SIGEN bajo el lema “La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI”.
Durante tres jornadas, especialistas, funcionarios y referentes del control de distintos países debatieron sobre innovación, tecnología, gestión de riesgos, calidad y las transformaciones que enfrenta el Estado.
El encuentro reunió a más de 750 visitantes acreditados, 42 speakers y representantes de 11 países, y recibió más de 60 trabajos en el marco del concurso de ponencias sobre innovación y nuevos desafíos para el control gubernamental.
En ese contexto, las nuevas NAIG representan un paso concreto en una agenda que busca adaptar el control público a una gestión cada vez más compleja y tecnológica.
Cinco componentes y 13 principios
El nuevo marco organiza las normas en cinco componentes y 13 principios, que abarcan el propósito de la auditoría, las condiciones para su ejercicio, el gobierno de la función, su gestión y el desempeño de los servicios de auditoría.
El esquema incorpora, además, criterios de planificación basada en riesgos, gestión de recursos, tecnología, comunicación, calidad y mejora continua.
Las nuevas normas también contemplan requisitos mínimos para un Sistema de Gestión de la Calidad de las Unidades de Auditoría Interna.
Después de más de veinte años, la SIGEN actualiza así el marco que regula la auditoría interna gubernamental y consolida una visión del control como una herramienta para mejorar la gestión, cuidar los recursos públicos, prevenir riesgos y generar valor para el Estado.
Javier Milei y Axel Kicillof convivieron dos días bajo el cielo de Nueva York sin verse, pero como si se persiguieran con las palabras. Desplegaron un duelo de desmesuras ante inversores y políticos. Donde el presidente libertario ve un boom de crecimiento y consumo, una Argentina a la que “los dólares le salen por las orejas”, el gobernador peronista distingue “una catástrofe”, un desierto de empresas quebradas y desempleo masivo. Lo que dejaron fue una estela de desconfianza, acompañada por una suba del riesgo país hasta el nivel más alto desde abril.
La doble visita resultó una puesta en escena del carácter provisorio de la transformación que experimenta la Argentina. Milei ha optado por aferrarse a la polarización con el kirchnerismo, o sus herederos, y esa decisión lo expone delante de los actores económicos a los que seduce para que se lancen a invertir.
Su lógica de empujar reformas del 50%, sin buscar mínimos puntos de consenso con una oposición a la que baña de insultos a diario, cubre su programa de un manto de incertidumbre. Lejos de ser una brújula fiable, el famoso “rumbo” queda sometido a un examen permanente de opinión pública. Preso de los resultados de corto plazo. El apego al equilibrio fiscal, la nueva legislación laboral, la apertura comercial, el incentivo a las grandes inversiones del RIGI y el alineamiento geopolítico con Estados Unidos se asumen como decisiones personales de Milei.
“Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, (el riesgo país) sube, obvio”, dijo Milei el miércoles, cuando la tasa ya superaba los 550 puntos. Aludía a Kicillof, por ahora el dirigente que lo sigue más de cerca en las encuestas de intención de voto presidencial, aunque todavía le quede un pedregoso camino para afianzarse como el candidato del peronismo. Lo llamó “enano soviético” y otras lindezas por el estilo ante auditorios que tienen un temor innato a los políticos de inclinación intervencionista.
Agitar el “riesgo kuka” es un cuchillo de dos filos. Agrupa a un sector del electorado al que le causa escalofríos el recuerdo de los gobiernos kirchneristas, pero vuelve conservadores a los que mueven el dinero. Lo sabe el ministro Luis Caputo, que por eso hace tiempo decidió declarar que, a su juicio, es imposible que en 2027 el peronismo vuelva a gobernar el país.
Pero la tentación de culpar al enemigo es más fuerte cuando la economía no llega al lugar que el Gobierno espera. A estas alturas del año, Milei y Caputo proyectaban que la inflación habría caído por debajo del 1 por ciento mensual y que el crecimiento sería perceptible para la mayoría de la población. Tienen, en cambio, la actividad en retroceso, el empleo planchado, niveles de mora crediticia récord y movimientos de precios que aún impiden un despegue de los salarios.
Como consecuencia de este presente de estabilidad escuálida, el liderazgo de Milei en la carrera presidencial se ha vuelto difuso.
El ministro de Economía, que llegó a imaginar las elecciones del año que viene como “un paseo por el parque” para los libertarios, se desvive por garantizar un blindaje de reservas que le permita pulsear con el mercado en la temporada de votación. El objetivo número 1 de su gestión es evitar una corrida cambiaria ante el miedo a un vuelco radical en las reglas de la economía. La estabilidad se mantiene como el mayor tesoro a cuidar. La tasa de inflación de agosto, de 1,7% y la más baja en 14 meses, lo invita a perseverar en esa dirección.
Milei ajusta las promesas al andar. Los “mejores 18 meses” de la historia que según Caputo iban a empezar en abril se mudaron a un futuro hipotético. “Si somos reelectos, el 2028 va a ser el mejor año de la Argentina”, pontificó el Presidente el jueves. Un arquero que no para de correr el arco. Fue otra invitación a que los grandes jugadores del mercado profundicen su inclinación al “esperar y ver”.
El dilema peronista
Kicillof buscó aguarle la fiesta. En sus charlas con financistas y políticos refutó la orientación liberal y desreguladora de Milei. Se presentó como defensor de un rol fuerte del Estado en la economía, habló de una “tragedia educativa” y descalificó la doctrina trumpista de intervención en la región. A su propuesta le falta aún una definición nítida sobre cuál es la receta que lleva al crecimiento. En las últimas semanas mencionó al pasar la necesidad de “orden económico”, sin que surja aún de esas palabras un mensaje explícito contra el prejuicio muy extendido de que un triunfo del peronismo implicaría el regreso de la inflación desbocada.
Ni él ni ninguno de los integrantes del disuelto Frente de Todos ha ofrecido una explicación concreta sobre por qué fracasó el gobierno de Alberto Fernández y qué se hizo mal para que al entregar el mando la inflación interanual fuera del 211%. Sergio Massa, el ministro de Economía que perdió contra Milei, no volvió a hablar en público sobre su gestión. Cristina Kirchner mantiene la centralidad a pesar de estar en prisión domiciliaria y se limita a recordar que ella señaló en su momento las disidencias con Fernández. Una verdad a medias, porque nunca abandonó en aquellos años la jefatura del oficialismo y el poder sobre áreas centrales de la administración.
La carencia de una autopsia del último gobierno peronista opera como un freno de mano en la renovación opositora. Contrasta con lo que hizo Mauricio Macri después de su derrota en 2019. Él se tomó un tiempo para explicar por qué no había logrado sus objetivos económicos y concluyó que, si tuviera la posibilidad, “haría lo mismo, pero más rápido”. Esa autocrítica desdibujó a Juntos por el Cambio y anticipó a Milei.
Un peronismo sin el vigor de otras épocas, desprovisto de un liderazgo claro y sometido a batallas internas destructivas, le da a Milei oxígeno para pensar cómo salir del laberinto del estancamiento económico. La imagen positiva que perdió el Presidente no engorda a sus rivales. Pero el descontento social y las expectativas menos optimistas respecto del futuro producen efectos inmediatos en el plano político.
Sin esas condiciones, sería impensable el libertarianismo crítico que ensaya Patricia Bullrich o la candidatura en gestación del economista Hernán Lacunza desde el Pro, a pesar de que, en paralelo, Macri y la hermana del Presidente abrieron la negociación de una alianza de alcance nacional. “Tengo mucha confianza en que los argentinos van a quedarse con la versión del cambio de primera mano, no con la segunda marca o la tercera”, dijo Milei el jueves, en lo que pareció un mensaje a quienes lo desafían desde su andarivel ideológico.
