POLITICA
Sistema de colectoras: siete claves para entender la alternativa a las PASO que estudia el oficialismo
Uno de los objetivos inmediatos del Gobierno en el Congreso es avanzar con la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para destrabar una discusión que permanece estancada en el Senado, el oficialismo analiza ofrecer a sus aliados un mecanismo alternativo de competencia interna. Mientras La Libertad Avanza (LLA) busca consolidar el liderazgo de Javier Milei de cara a una eventual reelección, Pro, la UCR y los gobernadores aliados reclaman una herramienta que les permita preservar espacios propios.
La idea que circula en las conversaciones incorpora un sistema de colectoras, que cumpliría con el objetivo de la Casa Rosada de mejorar las chances de Milei en 2027, pero que no se volcó aún en un texto definitivo y que fue cuestionado incluso por Patricia Bullrich, que ayer dijo que no le gusta. Existen interrogantes respecto de aspectos centrales de su funcionamiento: cómo se emitiría el voto, qué categorías podrían tener colectoras, cuántas se habilitarían y de qué manera se contabilizarían los sufragios.
Estas son algunas de las principales preguntas que hoy rodean la reforma que analiza el Gobierno.
1: ¿Cómo funcionan las listas colectoras?
En términos generales, este mecanismo permitiría que distintas listas “colecten” votos para un mismo candidato presidencial, pero, al mismo tiempo, compitan en determinadas categorías -legislativas y, eventualmente, también ejecutivas provinciales y municipales- sin necesidad de celebrar una elección primaria previa.
2: ¿Cómo se combina con los distintos mecanismos de votación?
A nivel nacional ya rige la Boleta Única de Papel (BUP), que concentra toda la oferta electoral en una única papeleta. A diferencia de la elección anterior, en 2027 incluirá también la categoría presidencial.
Si prospera la idea de colectoras, cada frente tendría un único candidato a presidente y vicepresidente y podría presentar listas colectoras para diputados y senadores nacionales. Ese esquema debería integrarse dentro de la BUP.
En las provincias donde las elecciones sean concurrentes a al, el nuevo sistema deberá convivir con el mecanismo de votación local: Boleta Única de Papel, como en Córdoba, Mendoza y Santa Fe; Boleta Única Electrónica, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y Salta; o boleta partidaria tradicional, utilizada en la mayoría de las provincias.
Si bien el oficialismo piensa en una reforma que incluya a las provincias y municipios, hay un límite institucional importante. El Congreso solo puede legislar sobre las elecciones nacionales, es decir, las de presidente y vicepresidente, diputados y senadores nacionales.
Si las provincias decidieran replicar este esquema para elegir gobernadores, legisladores provinciales o autoridades municipales, dependerá de cada gobernador y de las legislaturas provinciales, que deberán modificar sus propias leyes electorales. Si además resuelven unificar o hacer concurrentes y sus elecciones con las nacionales, el mecanismo podría convivir en una misma jornada electoral.
3: ¿Cuántas colectoras se habilitarían por frente?
Es uno de los puntos todavía abiertos. Resta definir si existirá un límite máximo de listas internas y quién tendrá la facultad de autorizar su participación.
Otra de las novedades es que, según el esquema que analiza el oficialismo, los partidos no necesariamente deberían integrar una misma alianza electoral para presentar colectoras. Es decir, este esquema permitiría que fuerzas distintas adhieran a un mismo candidato presidencial sin integrar sus estructuras partidarias. Así, por ejemplo, Pro o la UCR podrían mantener identidad propia en las categorías legislativas mientras “colectan” para la candidatura presidencial de Milei.
4: ¿Cómo se contabilizarían los votos de las listas internas?
Es el interrogante más importante y el que determinará si el esquema se diferencia o no de un esquema de lemas.
El Gobierno rechaza esa comparación y asegura que los votos de las distintas listas de un mismo frente no se acumularán para definir al ganador de una categoría. Esa es, justamente, la principal diferencia que busca marcar respecto del sistema de lemas utilizado en algunas provincias.
