POLITICA
El pedido de los Milei a Diego Santilli, la preocupación de Mauricio Macri y la causa judicial que inquieta a Karina

Los 112 días que duró el escándalo de Adorni y su sostenimiento por razones incomprensibles, no produjeron en el Gobierno un daño que algún otro líder político haya logrado capitalizar. En los estudios de ARESCO y de otras consultoras prestigiosas, este dato se revela inconfundible. Fue como un autoflagelo del oficialismo que decepcionó a una porción importante de sus votantes -que abandonaron el acompañamiento-, pero no se fueron con nadie. A ningún lado. La variable sobresaliente, implacable, que aparece en todas las preguntas y en todas las respuestas es la economía.
El resto de los jugadores, por ahora, no son un problema. Hay que subrayar ese ‘por ahora’, porque la sociedad está, primero que nada, mirando el Mundial y, después, absolutamente despreocupada de quién tiene intenciones de candidatearse. Es un problema del futuro, un dilema que se presentará el año que viene. El Gobierno, entonces, hasta que empiece la carrera electoral en serio, pelea contra sí mismo.
En ese contexto, empezó a trabajar esta semana Diego Santilli, el nuevo jefe de Gabinete que estrena un escenario mucho más enfocado que el que le tocó hasta la semana pasada cuando era ministro del Interior. Y con la prioridad clara de consolidar objetivos en la coreografía que viene construyendo con gobernadores aliados. La premisa sigue siendo, salvo el kirchnerismo, todos los que quieran serán recibidos. No hay dudas de que es un vínculo que ya le viene funcionando y que le permitió seguramente llegar adonde está ahora —no solo por la confianza inédita que logró construir de los dos lados de la interna libertaria con Karina y Santiago- sino además por los resultados que pudo conseguir en el Congreso gracias el apoyo estratégico de gobernadores. Goza de un número casi mágico para alcanzar leyes que necesitan aprobar antes de fin de año cuando la carroza se convierta en calabaza y las tensiones por el 2027 hagan que todo se vuelva mucho más enredado y costoso.
En este plan, la eliminación de las PASO es prioridad, más allá de otras sanciones como la ley de Propiedad Privada y la reforma a la ley de Inocencia Fiscal. Es una necesidad que el Gobierno pensaba tener resuelta en el primer semestre pero que se dilató por los inconvenientes de Adorni. Ahora se convirtió en una urgencia. Las razones son evidentes: en principio, no hay dudas de lo problemático que podría significarles una competencia del peronismo que logre unificar lo que está destrozado, pero sobre todo hay preocupación con la inquietud financiera que podría generar el año que viene tener una PASO que consiga empoderar a un candidato unificado del PJ.
Hace rato que la opción de eliminarlas incluida en la reforma electoral parece ser improbable y se venía explorando la posibilidad de suspenderlas. Lo concreto es que ni la oposición supone ahora un escenario con primarias. Se da por sentado que el esquema que se abre con la designación de Santilli y su alineamiento con los gobernadores le permitirá al oficialismo conseguir lo que quiere. Es decir, a partir de ahora, todo el diseño electoral del año que viene se está tramitando con la idea de que las PASO no sucederán.
¿Cómo se resolverá la enorme fragmentación y el conflicto si nadie imagina, por ejemplo, que el PJ pueda hacer una interna partidaria que sea validada por todas sus partes? Si hasta hay en el peronismo quienes quieren convencer a Cristina de que algún vericueto jurídico o legislativo podría convertirla en candidata. Es una tentación basada también en los sondeos que la siguen mostrando contundente en el universo del antimileismo pero de imposible ejecución real. Las posibilidades de que su caudal termine en un apoyo a Axel Kicillof son negadas terminantemente desde el entorno de la expresidenta.
