POLITICA
El trasfondo del interés de Javier Milei por la política judicial: el avance en las vacantes y lo que sucede con la Corte
En un reportaje radial concedido este lunes, el presidente Javier Milei reconoció que está estudiando un conjunto de nombres para completar las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto no implica que ese proceso de evaluación y selección se vaya a producir en el corto plazo. Y es que al interior del oficialismo marcan que la estrategia judicial tiene otras prioridades.
“Todavía quedan muchos juzgados por cubrir. También hay fiscalías y defensorías vacía. No es un solo segmento”, avisa una importante fuente del Gobierno al tanto de las conversaciones judiciales. Al interior de la Casa Rosada creen que Milei no querrá iniciar conversaciones para cubrir vacantes este año. Y que hacerlo el año que viene no es viable en términos políticos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación está conformada hoy en día por su presidente Horacio Rosatti, su vicepresidente Carlos Rosenkrantz y su ministro Ricardo Lorenzetti. La política no pudo ponerse de acuerdo para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco (jubilada en 2021) y de Juan Carlos Maqueda (en 2024 llegó al límite de edad). El Tribunal tiene una conformación de 5 miembros y el oficialismo tampoco estaría evaluando una variación de ese número.
“Voy a hacerlo cuando llegue el momento que yo considere apropiado para hacerlo. Es una decisión muy fuerte, muy importante institucionalmente. Entonces requiere de un trabajo serio”, marcó el Presidente en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, a quien le agregó: “Estoy estudiando más nombres para la Corte Suprema, pero estoy estudiando sus trabajos, sus contribuciones, sus fallos”.
Tiempo atrás, el Presidente le había confesado a Infobae que estaba alejado de esa temática por desconocer su forma de funcionar, tanto en términos concretos como políticos. Aquello mismo le sucedía con los asuntos vinculados a la inteligencia o la salud.
Pero en los últimos meses eso empezó a cambiar: a Milei lo han visto muy curioso, consultando de manera asidua sobre asuntos judiciales. Esta tendencia comenzó luego de que Milei designara a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, generando un cambio en el eje de rotación política de ese Ministerio, ya que esa esfera busca responder al ala política de su hermana, Karina Milei. Ese mayor interés también está atravesado por los pliegos que debe enviar desde la Casa Rosada hacia el Senado.
Quienes observan al Presidente puntualizan que está priorizando a cubrir la gran cantidad de puestos vacantes que hay en la Justicia en vez de buscar llenar la Corte Suprema, un ámbito que funciona a pesar de no tener a todos sus miembros.
Al inicio de la gestión del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el 35% de los cargos en la justicia federal y nacional se encontraban vacantes, lo que representaba 568 puestos sin cubrir sobre un total de 1.640 cargos judiciales.
Durante este período, se remitieron 203 pliegos judiciales: 144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y 4 listas de conjueces. Esto fue destacado esta mañana por el mismo Mahiques a través de su cuenta de X. “Javier Milei es el presidente que más candidatos elevó al Senado para cubrir cargos judiciales en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. Un récord histórico”, tuiteó. Hasta el momento, se designaron 96 funcionarios (81 jueces, 6 fiscales y 9 defensores) y existen 85 vacantes más en proceso de cobertura, lo que suma un total de 181 cargos cubiertos.
Si bien el avance fue significativo, todavía quedan juzgados y cargos judiciales por cubrir. Hay un caso específico que plasma el escenario político actual en relación a este tema: el Poder Ejecutivo Nacional todavía no remitió al Senado ningún juzgado electoral. “Ninguno va a salir a salir hasta que se solucionen los problemas de la Política”, afirman fuentes judiciales de La Libertad Avanza.
Y es que es un recurso importante en términos de negociación política. Por marcar un ejemplo, el juzgado electoral de San Juan también tiene competencias vinculadas a la actividad minera. Es decir, es un lugar que resulta codicioso para el oficialismo provincial. Eso también es escalable en las otras provincias donde sucede lo mismo.
“Con eso sobre la mesa, el Gobierno tiene la oportunidad de llenar lugares muy interesantes. Ni hablar Comodoro Py. ¿Para qué te vas a enquilombar con la Corte? Se va a trabar todo“, se preguntan alfiles del Gobierno.
Aun así, nadie descarta que Milei pueda asumir un riesgo antes de que termine su primer mandato: en el oficialismo ven con mejores perspectivas proponer un candidato para la Procuración General de la Nación. Es decir, el jefe de los fiscales federales y nacionales. Con el nuevo código procesal penal federal, los fiscales pueden tener mayores atribuciones en el desarrollo de las causas que los jueces. Se trata de un lugar que, con ese cambio, adquirió un poder muy significativo.
En el Poder Judicial de la Nación, al inicio de la gestión de Mahiques, había 381 dependencias vacantes de un total de 1.002 cargos, equivalente a una vacancia del 38%. En 2026, se cubrieron 81 vacantes y hay 51 próximas a cubrir, alcanzando 132 cargos cubiertos. Si el Senado aprueba todos los pedidos de acuerdo, Milei se convertiría en el presidente con mayor cantidad de jueces nombrados en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura.
En el Ministerio Público Fiscal, a comienzos de 2026, estaban vacantes 105 fiscalías sobre un total de 414 (25%). Este año se cubrieron 6 vacantes y hay 20 más próximas a cubrir, sumando 26 cargos cubiertos. En el Ministerio Público de la Defensa, al comenzar 2026, se registraban 82 defensorías vacantes de un total de 224 (37%). Durante el año se cubrieron 9 vacantes y otras 14 están en proceso, lo que eleva el total a 23 cargos cubiertos.
Actualmente, el proceso de cobertura alcanza el 11% del total de cargos de la justicia nacional y federal, lo que representa el 32% de las vacantes existentes a marzo de este año. Hasta hace medio año, dos de cada cinco juzgados estaban vacantes. En cuatro meses de gestión, la vacancia se aproxima a una de cada cinco. En marzo, la vacancia era del 35% y se proyecta una reducción al 27%.
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El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, propuso la creación de una policía militar para el conurbano. Según sostuvo, el objetivo es modificar el esquema de seguridad vigente ante el crecimiento y la complejidad del delito.
Sobre el funcionamiento de esta fuerza federal, de La Torre explicó que dependería del gobierno nacional y no de las autoridades provinciales ni municipales y actuaría “en los municipios federalizados”.
Esta fuerza federal “permanente, de régimen y formación militar” se dedicará a delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas.
“No es el Ejército prestado ni Gendarmería prestada, es una fuerza creada específicamente para el conurbano”, remarcó el también exsenador por la provincia de Buenos Aires. Asimismo, precisó que se formaría en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense.
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“Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, afirmó.
Según explicó De la Torre, la eventual Policía Militar conviviría con la Policía municipal que continuarían bajo la órbita de los intendentes y mantendrían las tareas de prevención y patrullaje.
“Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
En ese sentido el legislador cuestionó el actual esquema de seguridad de la provincia de Buenos Aires. “En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Para De la Torre, el problema requiere una transformación profunda del sistema actual. En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar con cambios estructurales tanto en el modelo de seguridad.
“Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”, concluyó.
La federalización del conurbano
De la Torre también propone federalizar el conurbano bonaerense y sacárselo a la Provincia. La iniciativa contempla establecer que cada municipio pase a convertirse en un distrito federal dependiente directamente del Gobierno nacional.
Semanas atrás, de La Torre propuso federalizar los 27 distritos del conurbano y eliminar así la figura del gobierno provincial como autoridad competente sobre ellos. El exsenador provincial planteó la iniciativa, aseguró, en respuesta a los problemas que se agravaron en la región en los últimos años.
“Pasan a tener únicamente Estado municipal y Estado nacional”, ratificó en diálogo con radio Mitre. Su postulación propone, a su vez, que cada distrito federal elija a su propio intendente, pero no participe en las votaciones para gobernador, senadores o diputados provinciales.
Y explicó: “Lo que hay que entender es que esto ya funciona así: si vivís en La Matanza o en Hurlingham, el agua te la brinda AySA, que es una privatización nacional; el gas, MetroGAS, que también es nacional; la luz, Edesur; los trenes y colectivos también son nacionales; de la salud también se hacen cargo los municipios; en cuanto a la seguridad, los patrulleros, el combustible y las cámaras las pone el municipio, lo único que pone la provincia es el sueldo de los policías. Lo mismo pasa en educación”.
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POLITICA
El diputado Castagneto habló sobre la base militar de Ushuaia: “No vamos a aprobar que esté en manos compartidas”
El diputado nacional Carlos Castagneto, de Fuerza Patria, cuestionó el proyecto para construir una base militar en Ushuaia y puso como condición que la instalación permanezca bajo control argentino. “Lo que no vamos a aprobar es que la base militar esté en manos compartidas con otro país que no sea solamente Argentina”, afirmó en Infobae a la Tarde.
Para el legislador, la discusión no pasa únicamente por respaldar o rechazar la obra, sino por conocer las condiciones en las que será construida y operada. En ese sentido, reclamó precisiones sobre el financiamiento, la participación de trabajadores argentinos y el funcionamiento previsto para las próximas dos décadas: “Que diga: es mano de obra argentina, que nos digan de dónde va a salir el financiamiento y cómo se va a operar de acá a 20 años”.