En la práctica, todas las listas competirían entre sí, incluso las que pertenecen a un mismo frente. Cada una conservaría identidad propia y sería considerada una oferta electoral autónoma. La diferencia es que las listas que “colectan” para un mismo candidato presidencial compartirían únicamente esa categoría superior.
En las categorías ejecutivas resultaría electa la lista más votada. En el caso de la elección presidencial, además, seguirían vigentes las reglas actuales para evitar una segunda vuelta. Es decir, una fórmula se consagraría en primera vuelta si obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o al menos el 40% con una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto de la segunda fórmula más votada. De no cumplirse esas condiciones, correspondería realizar un ballottage.
En los cargos legislativos, en cambio, el diseño es más complejo. En la Cámara de Diputados se aplicaría el sistema de reparto actual -el sistema D’Hondt, con un piso mínimo del 1,5%- que se adjudicará directamente sobre cada lista. Es decir, las bancas se asignarían según el desempeño individual de cada lista y no por la acumulación de votos del frente.
El caso del Senado presenta una dificultad adicional. La Constitución Nacional establece que dos bancas corresponden al partido más votado y una al que le sigue en cantidad de votos. En el oficialismo sostienen que también se habilitaría la competencia interna para esa categoría, aunque admiten que el incentivo para acordar una lista común sería mayor: si un frente dispersa demasiado sus votos entre varias listas colectoras corre el riesgo de quedarse sin representación.
Esto es porque los votos de de las listas de un mismo frente compiten entre sí. Las dos bancas corresponderían a la lista más votada de toda la elección y la restante a la segunda lista más elegida.
5: ¿En qué beneficiaría este sistema a los aliados?
Aunque el diseño todavía no está cerrado, el esquema fue pensado fundamentalmente para ofrecer una alternativa a los gobernadores aliados frente a la posible eliminación de las PASO.
Para los mandatarios provinciales, permitiría preservar liderazgos territoriales y mantener márgenes de autonomía dentro de un esquema que priorice la reelección de Milei.
Para los dirigente de Pro y la UCR “sin tierra”, en cambio, ofrecería la posibilidad de competir por espacios legislativos sin quedar completamente absorbidos por el oficialismo. Mantendrían su nitidez partidaria, aunque, en la práctica, podrían perder espacios de representación.
“Eluden quedar relegados por el voto útil”, resume un referente libertario. Sin embargo, es posible que, frente a la posibilidad de que su lista quede completamente relegada, busquen acordar lugares fijos dentro de la lista oficial.
6: ¿Habrá una opción para votar todas las categorías de una misma lista dentro un frente?
La BUP aprobada para las elecciones nacionales no incorporó un casillero para votar todas las categorías de una misma fuerza política. El objetivo fue reducir el efecto arrastre de la candidatura presidencial sobre las listas legislativas.
En el oficialismo buscan incorporar esa herramienta en este nuevo intento de reforma, con la intención de fortalecer el desempeño de la opción oficialista en todas las categorías. Sin embargo, los aliados podrían rechazar esa posibilidad por considerar que los desdibujaría como opción frente a la lista puramente violeta.
7: ¿Cuál es el objetivo político del Gobierno?
En lo inmediato, el Gobierno busca eliminar las PASO y argumenta que la medida simplificaría el calendario electoral y reduciría el gasto público.
Pero detrás de esa explicación existe también un objetivo político. Karina Milei pretende conservar el control de la oferta electoral oficialista y evitar que las disputas internas condicionen el armado de LLA. El esquema permitiría que los aliados compitan dentro de una misma coalición sin fragmentar la candidatura presidencial.
La meta de fondo es fortalecer la reelección de Javier Milei. La secretaria general lo repite en las reuniones partidarias. “La prioridad es la reelección de Javier”, sostiene frente a quienes participan de esos encuentros.