Había una oferta que generaba expectativa en el círculo rojo y en un sector del peronismo no kirchnerista. Imaginaban una competencia entre Kicillof y el empresario Jorge Brito en las PASO. El banquero, que guardaba íntimamente un deseo histórico de protagonizar la política nacional, está haciendo un recorrido minucioso por el sendero potencial de candidatearse. Esta semana, sorpresivamente, celebró su cumple en el Banco Macro con distintos actores políticos y empresarios y con un discurso mucho más político que financiero. Al día siguiente, llegó temprano al brindis de la Embajada de Estados Unidos y se lo vio en conversaciones interesantes. De un gran vínculo con Santilli por su historia común en River, Brito sólo está dispuesto a jugar si ve a un Milei debilitado o a un Kicillof empoderado. Una condición que comparte con Mauricio Macri quien apenas supo de su deseo, quiso reunirse con él. Y así lo hizo.
Un acuerdo indigno o la desaparición
En las dos oportunidades en que se juntaron, Brito todavía se mostró indeciso, más inclinado a nuclear a un peronismo racional, desarrollista y a terminar con el kirchnerismo que a subirse al PRO. Sin contar que es muy prematuro asegurar que este juego de candidatearse termine en realidad. Es una preocupación gourmet para el expresidente que se fue el finde pasado a Miami a ver a la Selección sin saber si festejar o lamentarse por la designación de Santilli. “Estamos atrapados entre la obsesión de Santiago Caputo de eliminarnos y el acuerdo indigno que nos propone Lule Menem con Karina”, dicen a su alrededor. ¿El interés de quién priorizará Santilli? Es natural que sea el de su jefe actual. Además de jefe de Gabinete, es el potencial candidato a gobernador bonaerense por LLA. Una disgresión: ¿Karina aceptaría a Bullrich en ciudad y a Santilli en Provincia? A su lado aseguran que no. A Macri lo tranquiliza la idea de que un enroque derive en Santilli candidato a jefe de Gobierno. Podría, seguramente, compatibilizar los intereses de las dos partes. ¿Es cierto que hasta es opción que el expresidente se presente si es necesario para salvar la continuidad del PRO en la Ciudad? Con Jorge Macri, sigue sin diálogo. El jefe de Gobierno está buscando también un acuerdo con los libertarios para su reelección y ya mandó varios mensajes a Karina que, según referentes de su espacio, no fueron contestados todavía.
Mientras tanto, el PRO elabora mensajes de amor y paz. Se mostraron públicamente en contra de la eliminación de las PASO pero no es una decisión unánime de sus legisladores. Ahora el bloque del Senado comunicó su agenda de prioridades y consignó a la reforma electoral en ese punteo. No está claro el asunto de las primarias. Habrá que mirar esa definición.
Indagatorias que preocupan en la Rosada
El jueves y viernes pasado, cuando fue decantando la decisión por Santilli como reemplazo de Adorni, hubo un consenso casi inédito en la dupla Caputo-Karina. Una excepción que logró alinear ahora el foco en lo urgente. Sin embargo, las conflictividades subterráneas no se detendrán. Una tiene que ver con la estrategia concreta electoral. Los operadores políticos de Karina se preocupan porque el Presidente escuchó con atención la idea matriz que Caputo le viene repitiendo sobre que la manera de garantizar la reelección radica en arreglar con los gobernadores sin plantarles problemas. Es una compulsa que perdió en las elecciones de medio término donde ganó la impronta karinista de competirles en algunos lugares. Se sabe que le salió bien y logró el éxito electoral. Ahora, aparentemente, Milei está más permeable. Son conclusiones apresuradas porque en la saga de la interna, la hermana presidencial siempre será dominante y los capítulos pueden ser infinitos desde acá hasta octubre del año que viene.
En ese universo, es válido preguntarse cómo operará la noticia que recibieron en la Rosada sobre los llamados a indagatoria y el congelamiento de cuentas por 350 millones de pesos que firmó el juez Sebastián Casanello en una causa -que consignamos acá hace algunas semanas- y que se puede listar como un expediente altamente perturbador para los primos Menem. Se trata de una investigación sobre la intervención del Poder Ejecutivo Nacional en la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA) por malversaciones millonarias que habrían sucedido con los interventores designados por Lule Menem en contrataciones relacionadas con un socio de Martín Menem. Casanello indagará a mediados de agosto por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles a Virginia Montero y Marcelo Petroni, los dos interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional en la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA) entre agosto de 2024 y todo 2025, y también a Sergio Aguirre, titular de HTECH INNOVATION S.A. y a la par socio de Martín Menem en TR Nutrition, una de las empresas del presidente de la Cámara de Diputados.
Más allá de ese vínculo -que podría no significar nada- ¿por qué es una preocupación para Karina? Lule y Martín Menem aparecen mencionados en la investigación que está enfocada en entender los $262.197.224,88 que OSPRERA le pagó a HTECH por supuesto servicios informáticos en poco más de un año y medio.
La investigación del fiscal Guillermo Marijuan detectó que HTECH, la empresa de Aguirre, se constituyó apenas cuatro meses antes de la intervención del Gobierno a la obra social. O sea abrió y triunfó. Después de allanamientos, pedidos de documentación a Presidencia, levantamientos de secretos fiscales y análisis de un celular en una causa conexa, el dictamen de Marijuan encontró que un mes antes de que se anunciara la intervención, Montero -la funcionaria que un mes después sería designada para sanear OSPRERA- tuvo una larga reunión con Aguirre y Lule Menem en el despacho de Menem en la Rosada. Esto es información constatada en la causa. Esa noche después de ver a Lule, Montero y Aguirre -o sea la que iba a ser interventora y el empresario que iba a ganar la contratación millonaria- hablaron 408 segundos por teléfono.
Leé también: Axel Kicillof enfrenta la presión de romper con Cristina Kirchner mientras recrudece la interna del peronismo
Cuando ella dejó el puesto y la reemplazó Marcelo Patroni, también está documentada una reunión del nuevo interventor con Lule Menem en su despacho. Hasta ahí no habría cuestionamientos, pero en el análisis telefónico de los peritos surge que la línea de Aguirre -socio de Martín Menem- “figura entre los 10 contactos con los que Patroni mantuviera mayor frecuencia en las comunicaciones”. De esas llamadas frecuentes aparece una en el expediente donde en enero de 2025 Patroni le dijo a Aguirre, según cita el fiscal: “Avisale a Lule” y “Eso lo tienen que saber Martín y Lule”. Para pedir indagatorias, Marijuan concluyó: “Está claro que es en el marco de esas maniobras y el plan común delictivo desplegado que los interventores de OSPRERA comenzaron a seleccionar o elegir a proveedores de servicios allegados con sus intereses políticos”.
Marijuan pidió las indagatorias en abril y ayer el juez Sebastián Casanello -después de haber hecho nuevos allanamientos y peritado teléfonos— decidió darle lugar y congelar activos de los imputados por 374 millones de pesos, que es el monto actualizado del daño supuesto de esta maniobra sobre la Obra Social de los Peones Rurales. Además, detectó que Aguirre y su socio en HTECH se compraron autos de lujo -un BMW de alta gama y un Mercedes Benz- justo en el momento en que cobraron este contrato multimillonario. ¿Qué contestarán a las preguntas del juez los ex interventores y el empresario? Habrá que esperar a agosto para saberlo. Un tiempo que pondrá nerviosos a varios.
Javier Milei, Karina Milei
POLITICA
Arrancó la subasta de bienes de la constructora de Lázaro Báez en la página oficial de la Corte Suprema

Camiones, autos y obradores que pertenecieron a la firma Austral Construcciones SA, del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos para remate a través de la página oficial de subastas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata de uno de los incidentes del último capítulo del proceso de quiebra del expediente judicial de la firma de Báez, que realizó gran parte de la obra pública vial que se hizo entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.
La causa por la quiebra de Austral Construcciones se abrió en 2017 y se encuentra tramitando ante el juzgado nacional en lo Comercial 28.
Allí se dispuso, en un incidente de restitución de bienes, enviar una serie de bienes a rematar en el área de subastas judiciales, que depende de la Corte Suprema.
En total, se subastan seis camionetas marca Chevrolet S10, que arrancan con un precio base de $2.200.000, una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y otra Renault Máster, por $7.200.000.
Además, también se rematan once módulos Tecnimet (uno en una subasta con cuatro unidades y otra con las siete restantes) que funcionan como obradores al costado de la ruta.
Se trata de casillas prefabricadas, parecidas a un contenedor, de chapa, con paneles aislantes, puerta, ventanas e instalación eléctrica. Llegan armadas en camión y se apoyan en el terreno sin cimientos.
Archivo
Se usan como oficinas, vestuarios y baños para los obreros, comedor, depósito de herramientas y materiales o dormitorios en obras alejadas, como las de la Patagonia.
Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea. En cada caso, los interesados pueden observar el lugar en donde se encuentran y un detalle del estado de los bienes.
En 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema creó la plataforma online de remates con el fin de transparentar el mecanismo de subastas para hacer más accesible el proceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.
Días atrás, a través de la página, se remató un departamento de 3 ambientes en el complejo River View de Puerto Madero que tenía como precio base 400.000 dólares y una casa en el country San Diego, del partido de Moreno.
Actualmente, hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en la ciudad de Mar del Plata con precio base de 54.000 dólares hasta la estructura de un edificio sin terminar en el barrio de Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza, todos bienes afectados a diversas causas judiciales.
En el caso de Báez, la mayoría de sus bienes ya fueron vendidos en este proceso de quiebra para pagar a los acreedores.
Además de la justicia comercial, también pugnan por rematar los bienes que quedan en pie de Báez el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó en la causa de la “Ruta del dinero K”.
La empresa quebró en 2018 y su liquidación sigue abierta: hubo unos 45 incidentes de venta, sobre todo, en Río Gallegos.
En abril de 2024, ya fue rematada maquinaria vial (motoniveladoras, palas cargadoras, excavadora), un semirremolque y vehículos. En septiembre de 2025, se subastaron 28 lotes del ex Obrador Central de Río Gallegos.
Además, en febrero de 2026 se llamó a mejorar ofertas por US$200.000 por un inmueble en Río Gallegos.
Quedan por rematar inmuebles y otros activos de Austral que siguen en liquidación.
En la causa de lavado de la “ruta del dinero K”, el objetivo es recuperar al menos 61 millones de dólares. Ya se remataron dos aviones: un Rockwell Commander y un Learjet.
Desde diciembre de 2025, en tanto, la Corte transfirió al Estado más de 60 millones de dólares.
Quedaron inmuebles bajo administración judicial hasta que se subasten cuentas en Suiza y Bahamas, y participaciones en nueve sociedades (Badial, Austral Agro, Austral Atlántica, Diagonal Sur y otras).
Por otro lado, está pendiente el decomiso por la causa Vialidad. El tribunal aprobó ejecutar 84 inmuebles, la mayoría en Santa Cruz, para cubrir una condena solidaria de 685.000 millones de pesos. Entre esos bienes se cuentan un campo de 5633 hectáreas en Alto Río Senguer (Chubut), la estancia Los Gurises, de 10.000 hectáreas (Santa Cruz), unos 60.000 metros cuadrados en El Calafate, lotes en Río Gallegos y tierras en Río Turbio.
comenzaron,la quiebra,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum

La crisis política e institucional de Allen, en Río Negro, tendrá un nuevo capítulo el próximo 8 de noviembre, cuando los vecinos de la ciudad acudan a las urnas para definir la continuidad del intendente Marcelo Román. El jefe comunal, que se reivindicaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, está imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado y quedó distanciado de la estructura partidaria libertaria.
