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POLITICA

El procurador general de la Nación rechazó que el juez federal de Campana se quede con una causa por los fondos de la AFA

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El procurador general de la Nación Eduardo Casal dictaminó que dos causas en las que se investiga a las autoridades de la AFA por manejos irregulares con fondos en los Estados Unidos se deben quedar en la justicia de instrucción porteña y rechazó la pretensión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay de concentrar todos los expedientes, como quieren los acusados.

Ahora debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos dos expedientes se refieren a una administración fraudulenta en el seno de la AFA denunciada por el empresario y representante de FIFA Guillermo Toffoni, y a la denuncia por las omisiones en los balances de la máxima organización del fútbol argentino.

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Pablo Toviggino y Claudio «Chiqui» Tapia@natyponcefotos

Aún está pendiente una decisión final -eventualmente de la Corte- acerca de cuál va a ser el tribunal que se aboque a la investigación de los dueños de la quinta de Pilar, que se adjudica a Pablo Toviggino, vicepresidente de la AFA.

Ahora Casal decidió que en dos causas relacionadas con el manejo de fondos en el exterior de la AFA que todo quede en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 11, a cargo de Paula Petazzi.

En el caso más importante de los dos, le pidió directamente a la Corte que rechace el planteo del Juzgado Federal de Campana, a cargo de González Charvay, que viene intentando concentrar en su despacho todos los expedientes vinculados a la asociación que preside Claudio Chiqui Tapia.

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El pedido de Campana

El incidente CCC 66191/2025/4/CS1 se originó cuando el juez federal de Campana le pidió a Petazzi que se inhibiera de conocer en la causa que nació con la denuncia de Guillermo Tofoni del 29 de diciembre de 2025 por administración fraudulenta en perjuicio de la AFA.

El Juez González Charvay

González Charvay planteó que quiere quedarse con el caso de la denuncia de fraude que hizo Toffoni, reclamándola desde el expediente donde se investiga a los dueños de la quinta de Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares, con autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas.

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La empresa Real Central SRL es la dueña del predio y la firma está a nombre de Luciano Pantano y su madre Ana Conte. La empresa la habría adquirido sin capacidad económica y con fondos desviados de la AFA, según la hipótesis que siguen los investigadores.

Ese sumario empezó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, pasá al Penal Económico n° 10, que estuvo a cargo de de Marcelo Aguisnky y hoy está en manos de Verónica Straccia, y terminó en la justicia federal de Campana después de que el propio imputado Pantano pidiera la incompetencia del juez penal económico.

El 14 de agosto pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que se mantenga en la jurisdicción federal de Campana.

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El puente entre un expediente y el otro fue una publicación de . El 30 de diciembre, los denunciantes Facundo Del Gaiso y Matías Yofe ampliaron su denuncia original para incorporar la información sobre el movimiento de grandes sumas de dinero de la AFA a través de TourProdEnter LLC hacia sociedades extranjeras presuntamente vinculadas al tesorero Toviggino.

El empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por presunta defraudación

González Charvay pidió entonces un informe sobre el expediente de fraude que tramitaba ante la justicia porteña en el juzgado de Petazzi concluyó que se investigaban los mismos hechos y promovió también la inhibición de la magistrada.

Sostuvo que los hechos, en principio del fuero ordinario, en este caso habrían afectado intereses federales, en particular por la “posible afectación al sistema tributario argentino”, ya que se omitió declarar esos ingresos ante la ARCA.

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Por otro, dijo que la existencia de un elemento transnacional determinaba la competencia federal. La descripción de la maniobra que hizo el propio González Charvay indica que la AFA delegó en TourProdEnter la gestión y el cobro de los derechos por una serie de amistosos de la Selección argentina, y ese dinero se ocultó mediante transferencias a cuentas de “entes de paja” y a personas sin justificación para recibirlo, entre ellas María Florencia Sartirana, que tendría una relación de pareja con Toviggino.

La jueza de instrucción porteña Petazzi aceptó ceder la competencia el 25 de marzo. Razonó que cada transferencia con origen en TourProdEnter y destino en las empresas de fachada podría considerarse en sí misma un acto de lavado de dinero y que, por lo tanto, debía ser la justicia federal la que investigara la administración fraudulenta como delito precedente del lavado.

Toffoni apeló y el 16 de abril por la Sala V de la Cámara del Crimen, con la firma del juez Ignacio Rodríguez Varela la dejó en la justicia ordinaria y envió el caso a la Corte.

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Ahora el procurador Casal sostuvo que no basta que González Charvay use a expresiones como “comunidad probatoria”, “estrecha o íntima vinculación”, “mismo contexto delictivo” o “riesgo de resoluciones contradictorias” para decir que el caso es federal.

Advirtió que las fórmulas elaboradas por la jurisprudencia no deben usarse como “un comodín”, sino que describen un estado de cosas concreto, que hay que acreditar puntualmente en cada caso.

Dijo que se trata de delitos independientes el fraude y el lavado. De lo contrario “cualquier fraude relevante podría terminar en el fuero federal con solo denunciar después un lavado” de dinero y por eso señaló que el caso debe quedar en la capital federal.

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También desactivó los dos argumentos de González Charvay cuando alegó la evasión de rentas nacionales. Dijo que los delitos que abren la competencia federal por esa razón son los que causan ese resultado de manera directa y efectiva; acá, en cambio, el planteo es difuso.

Sobre la “proyección transnacional que habrían adquirido los hechos”, la calificó como una elipsis para referirse a una circunstancia irrelevante tanto para configurar la administración fraudulenta como para decir que el dinero defraudado, o parte de él, haya circulado fuera del país.

Otro dictamen

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El segundo dictamen de Casal se refiere a una controversia de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 8 de Gustavo Meirovich y el juzgado de instrucción de Petazzi.

Ahí Toffoni denunció a los directivos de la AFA por balance falso. TourProdEnter, como agente comercial exclusivo con amplias facultades para firmar acuerdos de patrocinio y explotación de marcas, habría generado ingresos para la entidad por al menos 300 millones de dólares, y en los libros contables no hay ningún registro que corresponda a esas actividades.

Amarante declinó su competencia a favor del fuero criminal común, en consonancia con el fiscal, al vincular las omisiones contables con las maniobras de administración fraudulenta. Petazzi lo rechazó y dijo que no correspondía aceptar la declinatoria mientras estuviera pendiente la resolución de la Corte.

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Quinta de Villa Rosa, Pilar, que estaría vinculada de dirigentes de AFARicardo Pristupluk

La Procuración le dio la razón al fuero penal económico. Según la jurisprudencia del tribunal, cuando las irregularidades contables son el medio para cometer el fraude, o cuando con ellas se pretende ocultar el perjuicio del delito contra la propiedad, la investigación queda a cargo del juzgado criminal ordinario por poseer competencia más amplia.

La omisión que se denuncia en los balances se refiere a los movimientos de dinero del agente comercial exclusivo, que es exactamente el núcleo de la imputación por administración fraudulenta.

Los dictámenes no son vinculantes, pero en materia de competencia la Corte suele seguirlos. Si los acompaña, la investigación central sobre el destino del dinero de la selección quedará concentrada en un juzgado de instrucción ordinario de la Capital, mientras Campana conserva por ahora la causa por la quinta de Villa Rosa, Pilar.

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Hernán Cappiello,Conforme a

POLITICA

Diputados: cruce de agendas, bloqueos parlamentarios y un Presupuesto sin cronograma de debate

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El mundo libertario afronta los últimos meses de 2026 con la intención de no generar ruido en el Congreso de la Nación, a la espera de acumular victorias pero bajando el perfil en el “mientras tanto”.

La oposición había mostrado cierto ímpetu, pero no logra romper el acompañamiento de ciertos gobernadores ni de los dos partidos que hasta ahora nunca dejaron de apoyar al oficialismo, al menos por el momento.

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Mientras los bloques opositores siguen buscando los 15 diputados que les permitan ir seguros y confiados a la sesión en la que buscan derogar el DNU 70/2023, el mundo libertario hace silencio y avanza, abordando los temas según su conveniencia.

“Todavía no tienen el número para rechazarlo y hay un tema con el decreto, porque adentro hay un montón de leyes. Estamos viendo qué hacen”, explicó un diputado libertario, que asegura que hay que dejar que el tiempo pase. “Nosotros tenemos nuestra agenda propia y tenemos que avanzar sin mirar eso, porque la llave para ellos —la oposición— está en los gobernadores, y ahí es la Casa Rosada la que negocia”, agregó.

El oficialismo muestra signos de profesionalización —lo que los libertarios denominaron “casta” en algún momento— y avanza en una estrategia en la que el Ejecutivo se ocupa de los gobernadores en una mezcla de temas, y los diputados de ir a las comisiones, entorpecer el debate cuando es ajeno y defenderlo cuando es propio.

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El presidente Javier Milei en Paris en un encuentro con gobernadores aliados

“Los legisladores llegan a cada una de las comisiones con un texto en el que se les explica de qué se trata y con argumentos de defensa. Eso se repite en cada una de las comisiones. Además, como la bajada de línea fue que el que quiere hablar lo puede hacer en las comisiones, pero que en el recinto es otra cosa, muchos hablan para poder hacer los recortes”, agregó la misma fuente.

Además, avanzan en una agenda propia que hoy tiene el eje en la ley de Malvinas y en el Presupuesto 2027. En el caso de la primera, el miércoles vuelven a tener una reunión de comisión. La última terminó en escándalo y nada hace prever que la de esta semana sea diferente.

En cuanto al segundo tema, el oficialismo había previsto comenzar el debate del Presupuesto 2027 esta misma semana. Sin embargo, no convocaron a la comisión que comanda el diputado libertario Benegas Lynch.

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En este escenario, lo que algunos observan es que el presidente Javier Milei pudo haber avanzado algo en la conversación con las provincias respecto de la posibilidad —o no— de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero no así en lo referido a la ley de ingresos y egresos del Estado nacional.

“Las obras son el eje del debate, y a esto hay que sumarle que los gobernadores quieren saber con qué fondos van a contar durante el año próximo”, reconoció un diputado opositor que no responde a su gobernador pero que mantiene buen diálogo con él.

Por ahora todos parecen jugar el juego del bloqueo. El mundo libertario quiere que la posibilidad de la oposición de avanzar en el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 se diluya en las próximas semanas. Los bloques que hoy ya están en la vereda de enfrente siguen intentando conseguir los votos y, en el medio, bloquear la ley de Malvinas, con la que el mundo libertario quiere avanzar. El Presupuesto es algo que hoy no parece estar en la agenda de nadie.

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POLITICA

La jugada de Javier Milei luego de que Pedro Sánchez llamara a elecciones anticipadas en España

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Luego del llamado de Pedro Sánchez a elecciones anticipadas en España, Javier Milei confirmó que viajará el próximo 19 de octubre rumbo a Madrid para realizar una serie de actividades donde se espera un nuevo respaldo a la oposición que encabezan los partidos de derecha Vox y el Partido Popular

Según explicaron fuentes oficiales, la convocatoria a nuevos comicios en España -pautados para el domingo 29 de noviembre- fue uno de los temas abordados este lunes en la Casa Rosada durante la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente, luego de que se repasara el reciente triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil.

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En ese contexto, Milei decidió viajar dentro de dos semanas para tener “una serie de actividades” en Madrid. La agenda todavía no fue anunciada, pero se espera, como lo hizo en el pasado, que confronte con el Gobierno de Sánchez y respalde a sus socios ideológicos en territorio español.

Con su nuevo viaje a España -a finales de junio había protagonizado su sexta visita-, el mandatario busca reforzar su figura como gran influencia a nivel global para incidir en los procesos electorales. “En los últimos 10 meses han habido 7 elecciones en la región (…) todos los candidatos apoyados por el Presidente Milei ganaron esas elecciones”, enfatizó el canciller Pablo Quirno este domingo tras confirmarse la ventaja para el bolsonarismo en la primera vuelta de Brasil con el 47% de los votos.

Javier Milei viajará por séptima vez a España con intenciones de apoyar a la ultraderecha de Vox, liderada por Santiago Abascal, de cara a las elecciones adelantadas previstas para el 29 de noviembre. (Foto: X @Santi_ABASCAL)

En ese sentido, el Presidente busca extender esa influencia hacia Europa, donde la convocatoria de Sánchez abrió un escenario inesperado. El jefe del Gobierno español, enfrentado con Milei desde el inicio de su gestión, disolvió las Cortes este lunes luego de que el Congreso rechazara el viernes dos decretos impulsados por el oficialismo en materia de vivienda en un clima de movilización alimentado por el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid.

