Tras el acto por el Día de la Lealtad peronista que encabezó el sábado en González Catán, partido de La Matanza, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, retomó la agenda política que lo proyecta fuera de la provincia de Buenos Aires. El próximo destino será Jujuy, donde prevé desplegar una actividad con dirigentes locales del peronismo y espacios que responden al Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La visita se inscribe en la estrategia que el mandatario viene desarrollando con miras a las elecciones presidenciales de 2027. Kicillof dijo en La Matanza que está dispuesto a “poner el cuerpo” y a recorrer el país para construir una alternativa opositora al gobierno de Javier Milei. Volvió a enfatizar el “cuenten conmigo”. El objetivo de su entorno es que acumule respaldo territorial y partidario antes de que se defina la discusión por las candidaturas dentro del peronismo.

Jujuy figura como un distrito relevante por dos razones. Allí gobierna el radical Carlos Sadir y el peronismo atraviesa una crisis interna que todavía se dirime en la Justicia Electoral.

La agenda definitiva del viaje todavía estaba en elaboración este lunes. La intención es que la semana que viene Kicillof combine reuniones políticas con referentes territoriales, sindicales y municipales, bajo un formato similar al de sus visitas a otras provincias, además de tender puentes y acuerdos con universidades. En La Plata buscan que la actividad no quede absorbida por la interna local del Partido Justicialista (PJ), aunque esa situación será parte inevitable del contexto.

El Partido Justicialista de Jujuy continúa bajo intervención judicial. El 5 de octubre, el juez federal con competencia electoral Esteban Hansen prorrogó por 60 días la intervención que encabeza el abogado Federico Prieto, ante la falta de una definición de la Cámara Nacional Electoral sobre las impugnaciones planteadas en el proceso interno.

La normalización partidaria quedó suspendida luego de que la Cámara Electoral frenara el cronograma de internas. La disputa enfrenta, entre otros sectores, a la Lista Celeste y Blanca, vinculada al diputado provincial Rubén Rivarola, y a la nómina que había quedado en carrera con el respaldo de la senadora nacional Carolina Moisés.

La crisis del PJ jujeño se arrastra desde 2023, cuando el partido fue intervenido por la conducción nacional. Durante ese período se sucedieron postergaciones de elecciones internas, sanciones a afiliados, cuestionamientos a las autoridades partidarias y recursos judiciales. A comienzos de este año, la Justicia dejó sin efecto decisiones de los interventores políticos y dispuso una intervención judicial por 180 días.

En ese escenario, la presencia de Kicillof buscará fortalecer la relación con los sectores que promueven el MDF sin involucrarse en la disputa judicial.

El viaje a Jujuy será la continuidad de una agenda federal que Kicillof aceleró durante el último año. Ya visitó Córdoba, Chubut, Santa Fe, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, La Rioja, Formosa y Corrientes.

En varios de esos destinos combinó actividades de gestión, firma de convenios y encuentros con gobernadores de distintos signos políticos. Sumando las recorridas anteriores al 2026 y como gobernador, se reunió, por ejemplo, con Ignacio Torres en Chubut; Maximiliano Pullaro en Santa Fe; Hugo Passalacqua en Misiones; Juan Pablo Valdés en Corrientes; Sergio Ziliotto en La Pampa; Gustavo Melella en Tierra del Fuego; Ricardo Quintela en La Rioja y Gildo Insfrán en Formosa.

La estrategia no se limita a los viajes del gobernador. Funcionarios bonaerenses e intendentes alineados con el MDF también recorren el país para sumar contactos. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, forman parte de esa red política.

Correa estuvo días atrás en Salta y Jujuy para tomar contacto con sectores sindicales. Hasta ahora, ni Salta ni Jujuy recibieron una visita de Kicillof. El viaje busca cubrir ese vacío.

“Con la pureza ideológica no alcanza”, sostuvo Bianco días atrás al describir el criterio que debería guiar el armado electoral. La frase sintetiza una discusión que atraviesa al MDF: ampliar la base de apoyos sin restringirla a los sectores tradicionales del kirchnerismo ni al peronismo bonaerense.

Antes de avanzar con la agenda nacional, Kicillof encabezó este lunes la apertura de la etapa final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. La competencia reúne a 30.000 finalistas de los 135 municipios de la provincia y se extenderá hasta el viernes 23 de octubre.

El acto se realizó en el Paseo Hermitage y marcó el inicio de la edición número 35 del certamen. La Provincia informó que hubo 504.000 inscriptos, 12% más que en 2025. Las finales abarcan 117 disciplinas deportivas y culturales, con participación de jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas.

Kicillof sostuvo que la administración bonaerense destinó cerca de $21.000 millones a la organización de los Juegos y cuestionó el recorte nacional de recursos destinados al deporte. “Hay un abandono del Gobierno nacional en el deporte”, afirmó durante el acto, donde también cuestionó la reducción de partidas para los Juegos Evita.

El gobernador aprovechó la actividad para mantener su confrontación con Milei. También hizo referencia a la denuncia que la Provincia anunció contra el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, por los fondos que, según la gestión bonaerense, deberían ejecutarse en obras hidráulicas para prevenir inundaciones.

El MDF busca exhibir a Kicillof como un gobernador con presencia territorial, capacidad de movilización y un discurso diferenciado del Gobierno nacional, mientras amplía vínculos con dirigentes de otras provincias.

El cierre de 2026 tendrá varios temas que impactarán en la carrera hacia 2027. El principal es la discusión sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El Gobierno nacional impulsa su eliminación o, al menos, una suspensión para los próximos comicios, aunque todavía no tendría los votos necesarios en el Senado.

Para el peronismo, las PASO son una herramienta que permitiría resolver candidaturas sin una ruptura formal. Kicillof, Cristina Kirchner, Sergio Massa y dirigentes parlamentarios del PJ coinciden en la necesidad de preservarlas, aun cuando no comparten una estrategia común para la elección presidencial.

La relación entre Kicillof y el kirchnerismo atraviesa uno de sus momentos más tensos. El gobernador reivindicó a Cristina Kirchner durante el acto de La Matanza y cuestionó su detención, pero no participó de la movilización que La Cámpora organizó frente a su domicilio de San José 1111. Máximo Kirchner, por su parte, viajó a Chaco para compartir actividades con Jorge Capitanich.

La distancia también se trasladará al PJ bonaerense. En noviembre debería realizarse el Congreso partidario, donde se espera que Máximo Kirchner sea elegido presidente del cuerpo. El acuerdo original contemplaba que Kicillof condujera el Consejo Provincial y el diputado nacional quedara al frente del Congreso. Sin embargo, el MDF no descarta incidir en la integración de la Junta Electoral y de la Junta Directiva, dos ámbitos que tendrán peso en la estrategia electoral.

Kicillof y Cristina Kirchner no mantienen una reunión a solas desde el 1° de octubre de 2025. La falta de diálogo directo profundizó las especulaciones sobre una disputa de liderazgo que todavía no tiene una resolución. Mientras el kirchnerismo insiste en conservar la centralidad de la expresidenta, el gobernador bonaerense apuesta a una estructura propia, con alcance federal y capacidad para negociar dentro de un peronismo fragmentado. En ese contexto es que trabaja en la ampliación de su estructura.

luciano ingaramo/ comunicación institucional senado.-

Verónica Razzini, diputada nacional de La Libertad Avanza, volverá a presentar en los próximos días en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que encuadra a los bloqueos sindicales como delito penal, pero actualizará su contenido con el fin de impedir nuevos fallos como el del juez Alejandro López, de San Nicolás, que absolvió a un líder del Sindicato Camioneros que había bloqueado una empresa en 2021.

La iniciativa había sido presentada en octubre de 2024, cuando la legisladora aún integrada el bloque del PRO, partido por el que ganó su banca por la provincia de Santa Fe en las elecciones de 2023, pero no tuvo suficiente respaldo político y perdió estado parlamentario.

En el proyecto se incorpora en el Código Penal de sanciones a los bloqueos directos con penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión a “quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio para sí o para terceros o causar un perjuicio”. Y también castiga los bloqueos indirectos con penas de seis meses a tres años de prisión, una figura que se refiere al que “hiciere uso de amenazas o exigencias por fuera de los requisitos legales para operar a proveedores, prestadores de servicios, clientes o cualquier tercero vinculado con el comercio, industria o establecimiento bloqueado con el propósito de impedir, estorbar o entorpecer de manera indirecta el normal desarrollo comercial y/o productivo del mismo”.

Contempla, además, que el sindicato, empresa u organización que promoviere o facilitare las acciones previstas en el proyecto serán pasibles de las penas establecidas en el artículo 304 del Código Penal, donde figuran sanciones como “multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito; suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad, y pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere”.

En ese momento, La Libertad Avanza estaba en plenas negociaciones con la CGT para cambiar el capítulo laboral de la Ley Bases y el proyecto de Razzini, aunque contaba con respaldo del oficialismo, del PRO y otros bloques, quedó congelado para facilitar la sanción de la norma que le interesaba al gobierno de Javier Milei.

Aun así, en la Ley Bases fue incluido un artículo que considera los bloqueos como grave injuria laboral y que de esa forma les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.

En la Ley de Modernización Laboral, además, se incluyó un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Ambos artículos tuvieron que ver con el impulso de Razzini, quien, antes de ser legisladora, fue presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), al que fundó en 2021 junto con la abogada Florencia Arietto para agrupar a los dueños de las pyme y diseñar una estrategia para frenar ese tipo de protestas.

La actual diputada es una de las dueñas de una empresa de distribución de materiales de construcción ubicada en Rosario que en junio de 2020 amaneció con dos sedes bloqueadas por el Sindicato de Camioneros d, que exigía que 18 de los 100 empleados se afiliaran a esa organización. La medida duró tres meses.

Razzini, dueña junto con sus hermanos de la firma que fundó su padre hace 60 años, se resistió y por eso fue amenazada, insultada, intimidada con armas de fuego y tuvo que mudarse para evitar ataques. Su denuncia terminó con 10 empleados y tres delegados presos. Los trabajadores que participaron de la protesta fueron despedidos y presentaron un amparo, pero una jueza consideró que las desvinculaciones eran legales.

Una vez que con el MEAB logró fallos judiciales contra los bloqueos y sus responsables, decidió pasar a la política para tratar de que haya una legislación que evitara las acciones sindicales que, amparadas en el derecho de huelga, violan otros derechos constitucionales como el de propiedad, a la circulación y a trabajar.

En diálogo con Infobae, la diputada Razzini criticó el fallo del juez López: “Estamos enojados, al igual que la sociedad que levantó su voz, porque volvimos al mismo punto de discusión de antes luego de que se habían logrado fallos muy importantes y condenas contra los bloqueos en otras causas, y a nivel institucional se consiguió todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, la generación de inversiones y la recuperación del respeto por la propiedad privada”.

“Esto es volver al patoterismo: tenemos jueces que validan que, por más que los delitos estén comprobados, no importa porque están dentro del marco de una huelga”, sostuvo Razzini. Y agregó: “Lla huelga es el derecho a la protesta que tiene un trabajador de no presentarse a realizar sus tareas y no ser despedido por eso, no a cometer delitos. El derecho de huelga no es más importante que el derecho a trabajar”.

Para Razzini, fue positivo que se produjera una “reacción muy rápida” del empresariado, que, como anticipó Infobae, se impulsan dos denuncias distintas del MEAB y de un grupo de pymes contra el juez de San Nicolás ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en las que cuestionan el fallo absolutorio del dirigente Maximiliano Cabaleyro y los otros 6 imputados en el bloque de Rey Distribución y piden determinar si existe responsabilidad que pueda justificar el enjuiciamiento y la remoción del magistrado.

Con respecto a su proyecto de ley, la legisladora anticipó que “el contenido va a ser muy parecido” al presentado hace dos años: “Sólo voy a cambiar los fundamentos porque justamente este fallo es muy grave ya que un juez no puede decir que en el marco de una huelga todo vale a pesar de que se cometan delitos”.

La diputada advirtió que “esta es una Argentina distinta y no vamos a permitir un paso atrás porque es muy grave bloquear empresas, es algo que no sucede en el resto el mundo y tiene que ser castigado porque, si no, no vamos a tener posibilidad de desarrollarnos como Nación porque frena el trabajo tan fuerte que hacemos para que vuelvan las inversiones y el país despegue”.

Ariel y Gustavo Rey, con Florencia Arietto y Verónica Razzini

Mientras espera a que la Casa Rosada destrabe las leyes más pesadas -sin acuerdo aún en varios frentes- y aguarda la definición si se sesiona o no esta semana, el Senado abrirá el juego de un eterno debate sin saldar y sobre el que nadie quiere ceder: la coparticipación federal de impuestos. Ocurrirá esta tarde, desde las 16, en la comisión homónima que comanda el jefe del radicalismo en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes).

Durante la reunión informativa, titulada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, expondrán el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur; el diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza); el ex legislador macrista -defensor acérrimo de la era Cambiemos desde la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- y actual director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina; y el titular económico de Fundar, Guido Zack.

El cuerpo en cuestión no suele mantener un ritmo voluminoso en comparación con los que más trabajo consumen en la Cámara alta, por eso llama la atención el convite de las próximas horas, por más que sea de carácter informativo. No obstante, este tipo de movimiento suele quedar, más tarde, en una expresión de deseo. Lo que sí aparecen todos los meses son los documentos relacionados con lo tributario y los respectivos fondeos hacia los distritos.

Sobre estos textos “muy bien preparados” se refirió Vischi en mayo pasado, cuando asumió la presidencia de la comisión. En ese sentido, agregó: “Podemos iniciar un gran debate, que está con una vigencia muy requerida en este momento para el país. Fundamentalmente, abrir el debate sobre los impuestos: cómo se coparticipan, cuáles son los impuestos que verdaderamente merecen la pena y cómo nos vamos a organizar para hacer que el Estado brinde una verdadera respuesta a la sociedad. Me parece que es importante”.

En dicho cónclave también fue electa la vice, la senadora del peronismo disidente Flavia Royón (Salta). La secretaria de Energía del Gobierno anterior planteó la necesidad de “tener una discusión seria sobre las obligaciones” y, también, sobre “los recursos que hoy tienen las provincias”, con “situaciones que cada vez están afrontando más”. Habló de una “discusión que tenemos que dar a fondo”.

Por su parte, el libertario Francisco Paoltroni no perdió la ocasión para meter bocado y recordó: “La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos lleva un largo debate inconcluso desde la reforma de la Constitución del 94. Mi provincia fue muy privilegiada y beneficiada en ese reparto del año 89, con una de las alícuotas más elevadas del reparto a nivel nacional, pero, a su vez, es lo que más ha afectado a la provincia, porque nada se le exige a Formosa en materia de estos fondos coparticipables que recibe del sector privado de todo el resto del país”.

El legislador continuó: “Formosa podría representar el 4% del área agrícola nacional pero un gobernador -en referencia al inoxidable Gildo Insfrán-, que se apropió del cargo de gobernador durante tantos años, impide el desarrollo. Y ese desarrollo es el empleo que no tenemos en Formosa, son los impuestos que no se tributan de IVA y de Ganancias que, a su vez, son coparticipables para el resto de la Nación. Entonces, ahí hay una gran falla. Lo que debería haber sido un gran beneficio para el desarrollo provincial se terminó convirtiendo en una celda que tiene a 600.000 formoseños de rehenes”.

En tanto, para la jornada de mañana ya fueron convocadas otras comisiones, como el plenario de Legislación General; y Población y Desarrollo Humano, que analizará proyectos sobre la creación de un registro de personas deudoras alimentarias en mora. Una de las iniciativas es empujada por el senador del peronismo pampeano Pablo Bensusán.

juan carlos cardenas / comunicacion senado.