El referéndum popular fue aprobado por el Concejo Deliberante, que habilitó así la instancia decisiva de un proceso de revocatoria impulsado por un sector de vecinos. La iniciativa avanzó luego de que se verificaran 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral municipal, un volumen que permitió alcanzar el umbral previsto en la Carta Orgánica para convocar a la consulta.
La votación trasladará a los ciudadanos la definición sobre la continuidad del mandato de Román, en medio de una disputa que enfrentó al Ejecutivo municipal con el cuerpo legislativo y que tuvo derivaciones judiciales. En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva del intendente, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa decisión en agosto, al considerar que el órgano legislativo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones en que lo había hecho.
Una disputa institucional que llegó a la Justicia
El 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 044/2026, que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanzaba la investigación penal. La medida obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, y estableció que el intendente dejara de percibir su dieta o remuneración. Durante su apartamiento, la conducción interina del municipio quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.

La decisión se produjo semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra el jefe comunal y el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo. El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38. Según la acusación, el aparato habría sido entregado a una persona ajena a la administración municipal.
La suspensión fue fundamentada por los concejales en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que contempla esa posibilidad cuando un funcionario municipal es procesado. Los ediles interpretaron que la formulación de cargos del sistema procesal penal vigente podía equipararse conceptualmente al antiguo procesamiento.
Román rechazó esa interpretación y calificó la medida como un “golpe institucional”, además de considerarla “avasalladora, ilegal e inconstitucional”. También anunció que recurriría a la Justicia para cuestionar la decisión del cuerpo legislativo.
El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar al planteo del intendente y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, junto con los actos administrativos derivados de ellas.
El máximo tribunal provincial entendió que el Concejo Deliberante carecía de competencia para disponer la suspensión en esas circunstancias. Según el criterio adoptado, la Carta Orgánica exige que exista una imputación y que el tribunal competente resuelva procesar al funcionario, condiciones que no pueden interpretarse como alternativas.
El fallo dejó sin efecto la suspensión dispuesta por los concejales, pero no resolvió el fondo de la investigación penal contra Román. La causa por presunta administración fraudulenta y peculado siguió un carril judicial distinto del procedimiento de revocatoria del mandato.
Las firmas que habilitaron el referéndum
En paralelo con la disputa institucional, la iniciativa de revocatoria comenzó a tomar forma a partir de una campaña de recolección de adhesiones impulsada por Silvina Cantero, quien en mayo de 2026 presentó más de 3.000 firmas para promover el mecanismo previsto en el artículo 98 de la Carta Orgánica municipal.
El proceso continuó con la habilitación de cinco libros para reunir adhesiones y el posterior control de las firmas. El informe de la Secretaría del Concejo Deliberante comunicó la finalización de esa verificación y registró un total de 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral de Allen, incluidas las adhesiones de electores extranjeros empadronados.

Con ese resultado, la iniciativa alcanzó el segundo umbral previsto por la normativa local: el equivalente al 20% del padrón electoral de 2023, requisito establecido para avanzar hacia el referéndum popular.
La convocatoria fue tratada durante la sesión ordinaria de este jueves, mediante un proyecto de resolución presentado por el presidente y el vicepresidente del Concejo Deliberante. La propuesta recibió seis votos a favor y tres en contra.
Respaldaron la convocatoria los concejales de UCR Auténtica, bloque presidido por Fabián Figueroa; de Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representada por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y de Alianza Nos Une Río Negro, encabezada por Marta Crespo.
En contra votaron los tres integrantes del bloque UCR: Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez.
El resultado de la votación habilitó el avance formal hacia la consulta popular, que tendrá lugar el 8 de noviembre. Ese día, los ciudadanos incluidos en el padrón municipal deberán pronunciarse sobre la continuidad de Román al frente del Ejecutivo local.