Los retrocesos de Milei
Esa rigidez narrativa contrasta a menudo con la dinámica real de su gobierno. Milei no pacta de antemano, pero suele retroceder después. Empuja reformas sin acuerdos previos y frena cuando la realidad le pone un límite. Solo lo disimula con una pose dogmática y palabras incendiarias.
Se volvió el primer malvinero después de la oalista que se impuso a raíz del partido del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Tardó en entenderlo y lo asumió cuando debió resignar las modificaciones a la ley de tierras que impulsaba como parte esencial de su revolución. Esta semana, ante la Asamblea General de la ONU, se presentó como el único presidente argentino dispuesto a pasar a la acción para recuperar la soberanía, pese a que su mayor gesto hasta ahora ha sido proponer una versión más dura de una ley vigente desde 2011 para sancionar a las empresas que extraen recursos en las islas y el mar circundante.
Otro giro sin sutilezas se dio en la discusión por el financiamiento para el área de discapacidad, al renunciar a los recortes que había impulsado la semana pasada en el texto del presupuesto 2027. La reacción política y social desató un clamor de los propios. El clima ya no está para presumir de crueldad con los más débiles, como solían hacer algunos de los libertarios más conspicuos. Aquellos que desafiaban en redes sociales a un chico autista o usaban como insulto el término “mogólico”.
Los aliados parlamentarios están menos propensos a convalidar nuevos ajustes impopulares. “Hay campo fértil para que nos toreen con leyes que amenazan el superávit fiscal. Ya pasó el año pasado antes de las legislativas”, dice uno de los integrantes de la conducción legislativa de La Libertad Avanza. Milei llama a no ceder, salvo en los casos que lo expongan a una crisis.
El termómetro del humor social aconsejó también pasar a pérdida a Manuel Adorni, que el lunes explicó ante los tribunales que había hecho su patrimonio gracias a ganancias extraordinarias con criptomonedas que ocultó al fisco durante años. Contó que guardó en su casa casi 600.000 dólares en 2017 y vivió con disimulo, austeramente, hasta que fue designado en el Gobierno, a finales de 2023. Milei no volvió a clamar la inocencia de su amigo. En las redes sociales no hubo ni un “fuerza, Manu”. El vocero Adrián Ravier se limitó a decir que será la Justicia la encargada de determinar si la explicación del exjefe de Gabinete es cierta o no. El último hilo de cortesía con Adorni consiste en mantenerle la custodia y el auto oficial.
La nueva tierra prometida
El foco del Presidente estaba puesto en la visita a Manhattan. En desplegar otra vez su oferta de una nación abierta a la inversión, destinada a convertirse en un proveedor privilegiado de minerales críticos, energía y espacio físico para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. “Argentina es la nueva tierra prometida”, anunció en Nueva York. Explicó que su problema hoy consiste en que no se aprecie más el peso ante el auge de las exportaciones. Ahí encajó su metáfora de los dólares que nos salen por las orejas. Incluso se permitió fantasear con pasiones personales, como cuando dijo que soñaba con tener un Tesla Cybertruck negro con un león dorado para pasearse por Buenos Aires.
Pudo celebrar un acuerdo con Estados Unidos sobre proyectos de infraestructura estratégica por 7000 millones de dólares. Es otro triunfo en espera, sujeto a que el péndulo argentino no se active otra vez.
Antes de volverse, Milei describió los éxitos de lo que llama “el milagro libertario”. Refutó a los que, en línea con Kicillof, denuncian una crisis de ingresos. Dijo: “Con la baja de la inflación les devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares; una inyección de dinero que se siente en el bolsillo”. Las últimas estadísticas oficiales del Indec hablan de caídas del consumo, la inversión y el empleo, y un repunte de la pobreza. Será que prendió el ejemplo de Adorni y todos decidieron guardar el dinero y vivir deliberadamente como si no lo tuvieran.
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