Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Papa León XIV,Conforme a

Durante décadas, Argentina y Brasil compartieron el mismo fusil de combate: el histórico FAL. Fabricado bajo licencia en ambos países, el arma diseñada por la empresa belga FN Herstal se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría y en el fusil reglamentario de sus Fuerzas Armadas durante más de medio siglo. Sin embargo, cuando llegó el momento de modernizar ese sistema de armas, ambos países siguieron caminos muy diferentes: mientras Brasil consiguió desarrollar un reemplazo propio que hoy equipa de manera progresiva a su Ejército, Argentina nunca logró llevar a producción el FARA 83.

Ese fue el eje de la columna que Andrei Serbin Pont presentó en Infobae al Mediodía, donde reconstruyó la evolución del FAL y analizó las decisiones industriales y políticas que marcaron el rumbo de ambos proyectos. Durante la charla con Maru Duffard, el especialista recordó que el FAL fue conocido como “el brazo derecho del mundo libre durante toda la Guerra Fría”, una definición que resume el lugar que ocupó dentro de los ejércitos occidentales desde fines de la década de 1950.

En Sudamérica, tanto Argentina como Brasil produjeron el fusil bajo licencia e incorporaron miles de unidades a sus arsenales. Con el paso del tiempo, la evolución tecnológica, la expansión del calibre 5,56×45 milímetros y la necesidad de contar con armas más livianas, modulares y adaptadas a los estándares actuales obligaron a pensar en un reemplazo. Fue en ese momento cuando comenzaron a evidenciarse las diferencias entre ambos países.

En la Argentina, el principal intento llegó con el FARA 83, desarrollado por Fabricaciones Militares a comienzos de la década de 1980. Según explicó Serbin Pont, “era un fusil moderno en calibre 5,56 que no prosperó por las condiciones económicas y políticas de principios de los años noventa y quedó en el abandono”. El proyecto nunca pasó de una producción limitada y el Ejército continuó utilizando el FAL, acompañado por distintos programas de modernización, pero sin incorporar un sustituto nacional.

Brasil, en cambio, “sí logró continuar esa discusión”, resumió el analista al señalar que el país mantuvo durante décadas una política de desarrollo sostenida para su industria de defensa.

En ese proceso fue determinante IMBEL (Indústria de Material Bélico do Brasil), la empresa estatal responsable de fabricar buena parte del armamento utilizado por las Fuerzas Armadas brasileñas. Aunque sus orígenes se remontan a una fábrica de pólvora creada en 1808, desde mediados de la década de 1970 se consolidó como uno de los pilares de la industria militar del país.

A partir de la experiencia acumulada con el FAL, la compañía desarrolló la familia de fusiles MD, integrada por los modelos MD1, MD2 y MD3, hasta llegar al MD97, una plataforma que incorporó soluciones técnicas más modernas y encontró un amplio espacio en distintas fuerzas policiales. “Este fue ampliamente incorporado por muchas fuerzas en sus versiones de carabina, particularmente aquellas que necesitaban incrementar su poder de fuego”, explicó Serbin Pont.

Sin embargo, el Ejército brasileño entendía que el MD97 todavía no representaba un reemplazo definitivo para el FAL y decidió avanzar con un desarrollo completamente nuevo. Así nació el IA2, presentado hacia 2010, homologado en 2012 y adoptado oficialmente al año siguiente. “En 2013 tienen la adopción oficial y empieza un proceso paulatino de reemplazo”, señaló el especialista. El nuevo fusil comenzó a fabricarse en versiones de 5,56×45 mm y 7,62×51 mm, una decisión que permitió mantener la potencia del calibre tradicional del FAL y, al mismo tiempo, incorporar una plataforma adaptada a los estándares modernos de ergonomía, modularidad y mantenimiento.

Para sostener esa transición, Brasil destinó alrededor de diez millones de dólares a ampliar la capacidad industrial de IMBEL y modernizar sus cinco plantas principales, con el objetivo de alcanzar una producción cercana a los diez mil fusiles por año. Aunque el proceso avanzó más lentamente de lo previsto, el IA2 se fue incorporando de manera gradual a las unidades del Ejército brasileño. “Hoy en día hay muchísimos IA2 en servicio, como todavía hay bastantes FAL en servicio”, afirmó Serbin Pont al describir una transición que continúa desarrollándose mientras el histórico fusil sigue presente en parte del arsenal.

El especialista sostuvo que ese proceso no puede entenderse únicamente como la incorporación de un nuevo fusil, sino como el resultado de una política industrial sostenida durante décadas. En ese sentido, explicó que IMBEL produce actualmente desde armas individuales hasta munición de artillería, explosivos y sistemas electrónicos para defensa, además de abastecer a distintas fuerzas de seguridad brasileñas. En la planta de Itajubá, por ejemplo, también se fabrica la nueva pistola MD1 GC, una variante basada en la plataforma 1911 y adaptada al calibre 9 milímetros que reemplazará modelos anteriores de servicio. Según señaló, el modelo fue seleccionado tras competir “par a par con opciones extranjeras y privadas”, una decisión que volvió a reforzar el papel de la empresa estatal como proveedor estratégico del Estado brasileño.

La experiencia brasileña contrasta con la argentina. Más de cuarenta años después de que ambos países iniciaran la búsqueda de un reemplazo para el FAL, Brasil logró convertir ese objetivo en un programa industrial sostenido que hoy equipa a sus Fuerzas Armadas con un fusil de desarrollo nacional. Argentina, en cambio, no consiguió darle continuidad al FARA 83 y terminó dependiendo de sucesivas modernizaciones del histórico FAL. “Argentina no buscó con el FARA 83 convertir el FAL, sino que se inspiró en diseños como el HK33 alemán”, explicó Serbin Pont. Para el analista, la diferencia entre ambos casos no estuvo únicamente en las características técnicas de los fusiles, sino en la capacidad de sostener durante décadas una política de desarrollo para la industria de defensa.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

fara 83

La primera semana de agosto termina como arrancó: con alta intensidad política. Se sucedieron hechos variados, desde la escalada presidencial contra Lula da Silva -y el consiguiente deterioro de las relaciones con Brasil- hasta la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina. También, un paro nacional de docentes y una suba de los índices de pobreza. En esa sucesión vertiginosa, sobresalieron dos daños autogenerados por el oficialismo: el desgaste sufrido para aprobar en el Senado lo que quedó del proyecto sobre propiedad privada y el inédito conflicto que paralizó los puertos de todo el país durante cuatro días. Fue, otra vez, una mezcla de mala praxis y cerrazón ideológica. Puro microclima del poder.

La racha de costos que se provoca a sí mismo el oficialismo registra también las internas, densas. Algunas son renovadas aunque por ahora contendidas, entre los bandos de Karina Milei y Santiago Caputo. Y añaden, según el tema, tensiones con Patricia Bullrich y últimamente, malestar con Federico Sturzenegger. El punto máximo lo escribe la relación sin retorno con Victoria Villarruel, cuya renuncia fue reclamada por Diego Santilli y Pablo Quirno. Con todo, los dos renglones señalados en primer lugar son los de mayor impacto. Tanto, que desde el oficialismo ya se dejan trascender correcciones para la tarea legislativa de LLA, junto a la reducción de lo que había sido anunciado como una ola de proyectos “reformistas”.

El recorte significativo del texto original de inviolabilidad de la propiedad privada, obra de Sturzenegger con amplio aval del Presidente, no fue un hecho de un par de días, un espasmo. En rigor, comenzó a poco de que el proyecto ingresara al Senado y reprodujo, entre aliados, socios y dialoguistas recelos repetidos, y desatendidos, por la amplitud de la iniciativa. Es cierto que el caso Adorni perjudicó el intento inicial de hacer rodar el tema, pero lo ocurrido esta semana indica un problema más profundo.

El oficialismo, como suele ocurrir en estos casos, hizo circular explicaciones referidas sólo a elementos externos. Ninguna incluyó algo parecido a un cuestionamiento sobre su papel y, en todo caso, se trató de facturas domésticas. Patricia Bullrich dijo que el larguísimo caso de Manuel Adorni -que este mes sumaría novedades en la Justicia- impidió avanzar con el proyecto. Y conjeturó que habría sido votado entonces sin rechazos como los que fueron agudizándose en las últimas semanas.