Castagneto aclaró que no se opone de antemano a una iniciativa del Gobierno y que podría acompañarla si esas condiciones quedan garantizadas. “Si eso es así, bienvenido sea y lo vamos a acompañar. No es cuestión de decir: somos opositores a cualquier cosa que venga del Gobierno”, sostuvo.
Las críticas de Castagneto por Malvinas
La discusión sobre Ushuaia estuvo vinculada durante la entrevista con la posición argentina respecto de las Islas Malvinas. Castagneto cuestionó las actividades de empresas vinculadas con los recursos hidrocarburíferos y pesqueros en áreas relacionadas con el archipiélago y recordó que existen sanciones previstas por la legislación argentina.
En particular, aseguró que una empresa habilitada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) opera en la zona de exclusión. “Caputo autorizó una empresa a operar en el RIGI, que hoy está operando también en la zona de exclusión”, afirmó.
El diputado también cuestionó la política oficial sobre la soberanía argentina y sostuvo que el Gobierno no ha defendido esa posición en los organismos internacionales. “No le creo porque en ningún momento defendió la soberanía en Malvinas ante ningún organismo internacional”, señaló.
El proyecto para financiar el deporte adaptado
Durante la entrevista, Castagneto también presentó su proyecto de ley para crear un sistema de promoción y financiamiento del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de alto rendimiento mediante aportes privados.
La iniciativa propone que las empresas que realizan aportes deducibles del Impuesto a las Ganancias a clubes y asociaciones civiles destinen un 20% de esos recursos al deporte inclusivo y adaptado. Castagneto explicó que se trata de aprovechar el esquema de responsabilidad social empresarial que ya utilizan esas compañías: “Aquellas empresas que dan responsabilidad social empresarial a los distintos clubes, un 20% de la misma vaya para el deporte inclusivo y adaptado”.
El legislador remarcó que el mecanismo no implicaría una nueva erogación del Estado nacional y definió así uno de los principales aspectos de la propuesta: “Realmente, costo cero para el Estado”.
El proyecto también establece requisitos para las instituciones que accedan a esos recursos. Los clubes deberán acreditar al menos dos años de actividad vinculada con el deporte adaptado, mientras que la Subsecretaría de Deportes tendría a su cargo un registro y el seguimiento del destino de los fondos. Según explicó Castagneto, la intención es “que tenga dos años en actividad con respecto al deporte adaptado para que sea continuo” y que exista una instancia de control sobre la distribución de los recursos.
La iniciativa contempla además a los clubes de barrio y busca ampliar la presencia de las disciplinas adaptadas dentro de las instituciones deportivas tradicionales. El diputado planteó la necesidad de “incorporar el deporte adaptado al deporte común, al deporte que se viene haciendo en todos los clubes”, al considerar que esa integración es central para ampliar el acceso.
El reclamo por el financiamiento del alto rendimiento
La propuesta estuvo acompañada por una crítica al actual esquema de financiamiento del deporte argentino de alto rendimiento. Castagneto consideró que la falta de recursos afectó a distintas disciplinas y apuntó especialmente contra la situación del ENARD.
“Al desfinanciar el ENARD, el deporte argentino, en líneas generales, al no tener financiamiento, se vio afectado en distintas disciplinas”, sostuvo.
El exarquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo y Quilmes recordó el esquema vigente antes de la modificación de 2017, cuando el organismo recibía recursos provenientes de un cargo del 1% sobre la tarifa básica de telefonía celular. Según Castagneto, aquel mecanismo permitía sostener mejores condiciones para los atletas.
Al recordar ese período, destacó que “las becas eran buenas” y explicó que los deportistas que competían en representación de la Argentina contaban con pasajes, alojamiento, alimentación y asistencia de profesores y médicos.
Las críticas a la política tributaria
El ex titular de la AFIP también cuestionó la situación de la recaudación y sostuvo que su caída responde tanto al nivel de actividad como a la evolución de los ingresos. “La recaudación es lógico que va a bajar”, afirmó, y señaló como una de las causas que “la actividad económica está mal”.
Entre las medidas del Gobierno que cuestionó mencionó los cambios en Bienes Personales, el tratamiento de los débitos y créditos en plataformas digitales y el RIGI. Castagneto consideró que esas modificaciones alteraron la estructura del sistema tributario y sostuvo que “es un combo de traspaso de impuestos progresivos, que paguen más los que más tienen, a impuestos regresivos, que paguen más los que menos tienen”.
En ese marco, reclamó una reforma tributaria que incremente la contribución de los sectores de mayor capacidad económica y mencionó los criterios impulsados por la OCDE. “Hay que poner el pilar uno y el pilar dos de la OCDE, que dice el ingreso a las grandes fortunas y también un 15% sobre los saldos contables”, planteó.
Castagneto también cuestionó el concepto de déficit fiscal cero y lo vinculó con el nivel de endeudamiento del Estado. “El déficit fiscal cero es mentiroso, porque todos los días salen bonos de deuda de la Argentina”, afirmó.
Al referirse a las prioridades presupuestarias, el diputado mencionó la emergencia en discapacidad, el financiamiento educativo, los haberes jubilatorios y la situación del Hospital Garrahan. Para Castagneto, esas áreas no pueden quedar subordinadas únicamente al objetivo de reducir el gasto: “Hay gastos que son insustituibles, como las rutas, como el asfalto, como la cloaca, como la salud, como la educación”.
La entrevista con Infobae a la Tarde recorrió así distintos ejes de la agenda del legislador: desde sus reparos frente al proyecto de Ushuaia y su posición sobre Malvinas hasta la propuesta de financiamiento para el deporte adaptado y sus cuestionamientos al esquema tributario y fiscal del Gobierno.
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El Reino Unido anunció que renovará sus aviones de guerra para reforzar la seguridad en las Islas Malvinas. Son cuatro aeronaves Typhoon que serán reemplazados con radar de última generación y tecnología avanzada, utilizada por la OTAN. Así lo hizo saber el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, Luke Pollard, ante una consulta en el Parlamento.
El ministro británico detalló que está previsto que “los cuatro aviones Typhoon, que forman parte del Escuadrón 1435, de la Tranche 1, actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.
Además, le puso fecha, señalando que “para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027 ya estaremos enviando los nuevos aviones al archipiélago”. Pollard indicó que las unidades reemplazadas serán retiradas de servicio.
No es la única novedad: las defensas aéreas de la RAF que protegen las Islas Malvinas se han visto reforzadas con el regreso de un avión cisterna Airbus A330 Voyager a la base aérea de Mount Pleasant. Este avión estuvo asignado durante cinco meses a reforzar a los aliados en Medio Oriente tras el conflicto bélico estadounidense e israelí contra Irán.
En abril pasado, el Reino Unido decidió retirar el avión cisterna Voyager apostado en la base aérea de Malvinas y enviarlo a Medio Oriente, para apoyar la incursión militar.
Esta información no fue pública, pero sitios de rastreo aéreo pudieron comprobar que el Voyager de la RAF estuvo en la isla Ascensión a fines de agosto y llegó a Mount Pleasant el 3 de septiembre. Desde entonces ha estado realizando patrullajes junto al destacamento de cazas Eurofighter Typhoon, justamente los aviones que van a renovar a fin de año.
Según señalan sitios de noticias ingleses especializados en Defensa y Seguridad, y que fueron consignados por el periódico Merco Press, la base de Mount Pleasant está actualizando sus capacidades defensivas.
En ese sentido aseguran que el gobierno de las Islas está pronto a lanzar “una convocatoria de reclutamiento dirigida a un círculo restringido de participantes, entre ellos operadores de drones”, algo que estaría a cargo de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas (FIDF) , una unidad militar de solo 40 residentes voluntarios en las islas, que colabora técnicamente con la base militar del archipiélago.
Esta información circuló en el Reino Unido, donde se confirmó que “ya se están asesorando y contratando principalmente a británicos con experiencia en pilotaje de drones”.
El sábado pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas sería un “desastre”, pero aseguró que si se llegara a ese punto lo llamarían y sería “capaz de resolverlo”. Estas declaraciones las formuló después que no descartara reconsiderar la neutralidad de su país sobre la disputa de soberanía, algo que no cayó muy bien en el mapa político del Reino Unido, donde no quieren darle entidad a la existencia de un conflicto en escalada.
Mientras se espera conocer con detalle el “proyecto de ley de soberanía” que el gobierno argentino enviará al Congreso, algo que también ha generado debate en la política británica con una clara exigencia de los conservadores al gobierno laborista para conocer su reacción, la ministra del Foreign Office Kirsty McNeill declaró ante la Cámara los Comunes que “no existe duda alguna sobre la soberanía británica”, además reafirmó “el compromiso del gobierno de salvaguardar las libertades democráticas de los isleños”.
Pese a esta ebullición en Londres, en las Malvinas los pobladores no se muestran preocupados por las novedades que llegan de Argentina y confían en el resguardo brindado por el Reino Unido, de hecho, se informó a los isleños que el Proyecto Sea Lion, de extracción de petróleo offshore, “continuará con los tiempos informados”.
Daniel Santa Cruz,Malvinas,Conforme a
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