POLITICA
El oficialismo busca anotarse una victoria en el Senado antes de fin de mes sin chocar con los aliados

Después de una semana de catarsis por la sesión que derivó en una descremada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo libertario paró la pelota en el Senado y, en vez de apurarse para ir rápido al recinto, se dispone a preparar un encuentro de cara a finales del corriente mes: algunos temas -por ahora- esperarán, mientras que otros sin conflicto ya se sumaron a la carpeta y, lo que falta, es una iniciativa de peso para justificar el convite.
La resolución que tomó La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, apunta a no repetir lo ocurrido días atrás y evitar resentir la relación con los aliados. Durante la semana que termina, las explicaciones que oyó Infobae desde diversas bancadas dialoguistas estuvieron relacionadas con diversos motivos: las críticas -camino más fácil para desviar la lupa- al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; datos económicos que empiezan a preocupar a legisladores -el peronismo aprovechó para meter bocado y recuperar protagonismo-; y movimientos que se empiezan a escanear sobre el futro electoral -y laboral- en un puñado de bloques.
Bajo este escenario, lo primero que aparece en fila para una eventual sesión es el nuevo lote de pliegos judiciales de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). A esto se le sumará un ramillete de convenios internacionales que pasó sin inconvenientes el filtro legislativo. La duda que persiste es qué proyecto de los considerados “fuertes” para el Ejecutivo quedará listo para ser aprobado por el pleno.
Una iniciativa que ya está con despacho rubricado -y luz verde de Diputados-, pero que oficialistas y aliados coinciden -con picardía- dejar en stand by en las últimas horas es la denominada “Hojarasca”, una de las criaturas de Sturzenegger para dinamitar normas vetustas. Se agrupan en seis categorías: leyes superadas por posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos. “No hay apuro para acelerar y hay otras cuestiones pendientes”, manifestó a este medio un radical, a mitad de la semana. No obstante, un oficialista dijo que le parece “demasiado” frenar por una discusión más política que técnica este tema, aunque reconoció el malestar.
Por otra parte, el miércoles se reanudó, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General el análisis del Súper RIGI, cuyo objetivo es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno considera “industrias del futuro”. Ante un kirchnerismo que criticó la iniciativa y dialoguistas que se mostraron dubitativos, La Libertad Avanza traerá la semana próxima al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con el fin de blindar el texto. Podría ser una visita tensa o de riesgo ante una oposición que se enfoca, con mayor atención, en cómo llega la sociedad argentina a fin de mes.
Otra ley que interesa es la de Salud Mental. Infobae contó, al término del mes pasado, la circulación de un semáforo con los ítems que más y menos consenso presentaban, más allá de que todo continúa en revisión constante. Son 14 puntos. La mitad, se encontraban en verde; cinco, en amarillo; y dos, en fuerte conflicto. En el último lote aparecían las obligaciones de familiares y representantes legales, que sería lo que mayor trifulca genera hasta el momento. Un cuarto proyecto es el referido a Sociedades, de Sturzenegger, aunque en el sondeo realizado por este medio no sumó tantos adeptos, más allá de la consideración positiva de algún dialoguista que la sigue de cerca.
POLITICA
Reforma electoral: el Gobierno consiguió dictamen y la suspensión de las PASO se tratará el jueves 26 en el Senado

El Gobierno finalmente aceptó retirar las colectoras del proyecto de reforma electoral con el objetivo de conseguir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen que contempla la suspensión de las PASO de 2027. El proyecto se tratará el próximo jueves en el Senado.
El principal obstáculo para alcanzar el consenso era la incorporación de las listas colectoras, una modificación negociada entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados. El PRO, que ya manifestó su apoyo a la suspensión de las primarias, mantenía su rechazo a ese punto de la iniciativa.
Al inicio de la sesión la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sorprendió al anunciar que “dejaron fuera del proyecto el sistema de adhesiones”.
Al finalizar la reunión en Comisión, Bullrich afirmó: “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”. Por otra parte, confirmó que el proyecto sostiene Ficha Limpia, que alcanzará a quienes tengan una condena confirmada en dos instancias. “Es muy importante que de una vez por todas salga”, dijo.
Entre los cambios acordados, Bullrich señaló que se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad.
Noticia que está siendo actualizada.-
Senado
POLITICA
El Tribunal Superior de Justicia porteño limitó la actualización de intereses por despido a la nueva ley de Modernización Laboral

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) impuso límites a la indemnización por despido de acuerdo con la denominada ley de “Modernización Laboral”, en lo que marca la jurisprudencia del tribunal en la materia, en consonancia con la Corte Suprema de Justicia.
Por mayoría, el máximo tribunal porteño hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco Hipotecario S.A. y revocó una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Lo que la Corte porteña dispuso es que los intereses y la actualización de la indemnización por despido se determinen l régimen establecido en el artículo 55 de la nueva legislación, aprobada el 28 de febrero pasado.
El 6 de marzo de 2026, durante el trámite judicial, entró en vigencia esta nueva norma número 27.802. Allí se establece cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios en trámite que no tienen sentencia definitiva. Fija como regla la tasa pasiva del Banco Central, con un techo y un piso. El resultado no puede superar lo que daría el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual, ni ser inferior al 67% del monto que surgiría de aplicar esa fórmula.
Ahora, con este criterio, el Tribunal Superior de Justicia porteño falló en la causa “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/despido”.
La Cámara Nacional del Trabajo había confirmado la condena al pago de la indemnización por despido y había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 que prohíben la indexación. Había ordenado actualizar el crédito desde su exigibilidad mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC), más un interés puro del 3% anual.
Frente a ello, el Banco Hipotecario recurrió ante el TSJ al alegar arbitrariedad y apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los precedentes “Oliva” y “Lacuadra”.
La empleada del Banco Hipotecario que fue despedida planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, lo que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia porteño.
En esta sentencia, el TSJ sostuvo que la declaración de invalidez de una ley es el último recurso al que se puede acudir.
Los magistrados destacaron que el esquema transitorio diseñado por el Congreso responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo que no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad.
Señalaron que el piso mínimo del 67% resulta compatible con la doctrina de no confiscatoriedad sentada por la Corte Suprema de Justicia.
Decidieron que el artículo 55 de la Ley 27802 resulta aplicable para determinar la forma de actualización del crédito de la trabajadora, en coincidencia con el fallo de la Corte Suprema del 5 de noviembre pasado en el expediente Cabana Opanasiuk, Leonardo.
Cuando un trabajador gana un juicio por despido, el dinero de la indemnización debe actualizarse desde el momento en que debió pagarse hasta el momento del cobro efectivo para no perder su valor frente a la inflación.
En este fallo, el Tribunal Superior de Justicia definió qué regla debe usarse en los juicios laborales que ya estaban en trámite cuando se sancionó la denominada ley de “Modernización Laboral”.
La mayoría del tribunal resolvió que es válida la fórmula fijada por el Congreso para estas causas pendientes. Se calcula el interés con la tasa pasiva del Banco Central, garantizando que el monto final nunca sea menor al 67% de lo que resulte de actualizar el capital por inflación (IPC) más un 3% anual, ni mayor al 100% que resulte de actualizar el capital con la misma fórmula.
Votaron por la validez de la norma Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, y votaron en disidencia Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz.
En su voto conjunto, De Langhe y Otamendi sostuvieron que no es irrazonable que los créditos laborales tengan un régimen propio, distinto del que rige para las deudas civiles y comerciales.
Tampoco consideraron discriminatorio que el artículo 55 trate a los juicios en curso de manera diferente que el artículo 54, que regirá para los casos nuevos.
Según los jueces, se trata de un mecanismo transitorio, pensado para causas que se tramitaron bajo la prohibición de indexar, con alta inflación y después de que la Corte Suprema descalificara varias fórmulas de la Justicia laboral por arrojar resultados “desproporcionados”.
Weinberg llegó a la misma conclusión con un voto propio. Allí puso el foco en que la trabajadora no demostró con números concretos cuánto perdía con la nueva fórmula, y advirtió que una objeción de esa gravedad exige probar el perjuicio en el caso.
Para la jueza, el piso legal protege al trabajador y la previsibilidad sobre el monto de las deudas también cuida la fuente de empleo. “La adopción de un mecanismo de excepción y transitorio para resolver las causas en trámite constituye una decisión legislativa que, más allá de su acierto o error, por sí misma, no resulta arbitraria ni discriminatoria”, afirmó.
Lozano y Ruiz, desde el peronismo, votaron en contra y declararon inconstitucional la ley de Modernización Laboral. Consideraron que discrimina a los trabajadores, a quienes la Corte define como “sujetos de preferente tutela”, porque les otorga por la mora una reparación muy inferior a la que recibe cualquier otro acreedor, y además por el hecho de haber ido a la Justicia.
Para ilustrarlo, hicieron la cuenta de este expediente: entre el despido, en marzo de 2017, y agosto de 2026, el IPC subió 11.980%, la tasa pasiva que impone la ley arroja un 5930% y la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del BCRA, que se aplica al resto de las deudas, da 12.186%.
Con el voto de la mayoría, según la nueva Ley de Modernización Laboral, por cada 100 pesos de 1987 le correspondería al trabajador en 2017 unos 10.400 pesos. Y, según el voto de la minoría, los 100 pesos se convierten en unos 12.290 pesos.
la denominada ley de “Modernización Laboral”,consonancia con la Corte Suprema de Justicia.,Hernán Cappiello,Reforma laboral,Conforme a
POLITICA
La rebelión de los aliados en el Congreso: la Casa Rosada ajusta su estrategia y volvieron los cortocircuitos internos

Son momentos de alta volatilidad en los que el Gobierno deposita cada vez más peso en las negociaciones del Congreso porque es la principal agenda reformista que tiene. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado mantuvieron agendas ayer y hoy con el objetivo de avanzar con proyectos de altísimo interés para el presidente Javier Milei. Aun así, en la gran mayoría de los casos tuvo que ceder frente a los aliados o virar de estrategia por la dificultad para obtener los votos necesarios. El panorama no dista de tener sus complejidades.
El oficialismo de La Libertad Avanza en Diputados consiguió ayer que se firmara el dictamen de mayoría por el Presupuesto 2027, pero esta tarde no tuvo quórum en el intento de sesión para buscar la media sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el Senado retomó el tratamiento de la Reforma Política en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, ante la resistencia de los aliados, tuvo que sacar el apartado que incluía las “colectoras”, con la esperanza de conseguir las adhesiones suficientes para lograr el dictamen hoy a la tarde.
Además de ser proyectos complejos que abordan puntos sensibles, las negociaciones individuales por cada uno de estos terminan colisionando con las de otros. Un ejemplo de esta multiplicidad de variables es lo que hizo el bloque del MID esta tarde en Diputados. Sus dos bancas no bajaron a dar quórum para la sesión del proyecto por Malvinas porque la Reforma Política —que se trata en el Senado— contiene cambios que, a su parecer, afectan la existencia de los denominados “partidos chicos”.

Los negociadores del Gobierno admiten que el escenario resulta “algo caótico”. “Los gobernadores buscan mostrar poder bajándote las adhesiones y subiéndose el precio para conseguir una tajada más”, afirman.
En el despacho de Martín Menem atribuyeron la caída de la sesión de este miércoles principalmente a que los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ordenaron a sus legisladores que no bajaran, porque no se incluyó en el temario el proyecto de Biocombustibles, que el PRO no quiere.
Como añadidura a esto, la santafesina Gisella Scaglia denunció que Menem no le dará al bloque Provincias Unidas el cargo por la tercera minoría de Diputados para el Consejo de la Magistratura. Infobae pudo confirmar que desde Presidencia interpretan que se lo tienen que dar al PRO porque su interbloque tiene 22 bancas. Del otro lado afirman que se le debe dar a un bloque y que el suyo tiene 18 bancas, seis más que el espacio amarillo.
De cualquier manera, Menem acordó con el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, que enviará al Consejo el nombre de la bonaerense Florencia De Sensi, por lo que eso promete ser judicializado. “Scaglia se supone que está afiliada al PRO, pero quiere ir en contra de Mauricio Macri”, denuncian en ese bloque.

Estos micromovimientos generan ganadores y perdedores en varios ámbitos. La Casa Rosada percibe la dificultad de algunas conversaciones. Un funcionario que responde de manera directa a los hermanos Milei afirma que esto es evidencia de que “aunque ganaste las elecciones, las mayorías no están, y es obvio que hay negociaciones que hacen muy difícil que las cosas salgan como quiere el Ejecutivo”.
Con la caída de la sesión por el proyecto malvinero volvieron a florecer las internas entre el entorno de Santiago Caputo y el de Martín Menem. En las últimas horas hubo sugerentes publicaciones de dirigentes y tuiteros que insinuaron una falta de voluntad del encargado de Diputados para ayudar a conseguir el número necesario para debatir en el recinto.
“Hay algunas personas que prefieren ver festejar a los ingleses antes que a Santiago”, esgrime una fuente gubernamental en estricta reserva. El asesor presidencial es el arquitecto principal del proyecto que endurece las sanciones a empresas extranjeras por explotaciones hidrocarburíferas en el área marítima de Malvinas, además de implementar nuevas regulaciones vinculadas a Asuntos Estratégicos y Seguridad Nacional.

En el menemismo no recogen el guante de las acusaciones y afirman que se trabajó para conseguir el número necesario para la sesión. “Hicimos todo para que saliera. Esta semana se perdió, pero la próxima podemos meter dos sesiones y clavar todos los goles. No es un proyecto de un sector: es una ley que pide el Presidente”, afirman.
La línea que empieza a tejerse en algunos sectores de la Casa Rosada es que hay una tendencia clara: al oficialismo le está costando dirigir la cuestión parlamentaria. “Algunos decimos que estamos ante la rebelión del Congreso. La oposición nos maneja los tiempos en ambas cámaras: Discapacidad, Malvinas, Reforma Política. Lo único que salió tal como se quería fueron los pliegos que impulsó [Juan Bautista] Mahiques, que es un capo. Todo lo demás no sale como quiere el Ejecutivo”, dice una fuente con despacho en Balcarce 50.
Con los matices que corresponden a cada sector, hay un reconocimiento general de que la situación política del oficialismo se complicó en el último tiempo a raíz de la llegada de la pretemporada electoral. Los más optimistas de las negociaciones afirman que los proyectos “se van a resolver todos con el tiempo”. Los más pesimistas sostienen que va a ser difícil avanzar con muchos de estos porque “se pretende que todo salga gratis y, además, sin materializar acuerdos políticos”.

¿Pero qué dicen los Milei? Una funcionaria que habla en su representación afirma que “una vez que se destrabe la Reforma Política, sale todo”. La cuestión es que hay una suerte de zona gris sobre la estrategia que se debe adoptar. Es decir, que no hubo una bajada de línea sobre cómo proceder en el diálogo con los gobernadores. “Al no haber una posición tomada, se tiende a estar más del lado de lo que quieren los Menem [tener más en cuenta los armados electorales al momento de las negociaciones]. Lo que pasa es que se está analizando. Llegado el momento, ahí se va a poder definir con claridad con quién se puede acordar o no”.
Al panorama en Diputados se le suma lo que aconteció en las últimas horas en el Senado con los últimos cambios en materia electoral que decidió La Libertad Avanza. Finalmente, la senadora Patricia Bullrich comunicó que su bloque retiró de la escritura del proyecto la incorporación de las “colectoras” y que retomará varios puntos del proyecto original. Tal y como marcó desde hace semanas, al oficialismo se le complicó conseguir las firmas para el dictamen en comisión y se vio forzado a hacer modificaciones.
“Esto va a llevar a que tengamos que hacer acuerdos de listas de unidad en los próximos meses”, aseguraron cerca de uno de los principales negociadores libertarios, que agregó: “[Las colectoras] eran un mamarracho. No íbamos tener dictamen porque se había desnaturalizado el proyecto. Ahora está bastante hablado todo con gobernadores y senadores. Ahora cambió todo”.
Martín Menem,Cámara de Diputados de la Nación Argentina,sesión legislativa,política argentina
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