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Tras la visita de Quirno y Presti a Tierra del Fuego, el Gobierno mostró cómo está hoy la Base Naval Integrada de Ushuaia
Una plataforma de hormigón y una bandera argentina marcan el avance de las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que este viernes recorrieron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, durante su visita a la capital de Tierra del Fuego. Se trata de una infraestructura clave para reforzar el posicionamiento de la Argentina en el extremo austral, en medio de la renovada tensión con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Actualmente, la obra registra un avance físico cercano al 9%.
Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios nacionales inspeccionaron el terreno y analizaron los desafíos logísticos que demanda la obra, que contempla un muelle de más de un kilómetro, edificios de servicios marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, almacenamiento de combustible e infraestructura para la logística antártica.
Antes de recorrer el predio, Quirno y Presti mantuvieron una reunión institucional con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora, Mónica Urquiza, en la sede de la gobernación. Durante el encuentro abordaron el proyecto de la Base Naval Integrada y, según se comunicó oficialmente, “el gobernador manifestó su predisposición para colaborar con la iniciativa”. La comitiva incluyó además al jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, al jefe de la Armada y a un grupo de legisladores nacionales fueguinos.
El Gobierno también destacó la participación de Urquiza en la sesión de junio del Comité Especial de Descolonización de la ONU, en la que la Argentina obtuvo respaldo internacional a su reclamo de soberanía por las Islas Malvinas.
Consultado por la prensa tras el encuentro con Quirno y Presti, Melella remarcó su respaldo pese a las diferencias políticas con la Casa Rosada: “El proyecto lleva 40 años. La Argentina tiene que tomar el posicionamiento en el Atlántico Sur, nuestra provincia tiene un lugar estratégico”.
El gobernador contó además que la visita fue coordinada previamente con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Tuvieron el gesto de venir y charlar el canciller Quirno y el ministro Presti. Es un avance y ojalá dé resultados.” Y agregó: “Yo no esperaba los anuncios, me sorprendieron gratamente, porque se reconoce el lugar geopolítico que tiene Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Son herramientas importantes para la soberanía”.
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“No coincido con el Gobierno en la industria y la economía, pero en esto sí acompaño. Hoy no podemos no estar de acuerdo: tiene que ver con proyectos que hace 40 años que la provincia espera”, cerró Melella.
Ya en el predio, Quirno y Presti participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina, en la que se presentaron el proyecto y sus principales características. El canciller enmarcó la obra en la instrucción del presidente Javier Milei de articular de manera coordinada entre los distintos organismos del Estado la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia el territorio antártico y la revalorización de los activos estratégicos del país.
Según el canciller, la instalación permitirá “concentrar medios, ampliar las capacidades navales y fortalecer las campañas antárticas”, además de mejorar la protección de los intereses marítimos argentinos, y la vinculó con las inversiones en telecomunicaciones anunciadas por Milei. El Gobierno busca integrar con radares, sensores, sistemas satelitales e inteligencia de señales en un esquema permanente de vigilancia del Atlántico Sur del que la Base Naval Integrada funcionaría como uno de los nodos.
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Organizaciones civiles le pidieron a Patricia Bullrich eliminar las sociedades automatizadas del proyecto que impulsa el Gobierno
Organizaciones de la sociedad civil argentinas solicitaron a la senadora Patricia Bullrich que se eliminen los artículos del proyecto de Ley General de Sociedades que habilitan la existencia de sociedades automatizadas y autónomas, tras expresar objeciones constitucionales y advertir sobre riesgos no resueltos en torno al control humano sobre sistemas de inteligencia artificial.
En una carta dirigida a Bullrich y al Senado, los firmantes señalaron que la propuesta legal sometida a discusión permitiría la constitución de entidades jurídicas operadas por algoritmos con solo un representante legal nominal y sin supervisión humana documentada. Las organizaciones requirieron la convocatoria a una audiencia pública y la supresión integral del artículo 14 (Sociedad Automatizada) y de la Sección V, artículos 258 a 265, referida a Sociedades Autónomas Descentralizadas (DAO).
El documento recuerda que, en audiencias realizadas entre junio y agosto en la Comisión de Legislación General, especialistas en derecho societario y penal convocados por el Senado advirtieron sobre la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal o civil a sistemas sin una persona humana identificable detrás de cada decisión relevante. Entre los citados figuran la jueza María Eugenia Boquín y el fiscal Jorge Flores. Asimismo, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó objeciones y solicitó retirar ambas figuras del proyecto, mientras que el ex inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, pidió su exclusión definitiva.
El texto de la sociedad civil recopila declaraciones de responsables y defensores del proyecto ante el Senado. Menciona que el ministro Federico Sturzenegger, impulsor de la reforma, caracterizó la iniciativa como un “experimento” y reconoció la ausencia de antecedentes comparables en el derecho societario nacional. Añade que Emiliano Kargieman, defensor de las sociedades autónomas, expresó ante la comisión legislativa que este tipo de entidades requieren una regulación mayor que las corporaciones tradicionales, opinión opuesta a la contemplada en los artículos bajo cuestionamiento.
Las organizaciones también se refieren a recientes advertencias internacionales. Citan el caso de Jacob Coxon, ex investigador de OpenAI y Anthropic, quien aseguró en septiembre que ambas empresas no están gestionando responsablemente el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos. De acuerdo con la reconstrucción mediática, Evan Hubinger, integrante de Anthropic, sostuvo públicamente que la probabilidad de que la inteligencia artificial cause daños graves a la humanidad supera el 10% en la próxima década.
La misiva pone de relieve que las preocupaciones sobre la atribución de responsabilidad y la capacidad efectiva de control por parte de personas físicas han sido planteadas desde la primera reunión de comisión del 24 de junio. Según subrayan las ONG, en esa instancia se presentaron diecisiete condiciones mínimas para la viabilidad de una figura de sociedad automatizada, todas rechazadas por el Ejecutivo nacional.
El pedido central a la senadora Bullrich consiste en abrir el debate a la ciudadanía mediante la celebración de una audiencia pública antes de la firma de dictamen, eliminar los artículos en discusión y reescribir el artículo 102 para exigir documentación y autorización humana previa a cualquier acción societaria significativa tomada mediante inteligencia artificial.
Las entidades firmantes proponen que cualquier régimen futuro para empresas operadas por IA se debata en un marco normativo integral, con gobernanza, auditorías obligatorias y seguros frente a daños, y no a través de artículos insertos en reformas mercantiles generales.
El documento cuenta con el respaldo de más de treinta organizaciones de diversas provincias, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coalición por la Patagonia. A estos colectivos se suman firmas de referentes y especialistas de distintas disciplinas.
Los grupos recordaron que, desde agosto, han presentado propuestas técnicas y alternativas documentadas, sin recibir respuesta formal por parte del Senado ni del oficialismo respecto de su solicitud de audiencia pública.
Los firmantes manifiestan que la aprobación de figuras de sociedades automatizadas sin garantías suficientes puede comprometer la capacidad del derecho argentino para atribuir responsabilidades y proteger derechos en escenarios de daño causado por sistemas basados en inteligencia artificial.
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Diputados busca blindar por ley el sistema de búsqueda de personas y el programa Alerta Sofía
El programa Alerta Sofía, que permite actuar más rápido ante la desaparición de menores, podría tener en los próximos meses la ratificación parlamentaria de la Cámara de Diputados y será convertido en ley. La Comisión de Seguridad Interior, encabezada por la diputada del Pro, María Florencia De Senci, abrió su comisión para tal fin.
Son varios los proyectos presentados en la Cámara bajan sobre este programa que depende del ministerio de Seguridad nacional. Algunas de las iniciativas apuntan a darle jerarquía de ley al programa Alerta Sofía, creado por resolución hace una década, y también al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
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La diputada María Florencia De Senci expresó: “Cada vez que desaparece una persona, un niño, un adolescente, cada minuto cuenta, por eso el Estado tiene que tener la capacidad de actuar de manera rápida y coordinada”, subrayó y destacó: “Si hay algo en lo que tenemos consenso (oficialismo y oposición) es que queremos que el SIFEBU y la Alerta Sofía funcionen”.
En el seno de la comisión hay varios proyectos en discusión, incluida la sanción de la Cámara alta del año pasado a instancias del exlegislador por Salta Juan Carlos Romero.
El peronista José Glinski (UxP) planteó que este tema “es algo que tiene un consenso total” y “es evidente que es un problema que a los legisladores les interesa trabajar”, a partir de las distintas iniciativas presentadas. Lo que podría entender que la sanción del Senado sería modificada.
La presidenta de la Comisión, De Senci, le dijo a TN: “Escuchamos las necesidades del Poder Ejecutivo, principalmente del ministerio de Seguridad, que es quien aplica ese protocolo. Necesitamos saber que conflictos que encontraban, las bases de datos con que ellos trabajan a la hora de activar un protocolo de búsqueda y a partir de eso, lo que nosotros queremos es tener una ley”.
La diputada del Pro de la Provincia de Buenos Aires sostuvo la necesidad que el programa sea conocido a nivel nacional, que las provincias ante una desaparición sepan con quienes cuentan y que protocolos activar, “porque las primeras horas son fundamentales cuando una persona desaparece”, adelantó María Florencia De Senci.
El programa Alerta Sofía, recuerda el caso de Sofía Herrera, la niña que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego, envía alertas urgentes a través de telefonía celular, redes sociales, medios de comunicación y dispositivos de fuerzas federales. Funcionando de manera similar a las alertas internacionales.
Los participantes en la comisión
Desde el Ministerio de Seguridad, María Ximena Albornoz, directora Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata contra la Integridad Sexual, detalló que “la gestión diaria de la búsqueda de personas exige herramientas normativas diseñadas por quienes desde la praxis operativa llevan adelante el área sustantiva que se ocupa de esta situación”. Y se manifestó a favor de garantizar “una herramienta que sea eficaz, pero sobre todo aplicable a nivel federal”.
Por su parte la Coordinadora del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina), Paula Sánchez Ayala, agregó que la sanción de una ley “nos parece sumamente necesario e importante. Detrás de cada persona desaparecida hay familias, allegados, personas que sufren y que padecen uno de los sentimientos más espantosos que puede tener el ser humano, que es la incertidumbre, con lo cual una respuesta estatal es obligada”, expresó.
En relación con crear un registro nacional de personas extraviadas planteó: “Creemos que hacer un registro nacional o federal, en donde confluyan todas las personas desaparecidas y NN, va a facilitar la trazabilidad y acceso a la información”.
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En el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) hay, en estos momentos, 123.013 casos de búsqueda de personas extraviadas, cargadas por distintas jurisdicciones. El promedio de casos al año son 13.300. La funcionaria Sánchez Ayala dejó en claro que: “Hay provincias que no cargan todos los casos. Seguramente haya más búsquedas que no están cargadas en el sistema, probablemente porque apareció enseguida, pero igual debería estar cargada”.
Los funcionarios Rocío Cosiansi, asistente técnica del SIFEBU; y Germán Pugnaloni, director Nacional de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, también formaron parte de las exposiciones en la Comisión.
Sanción del Senado
En octubre de 2025, el Senado aprobó con 61 votos afirmativos el proyecto que otorga rango de ley al Sistema de Alerta Sofía. La iniciativa fue impulsada por el senador Juan Carlos Romero (Salta) y busca establecer un marco normativo para la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas en todo el país.
La sanción del Senado plantea la sistematización y centralización de información, procedimientos y protocolos relacionados tanto con la búsqueda de personas como con la identificación de individuos hallados sin identidad, ya sea con vida o fallecidos.
También, crea el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y establece el funcionamiento del programa de Alerta Rápida Sofía, que deberá activarse dentro de las seis horas posteriores a una denuncia por desaparición o extravío de un menor de 18 años en situación de extrema gravedad y urgencia.
El Programa Alerta Sofía fue creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante la gestión de Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de forma urgente la desaparición de menores de edad.
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