POLITICA
El peronismo cierra filas en PBA para reclamar por la Zona Fría y se prepara para presionar en el Senado
Por unas horas, el peronismo dejó de lado sus diferencias en la provincia de Buenos Aires y se mostró amalgamado en un mismo reclamo: rechazar la votación de los cambios en el régimen tarifario conocido como Zona Fría que llevó adelante la Cámara de Diputados de la Nación y que buscará imitar el Senado.
Es que, como dio cuenta Infobae, la revisión impulsada por el Gobierno que se aprobó este miércoles en Diputados excluye en concreto a 90 municipios de la provincia Buenos Aires, entre los que aparecen General Pueyrredón (Mar del Plata), Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Trenque Lauquen, San Nicolás Bolívar, Villa Gesell, Pinamar, entre otros de los descuentos que hasta el momento perciben los usuarios en sus tarifas de gas por pertencer a la Zona Fría.
La inclusión de la mayoría de las localidades bonaerenses se dio en 2021 por un proyecto de ley del diputado nacional Máximo Kirchner que ampliaba lo dispuesto por la norma original sancionada en 2002. El Gobierno plantea que, a nivel nacional, de terminar con el régimen de Zona Fría, se generaría un ahorro de $272.099 millones.
“Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes. Yo pensé que ya se había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no”, consideró este jueves el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre los cambios en el régimen de la tarifa de Zona fría. También pidió que el Senado no acompañe y adelantó que irá a la Justicia si se obtiene la sanción definitiva. No es la primera vez que el mandatario recurre a la Corte Suprema. Actualmente hay 8 litigios presentados contra el Gobierno nacional de parte de su administración.
“Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, dijo y planteó que con la eliminación de la Zona Fría “el Gobierno se descarga sobre la gente los problemas que el mismo gobierna genera”.
Durante todo este jueves, intendentes bonaerenses y distintos dirigentes del peronismo se pronunciaron públicamente, pero además empezaron a cruzar mensajes. Por ejemplo, los jefes comunales y concejales de la Quinta sección electoral mantendrán una reunión el próximo martes al respecto. Será en el distrito de Villa Gesell, donde gobierna el axelista Gustavo Barrera. De ahí saldrá un proyecto de ordenanza para tratar en todos los concejos deliberantes y, además, definir una comitiva para ir al Senado en la previa a la votación del proyecto. El objetivo es evitar su sanción definitiva.
Barrera fue uno de los intendentes que se pronunciaron al respecto, pero también cruzó al diputado nacional y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza (PRO), por acompañar los cambios en el régimen de zona fría. “¿Qué te pasó, Martín Yeza? ¿Sabés lo que hiciste ayer? Votaste en contra de los vecinos de Pinamar y Villa Gesell. A los vecinos de la región les digo: hay que tener cuidado cuando se eligen concejales, diputados, senadores, intendentes, porque a la hora de levantar la mano te quitan derechos”, planteó el gesellino a través de un video de X, recordando que el hoy diputado nacional reclamaba ante ENERGAS que Pinamar sea incluido en el R1 de consumo en los usuarios de gas como sucedía con Mar Chiquita, localidad que está a 95 kilómetros de Pinamar.
Yeza, en tanto, remarcó que “van a seguir gozando de los beneficios del sistema las personas que perciban hasta 3 canastas básicas por mes, lo que equivale a 4.4 millones de pesos mensuales”, considerando que “la gran mayoría de jubilados y de trabajadores mantendrían el beneficio”. Además, de “las personas inscriptas en el RENABAP; los veteranos de Malvinas y las personas que tengan un integrante de la familia con un familiar con discapacidad”.
Los cambios sobre el régimen de Zona Fría sirven de contexto para un acercamiento discursivo dentro del peronismo, en medio de su discusión interna. Es que tanto Kicillof como legisladores e intendentes que responden a Cristina y Máximo Kirchner. El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner (La Cámpora), planteó que “esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno”, y que, de aprobarse, en la ciudad que gobierna » dejarían de circular cerca de 400 millones de pesos mensuales que hoy se destinan al consumo y al comercio local», ya que el aumento en la tarifa de gas “podrían ubicarse entre el 40% y el 60%”.
En la misma línea se pronunció el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca. “El impacto negativo no será solo en los hogares de las familias que pierdan los beneficios del sistema de Régimen de Zona Fría, sino también en las económicas de las ciudades del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, ya que, al incrementarse el monto de las facturas, dejaran de destinar dinero al consumo y comercio local, son recursos que las familias ahora deberán destinar para solventar los aumentos de las facturas de gas» dijo ante la consulta de Infobae.
Agregó, además, que “los cambios violan el principio de determinación tarifaria por ley que rige los servicios públicos concesionados en Argentina y expone a los usuarios a una incertidumbre que el Estado no puede trasladar a los más débiles».
La región sur de la provincia de Buenos Aires es una de las que podría sentir con fuerza los cambios del régimen tarifario en la boleta de gas. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, advirtió que “poner en duda este esquema es trasladar el peso de las decisiones a quienes menos margen tienen; por eso defender la zona fría es defender al interior y a nuestras comunidades”.
martín yeza
Era casi la medianoche del 10 de febrero y una última gestión de un sindicalista de buen vínculo con los oficialismos de turno logró que se modifique el texto del proyecto de reforma laboral que se iba a tratar al día siguiente en el Senado. En vez de “terminar con los peajes”, como amenazaba Federico Sturzenegger al referirse a los aportes solidarios, se los limitó a un 2%. “Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores”, sintetizó esa mañana Rodolfo Aguiar, jefe de los estatales de ATE y una voz crítica del triunvirato de mando de la CGT. Su declaración desnudó el pacto.
El lunes pasado, cinco meses después de aquel apretón de manos por cambiar el texto de ley que finalmente fue aprobada por mayoría, Javier Milei modificó por decreto la letra chica de la reglamentación con otra señal favorable para la caja sindical. A través de la normativa 612/26, que fue firmada también por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se dispuso que el tope del 2% para las cuotas solidarias deberá calcularse sobre el total de las remuneraciones que perciben mensualmente los trabajadores y no solo sobre el salario básico convencional. Además, se volvió a habilitar los aportes empresarios a las organizaciones sindicales siempre que tengan un destino específico. Una manera de blanquear el aporte extra que hacen los empleadores a las obras sociales sindicales al margen del obligatorio que se destina a la seguridad social. Es decir, la caja sindical se mantiene intacta, a contramano de la idea original del “Coloso”, como llama Milei a su ministro de Desregulación.
Después de esta concesión, la CGT se movilizó el miércoles casi de manera testimonial al Congreso para adherir al reclamo de los jubilados, cuyo haber mínimo es hoy de apenas $481.989, con bono incluido. Sucedió algo similar el 11 de febrero, cuando obtuvo media sanción la reforma laboral edulcorada con los cambios pactados casi de madrugada. Aquella vez, al igual que hace tres días, los dirigentes cegetistas buscaron con una foto fugaz escenificar su espíritu combativo. Lo volverán a hacer el 7 de agosto, cuando movilicen a la Iglesia de San Cayetano. Conservar la guardia alta es por ahora el atajo que encontró el triunvirato de mando de la CGT para evitar fugas o una nueva fractura. Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, los tres referentes de la central obrera, decidieron no hablar ante la prensa los tres juntos por temor a dejar expuestas sus diferencias.
Ninguno de los tres estuvo a cargo de las últimas gestiones con la Casa Rosada. El nexo fue Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y uno de los sindicalistas más influyentes desde la década del 90 hasta la actualidad. Se sentó en la mesa de negociación con el menemismo, cuando se flexibilizaron convenios y se congelaron paritarias, y también estuvo durante la Alianza, cuando Fernando de la Rúa intentó avanzar con una reforma laboral similar a la de Milei, que se cayó por denuncias de pago de sobornos. Martínez integró el año pasado el Consejo de Mayo, diseñado por Karina Milei con presencia única de aliados, y ahora es el interlocutor sindical principal con el Gobierno. Su vínculo es con los Menem, sobre todo con Lule, pero también frecuenta con cada vez más asiduidad a Santilli y sus colaboradores. La llegada del “Colo” a la jefatura de Gabinete fue celebrada entre la dirigencia gremial.
Antes del Mundial, Martínez intervino en la reunión de consejo directivo para frenar una propuesta para avanzar con el quinto paro general contra la gestión libertaria. Ya estaba en marcha la gestión para flexibilizar el cobro de la cuota solidaria y los aportes empresariales a las obras sociales. En paralelo, el jefe de la Uocra, a través de su abogada, Marta Pujadas, y el asesor legal de la CGT, Pablo Topet, avanzan con una estrategia judicial para objetar la ley de Modernización Laboral en el fuero Contencioso Administrativo con la intención de revertir los límites al derecho a huelga y conservar la prelación de los convenios colectivos. Esperan ansiosos una definición tras la feria judicial.