El aislamiento político del intendente libertario
El conflicto también tuvo consecuencias en el plano partidario. Román se había presentado como el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro e incluso había ocupado cargos en la conducción provincial del espacio. Sin embargo, tras el inicio de la investigación penal, renunció a su función como vicepresidente provincial y perdió el respaldo de las autoridades partidarias, que sostuvieron que ya no pertenecía a la fuerza.
La disputa dejó al jefe comunal expuesto a dos procesos diferentes: uno judicial, que deberá determinar su eventual responsabilidad penal, y otro político-institucional, en el que los vecinos definirán si debe completar su mandato.
El referéndum del 8 de noviembre será el punto de inflexión de esa segunda instancia. La decisión quedará en manos del electorado de Allen, en un escenario atravesado por el enfrentamiento entre el intendente y el Concejo Deliberante, la controversia sobre los alcances de la Carta Orgánica y el distanciamiento de Román respecto de la estructura libertaria.
POLITICA
Con el cierre de farmacias y centros médicos se extiende la crisis de la obra social de los militares

A paso lento se mueve la promesa de cancelación de la deuda que arrastra la obra social de los militares, estimada en $2.100.000 millones. Mientras tanto, la crisis se profundiza a partir del cierre de las 31 farmacias propias y una decena de centros médicos, a lo que podría sumarse la desactivación de algunas delegaciones en el interior.
Todo se da en un contexto de prestaciones cortadas que afecta a gran parte de los 330.000 afiliados que reúne hoy la Obra Social de las Fuerzas Armadas. También hay denuncias de despidos, como viene reclamando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Como publicó , las autoridades de la obra social negocian el pago de gran parte del pasivo con unos 30 grandes acreedores, aunque la deuda se extiende a unos 2.000 prestadores, entre los que se encuentran clínicas, farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales.
Según pudo saber , la obra social ofrece tres opciones a los acreedores: cobrar el valor histórico de la deuda, sin actualización y con una quita del 50%; recibir el pago en tres cuotas, con una quita del 25% y aceptar el pago en 12 cuotas, sin quita.
En todos los casos, la propuesta incluye la condición de que se comprometan a continuar los servicios. Si no, la única alternativa sería reclamar la deuda en un juicio.
El administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), Gonzalo Secchi, ordenó “cerrar y dar de baja” la red de 31 farmacias propias distribuidas en todo el país, desde la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hasta Bahía Blanca, Puerto Belgrano, Mar del Plata y Ushuaia, entre otros sitios.
Similar destino les esperaría a los centros médicos localizados en Morón, Devoto, Olivos, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros.
Y avanzaría un plan para mantener solo trece de las 24 delegaciones actualmente en funciones en todo el país.
“Un nuevo modelo”
Según explicaron fuentes de la obra social militar, el objetivo de los cambios es “transformar el modelo de funcionamiento para tener atención médica de calidad y una organización financieramente sustentable”.
Respecto de la prometida cancelación de la deuda, se abonaron reintegros y pagos pendientes a prestadores por más de $14.800 millones. “Es más de la mitad de la deuda en concepto de reintegros solicitados por afiliados”, se explicó. En cuanto a la deuda con prestadores, se firmaron y pagaron más de 500 acuerdos, sobre un total cercano al millar.
Ante una consulta de , en la obra social de los militares confirmaron que el modelo para la atención de afiliados en farmacias no será a través de una red propia, dado que ese sistema “generaba un déficit superior a los 7000 millones de pesos”.
Las autoridades insisten en que “la prioridad es sanear la obra social, lo que implica recuperar prestaciones, saldar la deuda e implementar un modelo de funcionamiento en OSFA –la nueva obra social constituida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti–, para que no se repita lo que sucedió con el IOSFA”, tal la denominación anterior de la entidad, que reunía también a las fuerzas de seguridad y es la que acumuló la suculenta deuda.
En el nuevo esquema, los hoteles y centros recreativos no constituyen una prioridad, por lo que ya comenzaron a ser cedidos a las propias Fuerzas Armadas, que los ofrecen en las redes como centros residenciales.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a
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