Sergio Schoklender lanzó una fuerte acusación contra Cristina Kirchner y Emilio Pérsico en la causa que investiga la supuesta corrupción en el desvío de fondos que eran para la construcción de viviendas sociales durante el kirchnerismo. El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo acusó a la expresidenta por decidir que sea el histórico líder del Movimiento Evita el que se haga cargo del programa cuando él fue apartado, en mayo de 2011.

Schoklender amplió este miércoles su indagatoria en el juicio Sueños Compartidos, el nombre que tenía el plan de viviendas sociales, y respondió a la declaración de un testigo que había mencionado a un “tal Pérsico” con una caja de dinero. El dueño de un corralón de materiales de Lanús que trabajó con el programa había relatado: “Para todos había efectivo. Lo vi a un tal Pérsico ahí, que llevó una caja llena de plata, y a mí me dieron cheques a 30, 60, 90 y 120 días. Y ahí me enojé”.

Ante esa mención, Schoklender identificó al dirigente y explicó en qué circunstancias se involucró con el programa de viviendas de la Fundación: “¿Saben quién es Pérsico? Es Emilio Pérsico”, dijo. “¿Y saben por qué apareció en la Fundación con un montón de plata? Porque Cristinita, cuando se llega a la paralización de todas las obras de la Fundación, decide que le pasen todas las obras y toda la administración a Emilio Pérsico, al Movimiento Evita”, agregó.

Según el relato de Schoklender, ese traspaso se produjo meses después de que él dejara el manejo del programa, cuando ya habían estallado las primeras denuncias y la entonces titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, le revocó los poderes que tenía junto a su hermano Pablo para otorgárselos a ella misma y a su hija, María Alejandra Bonafini.

En su declaración de este miércoles, Schoklender volvió a defender su gestión y negó que hubiera existido un “manejo de coimas”, al tiempo que insistió con que el programa sufrió un “drenaje permanente” de recursos hacia la política.

Consultado por el fiscal Diego Velazco sobre el origen de esos pedidos, respondió: “Era la demanda de apoyo político que planteaba Hebe a instancias de Parrilli, Cristina, Boudou, de toda esa runfla”. Y agregó: “Cuando Hebe decía ‘necesito tanto’, había que buscarlo. Ese tanto podía ser para pagarle el sueldo a sus hijos o para apoyar la campaña política de algún candidato que le pedía a Parrilli o a Cristina”.

Schoklender está acusado de fraude al Estado por su rol como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, responsable de la ejecución de Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales desarrollado durante el kirchnerismo. Junto a él, la fiscalía imputó como partícipe secundaria a Hebe de Bonafini —fallecida en 2022— y también señaló a su hermano Pablo Schoklender y a funcionarios de la época, entre ellos el exministro Julio De Vido, el exsecretario José López, Abel Claudio Fatala y Luis Rafael Bontempo. Según la acusación, los hermanos Schoklender se apropiaron del 23% del presupuesto asignado al programa, en parte a través de la firma Meldorek SA, con la que se compraron aviones y vehículos de lujo, entre ellos un Ferrari.

Sobre el Movimiento Evita, Schoklender sostuvo que su líder convirtió el trabajo registrado del programa en “becas”, lo que “terminó paralizando todas las obras”. Pérsico, consultado la semana pasada, había dicho que su organización nunca trabajó en Sueños Compartidos y que solo se hizo cargo de obras en la Ciudad de Buenos Aires, sin relación con el gobierno porteño, y que la vinculación con la Fundación “no era buena”. El juicio continuará el miércoles próximo con el inicio de los alegatos, que abrirá el fiscal Velazco.

Sergio Shoklender, Cristina Kichner, Emilio Pérsico

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El Jefe de Gabinete Diego Santilli acaba de asumir el cargo y ya tiene el primer reclamo de parte de la Cámara de Diputados.

Los legisladores de la oposición ya le hicieron saber que tiene que cumplir con el fallo de la Corte Suprema de la Nación en lo que se refiere al presupuesto de las Universidades Nacionales, algo que el ya renunciado Manuel Adorni se negó sistemáticamente a hacer.

Uno de los primeros en salir a reclamar que se cumpla con la ley que fue votada en 5 oportunidades en el Congreso -2 en diputados, otras 2 en el Senado y una última vez en el Presupuesto Nacional 2026- fue el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez.

En declaraciones radiales, el rosarino advirtió que Santilli, deberá “garantizar las adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo judicial” de la Corte.

Los dichos no fueron al azar. Unas horas antes que Santilli desembarcara en el Senado como Jefe de Gabinete para reunirse con “los 44” -los senadores libertarios y los de los bloques aliados- en Diputados un legislador del PRO hacía una movida que llamaba la atención.

El problema que observan en la oposición es que -antes Adorni y ahora Santilli– hicieron trascender que están buscando los fondos -que serían alrededor de 500.000 millones de pesos- para pagar a las universidades en la ley de quita de subsidios de zona fría.

Esta decisión de quitar a unos para darle a otros se topó con otra realidad y es que La Libertad Avanza que obtuvo 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones para darle media sanción en Diputados, no estaría obteniendo el mismo apoyo en el Senado.

“Los gobernadores que pusieron sus votos en Diputados los sacaron en el Senado”, dijo un senador libertario haciendo referencia a los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo. “A esto le sumás senadores del radicalismo que ya avisaron que no lo votan, como Maximiliano Abad”, agregó. Un dato a tener en cuenta: Abad es marplatense, una de las ciudades que se eliminaría de la zona fría y que en las últimas horas amaneció con sus playas con una manta de nevisca.

Si la intención del oficialismo es que los fondos provengan de la eliminación de una buena cantidad de localidades con subsidio y del cambio de la ecuación sobre qué parte se subsidia en la Patagonia -hoy es la totalidad de la boleta, la nueva ley es sólo el valor del gas en el ingreso al sistema-, se enfrentará al problema que en la Cámara Alta la previsión es que el tema no será debatido hasta septiembre.