En la misma línea, fue alimentada la idea según la cual el efecto Mundial también complicó los planes del Gobierno. En otras palabras, se aventuró que el clima social -especialmente, a partir del partido con Inglaterra y la bandera por Malvinas- giró fuertemente y profundizó el rechazo al capítulo que buscaba modificar la ley de tierras. Eso -es decir, la afirmación del concepto de “extranjerización”– fue considerado elemento central del cálculo político de senadores dialoguistas. Los “tibios” en versión de Joaquín Benegas Lynch, que agravó el enojo ya extendido en espacios de buen trato con LLA.

La cronología indica que el problema con este proyecto había comenzado mucho antes. En mayo, fue dado de baja el artículo que buscaba eliminar de hecho el Registro Nacional de Barrios Populares. Fue el primer síntoma de los problemas que podría enfrenar el oficialismo con un texto que modificaba varias leyes sensibles. Entre el martes y el miércoles último, el oficialismo negoció finalmente excluir el capítulo sobre la ley de tierras. Y el jueves bien entrada la noche, ya en el recinto, cayó el tramo que pretendía cambiar la ley sobre manejo del fuego.

La aprobación de lo que quedó del proyecto -básicamente, aceleración de desalojos y cambios sobre expropiaciones de bienes por parte del Estado- dejó sabor de derrota en el Gobierno. Para entonces, el oficialismo había registrado rechazos –señales de diferenciación, al menos– de parte de la UCR y de gobernadores de buen diálogo con los operadores de la Casa Rosada (Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Corrientes, Chubut, Neuquén), además de malestar en una franja del PRO.

Hubo, sin dudas, un fracaso en el terreno comunicacional, especialmente sobre la venta de tierras a personas y empresas extranjeras. También podría anotarse una ironía sobre el debut del giro “nacionalista” en el discurso libertario. Parte del mismo intento de recuperar iniciativa, arrancó con problemas la idea de poner en marcha el Congreso con iniciativas propias. En Diputados, comenzó a caminar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con puntos a negociar, y la segunda entrega de Inocencia Fiscal, que genera de entrada un choque con la oposición por la situación de funcionarios que puedan adherir a este régimen. Algo así como una estribación de la serie de Adorni.

Pero más de fondo, asoman al menos dos problemas de arrastre. Uno es de “mala praxis” en continuado: la intención de impulsar “grandes reformas” entendidas como proyectos que afectan muchas otras leyes. Ocurrió en su momento con la Ley Bases, podada en sucesivas negociaciones para lograr su aprobación. Y en los últimos días, con la iniciativa sobre propiedad privada. El oficialismo busca adhesiones -la contracara son los tratos con jefes provinciales-, en lugar de plantear debate sobre proyectos individuales para cada reforma a leyes de peso. Es algo que le han señalado algunos legisladores dialoguistas.

El otro tema es la cerrazón ideológica o, si se prefiere, la visión de poder. Existe, en el fondo, un estrato de origen más que presidencialista, que supone que el Ejecutivo nacional está por encima de los otros poderes. Y que el resultado de una elección debe ser interpretado sólo como alineamiento acrítico con el ganador. En algunos casos de manera expresa, el disgusto con el Congreso -cuando fracasa un proyecto o es podado para su aprobación- va acompañada por la idea de forzar las cosas por decreto.

No siempre funciona, porque, como suele decirse, juegan también otros actores. La demostración más cercana fue expuesta por el conflicto con los prácticos, que paralizó la actividad portuaria en todo el país y terminó por donde debería haber empezado: el armado de mesa de negociación. Y para avanzar, dejó sin efecto el decreto. Tampoco en este caso resultó posible una discusión de fondo, sin dudas necesaria.

Fue una experiencia costosa, en todo sentido, al igual que el capítulo del Senado. Se verá cómo impacta semejante sucesión de hechos en Olivos, necesitado de acuerdos para coronar los proyectos considerados prioritarios para su plan releccionista. Y también, aunque suene contradictorio, atado a la idea de fabricar o sostener un “enemigo” como forma de construcción política en blanco y negro.