POLITICA
El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado se debe expresar de forma sencilla para garantizar derechos
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, defendió el lenguaje claro como una condición para que las personas puedan comprender las decisiones del Estado y ejercer sus derechos. Fue en el marco de la inauguración de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se desarrolla este jueves 1 y viernes 2 de octubre en La Plata. Un evento del que también participaron el vicepresidente, Daniel Fernando Soria; la ministra Hilda Kogan; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.El encuentro fue organizado por la Real Academia Española (RAE) y la Suprema Corte bonaerense, con la Academia Argentina de Letras como institución académica anfitriona. La agenda incluye debates sobre la comunicación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la inteligencia artificial y el acceso de la ciudadanía a las normas y decisiones públicas.
En ese marco, Torres definió el lenguaje claro como una herramienta para los tres poderes del Estado. Planteó que las normas, resoluciones y sentencias deben poder ser comprendidas por las personas a las que están dirigidas.
“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, afirmó el titular del máximo tribunal de Justicia bonaerense en diálogo con Infobae.
El magistrado también sostuvo que la publicación formal de una norma no garantiza que sea accesible. Una ley puede estar disponible para su consulta, pero resultar difícil de entender para quienes deben utilizarla. “Publicar una ley no equivale necesariamente a hacerla accesible”, planteó Torres en la apertura del encuentro. Desde su perspectiva, comprender una norma permite aplicarla, reclamar ante una autoridad o impugnar una decisión. Ese derecho a comprender también funciona como un límite frente al poder estatal. Si una persona no puede interpretar el contenido de una ley, una sentencia o una resolución administrativa, su acceso formal a la información no alcanza para ejercer sus derechos.
El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, coincidió con ese planteo. En una reciente entrevista con Infobae, sostuvo que el lenguaje claro es una condición para la participación ciudadana y la defensa de las libertades. Muñoz Machado afirmó que la exigencia de claridad no alcanza únicamente a los organismos públicos. También incluyó a empresas de sectores que prestan servicios esenciales o tienen una incidencia directa sobre la vida cotidiana, como bancos, aseguradoras y compañías eléctricas.
Torres explicó a este medio que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires convirtió el lenguaje claro en una política institucional en agosto de 2019 y que desde entonces, el tema forma parte de los ejes de trabajo del Poder Judicial bonaerense.
El objetivo es que los operadores se expresen con claridad en documentos escritos y en intervenciones orales. Aclaró que el lenguaje claro no supone abandonar la precisión técnica. “Simplificar una frase no debe alterar el contenido jurídico de una decisión ni eliminar los elementos necesarios para interpretarla”, consideró.
Las mesas de la III Convención abordarán la claridad en la Justicia, la administración pública y la comunicación electoral. También analizarán el vocabulario legislativo, la legislación ambiental y distintas experiencias parlamentarias. El programa incluye además debates sobre instrucciones para jurados populares, el alcance de la tutela judicial, la oralidad, la escucha, los entornos digitales, la comunicación multiplataforma y las respuestas institucionales ante situaciones de crisis.
En diálogo con este medio, Torres recordó que la provincia de Buenos Aires cuenta con la ley 15.184, que estableció la obligatoriedad del uso del lenguaje claro en las resoluciones del Poder Ejecutivo y en las leyes del Poder Legislativo. La norma extiende la discusión más allá del sistema judicial. “La claridad se vincula así con la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad institucional”, señaló Torres al referirse a la relación entre el lenguaje y el funcionamiento de los poderes públicos. El magistrado planteó que una comunicación debe responder preguntas concretas: qué se decidió, por qué se tomó esa decisión, qué debe hacer la persona destinataria y qué recursos tiene disponibles.
“No se trata solamente de producir mensajes más sencillos, sino de preguntarnos quién necesita esa información, para qué la necesita y en qué condiciones debe poder utilizarla”, afirmó Torres. El juez propuso que las instituciones revisen sus comunicaciones con tres objetivos: comprobar si la persona puede encontrar la información, verificar si entiende qué se espera de ella y determinar si cuenta con elementos para actuar. La claridad, según el planteo del titular de la Suprema Corte, no consiste únicamente en reemplazar palabras complejas. También exige analizar la situación concreta de quien recibe una resolución y las consecuencias que puede tener para su vida.
Por su parte, el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, advirtió durante la inauguración que los lenguajes especializados pueden convertirse en una barrera para quienes no tienen formación en una determinada materia. Oteriño describió esa dificultad como “un muro infranqueable” para quienes reciben una instrucción que no pueden interpretar. También pidió que la tecnología conserve una función de apoyo y no reemplace la reflexión humana. “Que su aporte sea una ayuda para pensar y no una delegación cognitiva”, expresó el presidente de la Academia Argentina de Letras al referirse al uso de la inteligencia artificial.
Respecto al uso de la IA, Torres sostuvo que la inteligencia artificial debe ser considerada una herramienta. A su entender, la discusión no consiste en determinar si esa tecnología debe existir, sino en definir cómo se la va a utilizar dentro de las instituciones.
El magistrado también planteó que las herramientas de inteligencia artificial deben recibir instrucciones específicas para trabajar con ese criterio. El debate incluye el uso de inteligencia artificial para facilitar el acceso a la legislación y para adaptar documentos jurídicos a distintos destinatarios.
Muñoz Machado consideró que la inteligencia artificial puede mejorar el uso de la lengua, aunque advirtió sobre los riesgos de una regulación insuficiente. El director de la RAE señaló que la falta de reglas puede favorecer la aparición de “dialectos digitales” alejados de las normas lingüísticas compartidas. También sostuvo que las autoridades públicas deberán atender los desafíos que surjan de la expansión de estas herramientas. Torres insistió en que la transformación digital no reemplaza la necesidad de explicar las decisiones judiciales y administrativas. “La claridad no puede reducirse a una operación sobre las palabras”, afirmó. “También exige reconocer a la persona que está del otro lado”, agregó.
La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluirá este viernes 2 de octubre con dos sesiones plenarias, las conclusiones de Santiago Muñoz Machado y un acto de clausura con autoridades de las instituciones organizadoras. El encuentro reúne a más de 275 disertantes y cerca de 1.200 inscriptos en modalidades presencial y virtual. La agenda se extiende entre el jueves 1° y el viernes 2 de octubre, con actividades en cinco sedes y paneles sobre lenguaje claro y accesible en ámbitos judiciales, institucionales y públicos.
En la apertura también participaron Autoridades judiciales y legislativas, representantes de colegios profesionales, universidades, la Asociación Judicial Bonaerense y delegaciones de instituciones iberoamericanas, junto con el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde; el intendente de La Plata, Julio Alak; el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el fiscal de Estado, Hernán Gómez.
POLITICA
Milei cedió ante la mesa política y está dispuesto a reasignar partidas para la nueva ley de discapacidad
Esta vez no hubo tuit celebratorio de Javier Milei por una votación en el Congreso. La media sanción del proyecto de discapacidad, que tuvo casi apoyo unánime y fue impulsado por el oficialismo, requerirá de un retoque en el Presupuesto 2027, ya que en las proyecciones no se preveían esos fondos. El costo fiscal de la normativa derivó en un tenso debate interno en el corazón del Gobierno.
Milei cedió ante las sugerencias de la mesa política. El grupo que coordina su hermana y que define las estrategias legislativas oficiales creyó que el proyecto aprobado anoche “era el mal menor” y que de esa manera ponían fin a un conflicto que amenazaba con impactar en la campaña electoral.
Al cierre de esta nota, Milei, que estaba volviendo de España cuando se produjo la votación, no se había expresado en redes sobre el tema, como habitualmente hace con los proyectos impulsados por su espacio. Sí compartió un video en el que sus diputados, además de su hermana, Karina Milei, que asistió al Parlamento en la noche de ayer, le cantaron el feliz cumpleaños.
“El martes, Martín [Menem] llevó una tabla con tres columnas y explicó todo. La lógica de eso es lo que se votó ayer”, describió una de las fuentes consultadas a .
En el encuentro del martes, que se extendió por más de dos horas y media, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, se trabajó en el dictamen que ya tenía encaminado el oficialismo en la Cámara Baja, con Martín Menem a la cabeza, y fue sobre esa base que se hicieron las negociaciones de las últimas horas en el Congreso. Desde la propia mesa admitieron diferencias alrededor del tema, pero “primó el pragmatismo”, como deslizó uno de los integrantes de la mesa política consultados.
Con ese consenso, el oficialismo hizo circular desde temprano el borrador del dictamen al que le fue incorporando numerosos ajustes mientras avanzaba ayer la megasesión. Sobre esa base se terminó de abordar la negociación con la oposición y fue la que permitió que el oficialismo aprobara casi por unanimidad su propio proyecto que refiere a la ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos.
Entre las modificaciones más resonantes, el proyecto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad. En las pensiones por invalidez, la propuesta garantiza el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud. También contempla la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación, que había sido eliminado en el proyecto de ley de Presupuesto 2027. Entre otros puntos, el proyecto también contempla regularizar los pagos y pendientes a prestadores, que actualmente rondan los $278.323 millones.
De esa manera, el Gobierno también logró desactivar uno de sus frentes políticos más sensibles, que ahora deberá ser girado al Senado. Desde Casa Rosada apuntaron que el impacto fiscal de discapacidad “va a estar bajo análisis”.
En la Casa Rosada se mostraron satisfechos por haber logrado media sanción a una ley que consideraban “mejor que prorrogar la emergencia”. En ese sentido, creen que de esta manera se “clausura” un conflicto que podría incomodarlos durante la campaña electoral del año que viene.
“Entre lo peor y lo posible se eligió lo posible”, dijo una de las voces consultadas en referencia a lo que hubiera significado que se extendiera la emergencia en discapacidad. “Se priorizó ir a algo razonable”, completó sobre una decisión que generó diferencias internas.
“Vetarlo sería pegarnos un tiro en los pies”, graficó una fuente oficial del Ejecutivo. “En ningún momento se pensó”, dijo una fuente, pese a que en las horas posteriores a la polémica que se abrió cuando se conoció el Presupuesto y ante la posibilidad de un nuevo proyecto impulsado desde el Poder Legislativo, hubo voces del propio gobierno que así lo dejaron trascender.
Para la implementación de los cambios en los números respecto de los que originalmente estaban en el Presupuesto 2027, se contempla una “readecuación de partidas”, que correrá por cuenta del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, quien en la última reunión de la mesa política se habría mantenido en silencio ante la exposición de Menem.
En el correr de este jueves, desde Casa Rosada esperaban los movimientos del proyecto rumbo al Senado, la próxima parada de la discusión, aún sin fecha, pero con la expectativa de que, tras el giro implementado, lograrán cancelar una de sus discusiones más ásperas.
La media sanción tuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Desde la bancada peronista reconocieron a este medio que acompañar la iniciativa también garantizaba un mayor respaldo para revertir un eventual veto del Poder Ejecutivo.
que tuvo casi apoyo unánime,https://t.co/hlHbs30jkj,October 22, 2026,aprobara casi por unanimidad su propio proyecto,reconocieron a este medio,Cecilia Devanna,Discapacidad,Javier Milei,Conforme a
El Hotel Alto Calafate e los Kirchner es investigado por lavado. Foto Opi Santa Cruz / Francisco Muñoz.
La entrada Una por una, las acusaciones contra Cristina Kirchner en el juicio por lavado se publicó primero en Nexofin.
Causa Hotesur,Causa Los Sauces,Corrupción K,Cristina Kirchner
POLITICA
El gobierno de Trump blanqueó la “preocupación” de sus empresas por la ley Malvinas, postergada en el Congreso
Un día antes de entrevistarse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el influyente subsecretario de Estado, Christopher Landau, blanqueó la preocupación de las empresas norteamericanas por una parte de la ley de defensa de la soberanía nacional, impulsada por el Poder Ejecutivo en el Congreso: el proyecto no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra compañías asociadas a ellas en otros proyectos.
“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó, ante una pregunta de y en conferencia de prensa, el número 2 del secretario de Estado, Marco Rubio, que ayer por la noche llegó de Paraguay para completar su gira por dos países aliados de la administración de Donald Trump.
El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, se había encargado en los últimos días, y según distintas fuentes oficiales, de transmitir a los funcionarios argentinos la preocupación de Washington, compartida por empresas norteamericanas, por la “laxitud” del Título I del proyecto, que sanciona a empresas vinculadas con las petroleras que trabajan en Malvinas, denunciadas por el gobierno argentino en el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo.
Para el canciller Pablo Quirno, que acompañó a Landau en la rueda de prensa luego de una reunión de trabajo compartida, “hoy existe una ley que el gobierno argentino considera que tiene que ser mejorada, porque justamente no le da a la Argentina las herramientas necesarias en el marco que tenemos, para defender de la mejor manera nuestros intereses en la vida”.
Con el embajador Lamelas sentado en la primera fila, Quirno enfatizó que el proyecto oficialista “no va en contra de nadie en particular, sino que se le da a las diferentes empresas que quieren operar en Argentina la posibilidad de elegir entre una oportunidad que tiene un potencial muchísimo mayor, de manera legítima, y una operación más riesgosa e ilegítima”, en referencia explícita a las inversiones en Vaca Muerta, y sus diferencias con inversiones en Malvinas.
En relación a la propuesta del gobierno de Trump de disolver el Comité de Descolonización de la ONU, donde la Argentina presenta año a año su reclamo por la soberanía de Malvinas, Landau fue claro en su respaldo a su eliminación. “No es ningún secreto que parte de nuestra agenda en la administración es la reforma de instituciones multilaterales como lo es las Naciones Unidas. Ahí hay una enorme variedad de comités que a través de años no han hecho casi nada. Así que yo espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema en particular”, reforzó.
Landau agregó que “ese comité, a través de los años, ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos, el de Puerto Rico y otros temas”.
Componedor, Quirno expresó su interés de continuar con el reclamo en el Comité de Descolonización, “un foro que nos interesa”, dijo, y donde él mismo expuso en junio pasado. Pero compensó al afirmar que “las resoluciones de Naciones Unidas no varían en su aceptación, si es un comité u otro”.
De traje oscuro, corbata con vivos lilas y un pin con las banderas de ambos países, Landau se mostró complacido de estar en Argentina, a la que conoció en sus días de infancia. “No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”, dijo en su introducción, y antes de las preguntas [fueron sólo tres] formuladas por la prensa.
Acompañado por su delegación, que incluye al secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura (de padres argentinos), Landau afirmó que los acuerdos comerciales firmados por ambos países “abren las puertas a inversiones masivas, que pueden desatar una nueva era dorada en este país”. Agregó que “quisiera ver a Estados Unidos como un gran, gran socio de Argentina, porque compartimos valores como la libertad de mercado”. Sorprendió al agradecer la presencia de los medios, “el símbolo de una sociedad libre”.
Landau y Quirno se mostraron alineados en relación al uso de tecnología china, parte de la guerra entre Washington y el gobierno de Xi Jinping. “No estamos haciendo ningún tipo de discriminación, hacemos un análisis muy acabado de lo que es el uso de tecnologías y lo que está sucediendo hoy en el mundo, tenemos que ser cada vez más cuidadosos sobre quiénes están a cargo de nuestras tecnologías”, dijo Quirno.
¿El apoyo está condicionado a que gane Milei en 2027? “Argentina ha hecho en estos 30 y pico de meses de gobierno los deberes necesarios para contar con el apoyo de Estados Unidos y varios otros países, fundamentalmente Estados Unidos. Eso es producto de la alianza que tenemos, de la confianza que se ha generado, la credibilidad que ha ganado Argentina. El único condicionamiento que existe es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, por el camino del crecimiento, del orden macroeconómico”, dijo Quirno. “Admiro al gobierno argentino por generar las condiciones para otra época dorada en el país”, insistió el funcionario norteamericano, para quien “Argentina le pone la alfombra roja a la inversión”.
Mañana temprano, Landau y Segura se entrevistarán en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei, que pasadas las 8.30 del jueves arribó de su gira por España, que combinó conferencias en distintos espacios y un encuentro con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con reuniones frustradas con el rey Felipe VI y el jefe de Vox, Santiago Abascal.
La lucha contra el terrorismo internacional y los insistentes esfuerzos de Washington para frenar la influencia de China en la región serán parte de la charla, al igual que la marcha del ARTI (Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos), el convenio bilateral firmado entre el canciller Quirno y el representante comercial Jamieson Greer, el 5 de febrero de 2026, con el objetivo de “reducir barreras arancelarias y potenciar el intercambio comercial y de inversiones”.
Jaime Rosemberg,Malvinas,Estados Unidos,Conforme a
El gol de Paredes valió casi U$S 3 millones: la fortuna que recaudó Boca por ser finalista de la Sudamericana y cuánto ganará si es campeón
La confesión más fuerte de Luciana Salazar sobre Martín Redrado: qué debía cuidar para no poner en riesgo el contrato de cientos de miles de dólares
iCAUR explora el futuro de la movilidad robótica y tecnologías de conducción autónoma
Milei cedió ante la mesa política y está dispuesto a reasignar partidas para la nueva ley de discapacidad
Poll: Nail-biter in Maine Senate race
Una por una, las acusaciones contra Cristina Kirchner en el juicio por lavado – Nexofin
El Gobierno pone en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios y busca que haya 20.000 empleados menos en el Estado
Alerta roja en Sudamérica por el Súper Niño: cambio climático, inundaciones extremas y el hallazgo de microplásticos y metales en el granizo
El Gobierno reconoció que “está bajo análisis” la postura argentina en el Comité de Descolonización de la ONU
Causa Moyano: Candela Arizaga volvió al país, pero no se presentará ante la Justicia
CHIMENTOS3 días agoLa joven cantante que provocó la separación de Julieta Prandi y Ortega contó detalles muy íntimos: “Es una persona amorosa y muy…”
- ECONOMIA3 días ago
Contratar pensando en el futuro: qué cambia en la selección y el liderazgo con la IA en el mercado silver
- DEPORTE2 días ago
Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas