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Los comicios estaban previstos originalmente para 2027, pero el Partido Popular venía reclamando el adelanto desde hacía meses en un contexto de debilidad de Sánchez, que tras ocho años en el poder llega a la carrera marcado por distinas causas judiciales que alcanzan a su entorno, entre ellas su esposa y antiguos colaboradores del PSOE.

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Higiene urbana: el gobierno porteño propuso que parte del pago a las empresas esté sujeto a la evaluación de los vecinos

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propuso que las empresas de limpieza cobren una parte variable de sus contratos según el cumplimiento operativo y la evaluación de los vecinos, un esquema que será definido antes de la próxima licitación internacional del servicio de higiene urbana.

Según la propuesta, la remuneración combinaría un componente fijo con otro atado a indicadores técnicos, encuestas vecinales y reclamos recibidos en cada barrio. Una prestación por debajo de los estándares previstos en el contrato reduciría el monto que perciban las contratistas.

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La propuesta también incorporaría la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables dentro de los contratos de higiene urbana.

El anteproyecto además prevé que las compañías presenten propuestas para las áreas que tengan asignadas. La planificación de recorridos y frecuencias deberá adaptarse a la generación de residuos, el tránsito peatonal, las características de las cuadras y fenómenos estacionales como la caída de hojas.

El control del servicio incorporaría seguimiento satelital de los camiones, sensores para medir el nivel de llenado de los contenedores y procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial. Esas herramientas permitirían comprobar recorridos y frecuencias, detectar alteraciones de horarios e identificar acumulaciones de basura para enviar cuadrillas de atención inmediata.

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El mantenimiento de contenedores y cestos papeleros quedaría concentrado en un prestador especializado. La medida busca centralizar la provisión, reparación y reposición del equipamiento para reducir demoras y unificar los tiempos de respuesta en toda la Ciudad.

El barrido manual y mecánico tendría monitoreo por GPS. La propuesta contempla que las tareas se ajusten a las necesidades específicas de cada zona, en lugar de mantener recorridos idénticos para barrios con distinta circulación de personas o producción de residuos.

La recolección de materiales reciclables incluirá el trabajo conjunto con cooperativas y recuperadores urbanos. (REUTERS/Francisco Loureiro)

La recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables pasaría a formar parte del contrato de higiene urbana, con participación de recuperadores urbanos y cooperativas. También se proyecta un circuito para residuos orgánicos, dirigido inicialmente a grandes generadores y sectores determinados, con el objetivo de reducir los desechos enviados a disposición final.

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A largo plazo, el Gobierno porteño incorporó estudios de ingeniería y factibilidad para evaluar una eventual planta de tratamiento y valorización energética de residuos. Los análisis deberán establecer si el proyecto reúne condiciones técnicas, ambientales, sociales y económicas antes de una decisión sobre su construcción.

La audiencia pública tiene como finalidad brindar una instancia de consulta para recibir aportes y observaciones sobre los proyectos. Las condiciones definitivas de la contratación se establecerán después de ese proceso, antes del llamado a licitación.

Los pliegos que se analizan para los contratos previstos entre 2028 y 2038 no contemplan mantener las indemnizaciones que reclama el Sindicato de Camioneros para los trabajadores de recolección. El beneficio pretendido por el gremio ronda los USD 200 millones y es uno de los ejes del conflicto con la administración de Jorge Macri.

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Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, encabezó una movilización de recolectores frente a la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250. La protesta coincidió con la audiencia pública virtual sobre los anteproyectos que regirían el servicio dentro de dos años.

Durante la concentración hubo enfrentamientos entre manifestantes. Marcelo Aparicio, secretario gremial del sindicato, entregó una presentación en la mesa de entradas de la comuna para exigir que se mantenga el pago indemnizatorio.

Las concesiones vigentes fueron prorrogadas hasta septiembre de 2028. El Gobierno de la Ciudad no prevé incorporar ese desembolso en los nuevos contratos.

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La incertidumbre alcanza a los pagos previstos al vencimiento de los contratos actuales. El sindicato que conducen Hugo y Pablo Moyano cuestiona si el presupuesto porteño de 2027 incluirá partidas para compensar a los 6 mil trabajadores del sector.

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