La caída de la tasa de natalidad viene generando debates por sus implicancias económicas en el largo plazo, vinculada a la reducción de la población en edad laboral, el aumento de la proporción de personas mayores y los desafíos para sostener los sistemas previsionales y de salud. Sin embargo, hay una oportunidad de corto plazo en el mercado laboral que la Argentina está desaprovechando por los elevados niveles de informalidad.

Un informe de Idesa destacó que entre 2003 y 2015, el promedio anual de nacimientos en el país fue de aproximadamente 737.000 niños. A partir de entonces, la reducción ha sido sostenida, hasta alcanzar en 2024 —último dato disponible— apenas 413.000 nacimientos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) establece un monto que duplica el de otras asignaciones familiares. A ello se suman la Tarjeta Alimentar por niño y un subsidio adicional destinado a madres con hijos de hasta 3 años. Sin embargo, la cantidad de beneficios de AUH liquidados por la ANSES cae de manera sostenida año tras año.

Esta tendencia sugiere que la disminución de la maternidad es un fenómeno transversal, que atraviesa a todos los estratos socioeconómicos.

Pero no es un fenómeno exclusivo de la Argentina: la tasa de natalidad disminuye en todos los países de ingresos medios y altos. En Europa, Japón, Corea y China, la respuesta fue implementar políticas para estimular la natalidad, como subsidios económicos por nacimiento, apoyo para el cuidado infantil, extensas licencias parentales y ayudas para tratamientos de fertilidad. Hasta el momento, estas medidas no han logrado revertir la tendencia.

Para Idesa, un “efecto positivo derivado de la caída de la natalidad” es que aumentó la predisposición de las mujeres a incorporarse al mercado laboral. En Argentina, tomando el segmento de entre 20 y 29 años de edad, entre 2015 y 2025, ingresaron 220.000 mujeres al mercado laboral.

El problema es que de ese total, según datos del Indec, 140.000 mujeres se ocuparon como asalariadas privadas no registradas y 130.000 como cuentapropistas. Al mismo tiempo, las mujeres empleadas como asalariadas formales disminuyeron en 50.000.

De este modo, la inserción de las mujeres jóvenes que entraron al mercado laboral fue en empleos de baja calidad en la mayoría de los casos.

“La buena noticia de que más mujeres se incorporan al mercado de trabajo se diluye porque enfrentan una demanda de empleos por parte de las empresas muy debilitada. Es muy sugerente que toda la incorporación de mujeres jóvenes a la fuerza laboral sea en la informalidad, mientras que la cantidad de mujeres jóvenes trabajando como asalariadas formales se redujo”, señaló Idesa.

La reducción en la natalidad produce el efecto “bono demográfico”. Esto es una ventana de oportunidad donde transitoriamente aumenta la proporción de personas en edades activas (20 – 60 años) respecto a la cantidad de personas en edades inactivas (niños y ancianos).

De acuerdo al informe, con más gente en edad productiva se dan las condiciones para mejorar el nivel de bienestar. También es el momento de acumular riqueza para financiar la siguiente etapa que es el envejecimiento poblacional ya que el “bono” es de duración acotada.

“Pero si no se generan las condiciones para que la mayor oferta de mano de obra se inserte en empleos de calidad, el bono demográfico se desperdicia. La mejora en el bienestar presente será reducida y se generará un pasivo para cuando la población envejezca”, explicó el instituto.

Y consideró: «La caída en la natalidad es un fenómeno que plantea desafíos, pero también genera oportunidades. Dentro de ellas está el hecho de que más mujeres entran al mercado laboral. Oportunidad que lamentablemente se está desaprovechando. La manera de revertir esta tendencia adversa es con una masiva generación de empleos de calidad».

“El conservadurismo político de mantener las actuales malas condiciones del mercado laboral está hipotecando irreversiblemente el futuro a medida que la sociedad argentina envejece”, aseguraron desde Idesa y agregaron que es necesario consolidar el ordenamiento macroeconómico y mejorar el entorno institucional.

En la misma línea, un informe de Cippec había señalado: “Necesitamos generar más empleo de calidad y mayor participación laboral. Para eso, es necesario que los sectores estratégicos generen cadenas de valor intensivas de trabajo. Además, cerrar las brechas de género: muchas mujeres quedan fuera del empleo remunerado por la sobrecarga de los cuidados. Invertir en cuidados no es solo una cuestión de equidad, sino una política económica”.

Explicaron que resulta necesario consolidar sistemas integrales de cuidado que aseguren tiempo (licencias de maternidad y paternidad con visión de corresponsabilidad), servicios (centros de desarrollo infantil, centros de salud y educación de calidad) y dinero (transferencias monetarias a hogares con niños).

Por otro lado, sobre el impacto económico a largo plazo de la baja de la natalidad, Cippec apuntó que el crecimiento no depende de la cantidad de personas, sino de su productividad. Señaló que países más pequeños en población que Argentina son mucho más ricos porque son más productivos.

“El verdadero desafío es aumentar la productividad de nuestra fuerza laboral, no la cantidad. Para eso, necesitamos mejoras urgentes en educación, en inversiones y el uso de tecnología”, indicó.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina dialogó con Infobae en Vivo sobre los ganadores y perdedores del actual modelo económico económico y puso foco en el impacto social que genera que solo algunos sectores crezcan, como el agro, la minería y la energía.

El director de la consultora Equilibra, afirmó que los sectores ganadores no están generando puestos de trabajo de calidad suficientes para compensar la destrucción en los rubros tradicionales.

El informe elaborado por Equilibra sostiene que la economía exhibe una dualidad. Entre los sectores perdedores, identificó a la construcción, la industria, parte del comercio y el sector público, donde “los puestos de calidad que se destruyeron, no se han generado en los ganadores”.

Entre los rubros en expansión, el economista mencionó la minería, la energía y la agroindustria, incluyendo la producción de alimentos y la intermediación financiera. No obstante, advirtió que la inversión y la creación de empleo se concentran en los no convencionales, como Vaca Muerta, mientras que en las provincias de Santa Cruz y Chubut se registran despidos y cierres de pozos convencionales.

Sigaut Gravina diferenció este escenario del de los años noventa, ya que, a pesar de la destrucción de empleo en sectores tradicionales, el desempleo no se incrementó de manera significativa por el crecimiento de actividades de baja calificación, que generan empleos refugio.

“Estamos viendo que se crea empleo en servicios no transables y de baja productividad”, puntualizó el economista. Ejemplificó con el comercio informal, vendedores ambulantes, y el crecimiento de ocupaciones ligadas a plataformas como Uber.

“Hay un mercado laboral mucho más flexible que en el pasado… este tipo de empleo en los 90 no existía, pero en muchísimos casos no tenés ningún tipo de seguridad social”, destacó.

La situación genera que, aunque la macroeconomía muestre signos de estabilización, el crecimiento “no se está derramando en el empleo de calidad”. El especialista remarcó que existe una gran cantidad de trabajadores que no logra cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos principales. “Hay mucha gente empleada que no llega a fin de mes y tiene que complementar con trabajo en alguna aplicación”, describió.

El impacto de este fenómeno sobre la estructura social argentina es una de las preocupaciones del economista. “La pregunta es si vamos de alguna manera a latinoamericanizarnos, en el sentido de que la Argentina ha tenido una clase media siempre vigorosa, pujante, y si no se crea empleo de calidad, ese proceso se va a profundizar”.

Otra paradoja que Sigaut Gravina subrayó es la coexistencia de crecimiento económico con caída de la inversión. “Hace cuatro trimestres que la economía crece poquito y al mismo tiempo cae la inversión. Yo analicé las cuentas nacionales desde 1993 y no pasó nunca”.

La explicación reside en la desinversión o el levantamiento de líneas de producción en sectores clave, como la construcción y la infraestructura. Según Sigaut Gravina, las capacidades propias de Argentina en materia de infraestructura se han visto deterioradas, y la obra pública se ha reducido con la gestión de Javier Milei. “El ajuste fiscal siempre va por lo más fácil que es recortar la obra pública”, sostuvo.

En cuanto al futuro, el economista considera que el modelo basado en recursos naturales, como Vaca Muerta, minería de litio y cobre, traerá un fuerte ingreso de dólares, pero también desafíos, como la posibilidad de industrializar los recursos naturales para desarrollar así un entramado industrial más profundo y generar empleo.

Y cuestionó la idea que un trabajador del Conurbano que perdió su empleo en una empresa textil pueda por sí solo mudarse a provincias petroleras o mineras. “A las capacidades humanas hay que formarlas, hay que ayudarlas”. “Creo que este modelo, así como está, no derrama lo suficiente y hay que trabajar. Eso es política pública”.

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La paritaria aceitera entra este lunes en su instancia decisiva. Agroexportadores y sindicatos del sector retomarán hoy las negociaciones salariales en la Secretaría de Trabajo de la Nación tras casi 15 horas de diálogo que el jueves terminaron sin acuerdo firmado, con puntos pendientes y ambas partes al límite del agotamiento.

La reunión se produce después de que el jueves venciera la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Capital Humano sin que las partes lograran firmar un acuerdo. Tras casi 15 horas de negociación, los equipos llegaron a un punto de agotamiento sin resolver las diferencias pendientes. Con todo, empresarios y gremios acordaron de manera voluntaria continuar el diálogo este lunes alrededor de las 13:30, lo que en la práctica equivale a una extensión informal del proceso —conocida en el ámbito laboral como “conciliación voluntaria”— que mantiene la paz social entre ambas partes sin que ninguna haya firmado nada al respecto.

Los gremios que participan de la negociación son el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina(FTCIODyARA), que, juntos, representan a un total de entre 10.000 y 12.000 trabajadores rurales.

El escenario que se abre es de incertidumbre: no hay acuerdo firmado, pero tampoco convocatoria a huelga. Las fuentes consultadas advierten que el resultado de la reunión del lunes es impredecible: se registraron avances, aunque insuficientes para rubricar un entendimiento. La posibilidad de que las plantas del principal polo agroexportador del país retomen medidas de fuerza depende de lo que ocurra hoy en esa mesa.

El nudo del conflicto es el mismo desde el inicio de las negociaciones. Ciara-CEC propone actualizar los salarios mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor del Indec, con el argumento de que esa fórmula garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Los gremios, en cambio, exigen un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por inflación sea suficiente para recomponer lo perdido. Según los sindicatos, la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, cifra que el básico inicial del sector —de $2.344.000— no alcanza.

La disputa también incluye una pelea de cifras. Mientras Ciara-CEC sostiene que el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, el secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, señaló que ese número no refleja la realidad de la mayoría: el básico inicial está en $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los $3,5 millones. Los gremios también recordaron que las patronales recibieron un beneficio de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación, y que los salarios representan apenas el 3,3% de las exportaciones del sector.

Desde el bloque empresario, un comunicado de Ciara insistió en que la propuesta de indexación al IPC “es la única viable para defender los salarios aceiteros” y advirtió sobre el costo concreto de un paro: $160.000 por trabajador por día, lo que en una semana acumularía $960.000 por empleado. La cámara llegó incluso a apelar directamente a los trabajadores de base para que presionaran a sus dirigentes sindicales a firmar la oferta.

El conflicto tiene su origen en fines de mayo, cuando ambos gremios declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal. Desde entonces, las partes se reunieron en al menos seis oportunidades en la Secretaría de Trabajo sin lograr un acuerdo.

El sector arrastra además tensiones previas: semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en reclamo de un aumento en el flete, con pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones para el complejo agroexportador.