CÓRDOBA.- El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, acordaron compensar deudas por casi $143.000 millones. El saldo que le queda por pagar a la Provincia lo hará con un cronograma de pagos que se extenderá hasta diciembre de 2027.

La administración provincial, en tanto, mantiene sus reclamos por las diferencias del déficit de la Caja de Jubilaciones de 2025 y 2026 y preserva dos causas judiciales ante la Corte Suprema de Justicia.

El acuerdo prevé el reconocimiento de deudas nacionales a favor de Córdoba por $142.959 millones que se descontarán de obligaciones provinciales por $438.705 millones (Córdoba recibió un anticipo financiero por $400.000 millones hace unos meses). Los $295.746 millones a favor de Nación se pagarán mensualmente a y a tasa de interés del 15% nominal anual.

El acuerdo que firmarán los próximos días Caputo y Llaryora se encuadra en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El principal componente de la deuda nacional reconocida a favor de Córdoba son $110.000 millones de Anses, correspondientes al anticipo para el actual ejercicio. El resto son por ajustes de la compensación del Consenso Fiscal.

Por su parte, Córdoba reconoce obligaciones con Nación por el anticipo financiero, sus intereses y un pago a cuenta de la deuda con el Club de París por $23.747 millones (que deben pagar todas las provincias). Los primeros $60.000 millones del plan de pagos vencerán el último día hábil de este mes.

Uno de los puntos centrales del convenio es a qué renuncia la Provincia: desistirá de los derechos y acciones vinculados exclusivamente con los conceptos y montos de las deudas nacionales incluidos en la compensación, incluidas las pretensiones impugnatorias y resarcitorias.

Sin embargo, el texto excluye expresamente de esa renuncia las diferencias a favor de Córdoba que surjan de la determinación definitiva de los déficits del sistema previsional provincial de 2025 y 2026, cuya cobertura corresponde al Estado nacional a través de Anses.

El convenio no agota las obligaciones entre ambas jurisdicciones, ya que Nación y Córdoba podrán incorporar otras deudas y créditos en futuros acuerdos, dentro de los plazos y condiciones del régimen.

A partir del acuerdo, la Provincia deberá suministrar información fehaciente sobre la evolución de sus finanzas públicas a la Secretaría de Hacienda. Anualmente, presentará el presupuesto aprobado o prorrogado del sector público no financiero, con su esquema de ahorro, inversión y financiamiento; un resumen de la normativa de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotores y Sellos; e información sobre nuevas inversiones.

Tras la renuncia de las autoridades del Instituto de Gestión Electoral (IGE), el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, envió ayer a la Legislatura los pliegos de Federico Fahey Duarte y Tomás Aguerre para conducir el organismo.

El decreto 387/26 oficializó este jueves la salida de Adrián González, hasta ahora director titular, y la de Aguerre, director adjunto. La renuncia de González rige desde el 3 de septiembre, ya que al día siguiente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo designó presidente del Correo Argentino. Aguerre, que había quedado al frente del IGE tras esa salida, dejó el cargo el martes pasado, aunque ahora es propuesto para volver a ocuparlo.

Para reemplazar a González, el mensaje 50/26, también presentado ayer, postula a Fahey Duarte, quien ya fue director titular entre julio de 2023 y abril de 2024, por lo que estuvo al frente del IGE durante las elecciones de 2023, cuando Horacio Rodríguez Larreta aún era jefe de gobierno. Hasta este martes, además, se desempeñaba como gerente operativo de Administración de Procesos Electorales del organismo.

Aguerre, por su parte, es director adjunto desde junio de 2024. Según la normativa, el director dura cinco años en el cargo y, si renuncia, lo reemplaza el adjunto hasta completar el mandato. Pero cuando ambos puestos quedan vacantes, como ocurre ahora, corresponde designar un nuevo titular y un adjunto con acuerdo de la Legislatura.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó a que Aguerre no continuó como titular “porque el procedimiento para completar el otro director [adjunto] era el mismo y se resolvió enviar un nuevo”. Confirmó, además, que Fahey Duarte y Aguerre ya fueron nombrados en comisión, a la espera de la designación definitiva de la Legislatura.

En el plano político, Aguerre es cercano al senador nacional Mariano Recalde, titular del Partido Justicialista porteño y referente de La Cámpora. Allegados a Recalde señalaron a que el peronismo propuso su nombre en un acuerdo parlamentario que contempla votar a ambos candidatos en conjunto.

Para concretarse, los nombramientos requieren el acuerdo de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura: 40 votos sobre 60 diputados. El bloque oficialista Vamos por Más cuenta con 12 legisladores y deberá, como en cada proyecto, buscar consensos con otras bancadas. Fuerza por Buenos Aires, el bloque peronista, tiene 20 diputados.

La renovación de la cúpula del IGE cobra especial relevancia a menos de un año de los comicios. Según la Ley 6031, entre las competencias del organismo figuran: