La Justicia de Paraguay comenzó a extraer datos de los dispositivos del ex senador Edgardo Kueider. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal del país vecino recibió en la mañana del viernes los dispositivos incautados en la causa por lavado.

Los celulares, computadoras y pendrives se incautaron en allanamientos hechos en diciembre de 2024. Desde entonces quedaron a resguardo en el Juzgado de Garantías. Los dispositivos pertenecen al exlegislador por Entre Ríos y su pareja, Iara Guinsel. Sin embargo, también se extraerán datos de los que se incautaron a dos paraguayos relacionados con los negocios inmobiliarios que ambos realizaban en Paraguay.

Todos están imputados en la causa por lavado de activos. La justicia paraguaya sospecha que se usó dinero proveniente de ilícitos cometidos en Argentina para adquirir seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

Las fiscales que intervienen en el caso, Luz Guerrero y Verónica Valdez, tienen intenciones de conocer cuáles fueron las interacciones entre Kueider y un grupo de personas envueltas en la operación.

Una es su pareja. Los otros dos son Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, también imputados. Son quienes aparecen como dueños de Golsur, la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el ex senador.

A ellos se suman Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí, dos empresarios con el negocio inmobiliario. No están imputados, son testigos. Ambos tuvieron relación con los acusados cuando intentaron comprar en efectivo otros departamentos. La operación avanzó, pero se cayó luego por falta de información sobre el origen del dinero.

Por otro lado, la Justicia sospecha que Benegas y Cousirat son testaferros del exlegislador argentino y de su pareja. La conjetura se funda en que adquirieron Golsur meses antes de que Kueider fuera detenido y, de inmediato, le entregaron a Guinsel un poder plenipotenciario.

En ese sentido, la mujer afirmó que el dinero sin declarar con el que se los interceptó el 4 de diciembre de 2024 pertenecía a Golsur. Por el incidente, Kueider y su pareja recibieron condenas por tentativa de contrabando.

El intento por frenar la medida

Las fiscales solicitaron la medida como acto investigativo. El Juzgado de Garantías dio luz verde. Una vez que se conoció la decisión de extraer información de los dispositivos, las defensas de los imputados intentaron un bloqueo.

Los abogados Juan Bogado, Carlos Arévalos y Macarena Bellenzeir pidieron al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos que revocara el permiso. La razón esgrimida fue que se trataba de “fraude de etiquetas”, ya que lo que se presentaba como una extracción de datos era, en realidad, una pericia.

Sin embargo, la Sala 1 del Tribunal sostuvo la decisión. Para eso se basó en la diferenciación entre extracción y pericia. El primero es el aseguramiento de datos insertos y obrantes en dispositivos electrónicos. La segunda supone la emisión de un dictamen u opinión.

El órgano judicial, integrado por Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, también descartó que exista vulneración del derecho de defensa debido a que se dio intervención en el procedimiento a los letrados de los acusados.

El proceso de recolección de información guardada en los dispositivos demandará varias semanas. Se trata de un total de 26 aparatos. Nueve de ellos se incautaron durante un allanamiento realizado en la residencia que Kueider y Guinsel ocupaban en el barrio San Vicente de Asunción. Por el operativo, concretado el 5 de diciembre de 2024, les rescindieron el contrato de alquiler de forma anticipada. Debieron mudarse a Luque.

Los 17 restantes se secuestraron a Benegas y Cousirat en procedimientos paralelos al concretado en la residencia del exsenador por Entre Ríos.

El caso

Según la acusación, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.

Todos los inmuebles están localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción.

La Fiscalía paraguaya evaluó que Golsur se usó como “estructura de fachada”. Su función era la “recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería en un principio “a los imputados extranjeros” Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma “con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”, señalaron las fiscales intervinientes.

Las universidades públicas nacionales empezaron esta semana un nuevo plan de lucha, que contempla paros y distintas medidas de fuerza escalonadas durante un mes. El cronograma culminará el 15 de octubre con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en reclamo al Gobierno de Javier Milei por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó para este martes a un paro nacional docente por 24 horas en todas las universidades del país. “Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad”, afirmó la organización al ratificar la huelga.

En paralelo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó este lunes un esquema de 23 jornadas de cese de actividades, organizado de manera rotativa entre facultades, institutos y otras dependencias. ADUBA y APUBA anunciaron que el cronograma se extenderá hasta el 22 de octubre y anticiparon que en la Ciudad de Buenos Aires la quinta Marcha Federal Universitaria se realizará frente al Palacio de Tribunales.

Jornadas de protestas rotativas

El esquema de la UBA comenzó este lunes en el Rectorado y continuará este martes en la Facultad de Medicina. El miércoles fue convocada en Arquitectura, Diseño y Urbanismo; el jueves, en Farmacia y Bioquímica; y el viernes, en Ingeniería.

Las medidas seguirán durante las semanas siguientes en Exactas, el Centro Cultural Rojas, Económicas, Derecho y Odontología.

El cronograma también incluye al Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Carlos Pellegrini, el CBC, distintos institutos y el Hospital de Clínicas.

ADUBA y APUBA anunciaron el plan después de una nueva negociación paritaria con el Gobierno nacional que terminó sin acuerdo. “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple”, afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

“Por eso realizaremos esta medida de fuerza y saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre”, agregó.

Acciones en distintas universidades

El paro al que convocó FEDUN para este martes se suma a las protestas que cada universidad organiza en sus propias dependencias y mantiene como ejes los salarios y el financiamiento del sistema universitario.

En Bahía Blanca, los gremios docentes y nodocentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) convocaron para las 9 a una conferencia de prensa en las escalinatas del Rectorado de la UNS.

ADUNS informó que la actividad se realizará “camino a profundizar el plan de lucha” y rumbo a la quinta Marcha Federal Universitaria. La convocatoria también reúne a ATUNS, SUDUNS, FAGDUT FRBB, APUTN y ADUT.

“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios”, sostuvo Cagnacci al fundamentar las protestas. Las organizaciones universitarias mantendrán las medidas durante las próximas semanas hasta la movilización nacional del 15 de octubre.

universidades públicas, paro docente, UBA

El oficialismo busca rearmar en velocidad un acuerdo con aliados y dialoguistas sobre el área de discapacidad. Lo hace con la mirada puesta en la reunión de comisiones de Diputados prevista para este miércoles, aunque el tema desborda los límites legislativos. El proyecto de Presupuesto 2027 dinamitó la movida que avanzaba en la Cámara baja, además de desconcertar a los operadores de LLA y alimentar otro capítulo de la interna. Y ahora, esa tensión condiciona las tratativas, porque lo que aparece en juego es hasta qué punto puede ceder el Gobierno. Todo remite a un tema especialmente sensible, que acaba de añadir la renuncia del funcionario nacional del rubro y agrega sospechas a ese clima enrarecido.

De manera inesperada, en este marco y con un texto de tres líneas, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones. Dijo que su salida sería inmediata –“a partir de este momento”, escribió- y como es habitual, agregó que se trataba de una decisión tomada por “razones estrictamente personales”. No hubo explicaciones oficiales sobre esta nueva baja y más allá de las cuestiones de desgaste, que existen, el hecho fue vinculado a los cruces y malestares que produjo el ajuste en discapacidad incluido en el Presupuesto, aunque no sería lo único.

Como se sabe, la letra del proyecto oficial sacudió el tablero interno. La reacción visible fue protagonizada por Patricia Bullrich: sostuvo que el tema no había sido planteado previamente en la “mesa política” del oficialismo y advirtió que atentaba contra el armado de alianzas en el Congreso. Después, y a pesar del intento de Olivos por restarle trascendencia al cruce y aplacarlo, la senadora descalificó explicaciones de Diego Santilli, que buscaban distender el clima sin entrar en cuestiones de fondo.

En la misma línea para apaciguar las aguas internas, el Gobierno dejó trascender de inmediato que ese capítulo del Presupuesto no correría tal como fue redactado. Y reanimó las conversaciones con socios y aliados en Diputados. Prometió que será aplicado lo que sea acordado frente a la movida de la oposición y otros espacios, que impusieron el tratamiento de una respuesta sobre la emergencia en el área de discapacidad.

Se verá ahora el alcance de las tratativas para lograr dictamen en comisión. Por lo pronto, el malestar en filas libertarias fue generado no sólo por la falta de anticipo -que expuso incluso a la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem-, sino además por lo que algunos consideran un costo por el grado de insensibilidad en la materia y otros, como un error en la batalla discursiva.

En cualquier caso, la renuncia de Vilches agregó un ingrediente propio dentro de un ministerio que ya viene enfrentando otras tensiones, como ocurre con el manejo del PAMI. Un juzgado federal de Córdoba acaba de reponer el tema de las demandas judiciales: dispuso avanzar con una investigación sobre Lugones y el titular de la obra social de jubilados, Esteban Leguízamo, por presunto incumplimiento de una orden de regularización de pagos a proveedores de servicios de salud.

No es solo eso. La decisión del ahora ex funcionario impacta especialmente por la historia reciente del área, aun en el caso de se tratara de razones personales. Llama la atención que se haya concretado días después de que circulara un informe administrativo – es decir, impulsado por su gestión- con números que no cierran sobre la etapa de Diego Spagnuolo, procesado en la causa que investiga la existencia de un sistema de corrupción en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad.

Vilches asumió como interventor de la ANDIS en agosto del 2025 -y siguió como secretario de Estado- luego de la crisis que generaron las denuncias sobre coimas en ese organismo. El referido informe analiza las cuentas hasta su llegada al cargo y registra inconsistencias millonarias en materia de deudas a proveedores. No extraña que la renuncia alimente especulaciones sobre la intención de dejar sentada su diferenciación de la primera etapa en esa área y las posibles estribaciones sistémicas.

El caso Spagnuolo es seguido de cerca por el Gobierno y recrea cada tanto inquietudes por su efecto público. El foco se correrá el miércoles hacia Nadia Beller, víctima de un ataque por el que su ex pareja, Fernando Cerimedo, sigue detenido en Bolivia como principal sospechoso. Está prevista una declaración por videoconferencia, desde Santa Cruz de la Sierra, ante el fiscal Franco Picardi. Beller dijo que tiene grabaciones en las que Cerimedo, de conocidos vínculos con el circuito libertario, habla de manejos de corrupción en la ANDIS.

La expectativa siempre abierta por este caso y la renuncia de Vilches agregan por distintas vías sus propios ingredientes al tema de discapacidad. De todos modos, al menos hasta ahora, el mayor sacudón fue producido por la llegada del Presupuesto 2027 al Congreso. Las miradas estaban puestas como siempre en algunas previsiones centrales -PBI, superávit, inflación, dólar, inversiones-, que en algunos casos suelen ser desbordadas por la realidad, como viene ocurriendo este año con los pronósticos sobre crecimiento y evolución de los precios. Eran esperables negociaciones con aliados y disputas con opositores en cuestiones como discapacidad y universidades.

Nadie esperaba un recrudecimiento de las internas en el oficialismo como la que disparó el capítulo de ajuste presupuestario en discapacidad. Impactaron especialmente cuestiones como la intención de borrar los ajustes por inflación de los montos del nomenclador o la vuelta a un esquema por “invalidez” mínimo (unos 300 mil pesos) que podría ser dado de baja si la persona consigue empleo formal o tiene ingreso como monotributista. Resultó indigerible para aliados y dialoguistas.

Las negociaciones son llevadas adelante por Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, de línea con Bullrich, que luego del temblor generado por el proyecto de Presupuesto tuvieron señales de respaldo expreso de Martín Menem y Diego Santilli. Es un interrogante hasta qué punto llegará la flexibilidad del Gobierno para avanzar con una “ley superadora” -así es mencionada- que asegure a los socios, del PRO y del bloque oficial del radicalismo, y recupere apoyos de legisladores alineados con gobernadores y otros espacios de buen trato con LLA.

El oficialismo enfrenta un nuevo round de la pelea motorizada por la oposición, que impuso el tratamiento de este tema y también el debate sobre la morosidad. Y espera que esta vez la interna no le juegue en contra. Doble desafío.

Patricia Bullrich,Lali Espósito,Javier Milei,Karina Milei