De lograr un fallo favorable, sería otro golpe para la reforma laboral de Milei, que tampoco logró adhesiones entre las cámaras empresarias citadas por Capital Humano para renegociar los convenios sectoriales. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, llamó a revisar 446 convenios colectivos, pero su convocatoria tuvo hasta el momento poco eco. Tras la aprobación de la reforma laboral, Cordero bajó el perfil y sigue con inquietud el avance de la causa judicial por la intervención de la obra social del gremio de los ruralistas (Osprera). El juez federal Sebastián Casanello comenzará en agosto con las indagatorias y el principal apuntado es Sergio Aguirre, un socio de Martín Menem que se benefició con un contrato millonario con Osprera. Cordero no participó de las contrataciones que dispuso la intervención, pero sí facilitó el primer paso para que la Justicia intervenga el gremio y luego la obra social, una decisión impulsada inicialmente por la Superintendencia de Servicios de la Salud.
La otra caja: obras sociales
Tan importante como los aportes empresariales y la cuota solidaria, una comitiva de la CGT reabrió negociaciones con el ministro de Salud, Mario Lugones, por el financiamiento de las obras sociales, la otra caja por la que los gremios están dispuestos a todo.
La crisis del sistema sanitario comenzó a agudizarse porque hay cada vez más trabajadores en la informalidad, lo que equivale a menos aportes. En un reciente documento, la CGT alertó sobre el tema. “El promedio de recaudación del sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67 % de la población de obras sociales nacionales. Pero lo que resulta más importante es el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), que rondaría los $110.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra por encima de la recaudación promedio del sistema”.
Las conversaciones entre los gremialistas y Lugones giran en torno a una reestructuración del sistema, que contemple ingresos, aportes y subsidios, según admitieron a fuentes oficiales y sindicales. Los gremios presionan para diseñar un nuevo PMO y revisar las prestaciones a monotributistas, cuyo aporte económico al sistema es casi cuatro veces menor al PMO. “Hay que trabajar en un menú de planes médicos acorde al bolsillo de la gente”, sugirió un dirigente sindical que conoce desde hace décadas los números del sistema. Por ahora, Lugones no se muestra predispuesto a acelerar con la reforma más allá del intercambio con la dirigencia sindical.
El manejo de las prestadoras médicas se volvió un dolor de cabeza para algunos sindicalistas. La Obra Social de los Empleados de Comercio (Osecac), la más grande del país, tiene un déficit mensual de $5000 millones. La de Hugo Moyano también está en rojo, con casi 3000 millones de pérdida. Así y todo, son un atajo para los negocios personales y familiares. El caso más conocido es el de Camioneros, donde se entrelazan las empresas de la esposa de Moyano. Pero algo parecido ocurre con Unión Personal (UP), la prestadora médica de los estatales de UPCN que administra Viviana Caravetta, pareja del histórico Andrés Rodríguez. A pesar de tener un déficit mensual de entre 7000 y 11.000 millones de pesos, UP selló convenios millonarios con dos empresas vinculadas al presidente de River Plate, Stefano Di Carlo. Una ironía: el jefe de control y cobranzas de UP es Gustavo Bruno, quien a su vez integra la Comisión Revisora de Cuentas del club de Núñez. Apenas un detalle de una comisión directiva que reúne bajo un mismo techo a libertarios, camporistas, peronistas, santillistas y macristas. Todo sea por los colores.
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POLITICA
Neuquén rechazó otorgar la personería jurídica a dos comunidades mapuches y crece el conflicto
Dos comunidades mapuches de Neuquén endurecieron su reclamo luego de que el Gobierno provincial rechazara otorgarles la personería jurídica, una decisión que les impide acceder al reconocimiento legal necesario para gestionar la propiedad comunitaria de los territorios que habitan y participar en instancias de consulta previa sobre proyectos que puedan afectar sus derechos.
Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, las mismas que durante 2025 mantuvieron un acampe frente a la Casa de Gobierno neuquina para exigir su reconocimiento formal.
La decisión del Ejecutivo, que conduce Rolando Figueroa, trascendió a partir de una protesta realizada por integrantes de ambas comunidades en la Exposición Rural de Palermo, donde se manifestaron frente al stand institucional de la provincia con banderas y pancartas para expresar su rechazo. Posteriormente realizaron una protesta similar frente a la sede del Gobierno provincial en la ciudad de Neuquén.
La resolución fue firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y rechaza el pedido de reconocimiento legal presentado por ambas comunidades, trámite indispensable para obtener la personería jurídica y avanzar en gestiones administrativas vinculadas a su organización y representación.
Desde las comunidades cuestionaron con dureza la medida y afirmaron que nunca padecieron “una política tan violenta y negadora como la actual”. Además, anticiparon que continuarán con las acciones de protesta.
“No vamos a renunciar jamás a nuestros derechos. No es un funcionario quien va a decidir si somos mapuches o no”, expresaron.
El lonko Nelson Cárdenas, autoridad de la comunidad Rañileo-Cárdenas, sostuvo durante la protesta en La Rural que la personería jurídica representa “el documento de identidad” de las comunidades indígenas.
“Somos la clara muestra de la resiliencia del pueblo mapuche. No lograron hacernos desaparecer hace 150 años ni lo van a lograr ahora, a pesar de todas las maniobras que están inventando para no otorgarnos nuestra personería”, afirmó.
Las comunidades también denunciaron que “el Gobierno neuquino se niega a aplicar la legislación nacional y la Constitución de Neuquén en lo que respecta al reconocimiento de las comunidades indígenas”.
Las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes. Sin embargo, generaron malestar dentro del Ejecutivo provincial, que hasta el momento no emitió declaraciones públicas sobre la decisión.
La personería jurídica es el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce formalmente la existencia y organización de una comunidad indígena. Ese reconocimiento constituye un requisito para ejercer distintos derechos colectivos y territoriales contemplados por la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén y la normativa vigente.
Según denunciaron las comunidades y la Confederación Mapuche de Neuquén, la negativa forma parte de una serie de decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial que restringen el reconocimiento legal de otras comunidades indígenas.
El conflicto tiene un antecedente reciente. En 2025, integrantes de ambas comunidades acamparon durante varios días frente a la Casa de Gobierno para reclamar el otorgamiento de la personería jurídica. La protesta concluyó con un operativo de desalojo llevado adelante por la Policía de Neuquén, que profundizó la tensión entre el Gobierno provincial y las organizaciones mapuches.
Terminó el mundial y la política vuelve a salir a la superficie. Atentos a este nuevo escenario, detenido por los 39 días que duró la competencia, en el Gobierno circula la idea de acelerar con reformas que puedan ser la imagen de una campaña permanente hasta las elecciones del 2027. La discusión central se basa en quienes ponen reparos y piden cambios en la gestión y quienes consideran que plantear eso es ir contra la idea que tienen los hermanos Milei.
Más allá de la amistad y los abrazos públicos, en el primer grupo están el asesor Santiago Caputo y su entorno. Por eso es que, más allá de las fotos que se sacaron en Casa Rosada los nueve integrantes de la “mesa política”, las disputas por el poder de determinadas áreas de gestión y cajas clave se reproducen. Por estas horas, la tensión se trasladó hacia la estratégica Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Allí espera que lo echen, de un momento a otro, Darío Genua, quien reporta directamente a Santiago Caputo. Su salida sería para que ingrese un hombre que responda a Karina Milei.
El otro ruido que suena cada vez más fuerte está en toda la estructura de salud. El vocero presidencial, Adrián Ravier, tuvo que desmentir que el ministro de Salud, Mario Lugones, vaya a dejar su cargo. Hace meses que el ministro, padre de Rodrigo Lugones (este, exsocio de Caputo), está en la cuerda floja. Según pudo saber Infobae, en los últimos días esa tensión creció, sobre todo tras la abrupta salida de Guido Giana. “Algo va a pasar, porque están sacando a segundas líneas sin explicación. Es lo que suele suceder cuando toda una estructura está a punto de desaparecer. Algo similar ocurre en PAMI”, relató un funcionario nacional al tanto de los movimientos ante este medio. Si se va Lugones, todo indicaría que su reemplazo podría aterrizar desde alguna provincia del norte argentino.
Consultado por este medio, un hombre cercano al Presidente describió un escenario natural: “Ustedes exageran las internas. Siempre sucedieron. Es el poder. Algunos reciben premios y otros castigos. No se entiende que se escandalicen. Acá lo importante es que tenemos un solo jefe y se llama Javier Milei, a diferencia de cuando gobernaban los peronistas, que tenías una jefa, como Cristina, un súbdito como Massa y un títere peligroso como Alberto”, sentenció.
En ese pragmatismo, el Gobierno supo aprovechar al máximo la negociación de vacantes en el Poder Judicial. Algunos ejemplos. Se designó a Ana María Cristina Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham. ¿Quién es? Es la esposa del juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi. Es quien lleva adelante la causa $LIBRA, mediante la cual se investiga al presidente y a su hermana, la secretaria general de la presidencia.
Ayer nomás, el martes, le extendieron por 5 años su cargo a Víctor Pesino, el juez que ayudó a avalar la reforma laboral. De yapa, intervino la Unión Obrera Metalúrgica. Ahora continuará cinco años más en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT). Antes, el premio le había llegado al hijo del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Se llama Emilio Rosatti. En junio, el Gobierno oficializó su designación como juez del Tribunal Federal de Juicio de la ciudad de Santa Fe.
Menos desapercibido pasó el premio obtenido por Javier Lanari, ex mano derecha de Manuel Adorni. Es que al periodista le entregaron un cargo como director del Banco Nación. Corrió una suerte distinta a la de su jefe.
La agenda legislativa volverá a ponerse en marcha con la llegada de agosto. Para ese entonces, además de la rosca por pliegos judiciales, Patricia Bullrich deberá conseguir los votos para aprobar la Ley de Tierras. El equipo de Federico Sturzenegger, a cargo de la redacción central del proyecto, insiste en que no se realicen más modificaciones. Bullrich no la tendrá fácil. Tras su enfrentamiento, amplificado por su equipo junto a denuncias penales, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la senadora necesita un nuevo triunfo que calme los nervios de Casa Rosada, desde donde la miran con desconfianza por sus abiertas críticas y aspiraciones electorales del 2027.
“Para criticarnos ya tenemos a los peronistas y a ustedes (por los periodistas)”, reiteran en Balcarce 50. Con o sin buen resultado, el “coloso desregulador” ultima detalles para un nuevo paquete que busca modificar cuestiones centrales de temas como el sistema de venta de medicamentos, el mercado inmobiliario y hasta la navegación fluvial. También prevé cambios en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.
Las intenciones avanzan a una velocidad y las negociaciones a otra. Los senadores no sobran, sino que faltan. Cayó como un baldazo de agua fría lo que sucede en Misiones. Allí el gobernador Hugo Passalacqua rompió su alianza con el jefe político, Carlos Rovira. Al punto tal que le quitó áreas sensibles que manejaba, así como las cajas de recaudación más importantes. Ese quiebre va a generar movimientos que aún no se vislumbran en el Senado. “Es algo que tenemos que analizar ahora con esto”, reconoció un senador que trabaja con Bullrich para lograr aprobar las leyes del oficialismo.
“La campaña son las reformas, las reformas son la campaña”, insistía Santiago Caputo el sábado en el cual la suerte de Adorni llegó a su fin. Se observa una necesidad de acelerar con proyectos de cada ministerio. Hoy habrá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Allí Luis Caputo presentará los cambios de Inocencia Fiscal. Un día más tarde será la presentación en el Parlamento.
El Presidente tampoco descuidará la agenda internacional. Fiel a su estilo, no esperará resultados para apoyar a un candidato afín. El viernes despegará rumbo a San Pablo y el sábado estará para la oficialización de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente para enfrentar a Lula Da Silva, que va por su cuarto mandato. El 4 de octubre será la elección más importante para la región. Las encuestas marcan, por ahora, un triunfo del oficialismo. La intromisión del mandatario argentino cayó pésimo en el país vecino.
Milei luego estará con su par de Ecuador y viajará, en las próximas semanas, a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia. Los ojos de la cancillería argentina, no obstante, están puestos en los Estados Unidos. Las elecciones de medio término serán el martes 5 de noviembre. Donald Trump, principal sostén para que Milei haya llegado sin crisis financiera en la elección del 2025, enfrenta una batalla durísima. Más allá de que se espere una derrota republicana, la tensión está puesta en qué tipo de derrota obtendrá. El mayor temor allí está en perder el control del Senado, lo que frenaría la gestión y lo dejaría a Trump a tiro de un impeachment (juicio político).
Además, una amplia diferencia demócrata aceleraría la interna republicana, ahondando en la ya célebre frase de “pato rengo”, ya que sería un presidente de salida. La elección argentina será con un Trump en retirada. Falta saber a qué velocidad.
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